JURISPRUDENCIA
Roj: SJCA 1098/2017 - ECLI: ES:JCA:2017:1098
Id Cendoj: 08019450092017100058
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Sede: Barcelona
Sección: 9
Fecha: 21/03/2017
Nº de Recurso: 265/2016
Nº de Resolución: 80/2017
Procedimiento: Procedimiento Abreviado
Ponente: ROCIO COLORADO SORIANO
Tipo de Resolución: Sentencia
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 9
DE BARCELONA
Rf: Procedimiento abreviado nº 265/2016
Parte actora :  Daniel
Representante de la parte actora : ALVARO COTS DURAN
Parte demandada : AJUNTAMENT DE BARCELONA y ZURICH SEGUROS, SUCURSAL EN ESPAÑA, PLC
Representante de la parte demandada : EULALIA CASTELLANOS LLAUGER
SENTENCIA NÚM. 80/17
En Barcelona, a 21 de marzo de 2017.
Doña Rocío Colorado Soriano, Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 9 de Barcelona y su
Provincia, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo referenciados, en los que tiene la
condición de recurrente, Don  Daniel  representado por el Procurador de los Tribunales Don Álvaro Cots Durán
y asistido del letrado Don Donato del Blanco González, teniendo la condición de demandado el Ayuntamiento
de Barcelona y Zurich Seguros, Sucursal en España PLC, representado por la Procuradora de los Tribunales
Doña Eulalia Castellanos Llauger y asistido del letrado Doña Silvia Munt Marti, y en el ejercicio de las facultades
que le confieren la Constitución y las Leyes de España, y en nombre de S.M. El Rey, ha dictado la siguiente
resolución que se basa en los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 20 de julio de 2016, la representación procesal de Don Don  Daniel  , presentó recurso contra la
desestimación por silencio administrativo de la reclamación patrimonial formulada ante el Ayuntamiento de
Barcelona, por los daños sufridos en su vehículo de su propiedad matrícula  .... NQB  , como consecuencia de
la caída de un árbol que se encontraba en la plaza Josep Andreu i Abelló, 1 el día 13 de agosto de 2015.
SEGUNDO.- La vista se celebró el día fijado, con el resultado que obra en autos.
TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y
demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.
FUNDAMENTACIÓN JURIDICA
PRIMERO.- objeto del recurso y pretensiones de las partes.- El día 13 de agosto de 2015, la actora tenía
estacionado su vehículo matrícula  .... NQB  , frente al nº 1 de la plaza Josep Andreu i Abelló de Barcelona.
El señalado día se cayó sobre el vehículo un árbol, causando daños valorados en 887,08 euros.
1
JURISPRUDENCIA
La actora solicita que se declare la nulidad de la resolución impugnada por no ser conformes a derecho, y que
se declare la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento al no haber mantenido correctamente el árbol en
cuestión, dando lugar a que se cayera y causara los daños que aquí se reclaman, solicitando que se indemnice
por los daños causados.
La Administración demandada reconoce los hechos manifestados por la actora, pero niega la existencia de
responsabilidad patrimonial de la Administración al no concurrir relación causal, ya que la misma se ve rota por
la fuerza mayor, teniendo en cuenta la nieve y las rachas de vientos de 72,4 km/h que hubo el día de los hechos.
TERCERO.- responsabilidad patrimonial de la Administración.- Para que se produzca la responsabilidad
patrimonial de la Administración se requiere, según el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Un hecho imputable a la Administración, por lo que es suficiente con acreditar que se ha producido un daño
o lesión como consecuencia de una actividad o prestación cuya titularidad corresponde a un ente público;
b) Un daño antijurídico producido, esto es, un menoscabo patrimonial injustificado, caracterizado por que el
que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras
esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona
o grupo de personas;
c) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido,
pues la lesión ha de ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y
finalmente
d) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto
éste último que no enerva la responsabilidad de la Administración y sí impone la obligación de indemnizar.
La fuerza mayor entronca con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el
caso fortuito se refiere a aquellos sucesos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos,
producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, por su mismo desgaste con
causa desconocida. Corresponde en todo caso a la Administración, probar la concurrencia de fuerza mayor,
en la medida en que de esa prueba depende el que quede exonerada del deber de responder.
