JURISPRUDENCIA
Roj: SJCA 1445/2017 - ECLI: ES:JCA:2017:1445
Id Cendoj: 08019450022017100071
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Sede: Barcelona
Sección: 2
Fecha: 01/06/2017
Nº de Recurso: 79/2017
Nº de Resolución: 146/2017
Procedimiento: Procedimiento Abreviado
Ponente: ELSA PUIG MUÑOZ
Tipo de Resolución: Sentencia
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE BARCELONA
GRAN VIA CORTS CATALANES, 111 EDIFICI I
08075 BARCELONA
Procedimiento abreviado: 79/2017-S
Part actora :  Plácido
Part demandada : AJUNTAMENT DE BARCELONA y ZURICH SEGUROS, PLC
SENTENCIA Nº 146/2017
En Barcelona, a 1 de junio de 2017.
Visto por mí, Elsa Puig Muñoz, Magistrada Juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo número dos
de los de Barcelona y su partido, el presente Procedimiento Abreviado número 79/2017 S en el que han
sido partes, como demandante  Plácido  (representado por D. Carlos Pons de Gironella, Procurador de los
Tribunales, y asistido por el Letrado D. Carlos Pérez Ortiz), y como demandado el Ayuntamiento de Barcelona
y Zurich PLC Insurance Sucursal en España (ambos representados por Dña. Eulalia Castellanos Llauger,
Procuradora de los Tribunales, y asistidos por la Letrada Dña. Carme Blancher Aloy), procede dictar la presente
Sentencia sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el citado particular se interpuso demanda sobre la base de los hechos que alegaba, y respecto
de los que invocó los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminando con la solicitud de que se
admitiera la demanda; se recabara el expediente administrativo; se emplazara al demandado y se dictase
sentencia en la que, estimando el recurso en todas sus partes, se anulara la resolución impugnada.
Por otrosí, la actora solicitó que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista,
al amparo del artículo 78.3 de la LJCA .
SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la Administración demandada,
recabándose al propio tiempo el expediente administrativo.
Habiéndose aportado por la Administración el expediente administrativo así como el correspondiente escrito
de contestación a la demanda, han quedado los autos vistos para sentencia.
TERCERO. La cuantía del presente procedimiento es de 1.203,2 euros.
En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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JURISPRUDENCIA
PRIMERO. Es objeto del presente recurso la Resolución de la Regidora del Districte d'Horta Guinardó del
Ayuntamiento de Barcelona, de 5 de abril de 2017, por la que se desestimó la petición de responsabilidad
patrimonial presentada por el actor por los daños sufridos en su moto al caer sobre la misma un poste de
madera anclado en la acera de la calle Castillejos de Barcelona, a la altura del número 373.
SEGUNDO. El artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común (LRJPAC), regula el instituto de la responsabilidad
patrimonial de la Administración. De la redacción de dicho precepto y de su interpretación por la Jurisprudencia
se deduce que para que proceda dicha responsabilidad patrimonial deben darse, cumulativamente, los
requisitos siguientes: La efectiva realidad de un daño, evaluable económicamente e individualizado en
relación a una persona o grupo de personas; Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, en una relación directa y que no
se trate de un daño que el particular tenga el deber de soportar.
Y, en virtud de las reglas sobre la carga de la prueba, es el particular quien debe probar la existencia de los
mismos.
A ello hay que añadir que en el cálculo de la indemnización debe ponderarse, en su caso, la existencia de culpa
por parte del sujeto perjudicado, si en el resultado dañoso ha concurrido juntamente con el funcionamiento
normal o anormal de un servicio público.
Por último, hay que recordar que la Administración no será responsable en el caso de que exista fuerza mayor,
que, como causa de exoneración de la responsabilidad patrimonial, debe ser probada por quien la alega, o bien
en la producción del daño haya intervenido un tercero o el propio perjudicado, y que el plazo para el ejercicio
de la acción -que es de caducidad- es de un año desde la producción del hecho dañoso o, en su caso, desde
la curación o consolidación de las lesiones físicas sufridas.
TERCERO. Sobre la base de los presupuestos citados hay que analizar si en el caso que nos ocupa procede
la petición de responsabilidad patrimonial formulada por la actora.
Pues bien, del análisis del expediente administrativo se llega a la conclusión de que debe prosperar la
reclamación presentada. En efecto, obra en los folios 8 y siguientes el informe de la Guardia Urbana en el que
se recoge que el día 14 de diciembre de 2015, sobre las 10 h, acudieron, por indicación de la Sala Conjunta
de Comandament, a la calle Castillejos 373, comprobando que un poste de madera había caído sobre dos
motocicletas, una de ellas la del actor.
En el folio 9 aparece una fotografía del poste en el suelo en la que puede comprobarse que sujeto al poste
hay una señal de tráfico de peligro por paso de menores. También consta otra foto en la que aparecen las dos
motocicletas correctamente estacionadas en el espacio reservado para ello.
No hay duda, pues, de que fue el poste el causante del daño. Tampoco cuestionan las demandadas el importe
de los daños, pero consideran que se trata de un poste del tendido eléctrico, de ahí que, a su juicio, la
responsabilidad por los daños de la caída del poste es de la compañía eléctrica, pero no del Ayuntamiento.
Sin embargo, esa posición no puede compartirse habida cuenta de que en el poste se había colocado una
señal de tráfico, sin que el Ayuntamiento niegue ser la titular de la señal ni tampoco de que llevó a cabo la
instalación de la misma.
Así las cosas, ese poste de madera, que inicialmente se colocó para sostener el tendido eléctrico, ha servido
también como soporte de una señal de tráfico, de ahí que el Ayuntamiento no pueda desentenderse de su
estado, y que, en definitiva, pase a ser responsable de los daños por la caída del mismo.
Por todo ello, el recurso debe ser íntegramente estimado.
CUARTO. En cuanto a las costas, de acuerdo con el artículo 139.1 de la LJCA , en primera o única instancia,
el órgano jurisdiccional, al dictar Sentencia o al resolver por Auto los recursos o incidentes que ante el mismo
se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que
aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Como quiera que se estiman íntegramente las pretensiones del recurso, la condena en costas a la demandda
es obligada, sin que se aprecien dudas serias de hecho o de derecho que justifiquen su no imposición, si bien
limitada a la cantidad de 200 euros por todos los conceptos, todo ello sin perjuicio del derecho del Procurador
y Letrado de la recurrente, si el importe de su minuta fuera superior a esa cifra, a minutar a su cliente por la
diferencia.
Vistos los preceptos legales citados, y demás normativa de especial y general aplicación al caso
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JURISPRUDENCIA
FALLO
Estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por  Plácido  contra la Resolución de la Regidora
del Districte d'Horta Guinardó del Ayuntamiento de Barcelona, de 5 de abril de 2017, por la que se desestimó
la petición de responsabilidad patrimonial presentada por el actor por los daños sufridos en su moto al caer
sobre la misma un poste de madera anclado en la acera de la calle Castillejos de Barcelona, a la altura del
número 373, declarando la nulidad del citado acto, y condeno a las demandadas a abonar al actor la cantidad
de 1.203,2 euros, imponiéndoles también las costas procesales en la cantidad de 200 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que es firme que contra la misma no cabe interponer
recurso ordinario alguno.
Líbrese testimonio de esta Sentencia para su constancia en autos, llevando el original al Libro de las de su
clase.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada Juez
PUBLICACION.- La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por el Juez que la autoriza en el mismo día
de su fecha. Doy fe.
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