GACETA
MUNICIPAL
DE BARCELONA
Museo de Arte de Cataluña. «San Jerónimo», de Juan de Ribalta.
Año XL1I : Num. 7 14 de febrero de 1955
lunario
Páginas
Comisión municipal permanente 14I
Hacienda T42
Urbanismo y Obras públicas I43
Gobernación T44
Abastos y Transportes I45
Publicaciones. y disposiciones oficiales X4Ò
Anuncios oficiales ' l(^7
Tablero de anuncios U2
Licencias de apertura x72
Notas informativas:
Homenaje al ilustrísimo señor don Andñés Valldeperas 175
Estancia del Embajador del Japón x75
El gran surtidor de Montjuich x75
Objetos encontrados en la vía pública x75
Movimiento turístico x7ó
Actos oficiales x7^
Movimiento demográfico x76
Año XLII 14 de febrero de 1955 Núm, 7
GACETA MUNICIPAL
DE BABCUUKA
La correspondencia se dirigirá al ilustrísimo señor Secretario general del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona
COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE
En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬
celona, a 19 de enero de 1955, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del ilustrísimo señor
Alcalde accidental don Alfredo de Casanova Fer¬
nández, y concurrieron los ilustrísimos señores Te¬
nientes de Alcalde don Antonino Segón Gay, don"
Juan Torra-Balari Elavallol, don Emilio Compte
Pi, don Marcelino Coll Ortega, don Carlos Pena
Cardenal, don Euis Rosal Catarineu, don Manuel
de Jaumar y de Bofarull, don Miguel Pérez Rosa¬
les y don Manuel Sancho Vecino, asistidos del Se¬
cretario general, ilustrísimo señor don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.
Se adoptaron los acuerdos que siguen :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Enterarse de las cartas del Ministro de Edu¬
cación nacional y del Director general de Enseñanza
universitaria, dirigidas a la Alcaldía, en las que se
comunica haberse firmado la correspondiente Orden
ministerial por la que se aprueba la creación de la
Cátedra «Ciudad de Barcelona» y en la que se ex¬
presa el reconocimiento por la magnífica muestra
del excelente espíritu de colaboración del Ayunta¬
miento hacia las tareas universitarias.
—- Autorizar al doctor don Pablo Cartañá Cas¬
tellà, Director del Instituto municipal de Higiene,
para que asista al Congreso organizado por el Insti¬
tuto Real de Sanidad, de Londres, que se celebrará
en Bournemouth, del 26 al 29 de abril próximo, y
ostente la representación del Excelentísimo Ayun¬
tamiento.
—1 Conceder, como en años anteriores y con
cargo al cap. xviii; «Imprevistos», una subvención
de 500 ptas- a la Parroquial Basílica de los Santos
Justo y Pastor, para la función religiosa que, como
voto de la ciudad, se celebrará el día 20 del co¬
rriente mes, en honor del glorioso San Sebastián,
y un trofeo a la Unión de Canaricultores, con des¬
tino al XXII Concurso-exposión que se celebrará
los días 22 al 26 del corriente mes.
—■ Destinar, con cargo a. la part. 41 del Presu¬
puesto, I53,5i7'25 ptas. para compensar a la Caja
del Gobierno civil del importe de las cantidades
anticipadas por dicha Caja, correspondiente a los
medios billetes de pago de las expediciones de eva¬
cuados hasta el 31 de diciembre de 1954, y con
cargo al cap. xvin, «Imprevistos», 18,000 ptas.
para la adquisición de doce básculas, necesarias para
las operaciones de alistamiento del reemplazo del
año actual y sucesivos, adquisición que se verificará
por concierto directo.
—• Destinar, con cargo al cap. xix del Presu¬
puesto, hoy «Resultas por adición de 1954», pese¬
tas 56,435'50 para atender a los gastos ocasionados
con motivo de recepciones y obsequios verificados
a personalidades y Congresos, y ordenados por la
Alcaldía, y i2,2Óo'50 ptas. para hacer pago, a
la Cooperativa de Coches Automóviles, del importe
de la factura de los servicios de locomoción pres¬
tados al Ayuntamiento durante el mes de noviem¬
bre de 1954-
— Hacer constar en acta el sentimiento de la
Comisión permanente por la agresión de que ha sido
víctima el Secretario general del Colegio de Abo¬
gados de Barcelona, don Manuel Goday Prats.
—- Resolver, de conformidad con la propuesta
del Instructor, el expediente disciplinario instruido
142 Gaceta Municipal de Barcelona
a los guardias de la Policía municipal don Fran¬
cisco Bayona. Foj y don Antonio Valero Martínez,
e imponer a ambos la sanción de multa de diez días
de haber, por la comisión de una falta grave de
defectuoso cumplimiento de las funciones, y a los
ordenanzas don Jorge Sans Ripoll y don Juan Cas¬
tro Olivares, imponer al primero la sanción de sus¬
pensión de un mes de empleo y sueldo, y al se¬
gundo, la de quince días de suspensión de empleo
y sueldo por la comisión de una falta grave de
defectuoso cumplimiento de las funciones.
—• Aprobar la relación de autorizaciones para
retirar tripas y matar ganado en el Matadero ge¬
neral.
— Aprobar las relaciones de certificados de su¬
ministros y obras realizadas que presenta la Sec¬
ción de Gobernación por 1.014,163*90 y 474,090*40
pesetas.
—• Aprobar la relación de facturas de suminis¬
tros de material que presenta la Sección de Ha¬
cienda por 51,012'So ptas.
—• Aprobar las relaciones de certificaciones de
obras realizadas, servicios prestados y de facturas
de material que presenta la Sección de Urbanismo
y Obras Públicas por 3.950,276*26 y 21,039 ptas.
—• Aprobar las relaciones de certificaciones y
cuentas de obras y trabajos realizados y servicios
prestados que presenta la Sección de Abastos y
Transportes por 7.475,638*59 y 25,614*99 ptas.
HACIENDA
IMPUESTO DE UUJO
Y RECARGOS FISCAUES
Concertar con las empresas de locales de espec¬
táculos que se indican la exacción del impuesto de
lujo y del recargo municipal extraordinario sobre
las entradas de espectáculos públicos que gravan las
actividades de los mismos durante el período com¬
prendido entre el i.° de enero y el 31 de diciembre,
ambos inclusive, del año 1955, por el cupo que se
le asigna :
Don Francisco Xicota Cabré, cine Balines, calle
de Balmes, n.° 215, 210,000 ptas. ; don Manuel
Barber García, cine Canadá, calle de Borràs, nú¬
meros 21 y 23, 15,000 ptas., y cine Rosal, calle del
Molino, n.° 68, 15,000 ptas. ; doña Ana Ibáñez Bel-
trán, cine Iberia, calle de Praga, n.° 11, 62,000 pe¬
setas ; doña Navidad Espot Bailarín, Cinemar,
rambla de los Capuchinos, n.° 34, 93,000 ptas. ; don
Pablo Prat Meca, cine Eslava, calle de Mallorca,
n-° 35) 95)000 ptas. ; don Jaime Creixell Montse¬
rrat, cine Texas, callé de Bailén, n-° 205, 83,000
pesetas ; don Juan Blanch Samnartí, cine Eldorado,
calle del Padre Roídos, n.° 12, 52,000 ptas., y cine
Horta, calle de Horta, n.° 31, 52,000 ptas. ; don
Enrique F. Ribalta Comellas, cine Hora, calle del
Marqués del Duero, n.° 57, 65,000 ptas- ; don Mo¬
desto Castañé Lloret, cine Alexis, rambla de Cata¬
luña, n.° 90, 70,000 ptas., y cine Alexandra, ram¬
bla de Cataluña, n.° 90, 560,000 ptas. ; don Regino
García y García, cine Montserrat, avenida de la
Virgen de Montserrat, n.° 241, 75,000 ptas. ; don
Rafael Casajús Ayné, cine Maragall, paseo de Ma-
ragall, n.° 85, 78,000 ptas. ; Empresa Arquerfilms,
sociedad anónima, cine Windsor, avenida del Ge¬
neralísimo Franco, n.° 474, 1.100,000 ptas. ; don
Modesto Castañé Llopart, cine Atlanta, calle de
Trafalgar, n.s 2 y 4, 340,000 ptas. ; don Juan Es-
cofet Sabanés, cine Selecto, calle Mayor de Gracia,
n.° 175, 114,000 ptas. ; doña Ángela Virgili Folch,
cine Latino, plaza del Teatro, n.s 2 y 4, 95,000 pe¬
setas, y don Luis Sainz Ruiz, cine Provenza, calle
de Provenza, n.° no, 105,000 ptas.
Año 1954 : Explotaciones Cinematográficas, cine
Astoria, calle de París, 193, 400,000 ptas., y don
Antonio Rey Soria, cine Cristina, calle de la Di¬
putación, n.° 254, 525,000 ptas-
—< Dar de baja, a partir de i.° de enero de 1955,
del recargo extraordinario del 4 por 100 de Ensan¬
che, que han satisfecho- por más de veinticinco
años, las fincas siguientes :
Finca n.° 214 de la calle de Casanova, de don
Mariano Galindo Jiménez ; n.° 242 de la de la Dipu¬
tación, de doña Isabel Marfá Palau ; n.° 94 de la
del Dos de Mayo, de don Ramón Pujol Güell ; nú¬
meros i al 27 de la de Alfonso XII, de don Ramón
Canela de Pedro ; n.° 211 de la de Almogávares,
de don Juan Julién Monclús; n.° 7 de la de Am¬
posta, de doña Ana Martí Llorach ; n.° 137 de la
de Aribau, de doña Josefa Portabella Pavía, nú¬
mero 72 de la de Espronceda, de don Marcelino
Rovira Ferrer; números 2 y 4, de la de Juan
Blancas, de doña Cecilia Ribas Verdeguer; nú¬
mero 14 de la de Lincoln, de don Jacinto Gurí Abe¬
lla ; n.° 182 de la del Marqués del Duero, de doña
Josefa Lloverás, viuda de Maristan}r ; n-° 304 de la
de Marina, de Industrial Barcelonesa de Punto, so¬
ciedad anónima; n.° 13 de la de Mariano Cubí, de
doña M.a Encarnación Marzol Rosa ; n.s 145 y 147
de la de Pallars, de don Ramón Pujol Güell ; nú¬
mero 145 de la de París, de doña Magdalena de
Barberà y Vergés; n.° 99 del paseo del General
Mola, de don Joaquín M-a de Vedruna y Oliveda;
n.s 89 y 91 de la calle de Pedro IV, de don Ramón
Pujol Güell ; n.° 77 de la de Provenza, de doña Do¬
lores Cadena Fort ; n.° 225 de la de Provenza, de
don Eduardo Servent Cruset ; n-° 333 de la de Pro-
venza, de doña M.a Planas Cabot ; n.° 73 de la
de Vilamarí, de don José Solsona Bayona ; sin nú¬
mero de la de Vilaró, de don Jacinto Icart San-
climent, y n.° 238 de la avenida del Capitán López
Varela, de Perfiles Laminados, S. A.
Aceptar la renuncia de las cantidades satisfe¬
chas de más por dicho recargo.
Gaceta Municipal de Barcelona 143
URBANISMO Y OBRAS PÜBLICAS
OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)
Adjudicar directamente a Material y Obras, so¬
ciedad anónima, por 50,750 ptas., en virtud del con¬
curso privado, la ejecución de diversas obras de ha¬
bilitación de servicios sanitarios en planta baja y
pisos y otras de conservación en el Palacio Nacio¬
nal de Montjuich, y aplicar el gasto a la part- 539
del Presupuesto vigente ; a don Ramón Boix Parré,
por 71,500 ptas., las obras de enlace de la calle de
Europa con la de Juan Güell, con cargo' a la partida
ni del Presupuesto extraordinario de Moderniza¬
ción y Extensión de Barcelona (2.a etapa) ; a Hijos
de José Miarnau Navàs, S. A., por 65,000 ptas., las
obras de cerca del campo de entrenamiento atlético
situado en la parte superior del Estadio de Mont¬
juich, y relleno y apisonado' del interior del referido
campo, con cargo a la part. 81 del Presupuesto ex¬
traordinario de Modernización y Extensión de Bar¬
celona (2.a etapa).
— Expropiar a los consortes don Ramón Boix
Farré y doña Dolores Mota Martínez de los terre¬
nos viales, que ocupan una superficie de 1,058*50
metros, valorados en 179,296*75 ptas., afectados por
el ensanchamiento de la carretera de Ribas, en su
cruce con el paseo de Santa Coloma ; vender a los
expresados consortes, a título de permuta, una par¬
cela edificable, con fachada al paseo de Santa Co¬
loma, de 91 metros cuadrados, valorada en 7,735
pesetas, y abonar a los propios señores la diferencia
de ambas sumas, o sea 171,561*75 ptas., con cargo
a la partida 88 del Presupuesto extraordinario dé
Modernización y Extensión de Barcelona (segunda
etapa).
—■ Conceder a Fomento de Obras y Construc¬
ciones, S. A., una prórroga de cinco meses para
terminar las obras, que ejecuta en virtud de subasta,
de urbanización de las calles que, junto al paseo del
Puerto Franco, circundan el grupo de viviendas de
la Sociedad Española de Automóviles de Turismo,
sociedad anónima.
— Destinar 42,938*64 ptas- para la habilitación
provisional de un edificio para despacho de billetes
y dependencias anexas de la Estación de San An¬
drés, en substitución del que actualmente se utiliza
en el edificio Can Magarola, en curso de derribo,
para continuación de las obras de explanación de
la avenida de la Meridiana ; concertar directamente
la ejecución de dichos trabajos a Fomento- de Obras
y Construcciones, sociedad anónima, adjudicatoria
de las obras de supresión de pasos a nivel de la ci¬
tada avenida, y aplicar el gasto a la part. 118 del
Presupuesto extraordinario de Modernización y
Extensión de Barcelona (2.a etapa), especialmente
prevista para esta obra, y 115,881 ptas-, con cargo
a la part. 588a del Presupuesto vigente, para con¬
certai directamente la ejecución de las obras de re¬
forma de la planta baja de la Casa del Arcediano,
donde está instalado el Archivo histórico de la
Ciudad.
OBRAS PARTICUFARES
Conceder, previo pago de derechos, permiso a
don Cayetano Morote Moreno para la ampliación
de dos ventanales en la pared de la fachada del
piso primero de la finca n.° 24 de la calle de la Cla-
vaguera, y, previo pago de 757'05 ptas., la legali¬
zación de las obras efectuadas en los bajos de la
calle del Conde del Asalto, n.° 92, por don Miguel
Clarisó Miguet, mediante la aceptación de la con¬
dición de derribarlas por su cuenta y sin indemni¬
zación al ser requeridos por el Ayuntamiento, obli¬
gación que deberá hacer constar en escritura
pública.
SERVICIOS PÜBFICOS
Adjudicar directamente a C. y C. Carandini, so¬
ciedad anónima, por 65,512*10 ptas., en virtud del
concurso privado, el suministro de aparatos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público eléc¬
trico definitivo en la avenida del Príncipe de As¬
turias, y a don Juan Giralt Capdevila la confección
y suministro de 262 pares de botas altas para el
personal del Servicio de Extinción de incendios y
Salvamentos, y aplicar el gasto de 110,040 ptas.
con cargo a la part- 92 del Presupuesto ordinario
de 1954.
URBANIZACION
Declarar sobrante de vía pública la parcela pro¬
cedente de la Acequia de la Ulacuna, de extensión
50 metros cuadrados, y adjudicarla a don Pedro Vi¬
dal Giralt por el precio de 12,875 ptas., y la pro¬
cedente de la calle de Mas Durán, de 18'10 metros
cuadrados, y adjudicarla a don Francisco Salazar
Vidal por el precio de 740*05 ptas., con la obliga¬
ción de satisfacer los gastos de desplazamiento de
una línea aérea eléctrica propiedad de la Compañía
General de Electricidad, S. A., de importe 1,134
pesetas.
—- Aprobar la hoja de aprecio, por 25,956 ptas.,
de la porción vial de la finca sita en la calle de Mo-
dolell, 11.0 61, propiedad de don Juan Altisent y
doña Carmen Balinas, afectada por la apertura de
la ronda del General Mitre, y la de 251,824*70 ptas.,
de la finca sita en la calle de Camp, 11.0 22, propie¬
dad de don Luis Xancó Puiggalí, afectada por la
apertura de la ronda, citada-
OBRAS PÚBLICAS (ENSANCHE)
Aprobar el proyecto de construcción de cloacas
en las calles de Felipe II, letras A y C, y la prolon-
144 Gaceta Municipal de Barcelona
gación de la del Cardenal Tedeschini, para desagüe
del grupo de viviendas, tercera etapa, del Congreso
Eucarístico, y convocar subasta pública para con¬
tratar la ejecución de las mencionadas obras, con
reducción a la mitad de los plazos de convocatoria
para la licitación, bajo el tipo de 8i8,79Ó'55 ptas.,
y el de urbanización de la riera de Horta, calles de
Felipe II, Pardo, Espiga y otras sin nombre, que
circundan el grupo de viviendas del Congreso Eu¬
carístico Internacional, y convocar también subasta
pública, bajo el tipo de 865,636'59 ptas., con cargo
a la part. 34 del Presupuesto de Ensanche.
— Destinar 150,000 ptas., con cargo a la part. 34
del Presupuesto de Ensanche, para concertar direc¬
tamente con la entidad benéfico-constructora Vi¬
viendas del Congreso Eucarístico las obras de ex¬
planación de tierras en la plaza del grupo de
viviendas del Congreso Eucarístico Internacional.
—* Incoar expediente de expropiación forzosa
de la parte vial de la finca situada en la calle de
Cartellá (antes antiguo camino de Horta, entre la
riera de Horta y la avenida de Borbón, afectada por
el ensanchamiento de la propia calle de Cartellá, y
solicitar de su propietaria doña Dolores Pla, viuda
de Tarrés, que señale en una sencilla proposición,
en el plazo de ocho días, el precio en que estime los
mencionados terrenos viales.
—> Abonar, a don Euis María de Ferrer de Mi-
gliaresi, 25,000 ptas., con cargo a la part. 29 del
Presupuesto de Ensanche, como indemnización de
perjuicios y gastos originados por el desocupo for¬
zoso de los locales de negocio que tiene insta¬
lados en la parte vial de la finca n.s 17 y 19 de la
carretera de Sarrià, expropiada para el ensancha¬
miento de la misma en su cruce con la calle de
Dondres-
GOBERNACIÓN
BENEFICENCIA
Destinar, por terceras partes y con cargo a la
partida 384 del Presupuesto ordinario, 62'500 ptas.,
para las atenciones benéficas y socorro' de urgencia
que puedan presentarse durante el primer trimestre
del año 1955.
—- Abonar, con cargo al cap. xix, artículo1 único
(Resultas por adición del año 1954), 57,180 ptas. a
la Escuela de Reforma «Toribio Duran», por estan¬
cias de los acogidos por cuenta de este Ayuntamiento
durante el mes de octubre de 1954.
— Concertar directamente con don Salvador
Bohera Oliver, en virtud de concurso privado, las
obras de construcción de un cobertizo1 y un cercado
adosados al Pabellón destinado a horno de pan y
otras complementarias a realizar en el ala nordeste
del antiguo edificio de la Colonia Industrial de
Nuestra Señora de Port, por el precio total de
55,490*79 ptas., con cargo a la part- 21 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y Exten¬
sión de Barcelona (primera etapa 1947).
—* Aprobar las cuentas de la Depositaría del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, correspon¬
dientes al ejercicio económico del año 1953, por ha¬
berlas encontrado conformes y ajustadas a sus com¬
probantes los ilustres señores Concejales don An¬
drés Valldeperas Juvé y don Manuel Torras Ven¬
tosa, que fueron designados para tal cometido por
Decreto del excelentísimo señor Alcalde, y la adqui¬
sición de dos máquinas eléctricas para el lavado de
ropa, a instalar en la Colonia Industrial de Nuestra
Señora de Port, por 60,000 ptas., con cargo a la
partida 21 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización y Extensión de Barcelona (i.a etapa 1947),
y proceder a dicha adquisición directamente, me¬
diante concurso privado.
HIGIENE Y SANIDAD
CENTRAR Cancelar y devolver la garantía de 110,836'22
pesetas nominales, constituida a nombre de don
Pasar a la situación de excedente voluntario, Deón Bayo Pamies y doña Genoveva Cabana Ar-
por el tiempo mínimo de un año y máximo de diez, deríu, por parte de don José Brull Gas, para res-
a la maestra doña Clara Vicente Boada, por ha- ponder del cumplimiento del contrato1, concluido,
berlo solicitado. de obras de ampliación del Hospital de Nuestra
—• Jubilar forzosamente al práctico sanitario don Señora de la Esperanza.
Ricardo Ferré Pol, y señalarle la pensión de ju¬
bilación anual de 19,243*34 ptas. ; por haber cum¬
plido los sesenta y dos años de edad, al guardia de CEMENTERIOS
la Policía municipal don Ricardo Vallejo- Fernán¬
dez, y señalarle la pensión de jubilación anual de Destinar, con cargo a la part. 311 del Presu-
I9,243,35 ptas., y de oficio, por hallarse físicamente puesto ordinario, 62,500 ptas., para atender, du-
imposibilitada para, continuar ejerciendo el cargo, rante el primer trimestre del año en curso, a los
a la profesora especial de la Escuela de Enseñanza gastos de adquisición de materiales urgentes para
Primaria doña Remedios Montserrat Morros, y se- los trabajos de conservación y reparación que eje-
ñalarle la pensión anual de jubilación de 11,150 cuta la Brigada General de Cementerios ; con cargo
pesetas. a la part. 308, 87,500 ptas., para atender, durante
Gaceta Municipal de Barcelona
145
el primer trimestre del año en curso, a los gastos
de adquisición de herramientas y vestuario1 para el
Servicio de Cementerios, y con cargo a la part- 309
del Presupuesto ordinario, 50,000 ptas., para aten¬
der, durante el primer trimestre del año en curso,
a los gastos de adquisición de impresos especiales,
títulos funerarios, atenciones del fichero y otros gas¬
tos de materiales para el Negociado de Cementerios.
— Aprobar el Presupuesto para la instalación de
megafonía con altavoces, para el exterior del Ce¬
menterio del Sudoeste, y su ejecución por concierto
directo, mediante concurso privado, que asciende
a 143,500 ptas., con cargo a la part. 23 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y Exten¬
sión de Barcelona (2.a etapa).
ASUNTOS GENERALES
Destinar, con cargo a la part. 5386 del Presu¬
puesto, 200,000 ptas., para atender a los gastos de la
Oficina de Mayordomía municipal, resultantes de la
limipeza de las Casas Consistoriales, edificio anexo,
edificio de la calle de Aviñó, Concejalías Delegadas
de Distrito, etc., durante el primer trimestre de 1955.
—■ Reintegrar, con cargo al cap. xix, artículo
único (Resultas por adición de 1954), 225, 300 y 330
pesetas al Cuerpo municipal de Vigilantes noctur¬
nos, por los servicios prestados por don Roque Mar¬
tínez, don Enrique Yagüe y don Diego Soriano, en
substitución de don Ángel Martín, don Manuel
Plans y don Francisco Molner-
ENSEÑANZA
Contratar directamente, mediante concurso pri¬
vado, con cargo a la part. 420 del Presupuesto ordi¬
nario de 1954, las obras siguientes : De reparaciones
sanitarias en varios Grupos escolares, por 10,554*74
pesetas ; ías a efectuar en los Grupos escolares «Re¬
yes Católicos» y «República Argentina», por pese¬
tas i8,i7o'22, y las a efectuar en la Escuela muni¬
cipal «Bosque de Montjuich», por 81,645'45 ptas., y
aprobar los pliegos de condiciones y modelos de pro¬
posición por los que habrán de regirse los contratos.
