JURISPRUDENCIA
Roj: STSJ CAT 6374/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:6374
Id Cendoj: 08019330032017100283
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 3
Fecha: 13/07/2017
Nº de Recurso: 284/2016
Nº de Resolución: 488/2017
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: ISABEL HERNANDEZ PASCUAL
Tipo de Resolución: Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
ROLLO DE APELACIÓN DE AUTO nº 284/2016
Recurso contencioso-administrativo nº 92/2016 (Medidas cautelares)
Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Barcelona
Parte apelante: Comunidad de propietarios del local C de  DIRECCION000  ,  NUM000  , Barcelona
Parte apelada: Ayuntamiento de Barcelona
S E N T E N C I A núm. 488
Iltmos/a Sres/a Magistrados/a:
D. Manuel Táboas Bentanachs
Dña. Isabel Hernández Pascual
D. Héctor García Morago
Barcelona, trece de julio de dos mil diecisiete.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, el rollo apelación arriba expresado, seguido a instancia de la Comunidad de propietarios del local C
de  DIRECCION000  ,  NUM000  , Barcelona, en su cualidad de parte apelante, representada por el procurador D.
Daniel González González; siendo parte apelada el Ayuntamiento de Barcelona, representado por el procurador
D. Jesús Sanz López.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma
Sra. Magistrada Doña Isabel Hernández Pascual .
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona y en los autos 92/2016 (Medidas
cautelares), se dictó Auto de fecha 26 de abril de 2015, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Acuerdo levantar la suspensión acordada en el Auto de 19 de abril de 2016 ".
2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo comparecido la
parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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JURISPRUDENCIA
PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto la pretensión de la parte apelante de que se revoque el
Auto apelado y se acuerde la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la resolución de 8 de abril de
2016, del gerente del Distrito de Gracia, en la que se ordenó precintar, el día 20 de abril de 2016, la actividad/
instalación ubicada en  DIRECCION000  ,  NUM001  -  NUM000  , de la cual es titular o responsable la Comunidad
de Propietarios de  DIRECCION000   NUM000  , subterráneo letra C, dado que en la inspección de 25 de febrero
de 2016 se había comprobado el incumplimiento de la resolución de 23 de febrero de 2015, ordenando que
se tuviera el local libre y expedito el día del precinto.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Barcelona, en resolución de 23 de febrero de 2015, ordenó el cese de la
actividad de trasteros de uso particular que se desarrollaba en el local C de la  DIRECCION000  ,  NUM001  -
NUM000  , por considerar que tal actividad se ejercía sin titulación habilitante, pues según informe que figura
en el expediente (folio 3) no cumple el Reglamento de Seguridad contra incendios, TD 2267/2004, y, como
quiera que en la visita de inspección de 25 de febrero de 2015 se comprobó que no había cesado esa actividad,
se ordenó el precinto de la misma en fecha 8 de abril de 2016.
En nombre de la Comunidad de propietarios del local C de  DIRECCION000  ,  NUM002  , de Barcelona, se
interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución que desestimó el recurso administrativo
interpuesto contra la orden de cese de la actividad de 23 de febrero de 2015, y se solicitó la medida cautelar
urgente de suspensión de la orden de precinto de 8 de abril de 2016, mediante escrito presentado el 19 de
abril de 2016.
En un primer Auto del mismo día de la solicitud de medidas cautelares, 19 de abril de 2016, el Juzgado
Contencioso-administrativo número 2 de Barcelona accedió a la adopción de la medida cautelar sin audiencia
de parte contraria, paralizando el cierre del establecimiento previsto para el día 20 de abril a las 12 horas, y dio
al Ayuntamiento de Barcelona un trámite de audiencia por plazo de tres días para que alegase lo que estimara
conveniente sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida cautelar.
El Ayuntamiento presentó escrito alegando que la actividad se ejercía sin titulación habilitante y que se veía
obligado a ordenar la clausura de la actividad en atención a los riesgos que presenta su ejercicio, dado que no
cumple con el Reglamento de seguridad contra incendios (RD 2267/2004).
Vista la oposición del Ayuntamiento, el Juzgado dictó un segundo Auto, de 26 de abril de 2015, que es objeto
del presente recurso de apelación, por el cual levantó la suspensión acordada en el Auto de 19 de abril de
2015, en atención a que, según el letrado del Ayuntamiento, la actividad se ejerce sin licencia, por lo que la
suspensión cautelar permitiría el ejercicio de una actividad sin licencia, y, además, según un informe de 25 de
julio de 2014, los trasteros eran gestionados por Box Infiniti Self Storage, S.L., para alquilarlos o venderos, por
lo que debía cumplir con la normativa de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, que no
consta cumpla la actora.