CUARTO.- La Administración demandada no niega el siniestro ni los daños producidos sobre el vehículo
de la actora. Por lo que concurren los tres primeros requisitos exigidos en el artículo 139 LJCA , siendo
exclusivamente hecho controvertido si se produjo una causa de fuerza mayor que impide apreciar la
responsabilidad de la Administración, en atención a las rachas de viento que se produjeron ese día.
Centrado el debate en la existencia o no de fuerza mayor debe comenzarse por recordar que una doctrina
jurisprudencial inconcusa ha venido declarando que la fuerza mayor se configura como aquel evento
imprevisto e irresistible, de tal forma que dicho evento era difícilmente previsibles pero que, aunque previsible,
sería inevitable; en el ámbito administrativo se añade además la nota de ajenidad del servicio, en el sentido
que sólo aquel evento exterior al funcionamiento de los servicios en cuyo seno surge la lesión. Buen ejemplo
de lo expuesto lo constituye la sentencia de 20 de octubre de 1.997 que sistematiza la doctrina jurisprudencial
y declara que "la fuerza mayor es concepto jurídico que debe quedar ceñido, como reiteradamente ha repetido
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado, que no
hubiera podido preverse o que previsto fuese inevitable, como guerras, terremotos, etc., pero (no) aquellos
eventos internos, intrínsecos, e ínsitos en el funcionamiento de los servicios públicos". Además, señala la
Jurisprudencia que la carga de probar la concurrencia de la fuerza mayor corre de cuenta de la Administración
pues "el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos
de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente
para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquélla
responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia,
ni aquélla cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con
prudencia", como declara la sentencia antes citada.
Y atendiendo al relato fáctico efectuado, ha de considerarse que la caída de las ramas del árbol se debió al
fuerte viento concurrente, pero no se acredita documentalmente por la Administración ni las rachas de viento
ni que fuese huracanado, que es el viento que puede encajar en el término de fuerza mayor, como imprevisible
e inevitable.
Y no puede ser así calificado porque el ente local demandado solo ha acreditado que en Badalona (que no es
el lugar de los hechos, ni señala a cuantos kilómetros se encuentra el observatorio del lugar de los hechos ni
que otros observatorios cercanos hay) había vientos de 72,4 km/h.
2
JURISPRUDENCIA
Por tanto, pese a que la Administración haya acreditado que el mantenimiento del árbol se había hecho el 3 de
enero de 2013, se había pasado la revisión del plan de riesgo el 19 de mayo de 2015 y que en la plaza se habían
quebrado hasta 5 árboles, no se ha acreditado la velocidad del viento en la zona en cuestión para determinar
si el viento era huracanado o no.
Determinada, consecuentemente, la concurrencia de responsabilidad patrimonial en el ente local, ha de
determinarse el quantum indemnizatorio, que debe establecerse con la cuantía reclamada por los recurrentes
que se justifica con las facturas acompañadas.
QUINTO.- costas.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa procede la condena en costas a la parte que vea íntegramente
desestimadas sus pretensiones, hasta el límite máximo de 300 euros por todos los conceptos.
FALLO
ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto Don  Daniel  contra la desestimación por silencio
administrativo de la reclamación patrimonial formulada ante el Ayuntamiento de Barcelona. QUE DEBO
REVOCAR Y REVOCO la meritada resolución por no ser conforme a derecho. QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO
la responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, por los daños sufridos por el recurrente en su vehículo de
su propiedad matrícula  .... NQB  , como consecuencia de la caída de un árbol que se encontraba en la plaza
Josep Andreu i Abelló, 1 el día 13 de agosto de 2015. QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO al Ayuntamiento
de Barcelona a que indemnice a Don  Daniel  en la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS (887,08 euros). Con condena en costas a la Administración demandada, hasta el límite
máximo, por todos los conceptos, de 300 euros.
Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la Administración demandada para su
cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.
La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, quedando el original en el libro de
resoluciones definitivas de este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado
que la suscribe, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
3