—• Otorgar, de acuerdo con los favorables infor¬
mes del Director de la Escuela municipal de Ense¬
ñanza Primaria «26 de Enero», una Beca de estu¬
dios de Enseñanza Media, de las que el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento tiene establecidas para alum¬
nos de las Escuelas municipales de Enseñanza Pri¬
maria, al alumno Pedro Riverola Martín, con los
derechos y deberes que establece el Reglamento de
Becarios.
BELLAS ARTES Y MUSEOS
Destinar, con cargo a la part. 587 del Presu¬
puesto, 11,400 ptas., para satisfacer los gastos de
viaje y estancia de los miembros de los Jurados de
los Premios «Ciudad de Barcelona», residentes fuera
de esta ciudad.
—- Adjudicar a Telas Metálicas y Derivados,
sociedad anónima, los trabajos de reparación de la
tela metálica de diversas instalaciones del Parque
Zoológico, por 73,202*40 ptas., con cargo a la par¬
tida 485 del Presupuesto ordinario de 1954.
ABASTOS Y TRANSPORTES
TRANSPORTES
Disponer que las funciones interventoras en la
explotación de Tranvías de Barcelona, S. A., y
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S- A.
(Transversal), que ejerce don Remigio Hevia Mari¬
nas, se extiendan a la de Gran Metropolitano' de
Barcelona, S. A.
—' Destinar, con cargo a la part. 41 del Presu¬
puesto, un crédito de 72,000 ptas., para retribuir, a
razón de 6,000 ptas. mensuales, a don Remigio He¬
via Marinas, los trabajos que realiza, en cumpli¬
miento de los acuerdos de 18 de marzo' y 9 de abril
de 1953, i.° de diciembre de 1954 y 19 de enero
de 1955, en el desarrollo de las funciones interven¬
toras y fiscalizadoras en las compañías de transpor¬
tes urbanos, afectados por el proyecto de Municipa¬
lización de Transportes; un gasto de 450,000 ptas.,
para la adquisición de carburantes, lubrificantes y
combustibles para los vehículos del Parque Móvil
municipal, durante el primer trimestre del año en
curso, con cargo a la part. 95; 25,000 ptas., para
gastos de reparaciones que no pueden hacerse en el
Parque Móvil, durante el primer trimestre del año
en curso, con cargo a la part. 96, y 62,500 ptas-,
para la adquisición y reparación de neumáticos, cá¬
maras y accesorios con destino a los vehículos del
Parque Móvil municipal, durante el primer trimes¬
tre del año en curso, con cargo a la part. 97.
MERCADOS Y COMERCIOS
Adjudicar directamente, en virtud de concurso
privado, a don Luis Gamazo Martos, las obras de
reparación de la puerta de hierro principal, repara¬
ción y consolidación parcial de la marquesina ex¬
terior y supresión de baches en el Mercado Central
de Frutas y Verduras, por 42,400 ptas., con cargo
a la part. 135 del Presupuesto ordinario de 1954.
—• Aprobar el presupuesto de 12,698 ptas. y el
pliego de condiciones relativos a. los trabajos de re¬
paraciones varias en el Mercado de San Gervasio ;
realizar dichos trabajos por adjudicación directa me¬
diante concurso privado, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 148 del Presupuesto ordinario
de 1955.
PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
Los diarios oficiales que a continuación se con¬
signan han publicado las inserciones de interés mu¬
nicipal que se expresan :
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Mes de enero de 1955
Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Dis¬
posición relativa a la adquisición de Acciones del
Gran Metropolitano de Barcelona, S. A.
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
Mes de enero de 1955
Día 26. —1 Ayuntamiento de Barcelona. —- Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, de los expedientes de cancelación de las ga¬
rantías de las obras de enlace urbanístico1 del edificio
que fué Convento del Buensuceso; de las obras
de habilitación del segundo piso del edificio situado
en la plaza del Buensuceso, con destino al Instituto
Municipal de la Vivienda ; de las obras de recons¬
trucción y habilitación del mismo edificio, destinado
a Tenencia de Alcaldía del Distrito V, y de las de
la total realización de las mencionadas obras, todas
ellas ejecutadas por don Jaime Piera Mas.
Día 27. —■ Subasta para la adjudicación de una
parcela sita en la finca donde está emplazado el
grupo de casas baratas «Eduardo Aunós», en el pa¬
seo de la Zona Franca, sobre el tipo de 13,239'78
pesetas.
—• Expedientes de declaración de sobrante de
vía pública de las parcelas procedentes de la calle
de Rabí Rubén y del Torrente de Gardenyes.
Día 28. — Subasta para la adjudicación de una
parcela sita en la finca donde está emplazado el
Grupo de viviendas económicas «El Polvorín», so¬
bre el tipo de 18,401'87 ptas.
Día 29. —< Subasta para la adjudicación de las
obras de construcción de un edificio para almacenes,
oficina, vivienda para conserje, campo de hockey,
frontón y pared de cerca en la zona deportiva mu¬
nicipal de Horta, bajo el tipo de 789,863'76 ptas.
—■ Acuerdo del Ayuntamiento pleno por el que
se acuerda admitir al segundo período de licitación,
por concurso-subasta, de las obras de ampliación del
puente sobre el ferrocarril de la calle de los Almo¬
gávares, a los concurrentes don Esteban Cruz Fer¬
nández, Agromán, Empresa Constructora, S. A. ;
Hijos de José Miarnau Navás, S. A., y Material y
Obras, S. A.
—> Relación de diversas sepulturas de los cemen¬
terios de la ciudad de cuyos títulos de propiedad
han sido solicitados traspasos o duplicados, a los
efectos de que las personas que por ello se crean
afectadas puedan presentar las reclamaciones opor¬
tunas.
Día. 31. — Jefatura de Obras Públicas de Barce¬
lona. — Información pública relativa a la concesión
para el establecimiento de una línea regular de
transporte público de viajeros por carretera entre
Barcelona y La Puda.
Mes de febrero
Día i.° — Ministerio de Hacienda. — Orden
por la que se aclara que las Corporaciones locales
se hallan sujetas a tributación por el impuesto1 so¬
bre el gas, electricidad y carburo de calcio, de la
contribución de usos y consumos.
El impuesto sobre el gas, la electricidad y el carburo de calcio
y las Corporaciones locales
limo. Sr. : La aplicación del Decreto de 18 de
diciembre de 1953, que desarrolla la Ley de Bases
del día 3 del mismo mes y año, en la parte refe¬
rente a la tributación de las Corporaciones locales
por el impuesto sobre el gas, electricidad y carburo
de calcio, ha ofrecido dudas en cuanto a su alcance
a algunas empresas suministradoras como consecuen¬
cia de los reparos presentados por determinadas Cor¬
poraciones.
Examinados los antecedentes de este asunto, o
Gaceta Municipal ge Barcelona
147
sea, el art. 100 del citado Decreto de 18 de diciem¬
bre de 1953, y el párrafo 2.0 del art. 101 del mismo
texto, en que se declara expresamente que «en nin¬
gún caso las exenciones indicadas podrán rebasar los
límites aplicables al Estado», y habida cuenta de
que el Estado no se halla exento, legal ni regla¬
mentariamente, de este impuesto, y que en la prác¬
tica viene siendo satisfecho' por todas las oficinas y
organismos dependientes del mismo, resulta incues¬
tionable que las Corporaciones locales no se hallan
exentas de tributación por el citado' impuesto.
En su consecuencia, y vistos los informes favo¬
rables y coincidentes de las Direcciones generales
de la Contribución de usos y consumos y de lo
Contencioso del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si¬
guiente :
i.° Las Corporaciones locales vendrán obliga¬
das a tributar por el impuesto sobre el gas, electri¬
cidad y carburo de calcio en la forma dispuesta en
el Reglamento de 8 de febrero de 1946, en tanto
que el Estado 110 goce de exención por el referido
impuesto.
2." Das empresas suministradoras vendrán obli¬
gadas a la recaudación e ingreso en el Tesoro del
referido impuesto, incurriendo' en responsabilidad en
caso contrario.
En el caso de que hubieren dejado de percibirlo
en algún período de tiempo, procederán a su liqui¬
dación y exacción en trimestres sucesivos, a razón
de un trimestre corriente con uno atrasado, hasta la
total cancelación de los atrasos.
4.0 Se autoriza a, la Dirección General de la
Contribución de Usos y Consumos para dictar las
instrucciones precisas para el cumplimiento de la
presente.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1955. — Gómez de Ulano.
limo. Sr. Director general de la Contribución de
Usos y Consumos.
Ley de 16 de diciembre de 1954» sobre expropiación forzosa
I. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA
Y NUEVO AMBITO LEGAL DE LA EXPROPIACIÓN
La expropiación forzosa contempla el supuesto en
que, decidida la colisión entre el interés público y el
privado, en consideración a la lógica prevalencia del
primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento
legal adecuado para promover jurídicamente la trans¬
misión imperativa del derecho expropiado y para hacer,
consecuentemente, efectiva en favor del particular la
justa indemnización correspondiente. Implicando la
expropiación un resultado jurídico siempre idéntico,
las modificaciones de sus bases legislativas proceden
fundamentalmente, ya de la concepción más o menos
amplia del campo a que el interés público se extiende,
ya de los progresos técnicos que permiten perfeccionar
el procedimiento calculado, y esto, de un lado, a fin
de que encuentren satisfacción las exigencias de la
eficacia administrativa, y de otro, para hacer efectivas
las garantías del particular, así en el orden de la de¬
fensa contra una expropiación irregular, como en el
del reconocimiento y pago de la justa indemnización
que por principio se reconoce.
La simple indicación de que la expropiación for¬
zosa se rige en nuestro país por una Ley promulgada
en io de enero de 1879 justifica sobradamente la pre¬
ocupación en torno a un posible y grave desajuste
entre el orden real de fines y medios que enmarca hoycasi setenta y cinco años más tarde — la acción
de la Administración y el sistema de preceptos queintegran la normativa vigente. Verdad es que la sub¬sistencia prolongada de una Ley de orden básico no esde suyo argumento contra su calidad técnica y nisiquiera contra su validez político-legal, pero aquélla
y ésta están dominadas por el supuesto de que perma¬nezcan relativamente incólumes la configuración delos intereses en juego y los principios fundamentales
que a la Ley sirven de premisas obligadas.
En cuanto a la expropiación forzosa se refiere, el
más somero análisis de los factores de varia índole que
hay que considerar tras el bosquejo técnico de la ins¬
titución pone de manifiesto la general desarticulación
de las circunstancias políticas, administrativas y de
todo otro orden que sirvieron de plataforma a la Ley
hasta ahora vigente. E11 orden a la flexibilidad, agi¬
lidad y eficacia que dicha Ley permite a la Administra¬
ción, siquiera no sea éste el aspecto más importante
que la actual situación suscita, es suficiente recordar
cómo mediante la Ley de 7 de octubre fle 1939 hubo
de improvisarse, un tanto bajo el apremio de circuns¬
tancias de excepción, un procedimiento de urgencia, a
fin de conseguir evitar que la utilización de mecanis¬
mos legales fuera de fase pusiera trabas o entorpeciera
la acción administrativa impulsada al ritmo exigido
por la urgencia de la reconstrucción nacional. Pero la
Ley de 1939, que de cualquier modo ha sido un acierto
innegable de política legislativa que aun puede dar
buenos frutos, eludió conscientemente los problemas
capitales que la expropiación plantea, 110 sólo cuando
se pretende la actualización del interés público, sin
otras demoras que las inevitables, sino, sobre todo,
cuando una concepción más justa, desde el punto de
vista social de la estructura económica, altera sensi¬
blemente la base técnica de la expropiación y los pro¬
cedimientos valorativos de la indemnización. El hecho
de que el legislador, consciente de las obligadas limi¬
taciones de la Ley de 1939, no haya promovido hasta
ahora la reforma es sólo indicio de la magnitud de los
problemas que implica ; mas, al propio tiempo, el rei¬
terado uso que de la autorización de urgencia se ha
hecho en los últimos años viene a poner de manifiesto
la deficiencia con que la norma aún en vigor sirve a
las exigencias del momento.
Desde 1S79 110 es exagerado afirmar que las bases
políticas, sociales, económicas y de toda otra índole,
condicionantes de la acción de Gobierno, han experi-
148 Gaceta Municipal de Barcelona
mentado desplazamientos tan significativos, que todas
las instituciones del Derecho Administrativo clásico,
aun sin resultar deformadas en su esquema técnico,
han tenido que ser readaptadas convenientemente, a
fin de poder operar con ellas como medios idóneos al
servicio de una acción administrativa de signo e inten¬
sidad muy diferentes a los que se consideraron ópti¬
mos en la época en que surgió. Con respecto a la ex¬
propiación, esto viene a ser tanto más apremiante
precisamente por cuanto por definición en el grado que
significa un considerable sacrificio del interés privado,
resulta el punto donde inmediatamente repercuten las
crecientes exigencias del interés público.
Sobre el radio de acción que a la expropiación fijaba
el orden político liberal, ha venido a actuar, en pri¬
mer término, el principio que expresa la conciencia
social del nuevo Estado y que hoy se proyecta sobre
toda su obra legislativa. El artículo 10 de la Consti¬
tución de 1876, del que el artículo primero de la hasta
ahora vigente Eey de Expropiación trae su principio
de autorización, se expresa en los términos de que
«...nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por
autoridad competente y por causa justificada de uti¬
lidad pública, previa siempre la correspondiente indem¬
nización». El art. 32 del Fuero de los Españoles, de 17
de julio de 1945, en su párrafo segundo, amplía sig¬
nificativamente el principio, sin perjuicio de conseguir
una más rígida formulación de los límites de legali¬
dad. «Nadie podrá — dice — ser expropiado, sino por
causa de utilidad pública o de interés social, previa la
correspondiente indemnización, y de conformidad con
lo dispuesto en las leyes». Al consagrar la expropia¬
ción por interés social, la Ley fundamental viene a
incorporar jurídicamente una concepción que, habiendo
superado el agrio individualismo del sistema jurídico
de la propiedad privada de la economía liberal, viene
a entender implícita, tras toda relación de dominio,
una función social de la propiedad. Consecuentemente,
la expropiación tiene ahora que ser configurada desde
esta nueva perspectiva, a fin de brindar a la Adminis¬
tración medios aptos para hacer efectivo el principio
contenido en el estatuto fundamental de derechos y
deberes de los españoles.
Esta concepción más amplia de la expropiación ha
sido proyectada sobre la legislación hoy en vigor,
al menos en aspectos parciales. Toda la legislación del
nuevo Estado en materia de colonización, materia tan
sensible a las urgencias del interés social, está inspi¬
rada en este giro tan significativo. Se ha estimado
que la Ley 110 estaría a la altura de los principios que
hoy conforman nuestra legislación, de plantear sus pro¬
blemas desde el ángulo visual angosto que da perspec¬
tiva a la de 1S79. Consecuentemente, se ha desarrollado,
con la precisión posible, aquella fundamental distinción
entre la expropiación de utilidad pública y la expro¬
piación de interés social del art. 32 del Fuero de los
Españoles, y se ha generalizado, con las garantías for¬
males obligadas, la posibilidad — insólita en el con¬
cepto clásico de la expropiación—de referir sus bene¬
ficios a particulares por razones de interés social.
Mas, junto a este ensanchamiento del campo de
fines, el ámbito de la expropiación debía ser conside¬
rado de nuevo, en forma que pudiera acoger las am¬
pliaciones tan notables que ha experimentado al am¬
paro de la legislación especial, en orden al objeto ex-
propiable y a la índole de los intereses afectados por
el sacrificio, y llamados, por ende, a ser tenidos en
cuenta en la indemnización. Baste aludir a la expro¬
piación de participaciones en el capital social, expro¬
piación de explotaciones afectadas por la acción del
Estado sobre la economía, por exigencias de la gestión
de los servicios públicos, al preferirse establecerlos
bajo el patrón de la nacionalización, municipalización
o provincialización. Por otra parte, junto a la expro¬
piación típica han surgido figuras como el consorcio
o el arrendamiento forzoso, en las que se aprecia la
nota común de la satisfacción del interés público por
una acción imperativa sobre el aprovechamiento del
bien, objeto de la misma, que no llega a ser tan ra¬
dical y enérgica que alcance a la transmisión obligada
de la propiedad, pero que implica una limitación indi¬
vidualizada del dominio, a la que hay que buscar su
adecuada y justa compensación. También los casos en
que la acción administrativa exige la expropiación de
grandes zonas requerían el arbitrar un procedimiento
para hacer aquélla efectiva dentro de una tramitación
unitaria. En consecuencia, la Ley refleja una concep¬
ción de la expropiación, según la cual debe ser el es¬
tatuto legal básico de todas las formas de acción admi¬
nistrativa que; impliquen ima lesión individualizada de
los contenidos económicos del derecho del particular
por razones de interés general, y como tal se estructura,
sin perjuicio del obligado respeto a las peculiares ca¬
racterísticas de cada figura en particular.
Llevando este principio a sus lógicas consecuencias,
se ha intentado, finalmente, llamar la atención sobre
la oportunidad que esta Ley ofrece, y que no debiera
malograrse, de poner remedio a una de las más graves
deficiencias de nuestro régimen jurídicoadministrativo,
cual es la ausencia de una pauta legal idónea, que per¬
mita hacer efectiva la responsabilidad por daños cau¬
sados por la Administración. Bajo el imperio de cri¬
terios jurídicoadministrativos que habían caducado ya
cuando fueron adoptados por nuestro ordenamiento,
los límites técnicos dentro de los cuales se desenvuelve
entre nosotros la responsabilidad por daños de la Ad¬
ministración, resultan hoy tan angostos, por 110 decir
prácticamente prohibitivos, que los resultados de la
actividad administrativa, que lleva consigo una inevita¬
ble secuela accidental de daños residuales y una cons¬
tante creación de riesgos, revierten al azar sobre un
patrimonio particular en verdaderas injusticias, ampa¬
radas por un injustificado privilegio de exoneración.
Se ha estimado que es esta una ocasión ideal para abrir,
al menos, una brecha en la rígida base legal que, per¬
judicando el interés general, no puede proteger inte¬
reses de la administración insolidarios con aquél, como
sin más ha venido a demostrar la legislación de régi¬
men local vigente al incorporar, en esta importante
materia, los criterios más progresivos sugeridos por
la legislación comparada y la doctrina científica. Se
ha entendido así, no sin hacerse cargo de que la Ley
de Expropiación 110 puede ser, desde luego, la base
normativa en que se integren todos los preceptos ju¬
rídicos rectores a este respecto, pero sí, al menos, una
norma que puede muy bien recoger una serie de su¬
puestos realmente importantes, en los que, al margen
de un estrecho dogmatismo académico, cabe apreciar
siempre el mismo fenómeno de lesión de un interés
patrimonial privado, que, aun cuando resulte obli-
Gaceta Municipal de Barcelona 149
gada por exigencias del interés o del orden público,
110 es justo que sea soportada a sus solas expensas por
el titular del bien jurídico dañado.
Únicamente edificando sobre esta amplia base, y
dominándola desde una preocupación de eficacia, puede
la Administración española contar con un instrumento
capaz para que su acción no resulte frenada por la rigi¬
dez de concepciones dogmáticas de las relaciones ju-
rídico-privadas, y al propio tiempo para que no quede
sin su justa compensación la lesión acarreada, siquiera
sea por motivos fundados, al particular. Es claro, pues,
que desde tal punto de vista ha de de considerarse el
contenido del art. i.°, pues es meramente una norma
delimitadora del campo objetivo de aplicación a que
la Ley se extiende, y 110 una expresión conceptual de
la figura jurídica de la expropiación.
II. PROCEDIMIENTO
Junto a la preocupación por alcanzar los horizontes
actuales de la expropiación ha sido concebida la Ley
bajo el signo de la eficacia. Se lia tenido en cuenta,
ante todo, que el imperativo del interés público que
gobierna toda la institución 110 se agota en la trans¬
misión imperativa del derecho o bien expropiado, sino
que da por supuesto que esto ha de conseguirse en
plazo que no perjudique la oportunidad de la medida.
Las dificultades en este orden proceden de que, por
otra parte, la Ley de expropiación ha de concebirse
en forma que proporcione al particular interesado un
adecuado sistema de garantías, lo que exige medios
procesales proporcionales. Una solución simplista, que
sacrifique este último aspecto, viene a ignorar el hecho
de que aquí 110 luchan el interés público, que impulsa
a consumar la expropiación, y el interés privado, que
tiende a demorarla. Planteada de esta forma la oposición
de intereses, no se ofrecería duda acerca del criterio lla¬
mado a prevalecer. Mas, en realidad, el legislador ha
de arbitrar aquí entre las exigencias de ritmo de la
ejecución de la obra o servicio y las de no menor in¬
terés público, ni inferior rango, de conseguir la justa
indemnización que por principio se reconoce al particu¬
lar afectado.
La Ley procura eliminar todos los obstáculos pro¬
cesales que pudieran alzarse, siquiera sea lateralmente,
contra el hecho de la expropiación ; modera los utili-
zables contra la necesidad de ocupación y, finalmente,
tiende a asegurarse contra 1111 empleo malicioso de los
medios reconocidos, evitando su utilización con ánimo
meramente perturbador. Un análisis, siquiera sea so¬
mero, de nuestra actual situación legislativa en relación
con los supuestos de esta Ley, resulta sumamente es-
clarecedor en este punto.
La Ley de 1(879 adopta la estructura de cuatro pe-
1 iodos : declaración de utilidad pública, necesidad de
ocupación, justiprecio, pago y toma de posesión. Estos
cuatro períodos corresponden a los cuatro momentos
lógicos que cabe descubrir en la operación jurídico-
administrativa, que lleva consigo : a) su autorización ;
b) su aplicación a un bien o derecho en concreto ;
c) la fijación de la indemnización, y d) la consumación
de la relación que se establece entre la Administra¬
ción y el expropiado por el pago y la toma de posesión.Pero desde el punto de vista de los intereses protegidos
al concebir el procedimiento, cabe hacer la distinción
de que mientras la declaración formal de legalidad de
la medida desarrolla el principio general que exige la
actuación regular de los órganos de la Administración,
los demás requisitos de actuación protegen al parti¬
cular ya individualizado contra una lesión jurídica
excesiva derivada de la expropiación. Así, pues, cabe
aligerar la formalizaeión del requisito de legalidad, en
el grado que sea posible entender implícita la autori¬
zación en un acto previo ele un órgano jurídicamente
competente, pero, en cambio, deben dejarse intactas
las garantías de protección de derecho del particular,
sin perjuicio de una ágil técnica procesal. Estos cri¬
terios han servido de orientadores en la redacción de
la Ley, como comprueba el examen en concreto del
procedimiento adoptado.
A ) Declaración de utilidad pública o de interés
social.
Ya la Ley de 1879 había aliviado la producción de
este requisito, para el que el art. 10 exigía forma de
ley, al exceptuar de la formalidad, en el art. 11, a las
obras que se llevasen a cabo con arreglo a las prescrip¬
ciones del cap. 11 de la Ley de Obras Públicas, las
comprendidas en los planes generales, provinciales y
municipales mencionados en dicha Ley, todas- aquellas
cuya ejecución hubiere sido autorizada por una ley, las
designadas en las leyes especiales que se mencionan,
todas las de policía urbana, y en particular las de
ensanche y reforma interior de las poblaciones. El cri¬
terio de la Ley es que deben agotarse las posibilidades
de entender implícita la autorización para expro¬
piar, en el cumplimiento de los requisitos que condi¬
cionan la aprobación del proyecto de obra o servicio
como decisión administrativa, en la medida en que
tales requisitos tengan idéntica relevancia jurídica y
administrativa que la propia declaración de utilidad.