En nombre de la expresada comunidad de propietarios se interpuso recurso de apelación contra el Auto de 26
de abril de 2015, que levantó la suspensión cautelar de la orden de precinto de la actividad, alegando que la
orden de precinto afectaría a terceros adquirentes por compraventa de una cuota indivisa del local subterráneo,
C. de  DIRECCION000  ,  NUM001  -  NUM000  , con derecho de uso exclusivo de trastero, los cuales no han
sido parte en el procedimiento en el que se ordenó el cese de la actividad y precinto de la misma.
También alegó que la actividad se ejerce con titulación habilitante, ya que esa parte presentó ante el
Ayuntamiento de Barcelona una comunicación previa de inicio de la actividad y puesta en funcionamiento de
las instalaciones para el desarrollo de la actividad 12.51/7, local con conjunto de trasteros de uso particular, sin
almacenaje de productos peligrosos, en fecha 4 de julio de 2014, de lo que se dio por enterado el Ayuntamiento
mediante comunicación de la misma fecha.
Alegó igualmente que no existe normativa que limite el uso de los trasteros a los vecinos del mismo
inmueble, como argumentó el Ayuntamiento para ordenar el cese de la actividad, y que, en cualquier caso,
la actividad cumple con los requerimientos de la normativa contra incendios, lo que pretende acreditar
con una declaración de la anterior titular del local C, Alter Empresariales CKM S.L., con arreglo a la cual,
desde 1968 a 2002, en el local ejerció su actividad la empresa SERDESA, dedicada a la desratización y
desinsectación de locales comerciales, industrias y servicios públicos, que dedicaba el subterráneo a almacén
de productos, mantenimiento de utillaje, dependencias y vestuarios del personal, así como apartamiento de
vehículos, por lo que según esa parte la actividad debe regirse por la normativa vigente a la fecha en la que
se concedió la licencia para la referida actividad de desratización y desinsectación, todo ello de conformidad
con la disposición transitoria 3ª de la Ordenanza de Condiciones de Protección contra Incendios, aprobada
el 29 de febrero de 2008, y publicada en el BOP de 5 de abril de 2008, con arreglo a la cual, "los edificios,
locales y establecimientos cuya construcción y uso hayan sido autorizados con la licencia correspondiente con
anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza Municipal se regirán, en el momento de solicitar la licencia de
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actividad, por los preceptos aplicables al otorgarse las licencias correspondientes, salvo que se hayan hecho
modificaciones sustanciales que empeoren las condiciones de seguridad, caso en el que será de aplicación esta
Ordenanza".
El letrado del Ayuntamiento se opuso a la apelación, reiterando las alegaciones hechas contra la solicitud de
medidas cautelares, y haciendo suyos los argumentos del Auto apelado.
TERCERO.- Como tiene declarado el Tribunal Supremo, Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia de 13 de junio de 2007, recurso de casación núm. 1337/2005 , entre las notas que caracterizan
el sistema general de medidas cautelares previsto en los artículos 129 a 134 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de esta jurisdicción, "... sigue contando con singular relevancia la doctrina de la apariencia de buen
derecho (fumus boni iuris), la cual permite (1) en un marco de provisionalidad, (2) dentro del limitado ámbito
de la pieza de medidas cautelares, (3) sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, proceder a
valorar la solidez de los fundamentos jurídicos de la pretensión, siquiera a los meros fines de la tutela cautelar".
Se infiere del escrito de apelación que el procedimiento en el que se ordenó el cese de la actividad y su
posterior precinto se inició con motivo de la denuncia por construcción de trasteros sin licencia de obras ni de
actividades, formulada por la comunidad de propietarios del edificio en el que se ubica el local C, perteneciente
a la comunidad ordinaria en nombre de la cual se recurre.
Es de señalar al respecto, que, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre , de
prevención y control ambiental de actividades, vigente a la fecha de presentación de la comunicación previa
por la apelante, "la comunicación debe formalizarse una vez acabadas las obras y las instalaciones necesarias,
que tienen que estar amparadas por la licencia urbanística correspondiente o, si procede, por la comunicación
previa de obras no sujetas a licencia, y también por las demás licencias sectoriales necesarias, fijadas por la
ley o por el desarrollo reglamentario de una ley, para llevar a cabo la actividad" , añadiéndose en el apartado 2º
del mismo artículo que "si quiere utilizarse para un uso concreto edificaciones existentes construidas sin uso
específico, es necesario un informe previo favorable de compatibilidad urbanística...".