A este criterio responden los preceptos que integran
el cap. i del Título II. Estas normas son expresión
del lógico principio de que en el grado en que los
requisitos establecidos en cada caso para la autoriza¬
ción de obras y servicios aseguran su oportunidad y
conveniencia, ya en sí, ya desde el punto de vista del
gasto público, implican que su ejecución es de utili¬
dad pública, desde el momento en que no hay posi¬
bilidad de establecer sobre bases jurídicas una distin¬
ción dentro del concepto de utilidad pública, de tal
sentido, que en algún caso moviera a 110 llevar a cabo
la obra o el servicio para no herir el interés patrimo¬
nial del particular.
En cuanto a la expropiación de bienes muebles, se
mantiene en todo su rigor el principio de la declara¬
ción «ex lege» de la utilidad pública, salvando también
el supuesto de que, tratándose de determinadas cate¬
gorías de bienes hubiera declarado con anterioridad una
ley la posibilidad en abstracto de su expropiación por
razones de utilidad pública, supuesto en el que para
la expropiación en concreto, el requisito se entiende
producido por el acuerdo del Consejo de Ministros. Asi¬
mismo, el principio y la salvedad se hacen extensivos
a los supuestos de expropiación por interés social a
que la ley abre paso.
B) Necesidad de ocupación de bienes o de adqui¬
sición de derechos.
En este punto, la experiencia de la Ley de 1879
tenía que valorarse desde los resultados de la Ley de
150
7 de octubre de 1939. En síntesis, esta Ley integra, en
la declaración de urgencia, expedida por Decreto apro¬
bado en Consejo de Ministros, la necesidad de ocupa¬
ción, y dejando indemne el procedimiento general para
los períodos tercero y cuarto de la expropiación, habi¬
lita un sumario integrado por la notificación a los
propietarios y titulares de los derechos afectados, acta
previa a la ocupación, depósito sobre bases tasadas y
ocupación de inmuebles, trámites que se llevan a cabo
en plazos muy rigurosos y que en total 110 exceden
de dieciocho o veintidós días, según los casos. Justifi¬
cada esta Ley en las circunstancias de excepción en
que surgió, 110 puede ser generalizada sin grave de¬
trimento de garantías del máximo interés. El legislador
la consideró desde su promulgación como un instru¬
mento normativo de utilización excepcional por razo¬
nes de urgencia, ya que para todos los demás supuestos
se mantuvo el pleno vigor de la Ley de 1879.
Se ha estudiado tanto la conveniencia de genera¬
lizar los criterios de esta Ley como la de derogarla,
excluyendo la dualidad de procedimientos : uno de
carácter ordinario y otro aplicable, previa la declara¬
ción de urgencia. Las dos posibilidades han sido re¬
chazadas por las razones que seguidamente se exponen.
La apreciación acerca de sí es o 110 necesaria la
ocupación de un bien en concreto es una garantía fun¬
damental para el particular. La declaración de utilidad
pública explícita o implícita garantiza la concurrencia
del interés general, que viene a justificar la expro¬
piación, pero 110 entra ni de lejos en apreciación al¬
guna acerca de la necesidad de que para llevarlo a
cabo se ocupe un bien determinado con preferencia a
otro. Ciertamente, la Administración puede tomar como
referencia el proyecto y los replanteos afectados, pero
no siempre constarán con la precisión obligada los
derechos e intereses afectados. E11 todo caso, es preciso
dar una intervención al interesado, cuando menos para
conseguir una indemnización suficiente desde el punto
de vista jurídico del bien o derecho afectado.
Pero aun cuando la Ley se ha inspirado en lo po¬
sible en la de 1939, incorporando sus criterios y cons¬
truyendo los esquemas procesales a la vista de esa no¬
table experiencia legislativa, se ha estimado que el
proceder por ello a la derogación pura y simple de
dicha Ley, suprimiendo el procedimiento de urgencia,
hubiera sido forzar la solución al amparo de razones de
pura técnica legal, adoptando una base legislativa rí¬
gida, capaz de servir de freno o de contención a la
acción administrativa que puede ser solicitada por las
necesidades con imperativos de la máxima urgencia. Se
ha optado, pues, por incorporar prácticamente la Ley
de 1939 a la presente, y a ello responde el art. 52. Ha
de tenerse en cuenta que merced a la actualización de
la legislación en esta materia, la utilización del proce¬
dimiento de urgencia podrá atemperarse a su carácter
estrictamente excepcional, lo que no ocurre en la ac¬
tualidad, ya que, por las razones que han quedado ex¬
puestas de desajuste de la legislación a los problemas
del día, se ha visto forzada la Administración a la uti¬
lización frecuente de dicha ley. De hecho, en los casos
en que del proyecto resultan perfectamente determina¬
dos los intereses afectados, se generaliza cuando menos
el fin de la Ley de 1939, y en los demás, el procedi¬
miento, dentro del respeto obligado a elementales ga¬
rantías, es de tal agilidad, que bien puede decirse que
Gaceta Municipal de Barcelona
responde al mismo espíritu de eficacia que inspiraba
la aludida Ley.
En efecto, a fin de regular proeesalmente la inter¬
vención de los interesados en este punto, se arbitra un
trámite de información pública, procurando la má¬
xima difusión.
Se ha fijado el plazo de veinte días como máximo
para que la Administración resuelva las íeclamaciones
promovidas en la información.
La decisión del recurso contra esta resolución, que
deberá interponerse dentro del plazo de diez días, a
contar desde la notificación o publicación, decisión que
zanja definitivamente la cuestión debatida, lleva con¬
sigo la declaración explícita de la necesidad de ocu¬
pación y levanta la suspensión provocada por las re¬
clamaciones. En el peor de los casos, esta suspensión
no podrá ser superior a un mes.
iSalta a la vista la economía procesal conseguida sin
más que indicar que la Ley hasta ahora vigente fija
los siguientes plazos : tres días para el trámite de
comunicación por el Gobernador a los Alcaldes de la
relación nominal de interesados en la expropiación
(art. 16), quince o treinta días para la información
(art. 17), quince días para la resolución por el Gober¬
nador (art. 18), ocho días para la interposición del re¬
curso de alzada y treinta días para su resolución
(art. 19), por lo que el procedimiento puede prolon¬
garse hasta ochenta y seis días.
C ) Justiprecio.
La fijación de la indemnización constituye, como
es obvio, el problema capital de una ley de expropia¬
ción. El criterio tradicional de someter las diferencias
de apreciación pericialmente establecidas a una decisión
motivada y preparada por una tercera estimación pe¬
ricial ha de reconocerse que 110 ha sido nunca propug¬
nado como procedimiento ideal, sino más bien como 1111
último recurso, al que empíricamente se acude en de¬
fecto de reglas .tasadas que permitan una determina¬
ción automática del valor del objeto de la expropiación.
Los criterios automáticos añaden a su intrínseca ob¬
jetividad la ventaja de eliminar gran número de recla¬
maciones, ya que sustraen la base sobre la cual cabe
plantearlas, que no es otra que la pluralidad abierta
indefinidamente de los medios de estimación.
No se han escatimado esfuerzos a fin de conseguir
sustituir el procedimiento de la controversia pericial
por otro que permitiera una determinación más ob¬
jetiva del justo precio. Mas yá desde un principio pudo
advertirse que existen supuestos de expropiación en
los que bien sea por carecerse de toda clase de esti¬
mación general preconstituída, bien porque los cri¬
terios generales vendrían a ofrecer resultados muy
arbitrarios en más o menos respecto al principio de
justa indemnización de que se parte, es imposible
prescindir de una tasación pericial. La determinación
del justo precio sobre bases fiscales ha de partir de la
premisa de que la riqueza imponible, fiscalmente es¬
tablecida, suponga una valoración no sólo objetiva y
bien ponderada del bien de que se trate, sino además,
rigurosamente al día desde el punto de vista del poder
adquisitivo de la moneda. Y se comprende que esto
no es siempre posible por la forzosa complejidad de
las operaciones evaluatorias, que 110 se pueden llevar
a cabo en plazos tan moderados que se sustraigan a
oscilaciones de no escasa significación económica.
Gaceta Municipal de Barcelona
De otro lado, salvo que se entienda que la estima¬
ción fiscal constituye lo que desde luego no es, es decir,
una declaración administrativa de valoración, eficaz
no sólo en la relación fiscal, sino en toda relación con
la Administración en que el valor de un bien pueda
jugar algún papel, esa estimación debe servir como
uno de los elementos que concurran a la determina¬
ción del justo precio, pero no ser el criterio de suyo,
y exclusivafiiente, determinante. Esto implicaría vol¬
ver la espalda a realidades económicas elementales, en
las que precisamente el bien expropiado encuentra la
referencia de valor más adecuado. Todo ello hace que
sea preciso ponderar las valoraciones fiscales con las
de mercado y para casos excepcionales dejar abierta la
posibilidad de apreciación de circunstancias específicas,
que de no tenerse en cuenta provocarían una tasación
por completo irrazonable. Estos son los principios que
en este punto inspiran la Ley.
Desde el momento en que, por las razones aludidas,
hubo de renunciarse a la determinación automática del
justo precio, para dar paso, en mayor o menor medida,
a una apreciación de circunstancias específicas del caso,
pasaba al primer plano la cuestión del órgano de ta¬
sación. Es evidente que el sistema del «tercer perito»
que inspira la legislación hasta ahora vigente, reduce,
en los más de los casos, a un papel puramente pa¬
sivo la función del órgano que formaliza la resolución,
aparte de llevar consigo un juego de plazos de excesivo
peso para la agilidad de la acción administrativa. Como
es natural, en el procedimiento actual los peritajes de
las partes están inspirados en el propio interés de és¬
tas, al que se sobrepone la mediación arbitral del ter¬
cer perito ; teóricamente cabría pensar que el tercer
peritaje decidiera de derecho la cuestión, cuanto que
ya, las más de las veces, lo hace de hecho. Pero esta
solución es insatisfaetoria, tanto desde el punto de
vista de los principios — por cuanto supone la deja¬
ción en manos privadas de una cuestión en la que
están vivamente comprometidos intereses públicos e
intereses privados, e implica, por lo tanto, una ruptura
con las bases mismas de la justicia administrativa —,
como en consideraciones a los supuestos mismos del
fallo. En efecto, en cuanto éste debe resultar de la
apreciación de bases tasadas de diferente índole y,
excepcionalmente, de circunstancias muy singulares
que justifiquen en un caso dado el separarse de aqué¬
llas, no es posible dejar todos estos elementos a juicio
de una persona calificada por la sola condición de su
pericia en tasaciones de cierta índole. Por otra parte,sólo una permanencia en esa función, una reiteración
en los criterios, un conocimiento de la economía local,
puede abrir el paso a lo que constituj^e, sin duda, elideal en esta materia : objetivar las tasaciones en forma
que sean el resultado de la aplicación de criterios
generalizados.
Así se justifica una de las innovaciones más impor¬tantes de la Ley : la constitución de los Jurados Pro¬
vinciales de Expropiación, que vienen a ser órganosen los que se componen las dos funciones, pericial yjudicial, escindidas en el sistema actual, pero que
reúnen, además, las ventajas que proporciona la perma¬nencia y especialización en la función, la colegiación(que permite llevar a su seno los intereses contra¬
puestos) y la preparación, al mismo tiempo en losaspectos material y jurídico, de la cuestión a decidir.
151
Ciertamente, estas ventajas están supeditadas en todo
al acierto que presida en la composición de estos órga¬
nos y condicionadas, por otra parte, a la carga buro¬
crática que llevan consigo. Se han estudiado minucio¬
samente los dos aspectos, para evitar que se malograra
la solución, y se cree haberlo conseguido en las normas
propuestas. El art. 32 fija la composición del Jurado,
atribuyendo su presidencia a Un Magistrado, con lo que
garantiza la objetividad ele visión y el rigor judicial del
procedimiento y asegura la representación de los inte¬
reses financieros y fiscales de la Administración y patri¬
moniales de la propiedad privada, así como los de
índole técnica, incluyendo finalmente a un Notario, en
atención a su conocimiento de las .transacciones y a laindependencia de su función pública.
En cuanto al coste de estos organismos, la Ley ha
apurado todas las posibilidades para reducirlos al mí¬
nimo, y prácticamente se ha conseguido.
Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones
puede llegar a corregir las mayores deficiencias del
actual sistema de tasación, del mismo modo que lo han
hecho en el extranjero organismos similares ; pero,
sobre todo, encierra las mayores posibilidades de con¬
seguir — por la preparación .de índices y la fijación
más precisa de las bases de valoración —, llegar algún
día a una determinación automática del justo precio.
Con todo, la crítica del procedimiento depende, en
grado considerable, del acierto que presida sit configu¬
ración procesal. También en este punto, la comparación
de esta Ley con la hasta ahora vigente obliga a admitir
que se ha conseguido una notable economía. En la Ley
de 1879 se señalan como plazos : el de ocho días para
la designación de peritos (art. 120) ; el de quince, para
aceptar o rehusar la oferta de la Administración (ar¬
tículo 26) ; quince, para la presentación de la hoja de
tasación pericial del propietario (art. 27) ; ocho, para
la eventual conciliación (art. 26) ; ocho, para la desig¬
nación de tercer perito por el Juez (art. 31) ; treinta,
para que éste lleve a cabo la tasación (art. 33) ; trein¬
ta, para la resolución por el Gobernador (art. 34) ;
treinta, para la interposición del recurso, y otros tan¬
tos, para la resolución que corresponda (art. 35). En
total, ciento setenta y cuatro días, sin contar el plazo
de un mes para la notificación de la orden resolutoria,
y el de dos meses, para la interposición, del recurso
contencioso. El procedimiento que la Ley adopta com¬
prende, en cambio, los siguientes plazos : veinte días,
para que la Administración acepte o rehuse, y, en su
caso, para que, a su vez, formule su hoja de aprecio
(art. 30), después del plazo de veinte días que para la
presentación de la hoja de aprecio tiene el propietario
(art. 29) ; diez díás, para que el propietario acepte o
rehuse la formulada por la Administración, en su caso
(art. 30), y finalmente, en caso de controversia, ocho
días para la resolución ejecutoria por el órgano al
efecto establecido (art. 34). En total, cincuenta y ocho
días como duración máxima de los trámites.
A esta significativa aligeración del procedimiento
hay que añadir que, según se ha dicho, cabe esperar
en numerosos casos el que se consiga la conformidad
de las partes desde el momento en que los aspectos
controvertidos vienen, de antemano, atemperados por
la necesaria motivación sobre las bases legales de las
hojas de aprecio (art 37).
Con respecto a los bienes inmuebles, se ha distin-
1.52 Gaceta Municipal de Barcelona
guido a estos efectos entre fincas urbanas y rústicas.
En las primeras se consigue una determinación auto¬
mática del justiprecio del solar al adoptarse como esti¬
mación la que tuvieren asignada a efectos del arbitrio
municipal sobre incremento del valor, corregida en un
io por ioo a favor del propietario. En cuanto a los
edificios, se ponderan como factores el valor en venta
debidamente justificado con arreglo a, la situación, des¬
tino y estado de la edificación, y la capitalización al
interés legal del líquido imponible señalado a efectos
de la contribución territorial urbana. En cuanto a las
fincas rústicas, respecto a las cuales, como es notorio,
las valoraciones fiscales 110 están en general al día, a
fin de no prescindir de todo factor automático, se toman
en consideración los líquidos imponibles, según catastro
o amillaramiento, incrementados en un 5 por 100 en el
primer caso, y en un 10 por 100, en el segundo. Estos
incrementos deben considerarse teniendo en cuenta
que, a efectos de depósito, la Ley de 1939 señala los
de 5 y 20 por 100. Del mismo modo que en el caso de
las fincas urbanas, la indemnización es el promedio
entre este valor fiscal y el valor en venta debidamente
acreditado.
Con respecto a bienes muebles, 110 era posible uti¬
lizar criterios idénticos por la prácticamente ilimitada
heterogeneidad del objeto a expropiar. Sin embargo,
en el tipo de riqueza mobiliària que con más frecuencia'
puede quedar afectado por la expropiación, es decir,
la expropiación de empresas cuyo capital aparece in¬
corporado al título de participación, también se ha
conseguido una determinación automática al deducir
la indemnización de un promedio de elementos riguro¬
samente precisos, como son la cotización, la capitali¬
zación de los beneficios distribuidos en los tres ejer¬
cicios inmediatamente anteriores a la expropiación y el
valor teórico, según balance, obtenido por la diferencia
existente entre el activo real 3^ el pasivo exigible.
D) Pago y toma de posesión.
Por lo que al último período del procedimiento se
refiere, son de mucho menos alcance las innovaciones
de la Ley. Los arts. 37, 39, 40 y 41 de la hasta ahora
vigente han sido respetados, al menos en su contenido
esencial, limitándose la rectificaciones a detalles de
redacción exigidos por la concordancia con los demás
preceptos de la Ley. Singular dificultad ha suscitado,
sin embargo, el derecho de reversión que aquélla reco¬
noce en el art. 43. Se ha visto recogido en este precepto
un principio de validez inconcusa, según el cual, frus¬
trándose por una u otra razón la obra o servicio que
dió causa a la expropiación, deben remitir en todo lo
posible al menos los efectos económicos de ésta. La
dificultad radica evidentemente en la determinación
concreta del momento a partir del cual puede estimarse
que de hecho concurre el supuesto de la reversión. El
criterio de la legislación hasta ahora vigente supedita
el ejercicio del derecho a la notificación por la Admi¬
nistración de la no ejecución de la obra, lo que tiene
el inconveniente de dejar indefenso al expropiado al
que no se notifica tal determinación. Pero es sumamente
difícil dar con una regla adecuada sin poner en peligro
todo el instituto de la expropiación. La Ley se ha limi¬
tado a intentar superar el rígido formalismo que la
norma vigente supone, facilitando el ejercicio del de¬
recho cuando la Administración lleve a cabo actos que
por su índole implique de necesidad el abandono del
proyecto primitivo o la imposibilidad de llevarlo a
cabo, lo que, por otra parte, habrá de acreditarse en
vía administrativa, sin que en tanto no se declare el
derecho se produzca alteración alguna en la situación
jurídica creada.
III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
La amplia concepción que por las razones al prin¬
cipio expuestas conviene adoptar en la fijación del
ámbito normativo de la ley, lleva empero consigo 110
desconocer las peculiaridades que la expropiación puede
exigir en ciertos supuestos, sea por la índole del objeto,
por la del fin, e incluso en atención a la Administra¬
ción que lleva a cabo la expropiación.
El criterio de la legislación hasta ahora vigente es,
por supuesto, otro. Al concebirse la ley general de
expropiación, prácticamente como limitada a las obras
públicas del Estado, la Provincia y el Municipio, el
legislador se ha visto obligado a regular los supuestos
especiales de la expropiación por normas especiales, si
bien con frecuencia, allí donde la excepción ha parecido
innecesaria, ha adoptado el procedimiento de remitirse
a la legislación general. Esta Ley, al ser concebida
desde un principio con la pretensión de abarcar en lo
posible todo el campo a que pueda alcanzar la expro¬
piación, consta de preceptos que han sido redactados
teniendo en cuenta los supuestos peculiares, e incluso,
a veces, generalizando las fórmulas que han ido sur¬
giendo en estos procedimientos, por estimarlas más
valiosas, desde el punto de vista técnico que las hasta
ahora admitidas con carácter general.
E11 cuanto no ha sido posible la reducción a pre¬
ceptos únicos, ha parecido en todo caso preferible ar¬
bitrar, dentro de la ley, procedimientos especiales en
los que en general se ha dejado intacta la legislación
vigente, salvo en materias que ningún inconveniente
hay en generalizar. Y como se comprende la dificultad
de recoger las singularidades de toda la variada gama
de expropiaciones que sea útil conservar, cual ocurre
con las que llevan a cabo el Patrimonio Florestal del
Estado y otras administraciones institucionales en la
cláusula derogatoria, se prevé el procedimiento a través
del cual ha de hacerse expresa indicación de las dis¬
posiciones anteriores sobre la materia que han de con¬
tinuar en vigor.
El capítulo primero del título ni responde a una
necesidad que se viene haciendo patente, de día en día,
por el volumen de las obras que la Administración
acomete : la expropiación de grandes zonas. Multipli¬
car en estos casos los procedimientos, tomando por base
la unidad del bien expropiado, no sólo constituye una
carga procesal considerable, sino que además se expone
a diferencias de justiprecio tanto más sensibles, cuanto
que la unidad de zona determina por sí sola, al menos
hasta cierto punto, una unidad de valor. Por ello, la
valoración en abstracto sobre polígonos de terreno o
grupos de bienes proporciona la base objetiva de valo¬
ración que elimina aquellas diferencias o al menos las
somete a los límites de precios máximos y mínimos,
sin que debilite las garantías del expropiado, ya que
cabe reclamar contra dichos límites en el trámite de
información pública, así como después recurrir contra
la valoración del bien expropiado dentro de ellos.
Gaceta Municipal de Barcelona
153
Llevando a sus obligadas consecuencias la categoría
de expropiación por interés social, la Ley consagra el
capítulo 11 de este título ni a un tipo específico dentro
de aquélla, esto es, a aquel en que la expropiación viene
motivada jurídicamente por el incumplimiento, por
parte del propietario, de aquella finalidad que con gene¬
ralidad ha asignado la ley a determinados bienes. La
peculiaridad en tales casos resulta de que la expropia¬
ción 110 es aquí movida por el impulso administrativo,
sino que es una consecuencia jurídica latente desde el
momento en que el particular no cumple con el fin
social, no obstante conminarle con la expropiación la
ley que regula su propiedad. El interés de la Admi¬
nistración se centra en conseguir que, efectivamente,
el fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco
jurídico de la economía privada, de modo que, en prin¬
cipio, la Administración vería frustrados sus propósitos
si para conseguir aquella aplicación hubiera de expro¬
piar a su favor.
La ley ha intentado, y cree haberlo conseguido, con¬
ciliar las exigencias idénticamente imperativas del
respeto a la propiedad privada, evitando la posibilidad
de expropiaciones en fraude legal, y del 110 menor
respeto a la función social de esa propiedad, al procurar
ordenar un procedimiento que permita hacer posible la
expropiación en favor de un particular con garantía
en el cumplimiento de la finalidad impuesta por la ley.
Los límites estrictos que configuran esta expropia¬
ción vienen decididos por la exigencia de que la fun¬
ción social de la propiedad de que se trate haya sido
en concreto determinada por una ley o, a lo sumo,
que haya sido una ley la que hubiera establecido el
interés social concreto de una categoría de bienes, fa¬
cultando a la Administración para considerar los casos
concretos de aplicación de la propia ley. No se trata,
pues, según claramente se precisa en la ley, de dejartoda propiedad supeditada a la eventualidad de una
expropiación por un interés social indefinido o enun¬
ciado de modo abstracto, sino simplemente de aquel
caso en que la ley fija al propietario una directiva con¬
creta y le conmina con la expropiación, para el supuestode que lo incumpla. Con ello puede asegurarse que laley no da en ese punto ni un paso más allá en el orden
de las determinaciones políticosociales, sino que se
mantiene estrictamente en la línea que ha alcanzado
ya la legislación vigente. La contribución de la leypuede decirse que es, a este respecto, de orden pura¬mente técnico, viniendo a generalizar un procedimiento
para todos estos casos, a fin de evitar el inconvenientede que el legislador tenga que improvisarlo cada vez
que por razones políticosociales extienda la aplicacióndel principio de la función social de la propiedad.La estructuración de este procedimiento no ha sidoni mucho menos tarea fácil. Una pauta legal inteligentedebe partir, en este punto, de la consideración de quesólo la concurrencia en alguna medida, del interés so¬cial legalmente establecido con el interés del particularfundado en la racional expectativa de un beneficio,puede estimular la adquisición del bien de que se trataen caso de que el titular, por dejación o por cualquierotro motivo, desoiga el mandato de la ley. Normal¬mente, sólo la Administración impone a su costa lautilización de un patrimonio, incluso con sacrificio
económico, para cumplir una función de interés social,sto sentado, se ha estimado que el procedimiento de
subastas progresivas con tipos de licitación decreciente
es el único, aun cuando en sí mismo no sea ideal, para
conseguir actualizar la finalidad social siempre que, si¬
quiera sea en grado mínimo, pueda ser compatible con
ella un interés o beneficio del adquirente.
Especial interés ha dedicado la ley a las expropia¬ciones que implican traslado de poblaciones motivado
por obras públicas de cierta envergadura. La materia
ha sido hasta la fecha objeto de medidas adoptadas ante
cada caso, y la reiteración de éstos por la política de
transformación de nuestra economía acometida por el
Estado, denuncia la necesidad de normas generales.
La ley 110 podía eludir, puesto que entran en el ámbito
de la expropiación, los problemas técnicos que singu¬larmente en orden al sistema de garantías suscitan
estos traslados en masa, y aun cuando haya de contarse
aquí con un desarrollo reglamentario muy cuidadoso,
las líneas básicas de la regulación es obligado que fi¬
guren en la ley.
En otro orden de cosas, era del ma3*or interés con¬
siderar la posibilidad de llevar, si 110 a una unidad de
normas, sí al menos a un principio legislativo común,
aquella legislación que en los últimos años ha venido
surgiendo como eficaz instrumento de la acción social
del Estado en el orden agrario. Pero hubiera sido poco
conveniente intentar modificaciones de gran alcance en
el procedimiento expropiatorio que utiliza para el cum¬
plimiento de sus fines el Instituto Nacional de Coloni¬
zación, máxime cuando recientemente, con ocasión de
la Ley de Transformación y Distribución de la Pro¬
piedad de las grandes zonas regables, se han llevado a
cabo las reformas precisas en la materia para conseguir
una tramitación eficaz.
El capítulo dedicado a la expropiación por entida¬
des locales 110 altera fundamentalmente la legislación
hasta ahora vigente, sino en cuanto ésta pudiera remi¬
tirse a la legislación general de expropiación, respe¬
tándose las especialidades de la reciente ley de régimen
local.
Los otros dos procedimientos especiales previstos,
el de la expropiación que tenga por objeto bienes de
valor artístico, histórico y arqueológico, y el referente
a expropiaciones por la administración militar, no su¬
ponen modificaciones de alcance significativo sobre la
legislación hasta ahora vigente en la materia. Su in¬
clusión en tal concepto de procedimientos especiales
responde exclusivamente al ya razonado criterio de
moderar en lo posible la dispersión de las normas le¬
gales y reglamentarias que regulan la expropiación.
IV. INDEMNIZACIONES POR OCUPACIÓN
TEMPORAL Y OTROS DANOS
Asimismo, fuera de ligerísimas alteraciones de re¬
dacción para conseguir una concordancia en el contexto
legal o para adoptar los preceptos a la denominación
y competencia actual de autoridades y organismos, la
materia de ocupaciones temporales aparece en la Ley
reproduciendo prácticamente las normas de la legisla¬
ción hasta ahora vigente. No obstante, en atención al
mismo principio de actuación del interés social, se ha
configurado también como supuesto de ocupación el
caso de que la Administración, no habiendo atendido
el propietario a la finalidad social del bien de su pro-
I54
Gaceta Municipal de Barcelona
piedad, tal como estuviera legalmente establecida, es¬
timara conveniente, en vez de proceder a la expropia¬
ción, ocupar aquélla a fin de realizar los trabajos
precisos para hacer efectiva la aplicación o destino
consignados por la ley. Tampoco en este punto se hace
otra cosa que intentar una construcción general de nu¬
merosos preceptos aislados que han establecido esta
solución para casos concretos. La indemnización se
determina aquí automáticamente, mediante el abono de
una renta apreciada en el valor del líquido imponible.
La severidad que en este caso rige la compensación
obedece a que de una u otra manera se parte de una
infracción de la ley por el particular que deja incum¬
plida la directiva social. Asimismo, se ha previsto que
la Administración se reintegre adecuadamente de su
actividad caso de conseguirse mejoras, como será lo
más frecuente. También se ha incluido en este capítulo
la intervención estatal de empresas mercantiles, en los
supuestos excepcionales que contempla, de acuerdo con
la legislación vigente.
En el capítulo u del título iv es donde se ha inten¬
tado formular bases legales de la teoría, razonada al
principio, de la indemnización por daños. A lo dicho
en aquel lugar conviene añadir ahora que los criterios
adoptados se inspiran en normas aisladas de nuestra
legislación, a la que le falta tina formulación explícita
del principio de responsabilidad, bien que por lo demás
110 sean numerosas tales normas.
Prescindiendo del art. 120, en que se regula la in¬
demnización por daños producidos a consecuencia de
las medidas que las autoridades civiles consideraren
imprescindibles por graves razones de orden o segu¬
ridad públicos, epidemias, inundaciones, etc., con lo
que 110 se hace sino dar una forma sistemática a pre¬
ceptos aislados del Reglamento de epizootias y de la
Ley de Aguas, intentando una generalización más com¬
prensiva, debe hacerse una advertencia importante : la
previsión contenida en el art. 121 de indemnizar las
lesiones provocadas por el funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos o la adopción de me¬
didas que, como discrecionales, no sean impugnables
en vía contenciosa, no se formula con alcance y tér¬
minos ilimitados, sino que estrictamente se contraen
a las lesiones sobre los bienes y derechos objeto de la
Ley de Expropiación ; en otra forma, no se hace sino
extender el principio de la justa indemnización, desde
la privación jurídica de la propiedad por razón de uti¬
lidad pública a la privación o menoscabo de la misma
acaecida de hecho, como inevitable efecto de la acción
administrativa. Ir más allá hubiera sido desbordar los
límites técnicos que el objeto impone a una ley de
expropiación.
V. GARANTÍAS JURISDICCIONALES
En la medida en que la Ley ha apreciado la nece¬
sidad de configurar la expropiación, considerando todo
el campo a que hoy se extiende la acción de la Admi¬
nistración, se ha hecho cargo de la necesidad de com¬
pensar jurídicamente , tan amplio desarrollo con un
sistema eficaz de garantías, que fueran la proyección
técnica del solemne principio consagrado por el art. 32
del Fuero de los Españoles.
La exposición irregular, cuyo concepto se construye
en el art. 125 dentro de los límites de las garantías del
artículo citado del Fuero, ha sido tratada, conforme
al criterio ti adicional de nuestra legislación, como un
caso en el que la normal excepción que defiende a la
Administración, frente a los interdictos, es a su vez
objeto de excepción. Y dentro del supuesto de expro¬
piación 110 regular se ha incluido como caso concreto
el de vicio en el procedimiento expropietario declarado
por sentencia firme, siendo aquél de tal entidad que
impidiere a la Administración la legal ocupación del
bien.
La especial mención de las acciones posesorias no
implica imposibilidad de utilizar otros medios proce¬
sales reconocidos por las Leyes, sino que, como se lia
dicho, aquella mención resulta obligada a fin de neutra¬
lizar la regla general prohibitiva de los interdictos
contra la Administración. Por ello, y por aducir un
ejemplo concreto, se ha omitido toda referencia al pro¬
cedimiento del art. 41 de la Ley Hipotecaria, ya que
habiéndose reconocido por distintas vías que puede uti¬
lizarse contra la Administración, era innecesario aludir
al mismo de modo expreso.
Cuidadosamente se ha estudiado la conveniencia de
mantener o no el límite mínimo de lesión económica
de la indemnización, establecido por el art. 35 de la
Ley hasta ahora vigente, al reconocer recursos con¬
tenciosos en cuanto al fondo, sólo para el caso de que
la lesión alcance cuando menos la sexta parte del ver¬
dadero justiprecio. En el orden de los principios se ha
estimado evidente que, en general, si bien 110 es de¬
seable supeditar la protección procesal a la entidad
económica del daño, es, desde el punto de vista de la
economía procesal, negativo un sistema que obligue a
poner en marcha todo el aparato procesal, incluso
faltando toda base de interés o siendo éste insignifi¬
cante. Se trata, empero, de una cuestión de apreciación
en la que no pueden adoptarse criterios dogmáticos.
En materia de ejecución de sentencias de la jurisdic¬
ción contenciosa, no era lógicamente posible intentar
dar un paso sobre las normas clásicas que rigen esta
jurisdicción. A ellas, pues, se remite la Ley sin más
que precisar que de la sentencia firme se remitirán
copias al Departamento interesado y a los de la Pre¬
sidencia del Gobierno y de Hacienda a los efectos de
su ejecución.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
Dispongo :
TÍTULO PRIMERO
Principios generales
Capítulo único
Art. i.° i. Es objeto de la presente-Ley la expropia¬
ción forzosa por causa de utilidad pública o interés
social a que se refiere el art. 32 del-Fuero de los Es¬
pañoles, en la que se entenderá comprendida cualquier
forma de privación singular de la propiedad privada o
de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cuales¬
quiera que fueran las personas o entidades a que per¬
tenezcan, acordada imperativamente, ya implique
venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación tem¬
poral o mera cesación de su ejercicio.
Gaceta Municipal de Barcelona 155
2. Quedan fuera del ámbito de esta Ley las ventas
forzosas reguladas por la legislación especial sobre
abastecimientos, comercio exterior y divisas.
Art. 2.° 1. La expropiación forzosa solamente podrá
ser acordada por el Estado, la Provincia o el Muni¬
cipio.
2. Además podrán ser beneficiarios de la expropia¬
ción forzosa por causa de utilidad pública las entida¬
des y concesionarios a los que se reconozca legalmente
esta condición.
3. Por causa de interés social podrá ser beneficia¬
rio, aparte de las indicadas, cualquier persona natural
o jurídica en la que concurran los recpiisitos señalados
por la Ley especial necesaria a estos efectos.
Art. 3.0 i. Las actuaciones del expediente expro-
piatorio se entenderán, en primer lugar, con el pro¬
pietario de la cosa o titular del derecho objeto de la
expropiación.
2. Salvo prueba en contrario, la Administración
expropiante considerará propietario o titular a quien
con este carácter conste en registros públicos que pro¬
duzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser
destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien apa¬
rezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente,
al que lo sea pública y notoriamente.
Art. 4.0 i. Siempre que lo soliciten, acreditando
su condición debidamente, se entenderán también las
diligencias, con los titulares de derechos reales e inte¬
reses económicos directos sobre la cosa expropiable,
así como con los arrendatarios cuando se trate de in¬
muebles rústicos o urbanos. En este último caso se
iniciará para cada uno de los arrendatarios el respec¬
tivo expediente incidental para fijar la indemnización
que pueda corresponderle.
2. Si de los registros que menciona el art. 3.0 re¬
sultare la existencia de los titulares a que se refiere el
párrafo anterior, será preceptiva su citación en el expe¬
diente de expropiación.
Art. ,s.° i. Se entenderán las diligencias con el
Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a
que se refiere el art. 18, no comparecieren en el expe¬
diente los propietarios o titulares, o estuvieren incapa¬
citados y sin tutor o persona que les represente, o fuere
la propiedad litigiosa.
2. También serán parte en el expediente quienes
presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se
trata de expropiar.
Art. 6.° Los que no puedan enajenar sin permiso
o resolución judicial los bienes que administren o dis¬
fruten se considerarán, sin embargo, autorizados para
verificarlo cu los supuestos de la presente Ley. Las
cantidades a que ascienda el justo precio se depositarán
a disposición de la autoridad judicial para que les dé
el destino previsto en las Leyes vigentes.
Art. 7.0 Eas transmisiones de dominio o de cuales¬
quiera otros derechos o intereses no impedirán la con¬
tinuación de los expedientes de expropiación forzosa.Se considerará subrogado el nuevo titular en las obli¬
gaciones y derechos del anterior.
Ait. 8.° La cosa expropiada se adquirirá libre de
caigas. Sin embargo, podrá conservarse algún derechoreal sobre el objeto expropiado, si resultase compatiblecon el nuevo destino cpie haya de darse al mismo yexistiera acuerdo entre el expropiante v el titular delderecho.
TITULO iSEOUNDO
Procedimiento general
Capítulo I
De los requisitos previos a la expropiación forzosa
Art. g.° Para proceder a la expropiación forzosa
será indispensable la previa declaración de utilidad
pública o interés social del fin a que haya de afectarse
el objeto expropiado.
Art. 10. La utilidad pública se entiende implícita,
en relación con la expropiación de inmuebles, en todos
los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y
Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya
declarado genéricamente la utilidad pública, su reco¬
nocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por
acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para cate¬
gorías determinadas de obras, servicios o concesiones
las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.
Art. 11. En todos los casos 110 previstos en el
artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, siem¬
pre que 110 se trate de los que con arreglo a esta Ley se
regulan por disposición especial, la declaración de uti¬
lidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada
en Cortes.
Art. 12. Respecto a los bienes muebles, la utilidad
pública habrá de ser declarada expresa y singularmente
mediante Ley en cada caso, a 110 ser que esta u otra Ley
hayan autorizado la expropiación para una categoría
especial de bienes, en cuyo supuesto bastará el acuerdo
del Consejo de Ministros.
Art. 13. El interés social determinante de trans¬
misiones forzosas de cosas o derechos, a los fines espe¬
cíficos de los arts. 30 y 31 del Fuero de los Españoles,
se sujetará, en cuanto a su declaración, al mismo pro¬
cedimiento previsto en el artículo anterior.
Art. 14. La concesión del título de Empresa de
interés nacional llevará aneja, sin más, la declaración
de utilidad pública a efectos expropietarios respecto a
las obras y servicios que requiera el cumplimiento de
sus fines.
Capítulo II
De la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición
de derechos
Art. 15. Declarada la utilidad pública o el interés
social, la Administración resolverá sobre la necesidad
concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos
que sean estrictamente indispensables para el fin de la
expropiación. Atediante acuerdo del Consejo de Mi¬
nistros podrán incluirse también entre los bienes de
necesaria ocupación los que sean indispensables para
previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que
se trate.
Art. 16. Cuando se trate de expropiar bienes de la
Iglesia, se observará el régimen establecido al efecto
en el Concordato vigente, ajustándose en lo demás a lo
preceptuado en esta ley.
Art. 17. i. A los efectos del art. 15, el beneficiario
de la expropiación estará obligado a formular una rela¬
ción concreta e individualizada, en la que se describan,
156
en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o
derechos que considere de necesaria expropiación.
2. Cuando el proyecto de obras y seivicios com¬
prenda la descripción material detallada a que se re¬
fiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se
entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero
el beneficiario estará igualmente obligado a formular
la mencionada relación a los solos efectos de la deter¬
minación de los interesados.
Art. 18. i. Recibida la relación señalada en el ar¬
tículo anterior, el Gobernador civil abrirá información
pública durante un plazo de quince días.
12. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por
el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el
Boletín Oficial del Estado> y en el de la piovincia res¬
pectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los
Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a ex¬
propiar para que la fijen en el tablón de anuncios.
Art. 19. i. Cualquier persona podrá aportar por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles erro¬
res de la relación publicada u oponerse, por razones de
fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este
caso, indicará los motivos por los que deba considerarse
preferente la ocupación de otros bienes O' la adquisición
de otros derechos distintos y 110 comprendidos en la
relación, como más conveniente al fin que se persigue.
2. En el caso previsto en el párrafo segundo del
art. 17, cualquier persona podrá formular alegaciones,
a los solos efectos de subsanar posibles errores en la
relación.
Art. 20. A la vista de las alegaciones formuladas por
quienes comparezcan en la información pública, el Go¬
bernador civil, previas las comprobaciones que estime
oportunas, resolverá, en el plazo máximo de veinte días,
sobre la necesidad de la ocupación, describiendo en la
resolución detalladamente los bienes y derechos a que
afecta la expropiación, y designando nominahnente a
los interesados con los que hayan de entenderse los
sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición de inte¬
resados a estos efectos las personas definidas en los
arts. 3.0 y 4.0
Art. 21. i. El acuerdo de necesidad de ocupación
inicia el expediente expropiatorio.
2. Dicho acuerdo se publicará en igual forma que
la prevista en el art. 18 para el acto por el que se
ordene la apertura de la información pública.
3. Además habrá de notificarse individualmente a
cuantas personas aparezcan como interesadas en el
procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva
parte que pueda afectarlas.
Art. 22. i. Contra el acuerdo de necesidad de ocu¬
pación se dará recurso de alzada ante el Ministerio
correspondiente, que podrán interponer los interesados
en el procedimiento expropiatorio, así como las perso¬
nas que hubieran comparecido en la información pú¬
blica.
2. El plazo para la interposición del recurso será
el de diez días, a contar desde la notificación personal
o desde la publicación en los Boletines Oficiales, según
los casos.
3. El recurso habrá de resolverse en el plazo de
veinte días. La interposición del recurso de alzada sur¬
tirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte la reso¬
lución expresa. Contra la Orden ministerial resolutoria
Gaceta Municipal de ÉarcELoña
del recurso 110 cabrá reclamar en la vía contencioso-
administrativa.
Art. 23. Cuando la expropiación implique sólo la
necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o
urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla
resulte antieconómica para el propietario .la conser¬
vación de la parte de finca no expropiada, podrá éste
solicitar de la Administración que dicha expropiación
comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse
sobre ello en el plazo de diez días. Dicha resolución es
susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo
anterior, y 110 se dará el recurso contenciosoadministra-
tivo, estándose a lo dispuesto en el art. 46.
Capítulo iii
De la determinación del justo precio
Art. 24. La Administración y el particular a quien
se refiera la expropiación podrán convenir la adquisi¬
ción de los bienes o derechos que son objeto de aquélla
libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez
convenidos los términos de la adquisición amistosa, se
dará por concluido el expediente iniciado. En caso de
que en el plazo de quince días no se llegara a tal
acuerdo, se seguirá el procedimiento que se establece
en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en
cualquier estado posterior de su tramitación puedan
ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.
Art. 25. Una vez firme el acuerdo por el que se
declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisi¬
ción de derechos expropiables, se procederá a determi¬
nar su justo precio.
Art. 2Ó. i. La fijación del justo precio se tramitará
como pieza separada, encabezada por la exacta des¬
cripción del bien concreto que haya de expropiarse.
2. A tal fin, se abrirá un expediente individual a
cada uno de los propietarios de bienes expropiables.
El expediente será único en los casos en que el objeto
de la expropiación pertenezca en comunidad a varias
personas, o cuando varios bienes constituyan una uni¬
dad económica.
Art. 27. iSe entenderá que existe unidad económica,
a los efectos del artículo anterior :
1. Si se trata de fincas rústicas o urbanas, cuando
se hallen inscritas o fueren susceptibles de inscripción
bajo un mismo número, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Hipotecaria.
2. En el supuesto de cosas muebles, cuando exista
una universidad de hecho o de derecho.
Art. 28. Si el objeto de la expropiación forzosa
estuviere constituido por valores mobiliarios, se forma¬
rán tantas piezas separadas como clases • de títulos
hubiesen de expropiarse, atendiendo a las caracterís¬
ticas que puedan influir en su valoración.
Art. 29. i. En cada uno de los expedientes así
formados la Administración requerirá a los propietarios
para que, en el plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la notificación, presenten hoja de apre¬
cio, en la que se concrete el valor en que estimen el
objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alega¬
ciones estimen pertinentes.
2. La valoración habrá de ser forzosamente moti¬
vada y podrá estar avalada por la firma de un perito,
Gaceta Municipal de Barcelona
cuyos honorarios habrán ele acomodarse a las tarifas
que apruebe la Administración, siendo siempre estos
gastos de cuenta de los propietarios.
Art. 30. 1. La Administración expropiante habrá
de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios
en igual plazo de veinte días. En el primer caso se
entenderá determinado definitivamente el justo precio,
y la Administración procederá al pago del mismo, como
requisito previo a la ocupación o disposición.
2. En el segundo supuesto, la Administración ex¬
tenderá hoja de aprecio fundada del valor objeto de la
expropiación, que se notificará al propietario, el cual,
dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa
y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso
tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime per¬
tinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue
más adecuados para justificar su propia valoración a
los efectos del art. 43, y asimismo a aportar las pruebas
que considere oportunas en justificación de dichas ale¬
gaciones.
Art. 31. Si el propietario rechazara el precio fun¬
dado ofrecido por la Administración, se pasará el expe¬
diente de justiprecio al Jurado provincial de expropia¬
ción.
Art. 312. i. El Jurado provincial de expropiación,
que se constituirá en cada capital de provincia, estarà
formado por un Presidente, que lo será el Magistrado
que designe el Presidente de la Audiencia correspon¬
diente, y los siguientes cuatro vocales :
a) Un abogado del Estado de la respectiva Dele¬
gación de Hacienda.
b) Un funcionario técnico designado por la Jefa¬
tura Provincial o Distrito correspondiente, y que va¬
riará según la naturaleza del bien objeto de la expro-
ciación. Este funcionario será un ingeniero agrónomo,
si se trata de fincas rústicas ; un ingeniero de Caminos,
cuando se trate de aprovechamientos hidráulicos u
otros bienes propios de su especialidad ; un ingeniero
de Montes, cuando el principal aprovechamiento de la
finca expropiada sea el forestal ; un ingeniero de Mi¬
nas, en los casos de expropiación de concesiones mi¬
neras ; un arquitecto al servicio de la Hacienda, cuando
la expropiación afecte a fincas urbanas, y un profesor
mercantil al servicio de la Placienda, cuando la expro¬
piación recaiga sobre valores mobiliarios. Análogo cri¬
terio de especialidad se seguirá cuando se trate de
bienes distintos a los numerados.
c) Un representante de la Cámara Oficial Sindical
Agraria, cuando la expropiación se refiera a propiedad
rústica, y un representante de la C.N.S. respectiva en
los demás casos.
d) Un Notario de libre designación por el Decano
del Colegio Notarial correspondiente.
2. Se constituirán Jurados de expropiación en las
ciudades de Ceuta y Melilla, de composición análoga
a la expresada en los párrafos anteriores, y presididos
por el Juez de Primera Instancia de cada una de dichas
plazas.
33- Para que los Jurados de expropiación
puedan válidamente constituirse y adoptar acuerdos
será precisa, en primera convocatoria, la asistencia de
todos sus miembros, y en segunda, la del Presidente
y dos Locales, uno de los cuales será el mencionado
en el apartado a) o en el b) del artículo anterior, y elotro el del apartado c) o el d) de dicho artículo.
157
2. Los Jurados decidirán por mayoría de votos
sobre los asuntos objeto de su competencia.
3. En el Reglamento que se dicte en ejecución de
esta ley se regulará todo lo relativo al régimen de
incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas, que
habrán de ser a cargo del expropiante, sanciones y
substituciones de los miembros de los Jurados de expro¬
piación.
4. Las funciones administrativas y subalternas de
los Jurados que se crean por esta Ley estarán a cargo
del personal adscrito a los Gobiernos civiles, en los que
se organizarán los servicios necesarios, actuando de Se¬
cretario de aquél un funcionario del Cuerpo Técnico-
administrativo designado por el Gobernador.