Por otra parte, el artículo 191 1 b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, "se entiende por parcelación urbanística: (...) toda operación que
tenga las mismas finalidades que las especificadas por la letra a en que, sin división o segregación de fincas,
se enajenen o se arrienden partes indivisibles de una finca determinada, con la incorporación del derecho de
utilización exclusiva de partes concretas de terrenos".
Nada se dice del título que ampara la construcción/instalación de los trasteros, ni de la parcelación del local
C para enajenación de cuotas indivisas con derecho de uso exclusivo.
Por otra parte, el documento del Ayuntamiento que, según la apelante, da cobertura a su actividad, no
reconoce que la actividad de la comunicación previa se ajusta a la legislación vigente, sino el cumplimiento
procedimental previsto para las comunicaciones previas, no resultando de dicho documento, ni de los demás
presentados, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva y teniendo en consideración el limitado y
provisional marco de las medidas cautelares, que la actividad dé cumplimiento a las condiciones de protección
contra el riesgo de incendio, no siendo posible entenderlas cumplidas por el ejercicio de una actividad, de
naturaleza muy distinta a la ejercida por la comunidad recurrente, entre los años 1968 y 2002, en atención
a la misma diferente naturaleza de las actividades, al transcurso de doce años desde el cese de la anterior
actividad, y al presumible incremento de carga incendiaria en una actividad con 57 trasteros destinados a
almacenaje, según la escritura notarial de constitución de la comunidad de propietarios del local C, al que
se refiere la orden de precinto, en relación con la cual, la comunidad de propietarios del edificio en el que se
ubica ese local nada pudo alegar frente a la presentación de la comunicación previa, respecto de la que el
Ayuntamiento se dio por enterado con la misma fecha de su presentación.
Por todo lo expuesto, no puede apreciarse apariencia de buen derecho en las pretensiones de la apelante, a
lo que cabe añadir que, no habiéndose presentado más documentación para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de protección contra el riesgo de incendio de una actividad de almacenaje en 57 trasteros, parece
conforme a derecho que el Ayuntamiento, al ordenar primero el cese, y luego el precinto de la actividad, y el
Juzgado, al denegar la medida cautelar de suspensión del precinto, atiendan y tutelen los derechos e intereses
de los vecinos del inmueble, e incluso de los propietarios y usuarios de las cuotas indivisas con derecho de uso
exclusivo de los trasteros, ante la posibilidad de que llegue a materializarse el riesgo de incendio por la falta
de cumplimiento de medidas preventivas, respecto de lo que, como se ha dicho, no se presenta una prueba
convincente, sino únicamente la declaración del titular de una anterior actividad, clausurada doce años antes.
CUARTO.- No obstante lo anterior, del examen de la documentación presentada por la apelante con su solicitud
de medidas cautelares, resulta que en escritura notarial de 25 de septiembre de 2014, Boix Infiniti Self Storage,
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SL., representada por D.  Lucio  , como administrador único de la misma, única dueña del local C, constituyó una
sub-comunidad y subdividió ese local con la finalidad de enajenarlo por cuotas indivisas sobre la propiedad
con asignación del uso y disfrute exclusivo de uno o varios trasteros.
Por escrituras notariales de 25 de septiembre de 2014, la sociedad expresada, como propietaria del local,
vendió, por una parte, a Dña.  Esther  , un participación indivisa con derecho de uso exclusivo del trastero
número  NUM003  ; y, por otra, a D.  Pablo  y Dña.  Gabriela  , otra cuota indivisa con derecho de uso exclusivo
sobre el trastero  NUM008  .
También presentó un documento denominado de prórroga de arras penitenciales, de 7 de octubre de 2014,
para la compraventa del trastero  NUM004  , suscrito con Dña.  Hortensia  ; así como documentos denominados
de arras, de 23 de septiembre de 2014, celebrado con Dña.  Julieta  y D.  Segundo  , en relación con el trastero
número  NUM005  ; otro de 29 de agosto de 2014, suscrito con D.  Victorino  , en relación con el trastero número
NUM006  ; y un último documento igualmente denominado de arras, de 15 de julio de 2014, celebrado con Dña.
Ofelia  , en relación con el trastero número  NUM007  del mismo local C.
La parte apelante alegó como fundamento de su petición de medidas cautelares, y reitera en la apelación, que
la orden de precinto afectará a los derechos e intereses de los compradores de las participaciones indivisas
con derecho de uso exclusivo de los trasteros reseñados sin que hayan sido parte en el procedimiento en el
que se ordenó el cese y precinto de la actividad, ni hayan podido defender tales derechos e intereses.