Art. 34. El Jurado de expropiación, a la vista de
las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y
por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre
el justo precio que corresponda a los bienes o derechos
objeto de la expropiación, en el plazo máximo de ocho
días. Excepcionalmente, podrá ser dicho plazo pro¬
rrogado, hasta quince días en total, cuando la impor¬
tancia de los intereses en pugna en el expediente
expropiatorio aconsejen la inspección personal sobre el
terreno de los bienes o derechos expropiables, en lo que
necesariamente participarán los Vocales señalados en
los apartados b) y c) del art. 32 de esta Ley.
Art. 35. i. La resolución del Jurado de expropia¬
ción habrá de ser necesariamente motivada, razonándose
los criterios de valoración seguidos por el mismo en
relación con lo dispuesto en esta Ley.
2. Esta resolución, que se notificará a la Adminis¬
tración y al propietario, ultimará la vía gubernativa y
contra la misma procederá tan sólo el recurso conten-
ciosoadministrativo.
3. La fecha del acuerdo constituirá el término ini¬
cial para la caducidad de la valoración establecida en
el art. 58 de esta Ley.
Art. 36. i. Las tasaciones se efectuarán con arreglo
al valor que tengan los bienes o derechos expropiables
al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin
tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia
directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a
la expropiación y las previsibles para el futuro.
2. Las mejoras realizadas con posterioridad a la
incoación del expediente de expropiación 110 serán ob¬
jeto de indemnización, a no ser que se demuestre que
eran indispensables para la conservación de los bienes.
Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hu¬
bieran realizado de mala fe.
Art. 37. Las tasaciones del propietario, la Admi¬
nistración expropiante y el Jurado. Provincial de Expro¬
piación habrán de ajustarse en todo caso, salvo lo
previsto en el art. 43 de esta Ley, a las normas de
valoración que se establecen en los artículos siguientes.
Art. 38. i. Los solares se justipreciarán en el valor
que tengan asignado para los efectos del arbitrio mu¬
nicipal sobre incremento de valor de los terrenos, au¬
mentado en un 10 por 100, o, en su defecto, el valor
en venta fijado a efectos de la contribución territorial.
2. Los edificios se justipreciarán en la media arit¬
mética que resultare del valor actual en venta de otras
fincas análogas, en el mismo Municipio, y de la capita¬
lización al tipo del interés legal del líquido imponible
señalado para la contribución urbana. No tendrá vali¬
dez, a efectos de esta capitalización, todo aumento del
158
líquido imponible producido por declaraciones de renta
realizadas por el propietario con fecha posterior a la
de aprobación del proyecto de reforma o urbanización
que sea causa de la expropiación.
Art. 39. El valor de las fincas rústicas se fijará
por la media aritmética entre la cantidad resultante de
capitalizar al interés legal la renta líquida de rústica
aumentada en 1111 5 ó en un 10 por 100, según sea ca-
tastrada o amillarada, y el valor en venta actual de
fincas análogas por su clase y situación en el mismo
término municipal o comarca.
Art. 40. Las obligaciones, acciones, cuotas y demás
modalidades de participación en el capital o en los
beneficios de empresas mercantiles se estimarán en la
media aritmética que resulte de aplicar los siguientes
criterios valorativos :
1) La cotización media en el año anterior a la fecha
de apertura del expediente.
2) La capitalización al tipo de interés legal del
beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios
sociales anteriores.
3) El valor teórico de los títulos objeto de expro¬
piación. Se entenderá por valor teórico la diferencia
entre activo real y pasivo exigible en el último balance
aprobado.
Art. 41. i. La determinación del justo precio de
las concesiones administrativas cuya legislación espe¬
cial no contenga normas de valoración en casos de ex¬
propiación o de rescate, se ajustará a las reglas si¬
guientes :
Primera. — Cuando se trate de concesiones perpe¬
tuas de bienes de dominio público que tengan esta¬
blecido un canon concesional, se evaluará Ja concesión
a tenor del art. 39, descontándose de la cantidad que
resulte el importe capitalizado al interés legal del
canon concesional.
Segunda. — Cuando se trate de concesiones de ser¬
vicios públicos o de concesiones mineras otorgadas en
fecha anterior a tres años, el precio se establecerá por
el importe capitalizado al interés legal de los rendi¬
mientos líquidos de la concesión en los tres últimos
años, teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de rever¬
sión. Sin embargo, en ningún caso el precio podrá ser
inferior al valor material de las instalaciones de que
disponga la concesión y que estén afectas a la misma,
teniendo en cuenta, en el caso de concesiones tempo¬
rales, el valor de amortización de estas instalaciones,
considerando el plazo que resta para la reversión.
Tercera. — En las concesiones a que se refiere el
número anterior, que llevasen menos de tres años esta¬
blecidas o que no estuviesen en funcionamiento por
estar todavía dentro del plazo de instalación, la deter¬
minación del precio se ajustará a las normas del ar¬
tículo 43.
2. Las normas del párrafo anterior serán de apli¬
cación para la expropiación de concesiones de minas
de minerales especiales de interés militar y de mine¬
rales radiactivos, salvo en lo relativo, en cuanto a estos
últimos, a las indemnizaciones y premios por descu¬
brimiento establecidos en la legislación especial.
Art. 42. La determinación del justo precio de los
derechos reales sobre bienes inmuebles se practicará
con arreglo a las normas de valoración señaladas por
la vigente legislación del impuesto sobre derechos
reales.
Gaceta Municipal de Barcelona
Art. 43. i. No obstante lo dispuesto en los artículos
anteriores, tanto el propietario como la Administración
podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios
estimativos que juzguen más adecuados, si la evalua¬
ción practicada por las normas que en aquellos artículos
se fijan 110 resultare, a su juicio, conforme con el valor
real de los bienes y derechos objeto de la expropiación,
por ser éste superior o inferior a aquélla. El Jurado
provincial de expropiación también podrá hacer apli¬
cación de este artículo cuando considere que el precio
obtenido con sujeción a las reglas de los anteriores re¬
sulte notoriamente inferior o superior al valor real de
los bienes, haciendo uso de los criterios estimativos
que juzgue más adecuados.
2. Se seguirá este mismo sistema estimativo en
los casos de expropiación de bienes muebles que no
tengan criterio particular de valoración señalado por
leyes especiales.
3. En los supuestos previstos en el párrafo primero
de este artículo comenzarán, desde luego, por evaluar
los bienes o derechos expropiados con arreglo a las
normas de valoración que se señalan en esta Ley, pero
al mismo tiempo podrá proponer el propietario o la
Administración, y decidir en definitiva el Jurado, las
rectificaciones que, a su juicio, deban ser introducidas,
en alza o en baja, en el justiprecio, fundamentando,
con el mayor rigor y detalle, las modificaciones pro¬
puestas.
Art. 44. — En los casos de expropiación de fincas
arrendadas, la Administración o entidad expropiante
hará efectiva al arrendatario, previa fijación por el
Jurado de expropiación, la indemnización que corres¬
ponda, aplicándose para determinar su cuantía las
normas de la legislación de Arrendamientos.
Art. 45. Cuando en el momento de la ocupación
existan cosechas pendientes o se hubieran efectuado
labores de barbechera, se indemnizará de las mismas
a quien corresponda.
Art. 46. En el supuesto del art. 23, cuando la Ad¬
ministración rechace la expropiación total, se incluirá
en el justiprecio la indemnización por los perjuicios
que se produzcan a consecuencia de la expropiación
parcial de la finca.
Art. 47. En todos los casos de expropiación se
abonará al expropiado, además del justo precio fijado
en la forma establecida en los artículos anteriores, 1111
5 por 100 como premio de afección.
Capítulo IV
Del pago y toma de posesión
Art. 48. i. Una vez determinado el justo precio,
se procederá al pago de la cantidad que resultare en el
plazo máximo de seis meses.
2. El pago se verificará precisamente en dinero y
previa acta, que se levantará ante el Alcalde del tér¬
mino en que radiquen los bienes o derechos expro¬
piados, si bien la persona o entidad expropiante y la
expropiada podrán convenir otra forma y lugar del
pago.
Art. 49. El pago del precio estará exento de toda
clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios
Caceta Municipal de Barcelona 159
del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos
del Estado.
Art. 50. i. Cuando el propietario rehusare recibir
el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión
entre el interesado y la Administración, se consignará
el justiprecio por la cantidad que sea objeto de dis¬
cordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición
de la autoridad o Tribunal competente.
•2. El expropiado tendrá derecho a que se le en¬
tregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la
indemnización hasta el límite en que exista confor¬
midad entre aquél y la Administración, quedando en
todo caso subordinada dicha entrega provisional al
resultado del litigio.
■Art. 51. Hecho efectivo el justo precio, o consig¬
nado en la forma prevista en el artículo anterior, po¬
drá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer
ejercicio del derecho expropiado, siempre que no se
hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excep¬
cional regulado en el artículo siguiente.
Art. 52. Excepcionalmente y mediante acuerdo del
Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocu¬
pación de los bienes afectados por la expropiación a
que dé lugar la realización de una obra o finalidad
determinada. Esta declaración podrá hacerse en cual¬
quier momento e implicará las siguientes consecuen¬
cias :
Primera. — Se entenderá cumplido el trámite de
declaración de necesidad de la ocupación de los bienes
que hayan de ser expropiados, según el proyecto y
replanteo aprobados y los reformados posteriormente,
y dará derecho a su ocupación inmediata.
Segunda. — Se notificará a los interesados afecta¬
dos, según los arts. 3.0 y 4.0 de esta Ley, el día y
hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocu¬
pación. Esta notificación se llevará a efecto con una
antelación mínima de ocho días y mediante cédula.
Caso de que no conste o 110 se conozca el dominio del
interesado o interesados, se entregará la cédula al
inquilino, colono u ocupante del bien de que se trate,
sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 5.0 de esta Eey. Con la misma anticipación se
publicarán edictos en los tablones oficiales, y, en re¬
sumen, en el Boletín Oficial del Estado y en el de la
provincia, en un periódico de la localidad y en dos
diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.
Tercera. — En el día y hora anunciados se consti¬
tuirán en la finca que se trate de ocupar el represen¬
tante de la Administración, acompañado de un perito
y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos
con los propietarios y demás interesados que concu¬
rran, levantarán un acta, en la que describirán el bien
o derecho expropiable y se harán constar todas las ma¬
nifestaciones y datos que aporten unos y otros y que
sean útiles para determinar los derechos afectados, sus
titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determi¬
nantes de la rápida ocupación. Tratándose de terrenos
cultivados se hará constar el estado y extensión de las
cosechas, los nombres de los cultivadores y el precio
del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso.
Si son fincas urbanas se reseñará el nombre de los
arrendatarios, el precio del alquiler y, en su caso, la
industria que ejerzan. Eos interesados pueden hacerse
acompañar de sus peritos y un Notario.
Cuarta. — A la vista del acta previa a la ocupación
y de los documentos que obren o se aporten en el ex¬
pediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la
Administración formulará las hojas de depósito previo
a la ocupación. El depósito equivaldrá a la capitali¬
zación, al interés legal del líquido imponible, decla¬
rado con dos años de antelación, aumentando en un
20 por 100 en el caso de propiedades amillaradas. En
la riqueza eatastrada el importe del depósito habrá de
ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando
al interés legal o líquido imponible o la renta líquida,
según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectiva¬
mente. En los casos en que la finca en cuestión 110 se
expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor
señalado por esta misma Regla. Si el bien no tuviera
asignada riqueza imponible, servirá de módulo la fi¬
jada o los bienes análogos del mismo téimino muni¬
cipal. Ra cantidad así fijada, que devengará a favor del
titular expropiado el interés legal, será consignada en
la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio
se hará la liquidación definitiva de intereses.
Quinta. — Ra Administración fijará, igualmente, las
cifras de indemnización por el importe de los perjuicios
derivados de la rapidez de la ocupación, tales como
mudanzas, cosechas pendientes y otras igualmente
justificadas, contra cuya determinación 110 cabrá re¬
curso alguno, si bien, caso de disconformidad del ex¬
propiado, el Jurado Provincial reconsiderará la cuestión
en el momento de la determinación del justiprecio.
Sexta. — Efectuado el depósito y abonada o con¬
signada, en su caso, la previa indemnización por per¬
juicios, la Administración procederá a la inmediata ocu¬
pación del bien de que se trate, lo que deberá hacer en
el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible
al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.
Séptima. — Efectuada la ocupación de las fincas
se tramitará el expediente de expropiación en sus fases
de justiprecio y pago según la regulación general es¬
tablecida en los artículos anteriores, debiendo darse
preferencia a estos expedientes para su rápida resolu¬
ción.
Octava. En todo caso, sobre el justiprecio acordado
definitivamente para los bienes objeto de este artículo,
se girará la indemnización establecida en el art. 56 de
esta Rey, con la especialidad de que será fecha inicial
para el cómputo correspondiente la siguiente a aquella
en que se hubiera producido la ocupación de que se
trata.
Art. 53. El acta de pago y la de ocupación, que se
extenderá a continuación de aquélla, será título bas¬
tante para que en el Registro de la Propiedad y en
los demás Registros Públicos se inscriba o tome razón
de la transmisión de dominio y se verifique, en su
caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y de¬
rechos reales de toda clase a que estuviere afecta la
cosa expropiada.
El acta de ocupación, acompañada del justificante
de la consignación del precio o del correspondiente
resguardo ele depósito, surtirá iguales efectos.
Ros expresados documentos serán también títulos
de inmatricnlación en el Registro de la Propiedad.
Art. 54. En el caso de no ejecutarse la obra o no
establecerse el servicio que motivó la expropiación,
así como si hubiera alguna parte sobrante de los - bie¬
nes expropiados, o desapareciese la afectación, el pri¬
mitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la
i6o
totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, abonan¬
do a la Administración su justo precio. Se estimará
como tal, sin perjuicio de lo que en el siguiente párrafo
se dispone, el valor que tenga la finca en el momento
en que se solicite su recuperación, fijado con arreglo
a las normas contenidas en el capítulo tercero del tí¬
tulo segundo de esta Ley.
Cuando entre la ocupación administrativa y la
reversión prevista en este artículo no hayan transcu¬
rrido más de dos años, se entenderá que el precio debe
ser el inicial, salvo que en el objeto expropiado se hu¬
bieren realizado mejoras o producido daños que afec¬
ten a dicha valoración.
Art-. 55. El plazo para que el dueño primitivo o
sus causahabientes pueden ejercer el deiecho de re¬
versión, reconocido en el artículo anterior, será el de
un mes, a contar desde la fecha en que la Administra¬
ción hubiera notificado la inejecución, terminación o
desaparición de la obra o servicio público, o desde que
el particular comparezca en el expediente dándose por
notificado.
Capítulo V
Responsabilidades por demora
Art. 56. Cuando hayan transcurrido seis meses
desde la iniciación legal del expediente expropiatorio
sin haberse determinado por resolución definitiva el
justo precio de las cosas o derechos, la Administración
expropiante culpable de la demora estará obligada a
abonar al expropiado una indemnización que consis¬
tirá en el interés legal del justo precio hasta el mo¬
mento en que se haya determinado, que se liquidará
con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio
haya sido efectuado.
Art. 57. La cantidad que se fije definitivamente
como justo precio devengará el interés legal correspon¬
diente a favor del expropiado, hasta que se proceda
a su pago y desde el momento en que hayan transcu¬
rrido los seis meses a que se refiere el art. 48.
Art. 58. Si transcurrieran dos años sin que el pago
de la cantidad fijada como justo precio sé haga efec¬
tivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de
nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con
arreglo a los preceptos contenidos en el capítulo tercero
del presente título.
TITULO TERCERO
Procedimientos especiales
Capítulo I
De la expropiación por zonas o grupos de bienes
Art. 59. Cuando la Administración tenga que ex¬
propiar grandes zonas territoriales o series de bienes
susceptibles de una consideración de conjunto, el Con¬
sejo de Ministros podrá acordar, mediante Decreto, la
aplicación del procedimiento expropiatorio especial re¬
gulado en este capítulo. .
Art. 60. Por el acuerdo del Consejo de Ministros
a que se refiere el artículo anterior, se entenderá cum¬
plido el trámite de declaración de la necesidad de la
Gaceta Municipal de Barcelona
ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados
según el proyecto y replanteo aprobados, y los refor¬
mados posteriores.
Art. 61. A efectos del justiprecio, la Administra¬
ción formulará un pnqyecto de clasificación de las zonas
o clases de bienes a expropiar en polígonos o grupos
determinados, según la diferente naturaleza económica
de los mismos, asignando precios máximos y mínimos
de valoración para cada uno de estos polígonos o gru¬
pos así distinguidos, con módulos de aplicación en su
caso.
Art. Ó2. Sobre este proyecto de precios máximos
y mínimos por polígonos o grupos debidamente razo¬
nados, se abrirá información pública por el plazo de
un mes, a cuyo efecto la Administración publicará edic¬
tos en el «Boletín Oficial» de la provincia donde radican
los bienes, y, en extracto, en el Boletm Oficial del Es¬
tado y en dos diarios de la capital de la misma pro¬
vincia, si los hubiere, notificando igualmente este pro¬
yecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas
y sindicales con jurisdicción sobre las zonas e inte¬
reses afectados.
Art. 63. Las entidades notificadas según el artículo
anterior y cualquiera otra que justificara un interés
directo, podrán presentar reclamaciones en la infor¬
mación pública tínicamente por lo que hace a la clasifi¬
cación en polígonos o grupos. ¡Sobre los precios má¬
ximos 3^ mínimos únicamente estarán legitimados para
reclamar los que sean titulares directos de los bienes
o intereses expropiables según el Título primero de esta
Ley.
Art. 64. Si 110 se presentan reclamaciones en el pe¬
ríodo de información pública, la Administración ele¬
vará el proyecto de precios máximos y mínimos a
acuerdo definitivo, que será firme a todos los efectos.
Art. 65. Las reclamaciones sobre la clasificación
de los bienes a expropiar en polígonos 3* grupos serán
considerados por la Administración, antes de tomar
acuerdo definitivo sobre este extremo, que deberá re¬
caer antes del mes siguiente al cierre de la informa¬
ción y que será firme a todos los efectos.
Art. 66. Las reclamaciones sobre los precios má¬
ximos y mínimos darán lugar a la formulación de una
hoja de aprecio definitivo por parte de la Administra¬
ción, sobre los precios controvertidos, la cual, notifica-
cada al reclamante, podrá rechazarse por él lisa y lla¬
namente dentro de los diez días siguientes.
Art. 67. Si el reclamante rechazara la hoja de apre¬
cio de la Administración, se pasará el expediente al
Jurado Provincial de expropiación, que fijará definiti¬
vamente los precios máximos y mínimos controver¬
tidos. Contra este acuerdo podrá reclamarse en vía
contenciosa en los términos comunes del art. 12Ó.
Art. 68. Los precios máximos y mínimos del pro¬
yecto referentes a polígonos o grupos sobre los que
110 se hubiese suscitado discordias serán acordados
como firmes por la Administración.
Art. 69. Fijados definitivamente los precios má¬
ximos 3r mínimos, con sus correspondientes módulos
de aplicación, serán preceptivos para la valoración de
las fincas o bienes comprendidos en los polígonos o
grupos respectivos. Únicamente serán admisibles dife¬
rencias entre las partes en cuanto a su aplicación, que
se llevará a cabo por el mismo procedimiento estable¬
cido por los arts. 26 y siguientes de esta Ley.
Gaceta Municipal de ÈarcëloNA i6i
Art. 70. Los precios máximos y mínimos conser¬
varán su vigencia durante los cinco años siguientes a
la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria
alteración del valor de la moneda, el Consejo de Mi¬
nistros, con audiencia del Consejo de Estado, podrá
acordar la revisión global o pormenorizada de los pre¬
cios máximos y mínimos antes del vencimiento de la
fecha de caducidad establecida en el párrafo anterior.
Capítulo II
De la expropiación por incumplimiento de la función
social de la propiedad
Art. 71. Existirá causa de interés social para la
expropiación forzosa, además de en los casos en que
haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta
estimación expresa se haya declarado específicamente
por una Ley la oportunidad de que un bien o una
clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de
una determinada función social y el propietario in¬
cumpla esta directiva.
Art. 72. Son requisitos necesarios para la aplica¬
ción del supuesto anterior :
Primero. — La declaración positiva de que un de¬
terminado bien o categoría de bienes deben sufrir de¬
terminadas transformaciones o ser utilizados de ma¬
nera específica.
Segundo. — Que dicha declaración sea formulada
por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Mi¬
nistros.
Tercero. — Que la Ley contenga inequívocamente
la intimación de expropiación forzosa frente al incum¬
plimiento.
Cuarto. — Que para la realización de la específica
función señalada se haya fijado un plazo y a su ven¬
cimiento aquella función resultare total o sustancial-
mente incumplida por el propietario.
Art. 73. La expropiación forzosa a que se refiere
este capítulo impone al beneficiario la carga de cumplir
la función desatendida, causa de la expropiación, en
un plazo que 110 podrá exceder del que se señaló al
expropiado. Unicamente cuando el beneficiario sea la
Administración, y proceda incluir el cumplimiento de
dicha función en un plan de conjunto más extenso,
podrá excederse el límite del referido plazo.
Art. 74. Cuando el beneficiario de la expropiación
incumpla a su vez la función señalada, la Administra¬
ción tendrá la opción a que se refiere el apartado d)
del artículo siguiente, y el Gobierno podrá sancionar
al beneficiario con multa hasta el límite de 500,000
pesetas.
Art. 75. El procedimiento para la expropiación,
objeto de este capítulo, será el general, con las siguien¬
tes particularidades :
a) La declaración de necesidad de ocupación se
sustituirá por la declaración de que, en el caso que
se contempla, concurran los requisitos del art. 72, de¬
biendo observar, por lo demás, las mismas garantías
de información pública, notificación, audiencia de in¬
teresados y recursos que se regulan en el título se¬
gundo de esta Ley.
b) Cuando por virtud de la Ley puedan los par¬ticulares ser beneficiarios de la expropiación, la Admi¬
nistración podrá expropiar la cosa directamente, por
su justo precio, para adjudicarla posteriormente a tales
particulares, o bien sacarla a subasta pública, en cuyo
caso la determinación del justo precio jugará a los
solos efectos de fijación del tipo de licitación.
A esta subasta se admitirá a cuantos, amparados en
la determinación de la Ley, presten las garantías que
la Administración fije para la realización de la función
desatendida sobre la cosa de que se trate, arbitrándose
al efecto un trámite previo al acto de subasta. Si de
esta subasta resultara un precio de venta superior al
fijado en el expediente de expropiación, la diferencia
quedará a beneficio del propietario expropiado.
c) Si la subasta fuese declarada desierta, se anun¬
ciará una segunda licitación rebajando el tipo de la
primera en un veinticinco por ciento, y procediendo
a la apertura de un nuevo período de admisión de li¬
diadores.
d) De quedar desierta la segunda subasta, la Ad¬
ministración podrá optar por adquirir la cosa en el
tipo que en la misma hubiera servido de base de li¬
citación, asumiendo la carga correspondiente o dejarla
en estado público de venta. El derecho a la adquisi¬
ción de la cosa se determinará por la prioridad de so¬
licitud en los correspondientes Registros oficiales.
e) El expediente de expropiación caducará a los
seis meses de declarada desierta la segunda subasta,
en el caso de que la Administración no hubiera optado
por adquirir la cosa.
Capítulo III
De la expropiación de bienes de valor artístico,
histórico y arqueológico
Art. 76. La expropiación de bienes, muebles o in¬
muebles, de valor artístico, histórico o arqueológico,
se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la pre¬
sente Ley, con las particularidades que se establecen
en los artículos siguientes.