La resolución de 8 de abril de 2016, ordenando el precinto de la actividad, consta dirigida a D.  Lucio  ,
administrador único de Boix Inifiniti Self Storage, S.L., propietaria única del local C, que constituyó en escritura
notarial la subcomunidad, y que firma los estatutos de esta subcomunidad como presidente de la misma; no
constando que se hayan constituido los órganos de gobierno de la comunidad previstos en los estatutos, ni
la deliberación y adopción por esos órganos de acuerdo alguno en relación con el procedimiento de la orden
de precinto.
La escritura de poderes presentada por la apelante en este rollo de apelación aparece otorgada por D.  Lucio
, en nombre y representación de la comunidad o subcomunidad del local C del edificio de  DIRECCION000
,  NUM001  -  NUM000  , de Barcelona, por su condición de administrador único de Box Infiniti Self Storage,
S.L., designada presidente y secretario de la citada subcomunidad; pero no consta que la reunión de la Junta
de Propietarios de la subcomunidad que acordó la interposición del recurso contencioso- administrativo se
hubiera celebrado con la participación y/o citación de los adquirentes de las cuotas indivisas, además de
con la participación de D.  Lucio  , que como administrador único de Boix Ininiti Self Storage, S.L., propietaria
mayoritaria del local C, tiene la condición de presidente y secretario de la subcomunidad.
El procedimiento de cese parece que se entendió con D.  Lucio  , en su condición de administrador único de Boix
Infiniti Self Storage, S.L., y, por ello, presidente y secretario de la subcomunidad, por lo que la resolución de cese
y precinto de la actividad únicamente puede producir efectos frente a dicha sociedad, Boix Infiniti Self Storage,
S.L., propietaria de la inmensa mayoría de las cuotas de participación, con derecho de uso y disfrute de los
trasteros, la cual pudo defender sus derechos e intereses en el procedimiento a través del administrador único
que la representaba; no desplegando efecto alguno respecto de los adquirentes de cuotas indivisas, tanto por
lo que hace a quienes adquirieron la propiedad en escritura notarial, como a quienes compraron las cuotas
indivisas en documento privado, igualmente interesados como titulares de derechos e intereses, que pueden
resultar afectados por las resoluciones de cese y precinto de la actividad, y que, sin embargo, no consta que
hayan podido defenderlos, ya que no se alega ni acredita su citación y emplazamiento en el procedimiento.
En consecuencia, no pudiendo producir efectos esas resoluciones frente a quienes no consta que hayan sido
parte en el procedimiento, por no haber tenido oportunidad de defender sus derechos e intereses en el mismo,
no cabe acceder a la suspensión cautelar de las resoluciones de cese y precinto de la actividad, que no puede
ejecutarse en su contra, ni, por ello, puede dar lugar al precinto de los trasteros comprados y/o adquiridos
por terceros, ajenos al procedimiento administrativos, tales como los enunciados con los números  NUM003
,  NUM008  ,  NUM004  ,  NUM005  ,  NUM006  y  NUM007  , adquiridos por Dña.  Esther  , D.  Pablo  y Dña.
Gabriela  , y comprados en documento privado por Dña.  Hortensia  , Dña.  Julieta  y D.  Segundo  , D.  Victorino
, y Dña.  Ofelia  , trasteros que, por lo expuesto, no pueden ser objeto de precinto.
QUINTO.- No procede la condena al pago de las costas procesales causadas en esta apelación, de
conformidad con el artículo 139.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa .
F A L L A M O S
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:
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1º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a nombre de Comunidad de propietarios del local C
de  DIRECCION000  ,  NUM001  -  NUM000  , Barcelona, contra el Auto arriba indicada del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona, dictada en autos 92/2016 (Medidas cautelares), que
levanta la suspensión cautelar de la resolución de precinto de 8 de abril de 2016.
2º) Sin condena al pago de las costas causadas.
Con certificación de esta resolución y atento oficio en orden a la ejecución de lo resuelto, procédase a la
devolución al Juzgado de procedencia de las actuaciones recibidas.
Hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme.
Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse ante ésta nuestra Sala y
Sección en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), modificada en por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio.
Cuando pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, el recurso
de casación irá dirigido a la Sala 3ª del Tribunal Supremo, y su preparación deberá atenerse a lo dispuesto
en el art. 89.2 LJCA .
Asimismo, cuando pretenda fundarse en normas emanadas de la Comunidad Autónoma, se deberá estarse
a lo establecidos en los Autos de 10 de mayo de 2017, de la Sección de Casación del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, dictados en recurso de casación 3/2017 y 8/2017 , entre otros.
A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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