Art. 77. Acordada la expropiación, el Gobernador
civil de la provincia podrá adoptar cuantas medidas
sean necesarias para que no se alteren las condiciones
características de la cosa o bien afectado.
Art. 78. El justo precio de los bienes se deter¬
minará mediante tasación pericial por una Comisión
compuesta por tres académicos, designados, uno por la
Mesa del Intituto de España, otro por el Ministerio de
Educación Nacional y el tercero por el propietario del
bien afectado. La designación podrá recaer en académi¬
cos de las Academias de Distrito, presidiendo el pri¬
mero de los indicados y decidiendo los empates con
voto de calidad.
Art. 79. La Comisión prevista en el artículo an¬
terior se reunirá en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de la Orden ministerial por la que se acuerde
la expropiación. En el mes siguiente deberá formular, '
con informe motivado, el justo precio que haya de
abonarse, que tendrá carácter ejecutorio para la Admi¬
nistración para el expropiado. El justo precio en
ningún caso será inferior al que resulte de aplicar las
disposiciones del título II de la presente Ley.
Art. 80. La determinación del justo precio a los
efectos del premio que la legislación concede a los des¬
cubridores de objetos de interés para el Patrimonio
histórico, artístico y arqueológico de la Nación, se lie-
IÓ2 Gaceta Municipal de Barcelona
vará a efecto conforme a lo dispuesto en los anteriores
artículos, manteniéndose los porcentajes de partici¬
pación que se reconocen en la legislación del Ramo.
Art. 81. i. En los casos de expropiación, venta pú¬
blica, subasta o liquidación de los bienes a que se re¬
fiere el presente capítulo, el Estado podrá ejercer, para
sí o para otra persona pública, el dereclio de tanteo,
obligándose al pago del precio en un período no supe¬
rior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular
interesado acepte otras formas de pago.
2. Igualmente el Estado podrá ejercer, para sí o
para otra persona pública, el derecho de retracto en
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que
tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, en las
condiciones de pago señaladas en el párrafo anterior.
Art. 82. Se aplicará el procedimiento general esta¬
blecido en esta Ley a las expropiaciones de edificios y
terrenos que impidan la contemplación de monumen¬
tos histórico-artísticos, constituyan causa de riesgo o
de cualquier perjuicio para el mismo, y cuantos puedan
destruir o aminorar la belleza o seguridad de los con¬
juntos de interés histórico-artístico.
Art. S3. La determinación de la indemnización que
proceda abonar por la ocupación temporal de inmuebles
por causas de excavaciones arqueológicas se verificará
con arreglo a lo dispuesto en el cap. vu de este título.
Art. 1S4. Las cuestiones derivadas de la aplicación
de lo dispuesto en este capítulo se reservan a la jurisdic¬
ción contenciosoadministrativa, con arreglo al tit. v de
esta Ley.
Capítulo IV
De la expropiación por Entidades locales
o por razón de urbanismo
Art. 85. Las expropiaciones que se lleven a cabo
por razón de urbanismo y las que en cualquier caso
realicen las entidades locales, se ajustarán a lo expre¬
samente dispuesto en la Ley de Régimen Local y de¬
más aplicables, y en lo 110 previsto en ellas, al con¬
tenido de la presente, con las modificaciones siguientes :
Primera. Para la determinación del justo precio
se seguirán las reglas y el procédimiento establecidos
en el cap. in del título II de esta Ley.
Segunda. En el Jurado Provincial de Expropiación,
el funcionario técnico a que se refiere el apartado b)
del art. 32 será designado por la Corporación local in¬
teresada.
Tercera. Las facultades atribuidas en esta Ley a la
Administración o autoridades gubernativas que en ella
se mencionan, corresponderán íntegramente, en los
asuntos de las Corporaciones Locales, a éstas o a los
organismos especiales que en los mismos intervienen,
y sin limitación de la autonomía que se les concede
en las disposiciones vigentes.
Capítulo V
De la expropiación que dé lugar a traslado
de poblaciones
Art. 86. Cuando fuere preciso expropiar las tierras
que sirvan de base principal de sustento a todas o a la
mayor parte de las familias de un Municipio o de una
Entidad local menor, el Consejo de Ministros acordará,
de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas
interesadas, el traslado de la población.
Los preceptos del presente capítulo serán de apli¬
cación en los casos de expropiación de instalaciones
industriales, siempre que concurran las circunstancias
que en este artículo se requieren.
Art. 87. La expropiación se llevará a cabo con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, y se exten¬
derá 110 sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino
a la totalidad de los bienes inmuebles que estén sitos
en el territorio de la Entidad afectada, salvo que los
interesados soliciten que la expropiación se limite a
aquéllas.
Art. 88. Los vecinos de la Entidad local tendrán
derecho a una indemnización por los perjuicios que les
ocasione el traslado y a ser instalados en una porción
de terreno de características similares al territorio de
la Entidad afectada.
Art. 89. A los efectos del artículo anterior, se es¬
timarán como perjuicios iudemnizables los definidos en
los conceptos siguientes :
A) Cambio forzoso de residencia.
a) Gastos de viaje por traslado familiar.
b) Transportes de ajuar y elementos de trabajo.
c) Jornales perdidos durante el tiempo a invertir
en los referidos- transportes.
B) Reducción del patrimonio familiar, referida a
las bajas en la producción agropecuaria por mermas de
la superficie personalmente aprovechada en los aspectos
de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute de
terrenos comunales por razón de vecindad.
C) Quebrantos por interrupción de actividades pro¬
fesionales, comerciales y manuales ejercidas personal¬
mente por el interesado en el lugar de su residencia.
Art. 90. Los tipos de indemnización abonables por
cada uno de los conceptos a que se refiere el artículo
anterior, se fijarán, a propuesta del órgano que regla¬
mentariamente se determine por el Consejo de Minis¬
tros, previo dictamen de la Comisión Permanente del
Consejo de Estado.
Art. 91. Fijados los tipos de indemnización, se
anunciaiá por el Gobernador civil o autoridad compe¬
tente en cada caso, y en la forma prevista en el art. 18,
que los interesados, en un plazo de quince días, podrán
solicitar la indemnización a que crean tener derecho, pre¬
cisando las circunstancias de hecho en que se fundan.
Art. 92. Presentadas las solicitudes previstas en el
artículo anterior, se fijará la indemnización abonable
a cada interesado. Contra el acuerdo que al efecto se
adopte, se podrá reclamar en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente a la notificación del acuer¬
do, ante el Jurado Provincial de expropiación, cuando
se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados
por el Consejo de Ministros.
Art. 93. El pago de la indemnización se llevará a
cabo con arreglo a las normas generales establecidas
en esta Lej'.
Art. 94. Los vecinos podrán solicitar su instalación
en el nuevo territorio de la Entidad, al presentar la
solicitud de indemnización a que se refiere el art. 91.
A tal efecto, al publicarse el anuncio previsto en el
mismo artículo se expresará la necesidad de que, den¬
tro del plazo en él fijado, se presenten las solicitudes
de los interesados acerca de tal extremo.
Gaceta Municipal de Barcelona 163
Art. 95. Transcurrido el plazo a que se alude en
el artículo anterior, se formará una relación de vecinos
con descripción detallada de las viviendas que ocupaban
y de las fincas que personal y directamente explotaban,
la cual se expondrá al público por un plazo de quince
días, a fin de que puedan rectificarse errores mate¬
riales. Hechas las rectificaciones a que en su caso hu¬
biere lugar, se elevará la relación al Consejo de Mi¬
nistros, para que, a través del Instituto Nacional de
Colonización, se proceda a la adquisición de. fincas
adecuadas para el establecimiento de los vecinos que
así lo hayan solicitado y para la erección de la nueva
Entidad local que venga a substituir a la desaparecida
como consecuencia de las obras determinantes del tras¬
lado de la población.
Art. 96. i. Por el Instituto Nacional de Coloniza¬
ción se procederá a instalar a los vecinos en el nuevo
territorio de la Entidad, proporcionándose a cada uno
de ellos, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda
o local de negocio de características similares a la que
ocupaban en la zona expropiada. Se les adjudicará
también una finca o fincas de características análogas
a las que como propietarios o a título distinto vinieren
cultivando directa y personalmente, pudiendo adquirir
su propiedad con arreglo a lo dispuesto en la legis¬
lación especial de colonización.
2. Respecto a la nueva Entidad local, la adjudi¬
cación de los bienes que hayan de constituir su patri¬
monio se verificará conforme a lo establecido en la
legislación especial de colonización, destinándose a tal
objeto las cantidades que deba percibir en concepto
de indemnización por las expropiaciones la Corpora¬
ción local desaparecida como consecuencia de las obras
determinantes del traslado de población.
Capítulo VI
De las expropiaciones por causa de colonización
o de obras públicas
Sección primera. — De las expropiaciones por causa
de colonización.
Art. 97. Eos expropiaciones por causa de coloni¬
zación y de fincas mejorables se regularán por su
legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos,
medios de valoración y recursos. En lo no previsto en
dicha legislación especial regirá como supletoria la
presente Eey.
Sección segunda. — De las expropiaciones por causa de
obras piiblicas.
Art. 98. Las facultades de incoación y tramitación
de expedientes relacionados con los servicios de Obras
Públicas corresponderán a los Ingenieros Jefes de los
Servicios respectivos, asumiendo éstos en esta materia
las facultades que en esta Ley se atribuyen con carácter
general a los Gobernadores civiles.
Capítulo VII
De la expropiación en materia de propiedad industrial
Art. 99. Siempre que el interés general aconseje la
difusión de un invento o su uso exclusivo por parte
del Estado, podrá acordarse la expropiación de la pa¬
tente o, en su caso, del modelo de utilidad, mediante
mía ley de declare la utilidad pública, en la que
se determinará la indemnización que ha de percibir
el concesionario de una u otro y a quién deberá abo¬
narse.
Eas restantes modalidades de la propiedad industrial
serán expropiables cuando concurran los requisitos que
en esta Eey se establecen y en la forma que en la misma
se previenen.
Capítulo VIII
De la expropiación por razones de defensa nacional
y seguridad del Estado
Sección primera. — De las expropiaciones por necesi¬
dades militares.
Art. 100. Cuando el Gobierno acuerde la adquisi¬
ción de inmuebles, situados en la zona militar de costas
y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la
defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que
a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo
dispuesto en los arts. 52 y 53. de esta Eey, y el expe¬
diente respectivo será tramitado por la Administración
militar que corresponda en razón al ejército a cuyos
servicios queden afectos los bienes ocupados y con
sujeción al reglamento que se dicte en aplicación de
esta Eey.
En estas expropiaciones, él funcionario técnico com¬
prendido en el apartado b) del art. 32 será substituido
en el Jurado Provincial de Expropiación por un técnico
militar del Departamento respectivo, que formará parte
de aquél como Vocal, siempre que al ser remitido el
expediente en cumplimiento del art. 31, se comunique
al mismo tiempo por el Gobierno Militar de la pro¬
vincia el nombramiento correspondiente.
Sección segunda. — De las requisas militares.
Art. 101. En tiempo de guerra y en caso de movi¬
lización total o parcial que no sea para maniobras, las
autoridades militares podrán utilizar, previa requisa,
toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, em¬
presas, industrias, alojamientos, prestaciones personales
y, en general, todo cuanto sirva directa o indirecta¬
mente a los fines militares.
Art. 102. i. Fuera de los casos previstos en el
artículo anterior, únicamente podrán ser objeto de re¬
quisa : los alojamientos para personal, ganado y mate¬
rial ; las raciones de pan y pienso, así como el com¬
bustible y el alumbrado, el alojamiento y cuanto sea
necesario para la asistencia a enfermos o heridos ; los
medios terrestres, marítimos o aéreos para locomoción
o transporte de personal, ganado o material de los
ejércitos o sus servicios. Ea duración máxima de estas
dos últimas prestaciones no excederá de veinticuatro
horas cada vez.
2. En períodos de grandes maniobras de concen¬
tración de fuerzas, se podrán también requisar por la
autoridad militar correspondiente, propiedades rústicas
y urbanas como medios auxiliares para las maniobras,
con las limitaciones y formas señaladas en los regla¬
mentos especiales. Las requisas a que se refiere este
164 Gaceta Municipal de Barcelona
párrafo sólo se podrán exigir en el territorio y en el
período de tiempo que previamente se señale.
3. También se podrá acordar por Decreto la re¬
quisa, en vía de ensayo, de todos los medios útiles de
locomoción y transporte, tanto de índole animal como
mecánica.
Art. 103. En ningún caso se podrá exigir la requisa
de recursos superiores a los que posean los Municipios,
debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios
para alimentación civil durante un tiempo prudencial.
Art. 104. El derecho de requisa corresponde a la
autoridad militar reglamentariamente determinada, la
cual podrá delegar su ejercicio dentro de los límites
autorizados.
Art. 105. i. Toda prestación por requisa da derecho
a una indemnización por el importe del servicio pres¬
tado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daños
y desperfectos que por su causa se produzcan.
2. Tas cantidades que hayan de abonarse por este
concepto y cuyo pago 110 se haya verificado en un
plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se
efectuó la requisa, devengarán el interés legal.
3. No será indemnizable la prestación de aloja¬
miento, tanto en casas particulares como en edificios
públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire y demás personas afectas a los mismos.
Art. 106. i. El importe de las indemnizaciones se
fijará por la Comisión Central de Valoraciones de re¬
quisas y por las provinciales.
2. La Comisión Central de Valoraciones de requisas
militares, que se nombrará por Decreto, estará com¬
puesta por representantes de los Ministerios militares
y de los civiles y demás organismos más directamente
relacionados con las requisas, formando parte de ella
un General y un Jefe de los Cuerpos de Intendencia e
Intervención de cada uno de los Ejércitos de Mar,
Tierra y Aire, y un Auditor. Será misión de esta Co¬
misión el establecer tarifas uniformes para las pres¬
taciones que lo requieran, redactar las bases de valo¬
ración para que sirvan de norma a las Comisiones
provinciales, examinar y aprovechar las tarifas que
éstas les señalen, así como fijar a las mismas los precios
que son objeto de consultas.
3. Las Comisiones provinciales estarán compuestas
por cinco diputados provinciales designados por el Pre¬
sidente de la respectiva Diputación Provincial, y un
Jefe de Intendencia y otro de Intervención de cualquiera
de los Ejércitos, y será presidida por quien designe
la autoridad militar. Estas Comisiones señalarán los
precios a las prestaciones para las que no exista tarifa
general, elevándolas a la aprobación de la Central,
señalando también con posterioridad las indemniza¬
ciones de requisas que no figuren en tarifa alguna.
4. Podrán constituirse, en su caso, en territorios
ocupados, Comisiones especiales de valoración, limi¬
tando su actuación en las reclamaciones que se hayan
presentado, a hacer las valoraciones con las compro¬
baciones pertinentes, a los fines de que, terminado el
período de guerra, se resuelva sobre el derecho al per¬
cibo de indemnización.
Art. 107. Un reglamentó especial, dictado por la
Presidencia del Gobierno, previo informe del Consejo
de Estado, desarrollará para su aplicación las normas
contenidas en este capítulo.
TITULO CUARTO
Indemnizaciones por ocupación temporal
y otros daños
Capítulo I
Ocupaciones temporales
Art. 108. La Administración, así como las personas
o entidades que se hubieran subrogado en sus derechos,
podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad
del particular, en los casos siguientes :
1. iCon objeto de llevar a cabo estudios o practicar
operaciones facultativas de corta duración, para re¬
coger datos para la formación del proyecto o para el
replanteo de una obra.
2. Para establecer estaciones y caminos provisio¬
nales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y
cualesquiera otros más que requieran las obras previa¬
mente declaradas de utilidad pública, así por lo que se
refiere a su construcción como a su reparación o con¬
servación ordinarias.
3. Para la extracción de materiales de toda clase
necesarios para la ejecución de dichas obras, que se
hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser
objeto de una explotación formalmente organizada.
4. Cuando por causa de interés social, y dándose
los requisitos señalados en el art. 72, la Administración
estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario,
la realización por su cuenta de los trabajos necesarios
para que la propiedad cumpla con las exigencias so¬
ciales de que se trate.
Art. 109. Las viviendas quedan exceptuadas de la
ocupación temporal e imposición de servidumbre. En
los casos en que su franqueamiento pueda ser de ne¬
cesidad para los fines aludidos en el artículo anterior,
deberá obtenerse el permiso expreso de su morador.
Art. 110. i. En el caso primero del art. 108, el
funcionario público encargado de llevar a cabo los es¬
tudios, o el particular debidamente autorizado al efecto,
deberán ir provistos de los documentos que acrediten
la misión confiada, expedidos por la autoridad delegada
del Gobierno en el lugar, a fin de que se les preste
toda clase de auxilio, y muy especialmente el de pro¬
curar el permiso de los respectivos propietarios para
que la Comisión de estudios pase por sus fincas. Los
perjuicios que con las operaciones pudieran causarse
en ellas serán abonados en el acto, previa tasación por
peritos designados por el propietario y el facultativo
encargado de las operaciones y, caso de 110 llegar a
una avenencia, por el Alcalde o persona en quien éste
hubiere delegado sus facultades.
2. Si el propietario opusiese resistencia a conceder
el permiso, o si después de tasados los peí juicios en la
forma prevista en el párrafo anterior, insistiese en su
negativa, se dará cuenta al Gobernador civil de la
provincia o a la autoridad competente por razón del
caso, para que adopte las medidas pertinentes. Sin
embargo, el mismo Gobernador podrá retirar, a ins¬
tancia de parte, la autorización otorgada, exigiendo la
responsabilidad que procediese por cualquier abuso
cometido.
Art. ui. i. A los efectos del número segundo del
art. 108, la declaración de utilidad pública o de interés
Gaceta Municipal de Barcelona 165
social lleva consigo el derecho a las ocupaciones tem¬
porales que el fin concreto de la expropiación exija.
2. La necesidad de tales ocupaciones será objeto de
un procedimiento ajustado a lo previsto en el capítulo 11
del título il, pero la resolución de la Administración,
a que alude en el art. 21, será ejecutiva, sin perjuicio
de los procedimientos ulteriores para determinar el
justo precio. Cuando se trate de una finca con cuyo
dueño se hayan practicado anteriores diligencias, se
suprimirá la publicidad de las notificaciones, que serán
personales, o, en su caso, por medio del Alcalde.
Art. 112. i. Para las ocupaciones a que se refiere
el artículo anterior, y siempre que fuere posible evaluar
de antemano la indemnización, se intentará por la Ad¬
ministración, antes de la ocupación, un convenio con
el propietario acerca del importe de la misma. A tales
efectos, se hará por el representante de la Administra¬
ción, o por el autorizado para la ocupación, la oferta
de la cantidad que se considere ajustada al caso, con¬
cediéndose al interesado el plazo de diez días para que
conteste lisa y llanamente si acepta o rehusa la expre¬
sada oferta.
2. De aceptarse la oferta expresamente, o de 110
contestar en dicho plazo, se hará el pago o consigna¬
ción de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocu¬
pada, desde luego, sin que pueda haber lugar a recla¬
mación de índole alguna.
Art. 113. Siempre que se rechace expresamente la
oferta a que se alude en el artículo anterior, las partes
elevarán al Jurado Provincial de Expropiación sus
tasaciones fundadas, el cual resolverá con carácter eje¬
cutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los trá¬
mites establecidos en los arts. 34 y siguientes de esta
Ley.
Art. 114. En los casos en que 110 fuere posible se¬
ñalar de antemano la importancia y duración de la
ocupación, se intentará un convenio con el propietario
para fijar una cantidad alzada suficiente para responder
del importe de aquélla. En caso de desacuerdo, asi
como para determinar en su día el importe definitivo,
se procederá en la forma indicada en el artículo ante¬
rior. Antes de que se proceda a la ocupación, sin
haberse pagado el importe definitivo de la indemni¬
zación, se hará constar el estado de la finca, con relación
a cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas
para la valoración definitiva de los daños causados.
Art. 115. Las tasaciones, en los casos de ocupación
temporal, se referirán siempre a la apreciación de los
rendimientos que el propietario hubiere dejado de per¬
cibir por las rentas vencidas durante la ocupación,
agregando, además, los perjuicios causados en la finca,
o los gastos que suponga restituirla a su primitivo
estado. Nunca deberá alcanzar la tasación de una ocu¬
pación el valor de la finca, y la Administración, en
los casos en que le parezca excesiva, podrá pedir la
valoración de la expropiación pura y simple por los
procedimientos que esta Ley determina, y optar por
ella siempre que su importe no exceda de una mitad
de la de los daños y perjuicios causados.
Art. iió. i. En los casos comprendidos en el nú¬
mero tercero del art. 108, el valor de los materiales
recogidos en una finca o arrancados de canteras exis¬
tentes en la misma, sólo se abonará cuando aquéllos
estuvieren recogidos y apilados por el propietario,
antes de la notificación de su necesidad para la Admi¬
nistración, o cuando las canteras se encontrasen abier¬
tas y en explotación con anterioridad a la misma fecha,
acreditándose en uno y otro caso la necesidad de los
materiales y los productos para su uso.
Fuera de este supuesto, para que proceda el abono
del valor de los materiales que se extraigan de una
finca deberá acreditar el propietario :
Primero. — Que dichos materiales tienen un valor
conocido en el mercado.
Segundo. — Que ha satisfecho la contribución co¬
rrespondiente a la industria que por razón de dicha
explotación ejerza en el trimestre anterior a aquel en
que fué declarada la necesidad de la ocupación.
2. No bastará, por tanto, para declarar procedente
el abono de los materiales, el que en algún tiempo se
haya podido utilizar alguno con permiso del propietario
o mediante una retribución cualquiera.
3. Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones
por indemnización de beneficios que se presuman como
efecto de arriendos para establecer determinadas in¬
dustrias, si no estuvieran establecidos en las condi¬
ciones expresadas.
Art. 117. Cuando la conservación o reparación de
una obra de utilidad pública exijan, en todo o en parte,
la explotación permanente de una cantera, procederá
la expropiación por los trámites de la presente Ley.
Art. isS. i. iSi la ocupación a que se refiere el caso
cuarto del art. 108 implicase para el propietario la
pérdida temporal de los beneficios que la propiedad
ocupada sea susceptible de producir, la Administra¬
ción deberá abonarle una renta que se determinará
automáticamente en el valor del líquido imponible
registrado.
2. Si las obras realizadas por la Administración
determinasen en el futuro un aumento de los rendi¬
mientos económicos de la propiedad ocupada, la Ad¬
ministración ocupante tendrá derecho al reembolso de
la capitalización de dicho aumento, que estará garan¬
tizado mediante una hipoteca legal sobre la finca.
Este gravamen será redimible en cualquier mo¬
mento por el propietario.
Art. 119. i. iCuando, de acuerdo con la legislación
vigente, el Estado decidiese, por razones de interés
público, la intervención de una empresa mercantil que
por cualquier causa hubiese cesado en el trabajo o que
por sanción gubernativa hubiese sido temporalmente
clausurada, deberá indemnizarse a sus titulares el valor
efectivo de los daños y deterioros extraordinarios su¬
fridos por la maquinaria e instalaciones, siempre que
tales daños se produzcan precisamente a causa de la
intervención.
2. Desaparecida la causa de la intervención, los
titulares de la Empresa podrán solicitar que cese la
ocupación de la misma ; pero si no encontrasen con¬
veniente la continuación del negocio, lo manifestarán
así a la Administración, que podrá decretar, si ello
fuese oportuno, su expropiación, de acuerdo con los
preceptos de esta Ley.
Capítulo II
De la indemnización por otros daños
Art. 120. Cuando por consecuencia de graves razo¬
nes de orden o seguridad públicos, epidemias, inunda-
i66 Gaceta Municipal de Barcelona
ciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por
las Autoridades civiles medidas que implicasen des¬
trucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o
derechos de particulares sin las formalidades que para
los diversos tipos de expropiación exige esta Ley, el
particular dañado tendrá derecho a indemnización de
acuerdo con las normas que se señalan en los preceptos
relativos a los daños de la ocupación temporal de in¬
muebles y al justiprecio de los muebles, debiendo
iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de
acuerdo con tales normas.
Art. 121. i. Dará .también lugar a indemnización
con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que
los particulares sufran en los bienes y derechos a que
esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea conse¬
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter
discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin
perjuicio de las responsabilidades que la administra¬
ción pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo.
2. En los servicios públicos concedidos correrá la
indemnización a cargo del concesionario, salvo en el
caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula
impuesta por la Administración al concesionario y que
sea de ineludible cumplimiento para éste.
Art. 122. i. En todo caso, el daño habrá de ser
efectivo, evaluado económicamente e individualizado
con relación a una persona o grupo de personas.
2. El derecho de reclamar prescribe al año del
hecho que lo motivó. Presentada reclamación, se enten¬
derá desestimada por el transcurso de cuatro meses
sin que la Administración resuelva. A partir de este
momento, o de la notificación de la resolución expresa,
en su caso, empezará a correr el plazo para, el proce¬
dente recurso contenciosoadministrativo.
Art. 123. Cuando se trate de servicios concedidos,
la reclamación se dirigirá a la Administración que otor¬
gó la concesión, en la forma prevista en el párrafo
segundo del art. 122, la cual resolverá, tanto sobre la
procedencia de la indemnización como sobre quién debe
pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo del art. 121.
Esta resolución dejará abierta la vía contenciosoadmi-
nistrativa, que podrá utilizar el particular o el conce¬
sionario, en su caso.
TÍTULO QUINTO
Garantías jurisdiccionales
Art. 124. Con arreglo a lo previsto en el art. 32,
párrafo segundo, del Fuero de los Españoles, nadie
podrá ser expropiado sino por causas de utilidad pú¬
blica o interés social, previa la correspondiente indetn-
niación y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.
Art. 125. Siempre que sin haberse cumplido los re¬
quisitos substanciales de declaración de utilidad pública
o interés social, necesidad de ocupación y previo pago
o depósito, según proceda, en los términos establecidos
en esta Ley, la Administración ocupare o intentase
ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado
podrá utilizar, aparte de los demás medios legales pro¬
cedentes, los interdictos de retener y recobrar, para
que los Jueces le amparen y, en su caso, le reintegren
en su posesión amenazada o perdida.
Art. 126. i. Contra la resolución administrativa
que ponga fin al expediente de expropiación o a cual¬
quiera de las piezas separadas, se podrá interponer
recurso contenciosoadministrativo, con excepción del
caso previsto en el número tercero del art. 22.
2. Asimismo ambas partes podrán interponer re¬
curso contenciosoadministrativo contra los acuerdos que
sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso
deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada
como justo precio sea inferior o superior en más de
una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado
por el recurrente o en trámite oportuno.
3. En todo caso, el recurso podrá fundarse en vicio
substancial de forma o en la violación u omisión de
los preceptos establecidos en la presente Ley.
4. Se considerarán de turno preferente los recursos
comprendidos en este artículo.
Art. 127. Firme la sentencia dictada en vía conten-
eiosoadministrativa, se remitirán copias de la misma
al Ministerio interesado, a la Presidencia del Gobierno
y al de Hacienda, a los efectos oportunos.
Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se
ejecutará con arreglo a su legislación especial.
Art. 128. En todos aquellos casos en que, con arre¬
glo a esta Ley, la Administración esté obligada a in¬
demnizar daños y perjuicios, la jurisdicción competente
será la contenciosoadministrativa.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. — La presente Ley entrará en vigor a los
cuatro meses de su promulgación.
Segunda. — Dentro de los seis meses de la entrada
en vigor se dictará el Reglamento general para la apli¬
cación de la Ley.
Tercera. — Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo dispuesto en la misma, y autorizado el
Gobierno para que, a propuesta de una Comisión de¬
signada por el Ministro de Justicia, determine mediante
Decreto cuáles de las disposiciones vigentes sobre ex¬
propiación forzosa habrán de continuar en vigor.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los expedientes de expropiación iniciados antes de
la entrada en vigor de la presente Ley se regirán
por la legislación anterior. No obstante, si el particular
y la Entidad afectados por la expropiación lo solicitaren
durante la tramitación del expediente y una vez en
vigor esta Le}', será aplicable la nueva legislación,
siguiéndose en ese supuesto los trámites y normas que
en la misma se establecen.
Dada en el Palacio de El Pardo, a ió de diciembre
de 1954. — Francisco Franco.
ANUNCIOS OFICIALES
CANCELACION DE GARANTIAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8S
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de ç de enero de 1953, se expone al
público, en el Negociado de Urbanización de
la Secretaría general, el expediente de cancelación
de la garantía de las obras de habilitación del se¬
gundo piso del edificio, propiedad del Excelentí¬
simo Ayuntamiento, situado en la plaza del Buen¬
suceso, con destino al Instituto Municipal de la
Vivienda, realizadas por el contratista don Jaime
Piera Mas.
Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de contrato ga¬
rantizado.
Barcelona, 3 de enero de 1933. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
* * *
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8S
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1933, se expone al
público, en el Negociado de Urbanización de
la Secretaría general, el expediente de cancelación
de la garantía de las obras de enlace urbanístico
del edificio que fué Convento del Buensuceso, en
la plaza del mismo nombre, realizadas por el con¬
tratista don Jaime Piera Mas.
Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de contrato ga¬
rantizado.
Barcelona, 3 de enero de 1953. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
❖ ❖ *
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1953, se exp\one al
publico, en el Negociado de Urbanización de
la Secretaria general, el expediente de cancelación
de la garantía de las obras de total terminación de
las que se realizan en el edificio, propiedad del
Excelentísimo Ayuntamiento, situado en la plaza
del Buensuceso, destinado a Tenencia de Alcal¬
día del Distrito V, realizadas por el contratista don
Jaime Piera Mas.
Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de contrato ga¬
rantizado.
Barcelona, 3 de enero de 1933. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
* *
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1933, se expone al
público, en el Negociado de Urbanización de
la Secretaría general, el expediente de cancelación
de la garantía de las obras de reconstrucción y ha¬
bilitación del edificio, propiedad del Excelentí¬
simo Ayuntamiento, situado en la plaza del Buen¬
suceso, destinado a Tenencia de Alcaldía del Dis¬
trito V, realizadas por el contratista don Jaime
Piera Mas.
Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de contrato ga¬
rantizado.
Barcelona, 3 de enero de 1933. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
❖ ❖ ❖
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1933, se expone al
público, en el Negociado de Urbanizacián de
la Secretaria general, el expediente de cancelación
de la garantía, de las obras de reconstrucción y ha¬
bilitación del edificio, propiedad del Excelentísimo
Ayuntamiento, situado en la plaza del Buensuceso,
destinado a Tenencia de Alcaldía del Distrito V,
realizadas por el contratista don Jaime Piera Mas.
Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de contrato ga¬
rantizado.
Barcelona, 3 de enero de 1933. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
168 Gaceta Municipal de Barcelona
INFORMACIÓN PÜBLICA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA Lͬ
NEA DE AUTOBUSES ENTRE BARCELONA
Y LA, FUDA DE; MONTSERRAT'
Habiendo1 sido solicitada la concesión para el es¬
tablecimiento de una línea regular de transporte
público de viajeros por carretera entre Barcelona y
La Puda, y en cumplimiento del art. n del Regla¬
mento de 9 de diciembre de 1949 {B. O. de 12 de
enero de 1950), se abre información pública para
que, durante un plazo que terminará a los treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
puedan las entidades y los particulares interesados,
previo examen del proyecto' en, la Jefatura de Obras
Públicas, durante las horas de oficina, presentar ante
ésta cuantas observaciones estimen pertinentes acer¬
ca de la necesidad del servicio y su clasificación
a los fines de dicho Reglamento' y del de Coordina¬
ción, condiciones en que se proyecta su explotación
y tarifas.
Durante el mismo plazo, las entidades o> particu¬
lares, distintas del peticionario, que se consideren
con derecho de tanteo> para la adjudicación del ser¬
vicio proyectado, O' entiendan que se trata de una
prolongación o hijuela del que tengan establecido,
harán constar ante la Jefatura de Obras Públicas el
fundamento de su derecho y el propósito de ejer¬
citarlo.
Se convoca expresamente a esta información a la
Excma. Diputación Provincial ; a los Ayuntamien¬
tos de Collbató, El Bruch, Marganell, Monistrol de
Montserrat ; al Sindicato Provincial de Transportes
y a los concesionarios de servicios regulares de la
misma clase que a continuación se mencionan, por
tener sus itinerarios puntos de contacto con el que
se solicita :
Barcelona a Lérida, de R.E.N.F.E. ; Martorell
a El Bruch, de La Hispano Igualadina, S. A. ; Bar¬
celona a Montserrat, de don Adelardo Duacastella y
don José y don Santiago Huch ; estación cremallera
de Montserrat a Santa Cecilia, de don Miguel Serra
Termes, y Montserrat a Santa Cecilia, de Funicular
Aéreo de Montserrat a San Jerónimo.
Barcelona, 15 de enero de 1955. — El Ingeniero
Jefe, Federico' Segarra.
ADMISIÓN AL SEGUNDO PERÍODO DEL
CONCURSO-SUBASTA PARA LA AMPLIA¬
CIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE
LOS ALMOGÁVARES
El Excmo'. Ayuntamiento pleno, en sesión de
12 del actual, resolvió admitir al segundo período
de licitación, por concurso-subasta, de las obras de
ampliación del puente sobre el ferrocarril de la calle
de los Almogávares, a los concurrentes don Esteban
Cruz Fernández, Agromán, Empresa Constructora,
sociedad anónima ; Hijos de José Miarnau Na¬
vàs, S. A., y Material y Obras, S. A.
Las plicas de ((Oferta económica» de los citados
concurrentes se abrirán el día 3 de febrero proximo,
a las doce horas, en acto público que se celebrará en
el Salón de la Reina Regente, de la Casa sede Con¬
sistorial.
Barcelona, 19 de enero' de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
SUBASTA DE UNA PARCELA
EN «EL POLVORÍN»
Se anuncia subasta para la adjudicación de una
parcela, de superficie 1S0 metros cuadrados, sita en
la finca donde está emplazado el Grupo de viviendas
económicas aEl Polvorín)), en, la montaña de Mont-
juich, sobre el tipo de 18,401'Sj ptas., con destino
a la construcción de un horno para la elaboración y
suministro de pan.
El pliego1 de condiciones está de manifiesto■ en el
Negociado de Patrimonio de esta Secretaría general.
La garantía provisional para tomar parte en la
subasta es de S52>05 pías.
Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de clase 6.a y reintegradas con sello municipal de
4*50 ptas., s<e redactarán con sujeción al siguiente
modelo:
«Don vecino de
, con domicilio en la calle
de j piso enterado
del pliego de condiciones que ha de regir en la su¬
basta para la enajenación de la parcela de terreno
procedente de la finca donde está emplazado el
Grupo de viviendas económicas "El Polvorín", en
la montaña de Montjuich, con destino a la construc¬
ción de un horno para la elaboración y suministro
de pan, se compromete a abonar por la misma el
precio de pesetas
(en letras y números).
Asimismo, se compromete a cumplir los compro¬
misos impuestos por el pliego de condiciones regu¬
lador de la licitación, en la forma, plazos y efectos
dispuestos en el mismo.
(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones se presentarán en sobre ce¬
rrado, en el Negociado de Patrimonio de esta Secre¬
taría general, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente, de la Casa Consistorial, a las
doce horas del día en que se cumplan los once hábi¬
les a contar del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
Barcelona, 20 de enero de 1Ç55. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
Gaceta Municipal de Barcelona
169
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN EDIFICIO EN LA ZONA DEPORTIVA
DE HORTA
Se anuncia subasta para adjudicar las obras de
construcción de un edificio para almacenes, oficina,
vivienda para conserje, campo de hockey, frontón y
pared de cerca en la zona■ deportiva municipal de
Horta, bajo el tipo de ySg,86y,'y6 ptas., y con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaria general.
La duración del contrato, incluidlo el plazo de
garantía, será de un ario, y la obra deberá ejecu¬
tarse en el plazo• máximo de seis meses.
Los pagos se efectuarán en la forma dispuesta
por el art. 13 del pliego de condiciones y con cargo
a los Presupuestos vigentes.
La garantía provisional para tornar parte en la
subasta será de 15,797'27 ptas., y la definitiva equi¬
valdrá al 4 por 100 del precio de adjudicación.
Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de clase 6.a y reintegradlas con sello municipal
de 46'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:
«Don
, vecino de
, con domicilio en la calle-
de
, enterado del pliego de
condicione^, presupuesto y planos que han de regir
la subasta de las obras de construcción de un edi¬
ficio para almacenes, of icina, vivienda para conserje,
campo de hockey, frontón y pared de cerca en la
zona deportiva de Horta, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los expresados documentos,
por pesetas
(letra y cifra).
Asimismo, se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y seguridad social.
(Fecha y firma del proponen te.)»
Las proposiciones, bajo sobre cerrado y acompa¬
ñadas de Ja documentación pertinente, se presenta¬
rán en el citado Negociado' durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente, de la Casa, sede Consistorial, alas doce horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles a contar desde el siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Barcelona, 20 de enero de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
TRASPASO DE DERECHO FUNERARIO
Doña Adelaida. Pirretas Sánchez solicita el dupli¬cado y traspaso del nicho de piso' 3.0, n.° 2906,
departamento 2.0, del Cementerio de Sans, expedido
a nombre de don Manuel Pirretas Monrós.
Sor Gloria Almenar, Superiora de las Religiosas
de E. María Inmaculada, el duplicado y traspaso del
columbario1 B, piso i.°, osario, n.° 1722, vía de San
Jaime, agrupación 10A, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de las Religiosas de la Colonia de Nuestra
Señora, de Port.
Doña Teresa Cañameras Auladell, el duplicado
y traspaso del trapecial, i.°, osario, n.° 483, vía de
San José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoes¬
te, a> nombre de don Nicolás Cabanas Pérez.
Doña Carmen Perelló Baruel, el duplicado del
nicho piso 2.0, n.° 48, departamento 2.a, del Cemen¬
terio de Las Corts, a nombre de la misma inte¬
resada.
Doña Inocencia V. Campos Sebastián, el dupli¬
cado y traspaso del nicho piso' 2.a, n.° 191, departa¬
mento 4.0, del Cementerio de Las Corts, a nombre
de doña. Antonia Ximenis Ximenis.
Don Antonio» Cabré Brull, el duplicado y tras¬
paso del columbario B, piso 4.0, n.° 9688, vía de San
Jaime, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don Víctor Cabré Cedó.
Don Antonio Picas Barber, el duplicado y tras¬
paso del nicho piso 4.0, n.° 1364, fachada oeste B,
del Cementerio de Sans, a n\0,mbre de don Juan Pi¬
cas Ciará.
Don Juan Picas Barber, el duplicado• y traspaso
del nicho piso 3.0, n.° 347, serie 5.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio de San Andrés, a nombre de
don Juan. Picas Ciará.
Sor Ana M. Bella Valls, de la Comunidad de
Capuchinas, el duplicado y traspaso del nicho piso
tercero, n.° 298, ala. frente a ensanche, del Cemente¬
rio de Sarrià, a nombre de doña Concepción Ayllón
Llorens.
Sor Ana M. Bella Valls, Superiora, de la Comu¬
nidad de Capuchinas, el duplicado y traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 197, Levante, del Cementerio de
Sarrià, a nombre de don Ramón Rocabert.
Doña Felipa Acedo Molina, el duplicado del ni¬
cho a plazos piso 4.0, n.° 6920, departamento 5.0,
del Cementerio de Las Corts, a nombre de la misma.
Doña Concepción Llover Colera, el duplicado
y traspaso del columbario B, piso i.°, osario, nú¬
mero 5657, vía die Santa. Eulalia, agrupación 3.a, del
Cementerio del Sudoeste, a nombre de don José
Llover Poch.
Don Juan Carnó Caraceña, el duplicado y tras¬
paso del hipogeo piso 2.0, n.° 455, vía de San José,
agrupación 4.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Juan Camó Soler.
Doña Nieves Llopis Gil, el traspaso del colum¬
bario B, piso 3.0, n.° 9917, vía de San Jaime, agrupa¬
ción 9.a, del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
don Nicolás Burguete Lorente.
Doña Mercedes Sumell Bonjoch, el traspaso del
nicho pis'o 2.0, n.° 2469, departamento 2.a, del Ce-
170 Gaceta Municipal de Barcelona
meñterio de San Andrés, a nombre de don Julio'
Torrens Maymó.
Don Antonio Moliné Sibil, el traspaso del nicho
osario1, n.° 107, isla 11.a, vía Santa Magdalena, del
Cementerio de San |Gervasio, a nombre de don Pe¬
dro Sibil Casas.
Don Ricardo Estera Brunet, el traspaso de la
tumba menor A, n.° 204, vía de San José, agrupa¬
ción 2.a, del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
doña Rosa Planas Socías.
Doña María Moreso Amaré, el traspaso del co¬
lumbario B, piso 4.°, n.° 424, vía de San Jorge, agru¬
pación 6.a, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de doña Dolores Amaré Duran.
Don Ignacio Solanas Gracia, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 202, exterior, isla 1.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este, a nlombre de doña
Antonia Heras, doña, Esperanza Millet y don Pedro
Cervià.
Doña Amparo Montes Aracil, el traspaso del co¬
lumbario B, piso 3.0, n.° 2Óq6, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Felipe Villar Señalada.
Don Luis Marquet Torrents, el traspaso del ni¬
cho hipogeo piso 2.0, n.° 26, vía de San José, agru¬
pación 2.a, del Cementerio dej, Sudoeste, a nombre
de don Juan Istosella Gamell.
Don Joaquín Parera Amiguet, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 662, isla 9.a, del Cementerio de San
Gervasio, a nombre de don Juan Bargall Montserrat.
Don José M.a Viñoly Font, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 2192, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este, a nombre de don Félix Buxens.
Doña Concepción Gisbert Cases, el traspaso del
hipogeo arqueológico piso i.°, osario, n.° 22, vía de
San Juan, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste, a nombre de don Miguel (Gisbert.
D.on Juan Picas Barber, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 3167, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este, a nombre de don Jaime Moragas
Amigó.
Doña Teresa Lligadas Vüasau, el traspaso del
nicho piso 5.0, ni0 771, exterior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este, a nombre de don
Jaime Martí Matas.
Doña Hiltrud Froebel Vezel, el traspaso de la
tumba sin cripta, n.s 34-35, recinto Protestante, de¬
partamento 4.0, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de don Enrique Schleicher Wunscher.
Doña Agustina Farriols Díaz, el traspaso de la
tumba peristilo capilla, n.° 6, departamento 2.0, d\el
Cementerio del Este, a nombre de don Salvador Gi¬
bert Ballester.
Doña María Sogas Fusalba, el traspaso del nicho
piso i.°, osario, n.° 41, departamento 2.°, del Cemen¬
terio de Las Corts, nombre de don José Sogas
Farré.
Doña Luisa Ferrés Aymerich, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 102, interior, isla i.a, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este, a nombre de don
Miguel Fontcuberta Olina.
Don Francisco Pujol Orts, el traspaso del nicho
piso 7.0, n.° 1463, departamento i.°, isla 3.a, del
Cementerio del Este, a nombre de doña Camila Vi¬
lanova.
Doña Araceli López Balfagón, el traspaso de la
tumba menor n.° 51, vía de San Francisco, agrupa¬
ción 2.a, del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
don Pascual Fernández Torrens.
Don Antonio Mir Colomé, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 118, exterior, isla 2.a, departamento 1.°,
del Cementerio del Este, a nombre de don Lorenzo
Suñol Montcerdá.
Por el presente anuncio se cita a cuantas perso¬
nas puedan considerarse con derecho respecto de las
sepulturas descritas, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situado en l\os bajos de la Casa de la Ciudad,
dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la
fecha, y se les advierte que si no lo hicieren queda¬
rán decaídas de su derecho y continuará la tramita¬
ción de los expedientes, sin ulterior citación ni
audiencia.
Barcelona, 20 de enero de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y (Jirones.
SUBASTA DE UNA PARCEEA
EN EE GRUPO «EDUARDO AUNÓS»
Se anuncia subasta para la adjudicación de una
parcela de superficie 180 metros cuadrados, sita en
la finca donde está emplazado el grupo de casas
baratas «Eduardo Aunós», en el paseo de la Zona
Franca, slobre el tipo de 13,239*78 ptas., con destino
a la construcción de un horno para la elaboración y
suministro de pan.
El pliego de condiciones está de manifiesto en el
Nego ciado de Patrimonio de esta Secretaría general.
La garantía provisional para tomar parte en la
subasta es d\e 397*19 ptas.
Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de clase 6.a y reintegradas con sello municipal de
4*50 ptas., se redactarán con sujeción al siguiente
modelo:
«Don vecino de
, con domicilio en la calle
de piso , enterado
del pliego de condiciones que ha de regir en la su¬
basta para la enajenación de la parcela de terreno
procedente de la finca donde está emplazado el
Grupo de casas baratas "Eduardo Aunós**, en el pa¬
seo de la Zona Franca, con destino a la construcción
de un horno para la elaboración y suministro de pan,
se compromete a abonar por la misma el precio de
pesetas (en letras
y números).
Gaceta Municipal de Barcelona 171
Asimismo, se compromete a cumplir los compro¬
misos impuestos por el pliego de condiciones regu¬
lador de la licitación, en la forma, plazos y efectos
dispuestos en el mismo.
(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones se presentarán en sobre cerra¬
do, en el Negociado de Patrimonio de esta Secreta¬
ría general, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al de la
subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente de la Casa Consistorial, a las
doce horas del día en que se cumplan los once há¬
biles, a contar del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
Barcelona, 21 de enero de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
SOBRANTES DE VIA PUBLICA
El expediente de declaración de sobrante de vía
pública del Torrente de Gardenyes, entre las calles
de los Tres Reyes y de Santa Filomena, lindante
con fincas propiedad de doña Mercedes Monés Serra
y otros, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización, de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir del de esta inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo', las reclamaciones y
documentos que las justifiquen.
Barcelona, 11 de enero' de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
* * *
El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Rabí
Rubén, lindante con finca propiedad de don Jaime
Urgellés Riba, estará expuesto al público, en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir del de esta
inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen.
Barcelona, 11 de enero de 1955. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA
TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
Pesetas
Relativos a subastas, concursos, devoluciones de fianzas,
permisos, autorizaciones, licencias, avisos, etc., línea ... 8
TABLERO DE ANUNCIOS
En el tablero de anuncios de las Casas Consisto¬
riales se han fijado los que hacen referencia a los
asuntos siguientes :
Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociadla de Urbanización, del pro¬
yecto de modificación de alineaciones en la unión
de las calles de Andraitx y Porta con la del Doctor
Pi y Molist, y del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de una parcela procedente de
la calle de Rabí Rubén y de otra procedlente del
Torrente de Gardeñas.
Instituto Municipal de la Vivienda. — Citación
dirigida a don Francisco Pino Vallverdú, relacio¬
nado con el expediente administrativo n.° 17-4.0
sobre la vivienda n.° 144 del grupo' 4.0 de casas ba¬
ratas «Ramón Albo».
Tribunal Arbitral d.e Censos de Barcelona. —
Edicto por el que se modifica el de fecha 20 de
diciembre de 1954, expedido en méritos de los autos
sobre redención de censos a instancia de don Juan
Domingo Verdaguer.
Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relación de las mercancías llegadas a pequeña velo¬
cidad1, por la estación de Magoria, los días del 22 al
28 de enero próximo pasado.
LICENCIAS DE APERTURA
alcaldía presidencia
En uso1 de las facultades que me están confe¬
ridas por el apartado 7.0 del art. 121 del Regla¬
mento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales, y previo in¬
forme de los Servicios y de la Sección correspon¬
diente, vengo en conceder las siguientes licencias
de apertura :
Don Buenaventura Estor, para ejercer de ce¬
rrajero en la casa n.° 8 de la calle de Cardoner.
Don Miguel Eeiva, para ejercer de cerrajero en
la casa n.° 95 de la calle de Mariano Aguiló.
Don Alberto Gabarro, para instalar una merce¬
ría en la tienda n.° 4 de las Galerías Maldá.
Textura, S. A., para venta de hules en la casa
n.° 314 de la calle de Provenza.
Doña Remedios Barrachín, para instalar una
mercería en la casa n.° 131 de la calle de Florida-
blanca.
Doña Teresa Coral, para venta de loza en la
casa n.° 45 de la calle de Rabasa.
Don Ramón López, para venta de ropa para
niños en la casa n.° 574 de la calle de Valencia.
Doña Natalia Zapatero, para instalar una mer¬
cería en la casa n.° 15 de la calle de Verdi.
Don José Mitjans, para instalar una fábrica de
chocolates en la casa n.° 75 de la calle de Verdi.
Don Tullio Tonelli, para instalar una fábrica
de botones en la casa n.° 84 de la Travesera de Dalt.
Doña Pilar Leg, para instalar una mercería en
la casa n.° 6 de la calle de Roig.
Don Ricardo Julián, para instalaciones de luz
en la casa n.° 48 de la calle de Santaló.
Don José Benage, para ejercer de tallista en la
casa n.° 126 de la calle de los Condes de Bell-lloch.
Doña Josefa Salavedra, para instalar una mer¬
cería en la casa n.° 116 de la Travesera de Gracia.
Don Manuel Viloca, para instalar un taller me¬
cánico en la casa n.° 7 de la calle del Padre Ma-
ñanet.
Don Fausto Fort, para instalar una fábrica de
bombones en la casa n.° 250 de la calle de Córcega.
Don Ramón Moret, para géneros de punto en
la casa n.° 6 del paseo del Valle de Hebrón.
Don Laureano Oliveras, para la construcción
de máquinas en la casa 11.0 4 de la calle de San
Pedro de Ñola.
Don José Marimón, para instalar una fábrica
de bisulfito en la casa n.° 13 de la calle de Alloza.
Doña Matilde Orio, para reparaciones de apara¬
tos de radio en la casa n.s 47-49 de la avenida del
Príncipe de Asturias.
Don Vicente Vivas, para instalar una manufac¬
tura de carretes en la casa n.° 21 de la calle de
Rovira,
Gaceta Municipal de Barcelona
173
Don José Aznar, para instalar un taller mecá¬
nico en la casa n.° 88 de la avenida de Roma.
Don Magín Roca, para venta de retales en la
casa n.° 88 de la calle de Valencia.
Don Julio Sanz, para instalar una peluquería
en la casa n.° 42 del paseo de la Exposición.
Don Joaquín Nubiola, para preparación de co¬
lores en la casa n.° 343 de la calle de Provenza.
Don Patricio Rocamora, para instalar un taller
cubero en la casa n.° 14g de 1a. calle de Bofarull.
Don Alfonso Coll, para instalar un taller me¬
cánico en la casa 11.0 230 de la calle de Aribau.
Doña M.a Ruisa Nebot, para instalar una pelu¬
quería en la casa n.° 4 de la calle de Valls y Ta-
berner.
Don Jaime Urpina, para venta de drogas en
la casa n.° 50 de la calle de carretas.
Doña Casiana Montero, para géneros de punto
en la casa n.° 3 de la plaza de la Universidad.
Don Francisco Bullich, para instalaciones de luz
en la casa n.° 146 de la calle de Sarrià.
Construcciones C. U. E. C., para construcción
de obras en la casa n.° 26 de la calle de Trafalgar.
Don Luis Rovira, para instalar un taller de fo-
tolito en la casa n.° 61 de la calle del Torrente
de las Flores.
Don Carlos López, para instalar un taller me¬
cánico en la casa n.° 65 de la. calle de Bruniquer.
Tortellà y Millet, S. L-> para com. tránsito en
la casa n.° 11 de la vía Layetana.
Don Juan_ Pelegrín, para instalar una imprenta
en la casa n.° 204 de la calle de Roger de Flor.
Doña Mercedes Ribera, para, instalar un taller
mecánico en la casa n.° 21 de la calle de Sepúlveda.
Doña María Tafalla, para instalar una tintore¬
ría en la casa n.° 10 de la calle de Torredembarra.
Don Mauel Blasco, para instalar una cerrajería
en la casa n.° 1 del pasaje de Bigay.
Doña Isabel Portal, para venta de juguetes en
la casa n.° 11 de la calle de la Ciudad.
Don Jorge Jenkins, para géneros de punto' en
la casa n.° 260 de la calle de Valencia.
Don Antonio Coll, para venta de muebles en
la casa n.° 13 de la Travesera.
Doña Adela Faci, para venta de ropas para
niños en la casa n.° 108 de la Travesera.
Don Emilio Geronés, para pasteurización de
leche en la casa n.° 13 de la calle de Vallirana.
Tejerina y Cenoz, para instalar un almacén ce¬
rrado en la casa n.° 17 de la calle de Calvet.
Don Manuel Aguilar, para la venta de jergas
en la casa n.8 17-21 de la calle de Roger.
Senén Pascual, para instalar una fábrica de bro¬
chas en la casa n.° 9 de la calle de J. Ruyra.
Doña Adela Hernández, para instalar una agen¬cia de transportes en la casa n.° 10 bis de la calle
del Comercio.
Pon Antonio Soriano, para instalar un hornode bollos en la casa n.° 95 de la calle de Taulat.
Don Miguel Batet, para instalar una fábrica de
cajas de cartón en la casa n.° 12 de la calle de
Aragón.
Don Ramón Igual, para ejercer de hojalatero
en la casa. n.° 2 de la calle de Fernando Agulló.
Don Elay Macias, para ejercer de maestro al-
bañil en la casa n.° 18 de la calle de H. Paloma.
Don H. Andersch, para aparatos de ortopedia
en la casà n.° 12 de la calle de Caspe.
Bundó, Ciscar y C.a, S. L-, para instalar una
mercería al por mayor en la casa n.° 14 de la calle
Condal.
Doña. Rosario Martínez, para instalar una pelu¬
quería en la casa n.° 12 del paseo de la Reina Eli¬
senda de Moneada.
Don José Escobar, para instalar una academia
en la casa n.° 1 de la calle del Obispo Sivilla.
Doña Teresa Latorre, para ejercer de tratante en
leñas en la casa n.° 37 de 1a. calle del Pacífico.
Activion, S. A., para venta de drogas al por
mayor en la casa n.° 47 de la. calle de la Travesera
de Gracia.
Laboratorios Activion, S. A., para venta de
drogas al por mayor en la casa n.° 47 de la calle
de la Travesera de Gracia.
Doña Emilia Ros, para venta de libros en la
casa n.° 181 de la calle Mayor de Gracia.
Doña Carmen Albacar, para instalar un taller
de alpargatería en la casa n.° 26 de la calle de Vi¬
laseca.
Viuda e Hijos de J. Ibáñez, para instalar una
carpintería en la casa n.° 125 de la calle de Balmes.
Viuda e Hijos de J. Ibáñez, para instalar una
aerografía en la casa n.° 60 de la calle de Paris.
Don Rafael Bravo, para instalar una fábrica do
aguardiente en la casa n.° 30 de la calle de Feliu
y Codina.
Doña Luisa Gili, para, instalar un almacén de
trapos en la casa n.° 36 de la calle de Carreras
Candi.
Doña Catalina Aledo, para instalar un estudio
fotográfico en la casa n.° 46 de la ronda de San
Pablo.
Don José Vives, para instalar un taller me¬
cánico en la casa n.° 326 de la calle de Espronceda.
Don Antonio Pla, para instalar una tienda de
azulejos en la casa n.° 46 de la plaza Nueva.
Badalonesa Comercial, S. A., para venta de te¬
jidos al por mayor en la casa n.° 4 de la calle de
Ausias March.
Cornerina, y Compañía, Repuestos Muntaner,
S. R. C., para venta de accesorios de automóvil en
la casa n.° 189 de la calle de Muntaner.
Don Francisco Vilanova, para instalar un alma¬
cén de maquinaria en la casa 11.0 159 de la calle de
Sicilia.
Doña Rosa de San Nicolás, para instalar una
editorial en la casa n.° 392 de la avenida de José
Antonio.
174 Gaceta Municipal de Barcelona
Don Juan Castellet, para instalar una calderería
en la casa n.° 2 de la calle de Castilla.
Doña Rosa Nicolau, para instalar una biblioteca
a domicilio en la casa n.° 43 de la calle de Sarrià.
Don José M.a Garcia, para instalar una tienda
de venta de drogas al por mayor en la casa. 11.0 42
del paseo de San Juan.
Doña María Beca, para instalar una peluquería
en la casa n.° 6 de la calle de San Baltasar.
Don José Carbonell, para instalar un taller de
herrero en la casa n.° 7 de la calle de Breton de los
Herreros.
Don Mario Gutiérrez, para dedicarse a la venta
de calzado ordinario en la casa n.° 65 de la calle
del Orden.
Don Jacinto Mayol, para instalar una mercería
en la casa n.° 64 de la calle de Santaló.
Don Emilio Blázquez, para dedicarse a la venta
de artículos de marfil en la casa n.° 44 de la via
Eayetana.
Doña Carmen Mosquera, para dedicarse a la
venta de libros en la casa n.° 5 del paseo de la Bo-
nanova.
Don Pedro Díez, para instalar un taller de cons¬
trucción de maquinaria en la casa n.° 73 de la ave¬
nida de Mistral.
Don J. Antonio Rodríguez-Marbán, para insta¬
lar una tienda de venta de muebles en la casa nú¬
mero 4.43 de la calle de Valencia.
Don José Dopez, para venta de esteras y mue¬
bles en la casa n.° 156 de la calle de Mallorca.
Don Pablo Bloch, para instalar un 1 taller de
construcción de maquinaria en la casa n.° 25 de la
calle de Buenos Aires.
Doña Ramona Graells, para instalar una pelu¬
quería en la casa n.° 22 de la calle de la Cadena.
Doña María Gesti, para instalar una tienda de
venta de tejidos ordinarios en la casa n.° 63 del
paseo del General Mola.
Don Joaquín Gil, para instalar una carpintería
en la casa n.° 130 de la calle de San Federico.
Prep. Prov. Escuelas Pías Cataluña y Cuba,
para instalar una librería en la casa n.° 61 de la
calle de San Antonio Abad.
Don Gustavo Dauer, para instalar una tienda de
juguetes en la casa n.° 38 de la calle de Pérez
Galdós.
Banco Zaragozano, para instalar una sucursal
en la casa n.° 232 bis de la calle de Bailen.
Doña Rosalía Vargas, para instalar una cacha¬
rrería en la casa n.° 3 de la calle de Pons y Gallarza.
Don Gerardo Sanjuán, para instalar una fábrica
de plumeros en la casa n.° 360 de la calle de Va¬
lencia.
Doña María Pijuán, para instalar un taller de
fusión de hierro en la casa n.° 375 de la calle de
Pallars.
Doña Teresa Gabarro, para instalar un taller de
modista en la casa n.° 23, i.°, de la calle de Balmes.
Casaus y Compañía, S. en C., para venta de te¬
jidos al por mayor en la casa n.° 351 de la calle
de la Diputación.
Manufacturas FEMAR, S. A., para instalar un
taller de confección de ropa, en 1a. casa n.° 418 de
la avenida del Generalísimo Franco.
Don Mateo Nogués, para instalar un sacador de
fuego en la casa n.° 439 de la calle de Valencia.
Don Fernando Fañanas, para instalar un taller
mecánico en la casa n.° 52 de la calle de Sagues.
Don Alfredo Farell, para instalar una tienda de
conservas en la casa letra D de la calle de Roca y
Batlle.
Don Lorenzo Vila, para instalar una tienda de
ropas hechas, en la casa n.° 19 de la calle de San
Antonio Abad.
Don Antonio Fernández, para instalar un taller
de mecánico en la casa 11.0 232 de la calle de Ca¬
labria.
Doña Manuela López, para instalar una fábrica
de lámparas en la casa n.° 17 de la calle de los
Baños Nuevos.
Don Ramón Corominas, para instalar un taller
de confección de ropa en la casa n.° 16 de la calle
de las Flores.
Don Lorenzo Albert, para instalar un taller de
charolistería en la casa n.° 38 de la calle del 26 de
Enero.
Don Amando Mendoza, para instalar una tinto¬
rería en la casa n.° 13 de la calle del Maestro Falla.
Doña María Delgado, para instalar una tienda
de aparatos ortopédicos en la casa 11.0 226 de la
calle de Nápoles.
Don Daniel Hueso, para, instalar un taller de
pintor de brocha en la casa 11.0 42 de la calle de
Llorens y Barba.
Don Francisco Gea, para instalar un taller de
pintor de brocha en la casa 11.0 186 de la calle de
Fresser.
Don Filiberto Alonso, para instalar un salón de
baile en la casa n.° 345 de la rambla de los Capu¬
chinos.
Don Juan Casinos, para ejercer de protésico
dental en la casa n.° 59 de la calle de Fresser.
Don José Martínez, para instalar una agencia de
publicidad en la casa n.° 4 de la plaza de Cataluña.
Don Francisco Rosich, para instalar una cerra¬
jería en la casa n.° 155 de la calle del Bruch.
Don Julio Hernández, para instalar una tienda
de venta de ropa para niños en la casa n.° 7 de
la plaza de Núñez de Arce.
Suministros Auto-Industriales y Marinos, socie¬
dad anónima, para instalar una tienda de maquina¬
ria en la casa n.° 314 de la calle de Provenza.
Don Domingo Calvera, para dedicarse a la
venta de perchas en la casa 11.0 3 de la plaza de la
Universidad.
Don Damián Barreda, para instalar una pelu¬
quería en la casa n.° 2 de la plaza de las Navas.
NOTAS INFORMATIVAS
Homenaje al ilustrísimo señor
don Andrés Valldeperas
Destacados elementos de las ba¬
rriadas de Sans, Hostafranchs y Bor-
deta ofrecieron un acto íntimo de
amistad y simpatía al ilustrísim .<
señor Concejal Delegado del distri¬
to VII, don Andrés Valldeperas Juvé,
como prueba de gratitud por su ges¬
tión en pro de los intereses de aque¬
llas barriadas.
Acompañaron al señor Valldeperas
en la presidencia los reverendos Cu¬
ras párrocos de Santa María de iSans
y San Medín y el Jefe político del
distrito, don Ildefonso Aznar.
Ofreció el acto don Jaime Rius, y
después de darse cuenta de las mu¬
chas adhesiones recibidas, hicieron
uso de la palabra diferentes repre¬
sentaciones del distrito.
Los asistentes al acto exterioriza¬
ron al señor Valldeperas su agrade¬
cimiento por su labor al frente de la
Concejalía Delegada del distrito! VII,
haciéndole objeto de cálidas demos¬
traciones de entusiasmo.
Estancia del Embajador del Japón
El día 27 de enero pasado cumpli¬
mentó al excelentísimo señor Alcal¬
de, don Antonio María Simarro, el
Embajador del Japón, señor Sinichi
Shibusawa, acompañada de su dis¬
tinguida esposa ; el Secretario, señor
Chimizu, y el Cónsul de aquel país
en Barcelona, señor Delgado, y se¬ñora.
Los ilustres visitantes visitaron,
en compañía del señor iSimarro, los
salones y dependencias de la Casa de
la Ciudad, y al despedirse, nuestra
primera autoridad municipal ofreció
a la esposa del Embajador un ramode flores.
Más tarde, el excelentísimo señor
Alcalde devolvió la visita al señor
Embajador del Japón en el Hotel
Ritz.
Tuvo también lugar, en el propio
hotel, una recepción a las autorida¬
des con motivo de la reapertura del
Consulado del Japón en esta Ciudad.
Asistió el excelentísimo señor Al¬
calde.
Al día siguiente, el Embajador ci¬
tado ofreció una cena a las autorida¬
des, a la que asistió el ilustrísimo
señor Teniente de Alcalde don Mar¬
celino Coll.
El gran surtidor de Montjuich
A partir del día 29 de enero último,
el gran surtidor del Parque de Mont¬
juich fué puesto en marcha, repara¬
dos ya y completados los juegos de
agua y luz que tanto éxito obtuvie¬
ron durante la Exposición Interna¬
cional.
El horario de su funcionamiento es
de las diez a las doce de la noche, los
sábados, y de las once de la mañana
a las dos de la tarde, y de las siete
de la tarde a medianoche, los do¬
mingos y días festivos.
Objetos encontrados
en la vía pública
Relación de los objetos hallados en
la vía pública y depositados en la
Mayordomía del Ayuntamiento, a
disposición de quienes acrediten su
pertenencia :
Una sortija. Billetero con dinero.
Paraguas de señora. Un collar de
perlas fantasía. Un pañuelo de hacer
fardos. Un par de guantes. Una ma¬
leta conteniendo ropa usada. Un trí¬
pode. Un par de medias. Dos cubier¬
tas de camión. Un sillín de esparto.
U11 bolso de señora. Documentos de
Pedro Domingo Sararols, José Sán¬
chez Chaves, Juan Maiza Maiza, Lo¬
renzo Farias González, Francisco
Núñez Rodríguez, E. Fontfreda Díaz,
Luis Estrell Taulé, Antonio Molies
Polienio, Luis Bosch Surli, Jaime
Muncunill Clúa, Juan Miguel Mora¬
les Uario, Luisa Naserra Franco, Jo¬
sefa Albaiges Domènech. Una gorra
de taxista. Tapón radiador de coche.
Una maleta. Monederocartera señora.
Un billetero. Pañuelo estampado. Una
aguja fantasía. Cantidad de dinero.
Tres relojes. Paraguas de señora.
Una corbata de niño. Unos trozos de
tela. Un par de guantes. Una boina
de nene. Una gorra de colegial. Un
imperdible con iniciales. Documen¬
tos de Andrés Vidal Bonell, José Mo¬
lina Segura, Francisco Fernández
Pujol, Maximiliana Segovia Cañete,
Purificación Pérez Vázquez, Pedro
Gabriel Casimiro y Dolores Avella-
net Araut de Gabriel. Varias llaves
sueltas y otras con llavero.
Una gorra de taxista. Tapón de
radiador de coche. Una maleta. Car¬
tera monedero señora. Un billetero.
Pañuelo estampado. Una aguja de
fantasía. Cantidad de dinero. Tres
relojes. Paraguas de señora. Una
corbata de niño. Unos trozos de tela.
Un par de guantes. Una boina de
nene. Una gorra de colegial. Un im¬
perdible con iniciales. Documentos
de Andrés Vidal Bonell, José Segura
Molina, Francisco Fernández Pujol,
Purificación Pérez Vázquez, Pedro
Gabriel Casimiro y Dolores Avella-
net Araut. Una sortija con piedra.
Un monedero. Billetero con dinero.
Documentos de Valeriano García
Hernández, Lucas Lahoz Fsquillod,
María Luz Expósito García, Guzmán
Boronat Munté y Concepción Santos
Rojo. Varias llaves sueltas y otras
con llavero.
Lo que se hace público en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 615
del Código civil.
176
Gaceta Municipal de Barcelona
Movimiento turístico
El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas municipales de Turismo e In¬
formación, desde el día ¡216 de enero
al i.° de febrero últimos, fué como
sigue :
Oficina de la plaza de Cataluña. —
Consultas evacuadas : Alemanes, 16 ;
argentinos, 3 ; argelinos, 1 ; austra¬
lianos, i ; belgas, 2 ; canadienses, 1 ;
españoles, 142 ; franceses, 19 ; holan¬
deses, 2 ; ingleses, 16 ; italianos, 3 ;
israelitas, 2 ; japoneses, 4 ; mejica¬
nos, i ; norteamericanos, 9 ; suizos,
2 ; suecos, 3 ; sudafricanos, 4, y ve¬
nezolanos, i. Total, 232.
Nacionalidades, 19.
Consultas telefónicas, 64.
Oficina de la Estación de Francia.
— Consultantes países varios, 1,100.
Oficina del Pueblo Español. —
Consultas evacuadas : Alemanes, 2 ;
argentinos, 2 ; argelinos, 1 ; austría¬
cos, i ; españoles, 36 ; franceses, 6 ;
ingleses, 15 ; norteamericanos, 30 ;
suizos, $ ; suecos, 2 ; sudafricanos,
4, y venezolanos, 3. Total. 107.
Nacionalidades, 12.
Oficina del Aeropuerto del Prat. —
Consultas evacuadas : Alemanes, 8 ;
austríacos, 1; belgas, 1; españoles,
26 ; franceses, 12 ; ingleses, 13 ; nor¬
teamericanos, 21, y suizos, 1. To¬
tal, S3.
Nacionalidades, S.
Actos oficiales
Día 28 de enero. — Visitaron la
Casa de la Ciudad un grupo de juga¬
dores de rugby argentinos. Fueron
obsequiados con una copa de vino
español y recibidos por el Secretario
de Deportes.
Día 29. — Por la mañana, en la
Parroquia de San Francisco de Sales,
se celebró un oficio solemne con mo¬
tivo de la fiesta patronal de los pe¬
riodistas, a la que asistió el ilustrí-
simo señor Concejal don José Tous.
Al mediodía, en el Restaurante del
Parque de la Ciudadela, se celebró la
comida de hermandad de los perio¬
distas. Asistió el ilustrísimo señor
Teniente de Alcalde don Juan Torra-
Balari.
— En la Basílica de Nuestra Se¬
ñora de la Merced se cantó un so¬
lemne oficio con motivo de la fiesta
patronal del Sordomudo. Asistió el
excelentísimo señor Teniente de Al¬
calde don Manuel de Jaumar.
— En la Parroquia de San Jaime
se dijo un solemne oficio con motivo
de la fiesta patronal de los Artistas
teatrales. Asistió el ilustrísimo señor
Concejal don José Tous.
Día 31. — Con motivo de la fes¬
tividad del día de San Juan Bosco,
en la Iglesia de Jos Padres Salesianos
hubo un oficio solemne, al que asistió
el ilustrísimo señor Concejal don
José María Blay.
— Tuvo lugar la colocación y ben¬
dición de la primera piedra de las
Escuelas Profesionales de la iCaja de
Ahorros y Monte de Piedad. Asistió
el ilustrísimo Concejal señor Pascual
Graner i.
Día i.° de febrero. — Cumpli¬
mentó al excelentísimo señor Alcalde
el Vicealmirante Jefe de la VI Flota
de los EE. UU. de América en el
Mediterráneo, Thomas S. Combs.
El excelentísimo señor Alcalde,
don Antonio María Simarro y Puig,
devolvió la visita al Vicealmirante y
almorzó a bordo del buque insignia
«Northampton».
Movimiento demográfico
Según datos facilitados por el Ins¬
tituto municipal de Estadística, du¬
rante la semana del 24 al 30 de enero
último se registraron en Barcelona
465 nacimientos y 265 defunciones.
Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela