JURISPRUDENCIA
Roj: STSJ CAT 6549/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:6549
Id Cendoj: 08019330032017100372
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 3
Fecha: 19/06/2017
Nº de Recurso: 2/2014
Nº de Resolución: 391/2017
Procedimiento: Recurso ordinario (Ley 1998)
Ponente: ISABEL HERNANDEZ PASCUAL
Tipo de Resolución: Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección Tercera
Recurso ordinario número 2/2014
Modificación del Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades
en Ciutat Vella
Demandante: INVESJEL, S.L.
Demandado: Ayuntamiento de Barcelona
S E N T E N C I A núm. 391
Iltmos/a Sres/a Magistrados/a :
D. Manuel Táboas Bentanachs
Dña. Isabel Hernández Pascual
D. Héctor García Morago
Barcelona, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, el presente recurso contencioso administrativo, seguido contra el acuerdo de 24 de julio de
2013, del plenario del Consejo Municipal, de aprobación definitiva de la Modificación del Plan especial de
establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades en Ciutat Vella, de iniciativa municipal,
con las modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento, publicado en el
BOPB de 16 de septiembre de 2013; entre partes: como parte demandante, INVESJEL, S.L., representada por el
procurador D. Javier Segura Zariquiey; como parte demandada, el Ayuntamiento de Barcelona, representado
por el procurador D. Jesús Sanz López.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma.
Sra. Magistrada Dña. Isabel Hernández Pascual.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra acuerdo de 24 de julio de
2013, del plenario del Consejo Municipal, de aprobación definitiva de la Modificación del Plan especial de
establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades en Ciutat Vella, de iniciativa municipal,
con las modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 16 de septiembre de 2013.
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2.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso
administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo escrito
de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó
solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.
3.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda mediante escrito en el que, tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la desestimación de las
pretensiones de la parte actora.
4.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en autos. Se continuó
el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y, finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión actora de que
se declare la nulidad del acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona,
adoptado en sesión de 24 de julio de 2013, de aprobación definitiva de la Modificación del Plan especial de
establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades en Ciutat Vella, de iniciativa municipal,
con las modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento (Modificación de
2013 del Plan especial 2010).
SEGUNDO.- La pretensión de nulidad de la Modificación de 2013 del Plan especial de 2010 se fundamenta, en
primer lugar, en la infracción del artículo 145.1 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril , por el cual se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y del artículo 88 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
El artículo 145.1 del Decreto Legislativo 2/2003 dispone que "los entes locales tienen que enviar al
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, en la forma y en los plazos que se determinen
por reglamento, una copia literal o, en su caso, un extracto de sus actas y acuerdos. Los presidentes de las
corporaciones y, de manera inmediata, los secretarios son responsables del cumplimiento de este deber".
El artículo 88 del Decreto Legislativo 1/2010 , a la fecha de la aprobación inicial del acuerdo impugnado, bajo
el título, "entrega de la documentación de los planes urbanísticos derivados aprobados por los ayuntamientos
", disponía:
"Las administraciones locales competentes, una vez los planes urbanísticos derivados hayan sido aprobados
definitivamente, deben entregar en el plazo de un mes a las comisiones territoriales de urbanismo que proceda,
a los efectos de información, coordinación y archivo, la documentación técnica y administrativa completa. Esta
entrega es condición para la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de estos planes, sin perjuicio del
régimen de comunicación de acuerdos regulado por la legislación municipal y de régimen local de Cataluña".
La parte actora pretende la nulidad del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación de 2013 del Plan de
usos de 2010, de 24 de julio de 2013, por haberse remitido la documentación a la Subcomisión de Urbanismo
Municipal de Barcelona el 19 de septiembre de 2013, tres días después de la publicación de la expresada
Modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el diario "La Vanguardia", el 16 de septiembre
de 2013.
La finalidad de la remisión de la documentación antes de la publicación de los planes urbanísticos derivados
es de información, coordinación y archivo, para garantizar la exacta correspondencia entre la documentación
archivada por los órganos competentes en materia de planeamiento urbanístico de la Generalitat de Cataluña,
y la aprobada y publicada, cuestión que aquí no se pone en duda, por lo que el incumplimiento del plazo, con
remisión de la documentación tres días después de su publicación, visto que no se cuestiona la identidad
entre la remitida y la publicada, no puede afectar ni a la validez ni a la eficacia, tras su publicación, del acuerdo
impugnado.
TERCERO.- Como cuestión de fondo, en el recurso se pretende la nulidad de la Modificación de 2013 del Plan
especial de 2010 en relación con las viviendas de uso turístico.
1. Observaciones previas en relación con las viviendas de uso turístico.
En el artículo 15, "condiciones de emplazamiento en las zonas específicas", de la Modificación de 2013 de Plan
de usos de 2010 - aquí impugnada - se admiten los usos de "vivienda de uso turístico" (HUT), epígrafe T.1,
con la "condición 9".
El artículo 14.9 de la Modificación, en relación con la "condición 9", "baja de licencia de vivienda de uso turístico
en edificios no exclusivos", dispone: "Como condición general sólo se admitirá la implantación de una nueva
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vivienda de uso turístico en caso que se produzca la baja de otra con licencia otorgada al amparo del apartado
5 de la Disposición transitoria primera del Plan de usos de Ciutat Vella aprobado el 17 de junio de 2005. Las
condiciones específicas se regulan en el artículo 21 de la presente normativa".
En el artículo 15 del Plan especial de usos de 2010, relativo a "condiciones de emplazamiento en las zonas
específicas" , se admitían los usos de "vivienda de uso turístico", epígrafe T.1.1., con la "condición 9".
El artículo 14.9 del Plan especial de usos de 2010, bajo el título "renuncia de licencia de vivienda de uso
turístico en edificios no exclusivos (condición 9)", establecía que, "como condición general sólo se admitirá la
implantación de una nueva vivienda de uso turístico en caso que se produzca la renuncia de otra con licencia
otorgada al amparo del apartado 5 de la Disposición transitoria primera del Plan de usos de Ciutat Vella aprobado
el 17 de junio de 2005. Las condiciones específicas se regulan en el artículo 21 de la presente normativa".
Como es de ver, la Modificación de 2013 mantiene la misma regulación por lo que hace a las viviendas de
uso turístico, con la única diferencia que el presupuesto de "renuncia" de otra vivienda con licencia para la
implantación de una nueva vivienda de uso turístico, se sustituye por el presupuesto de "baja" de otra vivienda.
2. Se alega por la actora una vulneración del artículo 35 de la Constitución , que por el contexto de la alegación
puede entenderse referida, realmente, al artículo 38 de la Constitución , con arreglo al cual: "Se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso,
de la planificación".
Considera esa parte que "la única finalidad con la que se ha aprobado la Modificación del Plan especial, respecto
de las viviendas de uso turístico, es impedir el ejercicio legítimo de los ciudadanos en general y de INVESJEL
(en base al artículo 35 (sic) de la Constitución española , por ejemplo) en particular de implantar en el Distrito de
Ciutat Vella estas actividades. Lo cual es una clara contravención de nuestro derecho".
Tiene declarado el Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia núm. 227/1993 de 9 julio , respecto de la
libertad de empresa, como derecho susceptible de una limitación de contenido y restricciones en atención a
la función social de los derechos de contenido patrimonial, propiedad y libertad de empresa:
"En lo que atañe a la última de las impugnaciones generales, la pretendida violación de la libertad de empresa
( art. 38 de la Norma fundamental), en virtud de la preceptiva solicitud de autorización especial ( art. 10 de
la Ley), conviene recordar que es la propia Constitución , en el mismo precepto, la que condiciona el ejercicio
de esa libertad a «las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». Se constata de
este modo, una vez más, la inexistencia en el Derecho constitucional contemporáneo de derechos absolutos
y prevalentes frente a otros derechos fundamentales o de rango constitucional. Pero, además, en un Estado
social y democrático de Derecho, como el que proclama el art. 1 de la Constitución , es lícitamente posible
para el legislador la introducción de límites y restricciones al ejercicio de derechos de contenido patrimonial,
como son los de propiedad y libertad de empresa, por razones derivadas de su función social [ STC 111/1983
] fundamento jurídico 4.º]. En este sentido, la libertad de empresa, junto a su dimensión subjetiva, tiene otra
objetiva e institucional, en cuanto elemento de un determinado sistema económico, y se ejerce dentro de un
marco general configurado por las reglas, tanto estatales como autonómicas, que ordenan la economía de
mercado y, entre ellas, las que tutelan los derechos de los consumidores, preservan el medio ambiente, u
organizan el urbanismo y una adecuada utilización del territorio por todos.
La libertad de empresa , en definitiva, no ampara entre sus contenidos - ni en nuestro ordenamiento ni en otros
semejantes - un derecho incondicionado a la libre instalación de cualesquiera establecimientos comerciales en
cualquier espacio y sin sometimiento alguno al cumplimiento de requisitos y condiciones, haciendo caso omiso
de las distintas normativas -estatales, autonómicas, locales - que disciplinan múltiples aspectos de relevancia
económica como, entre otros, el comercio interior y la ordenación del territorio . Esta queja, por lo demás, ya
ha recibido una detallada motivación de rechazo por parte de este Tribunal en la antes citada STC 225/1993 en
relación con una Ley análoga valenciana".
Al respecto, no puede obviarse que la Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea,
en su artículo 17.1, también dispone que "el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte
necesario para el interés general".
En el apartado 4.3.1 de la memoria de la Modificación de 2013 del Plan de 2010 se dice que "la delimitación de
zonas específicas (ZE) tiene que responder a la agrupación de tejidos urbanos homogéneos que respondan a
una serie de características comunes que permitan su regulación en coherencia con su realidad urbana y social".
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El artículo 8.1 de la Modificación de 2013, que se impugna, establece que "para la aplicación detallada de la
regulación del presente Plan especial se divide el distrito de Ciutat Vella en 11 zonas específicas homogéneas
en función de sus características morfológicas y urbanísticas".
La Modificación de 2013 del Plan de Usos de 2010 - apartado 3.1 - "mantiene los criterios básicos con los que
se fundamentó y desarrolló el planeamiento precedente. El objetivo fundamental del Plan de usos de 2013 es
pues el de equilibrar los usos residenciales, comerciales y turísticos de Ciutat Vella por medio de la regulación
de las actividades de concurrencia pública, teniendo siempre en cuenta las repercusiones sobre el espacio y el
paisaje urbano. Se persigue así el mantenimiento de la masa residencial y la convivencia equilibrada entre los
diferentes usos" , asumiendo, así, la justificación de plan modificado, expresada en su memoria.
Esta justificación ya se recogió, entre otras, en la sentencia firme dictada por esta misma Sala y Sección, en
el recurso contencioso-administrativo número 425/2010, con fecha 12 de junio de 2014 , con remisión a los
concretos apartados de la memoria, en los siguientes términos:
"3.1.1 Datos estructurales de la forma urbana.
Alta densidad de población, 375 habitantes por ha. La media de la densidad de Barcelona es de 158 habitantes
por ha.
Bajo nivel de espacios verdes (6'22 m2/vivienda). La legislación urbanística establece un estándar mínimo de
20 m2 por 100 m2 de techo residencial.
Alto nivel de equipamientos generales (14% de la superficie total). El 33% de la superficie destinada a actividad
cultural de Barcelona se concentra en Ciutat Vella.
Gran densidad de trama viaria (0'45 km de fachada por ha). El Ensanche tiene 0'22 km/ha, lo que supone una
capacidad de encajar establecimientos con frente a la calle muy por encima de la media.
El tejido parcelario procedente de sectores vinculados a antiguos caminos medievales condiciona la
implantación de determinadas actividades que podrían devenir regeneradoras.
3.3.4 Relación de la actividad de concurrencia pública y la población residente.
La actividad de concurrencia pública se dirige básicamente a la población flotante (turismo y actividades
laborales) mucho más que a la residente. Una sencilla comparación con el número de actividades que se
desarrollan en cualquier barrio barcelonés nos cuantificará esta desproporción. Así, por ejemplo, un barrio como
el del Clot, sin distorsión por fenómenos de polaridad turística y laboral, nos da unas cifras próximas a 4'34
actividades por cada mil habitantes de media, mientras que en Ciutat Vella la cifra se alza hasta las 13'62
actividades por cada mil habitantes, llegando en el barrio de Ciutat Vella de Gòtic a las 18'29 actividades por mil
habitantes. Podemos hablar entonces de que la población residente de Ciutat Vella soporta de media tres veces
más volumen de actividades de concurrencia pública que la de otros barrios barceloneses.
3.3.6. El estudio de Barcelona Regional indica una población flotante del orden de 9.534 personas, lo que significa
un 8'55% del conjunto de la población residente. Debe decirse que esta proporción para toda Barcelona es sólo
del orden de 2'04% del conjunto de población residente. La saturación por tanto de las plazas hoteleras del
distrito se hace evidente sólo con este dato.
4-4 Hoteles y viviendas de uso turístico.
Barcelona 1.595.110 habitantes. Ciutat Vella 111.518 habitantes.
Barcelona 47.285 plazas hoteleras. Ciutat Vella, 13.876.
Barcelona 32.485 personas población flotante. Ciutat Vella, 9.534.
Barcelona 1.627.595 residentes más flotante. Ciutat Vella, 121.052.
Relación población/población flotante: Barcelona 2'04%.Ciutat Vella 8'55%.
1.3.2. Ciutat Vella es un claro exponente de la tendencia de crecimiento de la oferta turística, constituyendo el
distrito con mayor proporción de establecimientos turísticos de la ciudad. De acuerdo con un informe reciente,
elaborado por encargo de Turismo de Barcelona (Magma, "Análisis del Impacto del turismo en Ciutat Vella" -
Febrero 20087), la oferta extrahotelera y hotelera del distrito de Ciutat Vella tiene un gran peso dentro de la oferta
de alojamiento de la ciudad. En el distrito se localiza el 55% de la oferta de pensiones, el 41% de las viviendas de
uso turístico y el 35% de los establecimientos hoteleros. Toda esta oferta turística se concentra en un Distrito
que representa un 4'5% de la superficie de toda la ciudad".
Ni la expresada sentencia, número 357/2014, de 12 de junio ; ni otras sentencias de esta misma Sala y Sección,
números 199/2014, de 2 de abril , 431/2014, de 16 de julio , y 620/2014, de 5 de noviembre - todas firmes por
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no haberse dado lugar a los recursos de casación formulados en su contra -, dictadas, respectivamente, en
los recursos número 380/2010, 441/2010, y 442/2010, contra el mismo Plan especial de 2010, no tuvieron por
desvirtuada la realidad del distrito de Ciutat Vella descrita en la memoria del Plan Especial de 2010, en la que se
fundamentó su regulación; rechazándose en todas ellas que dicha regulación vulnerase la libertad de empresa
del artículo 38 de la Constitución , que en aquellos recursos también fue alegada como fundamento de la
pretensión de nulidad del artículo 15, relativo a las condiciones de emplazamiento en zonas específicas, cuya
nulidad desestimaron; argumentándose en la última sentencia reseñada - 620/2014 -, en relación con dicho
artículo que "aparecen como razonables las prohibiciones a la ubicación de determinados establecimientos en
ciertas zonas que se enumeran, como las restricciones impuestas en otros preceptos en función de densidades
o distancias entre ellos (14.2.b) pues, sin perjuicio de reiterar el contenido del artículo 67 de la Carta Municipal, se
trata de evitar su proliferación y concentración en un mismo lugar. Habiendo señalado la jurisprudencia que para
la imposición de tales restricciones tiene competencia la administración local con fundamento en el  artículo
25.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local, relativo a la protección del medio ambiente,
pudiendo establecer limitaciones al respecto no sólo mediante medidas correctoras de los ruidos y vibraciones,
aplicables a cualquier actividad que los produzca, sino también para evitar los efectos aditivos, sin perjuicio de
los de otra naturaleza concurrentes (...)".
En este recurso, la actora no ha presentado prueba alguna para desvirtuar o acreditar una realidad urbanística
y social distinta de la contemplada por el Plan de 2010, a la que se remite la Modificación de 2013 por remisión
a su justificación, con la excepción de la inclusión en el mismo escrito de demanda de una imagen de Google
Maps de la plaza Universidad, de Barcelona, en cuyo número 6 se ubica el inmueble de su propiedad, sobre
establecimientos turísticos existentes, que resulta ilegible, y que en cualquier caso se refiere exclusivamente
a una plaza, omitiendo cualquier referencia al número de establecimientos, no sólo en la zona, barrio y distrito
de ubicación, que es el ámbito de análisis y de regulación del plan especial modificado, sino que ni siquiera
analiza el número de establecimientos que puedan ubicarse en su misma manzana de casas. Nada más se
acredita sobre el número de establecimientos turísticos del distrito de Ciutat Vella, ámbito de la Modificación,
que según la memoria del plan modificado de 2010, en apartado ya transcrito 1.3.2, en ese distrito "se localiza el
55% de la oferta de pensiones, el 41% de las viviendas de uso turístico y el 35% de los establecimientos hoteleros"
de toda la ciudad, valorando que "toda esta oferta turística se concentra en un distrito que representa un 4'5%
de la superficie de toda la ciudad", siendo su espíritu, de acuerdo con la memoria de la Modificación, muy claro
en el sentido de que "no se puede aumentar el número de plazas en un distrito donde la oferta existente es muy
superior a la mediana de los otros distritos barceloneses y pone en peligro el equilibrio entre las necesidades de
la población residente y la población flotante", cuyo objetivo no puede ponerse en cuestión según esta última
memoria.
Un plano de Google Maps de una plaza no justifica la revisión de los hechos recogidos en los expresados
documentos, con fundamento en los estudios relacionados en ellas.
A falta de prueba, esta Sala y Sección no puede tener por desvirtuada la realidad del distrito, descrita en las
sentencias firmes antes reseñadas, en el que se fundamentó y se justificó racionalmente la regulación del
emplazamiento de las actividades de alojamiento turístico de acuerdo con los objetivos de la memoria de
mantenimiento del número de plazas, so pena de incurrir en arbitrariedad por apartarse del criterio seguido en
dichas sentencias sin prueba ni dato objetivo que lo justifique.
Por lo anteriormente expuesto, la actora no ha presentado prueba que desvirtúe la racionalidad de la
justificación de la regulación del uso de viviendas de uso turístico en el Distrito de Ciutat Vell, ni de la
racionalidad de esa regulación; como tampoco acredita que en ese distrito pueda intensificarse tal uso sin
demérito de los objetivos generales del planeamiento, de "mantenimiento de la masa residencial del Distrito y
la convivencia equilibrada entre los diferentes usos urbanos".
3. Arbitrariedad y desviación de poder en la regulación relativa al uso de las viviendas de uso turístico en la
Modificación de 2013 del Plan especial de 2010.
Sostiene la parte actora que la Modificación de 2013 es nula porque mantiene "los vicios y defectos ya
existentes en el Plan especial de Ciutat Vella"; prohíbe el uso de vivienda de uso turístico en ese distrito en
contra de lo previsto en el Decreto 158/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos turísticos y viviendas de
uso turístico, que sólo condiciona su implantación sin impedirla; no guarda coherencia lógica con la realidad
de las características y ubicación del inmueble de la parte actora, en el número 6 de la plaza Universidad de
Barcelona, e incurre en desviación de poder, ya que, al entender de esa parte, la única finalidad de establecer
como presupuesto para el incremento de ese uso la baja de un vivienda de uso turístico para emplazar otra
nueva es evitar reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento.
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Como ya se ha dicho, esta Sala y Sección ya dictó las sentencias antes reseñadas, números 199/2014 ,
357/2014 , 431/2014 y 157/2016 - firmes por no haberse dado lugar a los recursos de casación formulados
en su contra -, que estimaron en parte los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el Plan
especial de usos de 2010, desestimando en todas ellas la pretensión de nulidad de su artículo 15, sobre
"condiciones de emplazamiento en las zonas específicas", en las que, como también se ha dicho, se admitían
los usos de vivienda de uso turístico con la "condición 9"; por lo que, desestimados los recursos interpuestos
contra ese concreto precepto, debe tenerse el mismo por válido, no siendo aceptable, por ello, que se alegue la
continuidad de los "vicios y defectos" del Plan de 2010, en relación con ese artículo 15, como motivo de nulidad
del artículo 15 de la Modificación de ese Plan especial, que mantiene la redacción del anterior por lo que hace
a las viviendas de uso turístico, con las dos únicas diferencias relativas, una, al epígrafe de la actividad, que
pasa de T.1.1 a T.1, y otra, al término "renuncia", que se cambia por "baja" de otra vivienda.
La arbitrariedad de la Administración en la aprobación de la Modificación de 2013 también se fundamenta en
la vulneración del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de
viviendas de uso turístico, que, a criterio de la parte actora, no restringe la implantación de viviendas de uso
turístico en el distrito de Ciutat Vella, lo que contradice la expresada Modificación.
Ya la exposición de motivos del referido Decreto 159/2012, en relación con las viviendas de uso turístico, dice
que "a través del nuevo título II, el presente Decreto establece los parámetros técnicos y de servicio mínimo
propios de la actividad y determina los requisitos para el acceso a la actividad, en el marco de la potestad
municipal de ordenación de los usos y el régimen de propiedad horizontal definido en el Código Civil catalán,
en los supuestos en que sea de aplicación" ; ciñendo, así, su regulación a la prestación de servicio propio de
la vivienda de uso turístico, y excluyendo expresamente de su ámbito la ordenación de los usos del suelo, de
potestad municipal.
Esa motivación se traslada al articulado del Decreto que, en su artículo 68.6 literalmente establece que "el
destino de una vivienda al uso turístico no es posible si está prohibido por la ordenación de usos del sector
donde se encuentre o está prohibida por los estatutos de la comunidad debidamente inscritos en el Registro de la
propiedad en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal" , por lo que el referido Decreto 159/2012
no pretende regular urbanísticamente el uso de la vivienda de uso turístico, sino que se remite a lo dispuesto
en el planeamiento urbanístico para determinar que no podrá admitirse tal uso, aun cuando se adecué a lo
dispuesto en el citado Decreto 159/2012, si no aparece admitido en el planeamiento urbanístico.
Como se ha dicho anteriormente, en este recurso la actora no ha presentado prueba alguna para desvirtuar o
acreditar una realidad urbanística y social distinta de la contemplada por el Plan de 2010, a la que se remite la
Modificación de 2013 por remisión a su justificación, con la excepción de la inclusión en el mismo escrito de
demanda de una imagen de Google Maps de la plaza Universidad, de Barcelona, en cuyo número 6 se ubica el
inmueble de su propiedad, sobre establecimientos turísticos existentes, que resulta ilegible, y que en cualquier
caso se refiere exclusivamente a una plaza, omitiendo cualquier referencia al número de establecimientos, no
sólo en la zona, barrio y distrito de ubicación, que es el ámbito de análisis y de regulación del plan especial
modificado, sino al número de establecimientos que puedan ubicarse en su misma manzana de casas. Nada
más se acredita sobre el número de establecimientos turísticos del distrito de Ciutat Vella, ámbito de la
Modificación, que según la memoria del plan modificado de 2010, en apartado ya transcrito 1.3.2, dice que
en ese distrito "se localiza el 55% de la oferta de pensiones, el 41% de las viviendas de uso turístico y el 35%
de los establecimientos hoteleros" de toda la ciudad, valorando que "toda esta oferta turística se concentra en
un distrito que representa un 4'5% de la superficie de toda la ciudad" , siendo su espíritu muy claro, de acuerdo
con la memoria de la Modificación, en el sentido de que "no se puede aumentar el número de plazas en un
distrito donde la oferta existente es muy superior a la mediana de los otros distritos barceloneses y pone en
peligro el equilibrio entre las necesidades de la población residente y la población flotante", cuyo objetivo no
puede ponerse en cuestión según esta última memoria, y que no puede tenerse por desvirtuado con un croquis
de Google Maps.
Por lo que hace a la alegada desviación de poder, por la que debe entenderse, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Regulación de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ,
"el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenación jurídico".
Sostiene la parte actora que la única finalidad de la Modificación de 2013 es la de evitar reclamaciones
patrimoniales al Ayuntamiento de Barcelona.
De lo expuesto en la memoria del Plan especial de usos de 2010, en los apartados ya transcritos anteriormente,
y en la memoria de la Modificación de 2013 - aquí recurrida -, el espíritu del Plan especial es mantener la
oferta de alojamientos turísticos en un distrito en el que ésta es superior a la media - Ciutat Vella cuenta,
según esa memoria, con el 41% de las viviendas de uso turístico, con una superficie que representa el 4'5%
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de la superficie de la ciudad -, mediante el bloqueo del número total de plazas existentes, estableciendo como
presupuesto, para el emplazamiento de una nueva actividad, la baja de otra actividad, y todo ello con la finalidad
de evitar la sustitución de la población residente en Ciutat Vella por población flotante - la misma demanda
es prueba del fenómeno fáctico de cambio de uso de vivienda a alojamiento turístico en los edificios de
Ciutat Vella, pues en su página 7 se señala que "actualmente, los elementos que conforman el inmueble que es
titularidad de mi representada, se encuentran arrendados, no obstante, esta parte quisiera ampliar legítimamente
los usos posibles previendo un uso turístico de los mismos" - considerando, pues, que la regulación de dicho
Plan especial y su Modificación persiguen un interés público urbanístico, como lo es el mantenimiento de
la población residente del distrito de Ciutat Vella, centro histórico de la ciudad, lo que se muestra conforme
con el artículo 3.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , de aprobación del Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo de Cataluña, con arreglo al cual, "el ejercicio de las competencias urbanísticas tiene que
garantizar, de acuerdo con la ordenación territorial, el objetivo de desarrollo urbanístico sostenible" , tal y como
se declaró en la sentencia firme de esta Sección, 431/2014, entre otras ya reseñadas, en recurso interpuesto
contra el Plan especial de 2010; y que, con arreglo al apartado 1º del citado artículo 3, se define "como la
utilización racional del territorio y el medio ambiente y comporta combinar las necesidades de crecimiento con
la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, a
fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras", lo que ha de comportar, con arreglo
al apartado 2º del mismo artículo, un modelo de ocupación del suelo que favorezca la cohesión social. No
debe obviarse en esta cuestión el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, previsto en el artículo
47 de la Constitución , respecto del cual dicho artículo también dispone que "los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efecto este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" , y que el Distrito de Ciutat
Vella constituyó el ser e identidad de Barcelona desde su fundación hasta el derribo, en el año 1854 - de las
murallas, que coincidían con las "Rondes" - ZE-11 -, pudiéndose bien valorar como legítimo el interés y objetivo
de preservar la vida ciudadana en ese distrito, compatibilizando el uso turístico y otros con el uso de vivienda
por población residente en lo que ha sido la ciudad de Barcelona desde su fundación en la primera década de
nuestra era hasta mediados del siglo XIX.
El objetivo general de la Modificación de 2013, proclamado en el apartado 3.1 de la memoria, es el del
"mantenimiento de la masa residencial del Distrito y la convivencia equilibrada entre los diferentes usos urbanos",
que, por lo expuesto, y a falta de prueba en contrario, se adecúa a los interés públicos urbanísticos de desarrollo
sostenible previstos en el artículo 3 del Texto Refundido, pues la parte actora no ha presentado prueba - ya se
ha comentado el único medio probatorio aportado por la actora - acreditativa de que la única finalidad de la
Modificación del Plan de usos de 2010, respecto de las viviendas de uso turístico, sea evitar reclamaciones
patrimoniales, alegada por esa parte, lo que nos lleva a desestimar la pretensión de nulidad por desviación
de poder.
4. Alega la actora que la Modificación de 2013 no toma en consideración la diversidad de realidades
urbanísticas y sociales que se dan en el distrito de Ciutat Vella.
Como ya se ha explicado, la Modificación de 2013 hace remisión a la justificación y fundamento del mismo
Plan de uso de 2010, en cuya memoria se describe esa realidad urbanística y social del distrito, analizándola
mediante la división del distrito en zonas y barrios a efectos de estudio. Sentencias firmes dictadas por
esta misma Sección en recursos formulados contra el Plan de usos de 2010, ya reseñadas, no consideraron
desvirtuada esa realidad en declaración fáctica de la memoria, que tampoco puede ser revisada en este recurso
habida cuenta que, como se ha expuesto, la parte actora únicamente ha presentado como prueba un croquis
de la plaza Universidad, de Barcelona, inserto en su escrito de demanda, que, además, resulta ilegible, como
se puede comprobar.
Por otra parte, la Modificación de 2013 dice mantener el objetivo del Plan de usos de 2010, de "mantenimiento
de la masa residencial del Distrito y la convivencia equilibrada entre los diferentes usos urbanos", y sea cual
sea el número de actividades de alojamiento turístico que se den en el ámbito del referido croquis - ilegible -
no se presenta prueba que reste importancia a la consecución de esos objetivos en un distrito en el que se
emplaza el 41% de las viviendas de uso turístico de Barcelona, con una superficie que sólo alcanza el 4'5%
de su territorio municipal, ni que, caso de que pudiera aumentarse el número de viviendas de uso turístico sin
demérito de ese objetivo, ese aumento deba producirse en la zona y finca de la parte actora.
5. Se alega por la actora que la regulación de usos del suelo de la finca de su propiedad, en cuanto a su uso
como vivienda de uso turístico, que, según esa parte, no se da en lado de la plaza que confronta con la finca, ya
ubicada en el distrito colindante del Eixample, merece la consideración de vinculación singular determinante
de la nulidad de la Modificación de 2013.
7
JURISPRUDENCIA
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, de la Ley
del Suelo , "las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos
respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no
sea susceptible de distribución equitativa", son causa de indemnización, que no de nulidad del planeamiento.
En cualquier caso, no puede aceptarse que la regulación de la Modificación de 2013 del Plan de usos de 2010
suponga una vinculación singular o limitación de la finca de la actora, ya que, como se desprende del artículo
15, "condiciones de emplazamiento en las zonas específicas" , de la referida Modificación, la regulación relativa
al uso de vivienda de uso turístico es común y uniforme en todo el Distrito de Ciutat Vella; no dándose, por ello,
las circunstancias recogidas en la sentencia citada por la actora en su demanda, dictada por la Sección 5ª de
la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en recurso de casación núm. 8.906/1999, con fecha 4 de abril de 2003 , de un
estatus jurídico urbanístico propio y específico de la parcela en cuestión que no se ajusta a ningún otro de su
entorno, por lo que la regulación de usos de la Modificación respecto de esa parcela no puede considerarse
excepcional, sino común y general a todas las parcelas del distrito, sin que, por otra parte, se haya presentado
prueba acerca de la realidad urbanística y social del distrito de Eixample, ni de su similitud con la del distrito de
Ciutat Vella, que permita tomar en consideración la posibilidad de un tratamiento discriminatorio y arbitrario
para este último, que ni se alega por la actora, ni puede presumirse sin prueba - no se ha aportado ninguna
al respecto.
6. Pretende la parte actora que se anule y deje sin efecto el plazo de 6 años previsto en la Disposición Adicional
Primera de la Modificación del 2013 del Plan de usos de 2010, en atención a que "condena a aquellos vecinos
de edificios en los que también se ubican viviendas de uso turístico a sufrir las molestias causadas por compartir
en un mismo espacio las dinámicas y ritmos de vida que puede llevar un turista" .
La Disposición Adicional Primera es del tenor literal siguiente:
"Se extinguirán las licencias para viviendas de uso turístico (actualmente reguladas de acuerdo con las
autorizaciones otorgadas al amparo del apartado 5 de la Disposición transitoria primera del Plan de usos de
Ciutat Vella aprobado el 17 de junio de 2005), que en un período de seis años, a contar desde la aprobación
definitiva de la presente modificación del Plan especial, no se hayan agrupado en edificios enteros o en edificios
con otros usos que no sean de vivienda según las condiciones del artículo 21".
Esta cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala y Sección, en sentencias números 323, de 29 de mayo de 2017
- f.j. 5º -, dictada en el recurso ordinario número 261/2013, y en sentencia número 371, de 12 de junio de 2017
- f.j. 5º -, dictada en el recurso ordinario número 254/2013, seguidos ambos contra la misma Modificación de
2013, con los argumentos que se exponen a continuación:
"El gerente adjunto de urbanismo y la gerente del Distrito de Ciutat Vella, ya informaron el 11 de julio de
2013 - apartado 14.3, página 171 de la pieza correspondiente del expediente administrativo -, a favor de la
indemnización a los titulares por la extinción de las licencias para viviendas de uso turístico por virtud de la
expresada disposición adicional primera del Plan especial de 2013.
Según ese informe, la Disposición Adicional Primera "determina expresamente un plazo máximo de seis [años]
para adaptarse a las nuevas condiciones de implantación de las actividades, y en caso de no hacerlo se determina
la extinción de las licencias o títulos habilitantes", concluyendo el informe que "una determinación de esta
naturaleza, donde pese evidenciar la incompatibilidad del uso con la nueva regulación efectuada, ni se deja
pervivir el derecho hasta su extinción natural, ni se prevén mecanismos para su extinción (mediante expropiación
o reparcelación), hay que entender que entra de lleno en los supuestos indemnizatorios que regula el artículo 35
del Texto refundido de la Ley del suelo (RDL 2/2008, de 20 de junio )".
El citado artículo 35 c) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , de aprobación de la Ley del Suelo,
dispone que "dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que
resulten de los siguientes supuestos: ... c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o
urbanística".
No cabe duda, pues, que la extinción de los títulos habilitantes de obras y actividades por cambio del
planeamiento urbanístico da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios que deriven de esa extinción; por
lo que, a la vista del informe de los técnicos municipales y del citado artículo, ni podía aprobarse la Disposición
Adicional Primera en los términos en los que lo fue, ni ahora puede mantenerse su validez.
Por otra parte, los artículos 108.1 del Decreto Legislativo 1/2010 , y 119.4 del Decreto 305/2006 , citados por
la representación del Ayuntamiento de Barcelona en la contestación de 2014, tampoco justifican la extinción
automática del título habilitante, sin procedimiento previo de expropiación ni reparcelación, en el ámbito
8
JURISPRUDENCIA
urbanístico, ni de revocación en el procedimiento general, y señalamiento de una compensación o indemnización
a favor del titular de la licencia extinguida.
Dispone el artículo 108.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , de aprobación del Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que "quedan fuera de ordenación con las limitaciones señaladas por los
apartados 2 y 3, las construcciones, instalaciones y los usos que, por razón de la aprobación del planeamiento
urbanístico, queden sujetos a expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese".
Como es de ver, los usos contrarios al nuevo planeamiento que ordena su cese quedan en situación de fuera de
ordenación con las limitaciones que se señalan en el citado artículo, que no incluye la extinción automática del
título habilitante de los usos preexistentes e incompatibles con el nuevo planeamiento por la entrada en vigor
del mismo.
Por su parte, el artículo 119.4 dispone literalmente:
"Los usos preexistentes a un nuevo planeamiento urbanístico que no sean conformes con el régimen de usos
que éste establece, se consideran en situación de fuera de ordenación cuando el nuevo planeamiento los declare
incompatibles y los sujete a cese de forma expresa. Los usos en situación de fuera de ordenación no pueden
ser objeto de cambios de titularidad ni de renovación de las licencias de uso u otras autorizaciones sometidas a
plazo, habiéndose de acordar, en estos supuestos, su cese inmediato. Cuando la autorización de estos usos no
está sometida a plazo, se puede proceder a la revocación de las autorizaciones correspondientes, sin perjuicio
de las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con la legislación aplicable".
Este precepto tampoco ampara la extinción del título habilitante por la declaración de incompatibilidad y cese
del uso por el nuevo planeamiento, sino todo lo contrario; pues, para el caso de cese por situación de fuera de
ordenación, prevé expresamente la revocación del título sin perjuicio de la indemnización que corresponda. En
cualquier caso, no prevé la extinción del título habilitante por disposición directa del planeamiento, sin previa
revocación y determinación de la indemnización correspondiente.
Lo expuesto lleva al Tribunal a estimar este motivo de recurso y declarar la nulidad de la Disposición Adicional
Primera del Plan especial de 2013".
La parte actora no pretende la nulidad de la Disposición Adicional Primera en su integridad, sino sólo por lo que
hace al plazo de seis años; por lo que, de estimarse su demanda, las licencias para viviendas de uso turístico
se extinguirán a la fecha de entrada en vigor de la Modificación de 2013 del Plan especial de usos de 2010,
pese a que, por lo expuesto, dicha Disposición es contraria a derecho y nula.
Esta sentencia no puede declarar la nulidad de la Disposición Adicional Primera por la debida congruencia que
debe mantener con las pretensiones de las partes, que no incluyen la petición de su nulidad; pero siendo la
Disposición contraria a derecho y nula, tampoco puede acceder a declarar la nulidad únicamente del plazo
de seis años, lo que tendría como consecuencia inevitable la extinción ipso iure de las licencias a la fecha de
entrada en vigor de la Disposición Adicional Primera, pese a su nulidad.
Por ello, procede dictar sentencia desestimando esta pretensión.
7. Sí que se pretenda en la demanda la declaración de nulidad de los artículos de la Modificación de 2013
del Plan de usos de 2010 que hagan referencia a la previa renuncia o baja de licencias de actividades de uso
turístico anteriores ya existentes para solicitar una nueva licencia, con fundamento en las sentencias de esta
misma Sala y Sección, números 199, de 2 de abril de 2014 , y 620, de 5 de noviembre de 2014 .
Los artículos a que se hace referencia son el 14.9, 15 y 21, respecto de la actividad de epígrafe T.1, viviendas
de uso turístico (HUT), en relación a las cuales se dispone son "admitidas con la condición 9".
El artículo 14.9 de la Modificación, con el título "baja de licencia de viviendas de uso turístico en edificios no
exclusivos (condición 9)" , dispone:
"Como condición general sólo se admitirá la implantación de una nueva vivienda de uso turístico caso que se
produzca la baja de otra con licencia otorgada al amparo del apartado 5 de la Disposición transitoria primera
del Plan de usos de Ciutat Vella aprobado el 17 de junio de 2005. Las condiciones específicas se regulan en el
artículo 21 de la presente normativa".
En las sentencias invocadas por la actora como fundamento de su pretensión se declaró lo siguiente:
"Sabido es que, a salvo los supuestos de licencias provisionales o a precario, la obligatoriedad de los planes
implica que el uso de los predios no podrá apartarse del destino previsto en ellos, debiendo por tanto otorgarse
o denegarse las licencias con carácter general de forma reglada, según que la actuación que se pretenda llevar a
cabo resulte adaptada o no a la ordenación urbanística, como previene el artículo 180.1 del Decreto Legislativo
9
JURISPRUDENCIA
1/2005, de 26 de julio . Carácter reglado que constituye un importante límite incluso para la característica
discrecionalidad administrativa de planeamiento, impidiendo que el ordenamiento contenga preceptos tan vagos
o vaporosos que subrepticiamente introduzcan elementos discrecionales en la decisión de que se trata, sin
perjuicio de la licitud de la utilización en algún caso de los llamados conceptos jurídicos indeterminados, en
cuanto estos, a diferencia de aquélla, sólo admiten una única solución justa. Con reiteración que excusa de toda
cita viene declarando en tal sentido el Tribunal Supremo que la licencia urbanística es un acto administrativo
de autorización reglada por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el
administrado, verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público, tal como han quedado plasmadas
en la ordenación vigente, pues, si es ésta la que determina el contenido del derecho de propiedad, es claro
que este derecho ha de ejercitarse dentro de los límites y con cumplimiento de los deberes establecidos por el
ordenamiento urbanístico, siendo la licencia de que se trata de naturaleza rigurosamente reglada, constituyendo
un acto debido, en cuanto necesariamente debe otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se
adapte o no a la ordenación aplicable.
Pues bien, la exigencia contenida en el plan especial referida a la previa renuncia a una o varias licencias de
actividades anteriores ya existentes en la misma zona para poder solicitar una nueva, representa una ilícita
intromisión tendente a la exigencia de extinción de derechos adquiridos regladamente con arreglo a la normativa
anterior, derechos que han pasado a formar parte del patrimonio de los interesados, a quienes ahora se impone,
sin habilitación alguna para ello ni desde el punto de vista de la normativa de planeamiento ni de la restante
normativa de aplicación, la obligación de renunciar a licencias legalmente adquiridas para poder solicitar y
obtener una nueva, cuando existen otros mecanismos urbanísticos para conseguir limitar o reducir el exceso de
establecimientos de que se trata en el distrito de Ciutat Vella".
La representación del Ayuntamiento de Barcelona se opuso a tal pretensión, argumentando lo que sigue:
"La alegación no puede prosperar ya que se ha producido una diferencia sustancial en la regulación contenida
en el Plan de usos de 2010 y el de 2013. Si en los artículos anulados del Plan de 2010 la condición exigía la
renuncia a una licencia anterior plenamente vigente, la regulación actual lo que exige es una baja. Renuncia
y baja son dos conceptos totalmente diferentes del carácter reglado de las licencias, en cuanto se obliga a
renunciar a un derecho adquirido plenamente eficaz y en funcionamiento para poder obtener una nueva licencia
en otro emplazamiento pese a reunir todos los requisitos objetivos exigidos por la normativa, introduciéndose
un componente subjetivo que pugna con el carácter reglado de la licencias. Pero no así el concepto de baja, en
cuanto lo que supone es incorporar un nuevo parámetro objetivo de densidad en los determinados subsectores,
como es un máximo de viviendas de uso turístico coincidente con los existentes, que es el tope máximo
establecido dada la saturación de los sectores que integren el Distrito de Ciutat Vella. Se trata de un parámetro
de densidad totalmente objetivo y que no puede ir en contra del carácter reglado de las licencias, ya que es
precisamente una de las reglas exigidas para obtener la licencia, no superar el parámetro de densidad".
Dispone el artículo 36.1 del Decreto 305/2006, de 18 de julio , que aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo, que " la intensidad de los usos depende del número de establecimientos por unidad de superficie o
de la densidad del uso residencial, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico".
No se ha cuestionado por la parte actora el parámetro de densidad de uso utilizado en el Plan de usos de 2010
y en su Modificación de 2013, sino el presupuesto de la baja de una licencia de vivienda de uso turístico para
la admisión de una nueva actividad de vivienda de uso turístico.
El artículo 14.9 de la Modificación se remite a su artículo 21, en cuyo apartado a), párrafos 2 a 4, se dispone:
"Este supuesto sólo se admitirá en el caso que se produzca el cese de un número igual de autorizaciones
existentes al amparo del apartado 5 de la Disposición transitoria primera del Plan de usos de Ciutat Vella
aprobado el 17 de junio de 2005.
En consecuencia, por cada solicitud de autorización para la implantación de una nueva vivienda de uso turístico
se tendrá que aportar la baja de una autorización de las existentes.
Esta baja tendrá que estar formalizada por el titular de la autorización y, en el caso que éste no sea el propietario
de la vivienda, también por éste".
Cierto es que la Modificación de 2013, como antes el Plan de usos de 2010, bloquean el número de viviendas
de uso turístico en el Distrito requiriendo la renuncia, y ahora baja, de otra licencia existente, a fin de evitar el
incremento de esa actividad, al considerar que la intensidad del uso debe corresponderse con el número de
actividades efectivamente vigentes en el Distrito, y que se recoja en el listado de actividades de la Disposición
Final Segunda; pero, como también se preveía en el Plan de usos de 2010, la baja de licencia que establece
como presupuesto para la implantación de otra actividad es la resultante de la renuncia de la licencia, pues
10
JURISPRUDENCIA
con la solicitud de licencia se requiere la baja de una autorización existente, formalizada por el titular y, en su
caso, también por el propietario, si son personas distintas.
El requerimiento para la concesión de una nueva licencia de esta baja, formalizada por el titular y propietario
de la vivienda de uso turístico, es nula por las mismas razones expresadas en la sentencia, ya reseñada y
transcrita, 199/2014 .
Por lo que hace al artículo 15 de la Modificación, relativo a "condiciones de emplazamiento en las zonas
específicas" , procede anular los apartados en los que se subordina la admisión del uso de viviendas de uso
turístico al cumplimiento del presupuesto previsto en el artículo 14.9, "condición 9". Toda vez que el precepto
admite el uso sólo en el supuesto que se dé el presupuesto del citado precepto, 14.9, y que, consiguientemente,
inadmite tal uso caso que no se dé el expresado presupuesto; no dándose el mismo por la nulidad del apartado
9 del artículo 14, debe entenderse que el uso de vivienda de uso turístico no es admisible en el distrito de
Ciutat Vella, sentido que debe darse a dicho artículo en los apartados correspondientes, en atención a que,
dada la inexistencia del presupuesto de admisión del uso de vivienda de uso turístico, el espíritu y finalidad del
precepto única y exclusivamente puede ser el de inadmisión.
8. Razón imperiosa de interés general.
Sostiene la actora que la Modificación de 2013 del Plan de usos de 2010 no puede restringir el uso de vivienda
de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, porque no ha justificado un razón imperiosa de interés general
para hacerlo.
La Modificación de 2013 no regula la actividad de vivienda de uso turístico, siendo su propósito regular la
intensidad del uso del suelo urbano en el distrito de Ciutat Vella para vivienda de uso turístico, al amparo
del artículo 67.2 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona , con arreglo
al cual, "los planes especiales de usos tiene como objetivo ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos,
medioambientales y sobre el patrimonio urbano que las actividades producen en el territorio mediante la
regulación de su intensidad y las condiciones físicas de su desarrollo en función de las distancias, el tipo de vía
urbana y circunstancias análogas".
La justificación de una razón imperiosa de interés general aparece contemplada en la Directiva 123/2006/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior (Directiva de servicios), para supeditar a una autorización el acceso a una actividad de servicios.
En sentencia de esta misma Sala y Sección, número 357, de 12 de junio de 2014 , dictada en recurso ordinario
número 425/2010, interpuesto contra el Plan especial de 2010 - el recurso de casación contra la cual fue
desestimado por sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 5ª, de 8 de marzo de 2016, dictada en el
recurso de casación número 2814/2014 -, ya se pronunció sobre la inaplicabilidad de la expresada Directiva
2006/123/CE al referido Plan especial de 2010, de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otros
servicios del Distrito de Ciutat Vella, declarando literalmente:
"La citada Directiva no es de aplicación al urbanismo de conformidad con su considerando noveno, según el cual:
<< La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su
ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio,
urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no
cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad de servicio
pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que
por los particulares en su capacidad privada>>.
Como resulta de su literalidad y del espíritu de la Directiva expresado en sus otros considerandos y en su
contenido normativo, ésta es aplicable a los requisitos relativos al establecimiento de una actividad de servicio y/
o a su ejercicio, siendo su finalidad la de eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de
los prestadores en los Estados miembros - considerando (5) -, implicando esta libertad, en concreto, el principio
de igualdad de trato, que prohíbe no solo toda discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro,
sino también toda discriminación indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo
resultado - considerando (65).
El Plan Especial no persigue regular los requisitos de establecimiento de una actividad hotelera o su ejercicio,
sino la intensidad del uso del suelo de un distrito de la ciudad de Barcelona, el de Ciutat Vella, para la
actividad hotelera, entre otras, con la finalidad de compatibilizar ese uso con el uso residencial y con otros usos
comerciales al servicio de los residentes, y evitar el desplazamiento de la población residente a otros distritos
con el consiguiente abandono de Ciutat Vella por los residentes, pero sin incidir ni en el establecimiento ni en el
ejercicio de la actividad, ni hacer requerimientos que puedan discriminar directa o indirectamente a nacionales
11
JURISPRUDENCIA
de otros Estados miembros de la Unión Europea, toda vez que las normas del Plan Especial sobre uso del suelo
son aplicables a cualquier persona sin distinción alguna por razón de nacionalidad o estado de establecimiento.
Las sensibles materias que regula el plan especial de autos quedan fuera de la regulación tanto en la indicada
directiva como, en cuanto traspone parcialmente la misma al derecho interno, de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ciertamente, el plan especial ordena
ciertos establecimientos que está capacitado para regular y en cuya regulación puede afectar a servicios o
actividades comprendidos dentro del ámbito de la directiva, pero la regulación que se contiene en el plan especial
se hace más intensa y patente desde el ámbito del urbanismo (excluido de la aplicación de la directiva), que
desde el ámbito del uso o servicio considerado en su estricto sentido, pues no regula el ordinario funcionamiento
de estos ni su autorización administrativa, sino ciertas condiciones previas o colaterales a su establecimiento
urbanístico, tratando de evitar su excesiva y urbanísticamente nociva proliferación, del mismo modo que el
planeamiento regula otros elementos por la vía de la fijación de estándares u otros procedimientos. Es decir, el
plan especial de autos regula la implantación urbanística de los hoteles y restantes establecimientos a que se
refiere, pero no la actividad en ellos a desarrollar en su sentido estricto ni sus condiciones de funcionamiento
posterior.
Siendo ello así, deben decaer los argumentos contenidos en la demanda relacionados con el incumplimiento por
parte del plan especial de la indicada directa o de la ley 17/2009, de 23 de noviembre, en cuando la traspuso
parcialmente al derecho interno español".
Esta sentencia no aparece contradicha por la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala primera, caso
Eric Libert y otros contra Couvernement flamand, de 8 de marzo de 2013, en la que se declaró:
"107. En estas circunstancias, ha de declararse que la Directiva 2006/123 no se aplica a una normativa como el
Decreto flamenco ..." , y en ello en relación con un Decreto flamenco, que, según el propio Tribunal, "persigue
objetivos de ordenación del territorio y de vivienda social" , pues, con arreglo al apartado 51 de la misma
sentencia, "el régimen establecido por el artículo 5 del Decreto flamenco tiene por objeto garantizar una oferta
de vivienda suficiente a las personas con escasos ingresos o a otras categorías desfavorecidas de la población
local".
Como se ha explicado más arriba, según la memoria, " el objetivo fundamental del Plan de usos de 2013
es entonces el de equilibrar los usos residenciales, comerciales y turísticos de Ciutat Vella por medio de la
regulación de las actividades de concurrencia pública, teniendo siempre en cuenta las repercusiones sobre el
espacio y el paisaje urbano. Se persigue así el mantenimiento de la masa residencial del Distrito y la convivencia
equilibrada entre los diferentes usos urbanos".
En cualquier caso, conviene recordar el objeto y finalidad de la Modificación de 2013, que mantiene el del
Plan de 2010, de "mantenimiento de la masa residencial del Distrito y la convivencia equilibrada entre los usos
urbanos", que aparece racionalmente justificado en atención a las circunstancias concretas del Distrito, ya
explicadas reiteradamente, y a la necesidad, por una parte, de preservar un stock de edificios para el uso de
vivienda y otros usos - oficinas, despachos, comercio ...-, evitando su abandono por los residentes, sea cual sea
su nacionalidad, por causa de la incompatibilidad entre su modo de vida, orientado al trabajo, la formación y la
vida íntima y familiar en su sentido amplio, y el de los visitantes, orientando al ocio, cualquiera que sea también
la nacionalidad de estos últimos; y evitando la expulsión de los residentes del distrito por la implantación sin
límite de actividades de alojamiento turístico; así como, por otra parte, en consideración al interés legítimo por
conservar la vida ciudadana, y no sólo turística, buscando el objetivo declarado en la memoria, de equilibrio
entre usos, en el distrito de Ciutat Vella, cuya delimitación - Rondes, ZE-11 - se corresponde con la de la ciudad
de Barcelona desde su fundación en la primera década de nuestra era hasta el derribo, en 1854, de las murallas,
de ubicación coincidente con las Rondes, y que sigue constituyendo el ser e identidad de la ciudad, siendo,
éstos, objetivos legítimos del planeamiento, que responden a un modelo de ciudad admisible en el ejercicio
de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico.
9. También se alega que, en este caso, "la fuerza normativa de lo fáctico" , en referencia a la ubicación y
características del inmueble de la parte actora, limita la potestad discrecional de planeamiento hasta el punto
de excluirla en relación con dicho inmueble, respecto del cual, al entender de esa parte, debe admitirse sin
limitaciones el uso de vivienda de uso turístico.
Se ha comentado que el en la memoria de la Modificación - 4.3.1 - se dice que "la delimitación de zonas
específicas (ZE) tiene que responder a la agrupación de tejidos urbanos homogéneos que respondan a una serie
de características comunes que permitan su regulación en coherencia con su realidad urbana y social".
12
JURISPRUDENCIA
El artículo 8.1 de la Modificación dispone que, "para la aplicación detallada de la regulación del presente
Plan especial se divide el distrito de Ciutat Vella en 11 zonas específicas homogéneas en función de sus
características morfológicas y urbanísticas".
Por tanto, la regulación de la Modificación del plan especial urbanístico, que se aprueba en aplicación del
artículo 67.2 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona , con arreglo al
cual , "los planes especiales de usos tienen como objetivo ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos,
medioambientales y sobre el patrimonio urbano que las actividades producen en el territorio, mediante la
regulación de su intensidad y las condiciones físicas de su desarrollo en función de las distancias, el tipo de
vía urbana y circunstancias análogas", tiene por objeto regular la intensidad de usos en el distrito de Ciutat
Vella, tomando en consideración las zonas que delimita en función de características urbanísticas y sociales
comunes, y no en función de las características y ubicación de un concreto inmueble.
Se ha dicho que la actora sólo ha presentado como prueba un croquis ilegible de la plaza Universidad de Google
Maps, que no permite tener por desvirtuado el diagnóstico que se hace en la Memoria de su zona de ubicación,
barrio y distrito, a lo que cabe añadir que el objeto del plan especial por su naturaleza urbanística no es regular
la prestación de un servicio y las características que debe reunir el establecimiento en el que se vaya a prestar,
sino, como se ha dicho, la intensidad de usos, en este caso, de alojamiento turístico, para lo que se toma en
consideración todo un distrito y no sólo un inmueble.
Además, en este caso, la fuerza de lo fáctico, la fuerza de lo realmente existente, no es favorable al cambio
de uso en el marco de la Modificación del plan especial, pues en la demanda se reconoce que el edificio
actualmente está destinado a arrendamiento de viviendas para residentes, lo que revela su adecuación a tal fin,
no siendo contraria a tal realidad la regulación del uso en la Modificación, en atención al objetivo proclamado
de mantener la masa residencial.
10. La pretensión de nulidad de la Modificación de 2013, por lo que hace a las viviendas de uso turístico,
se fundamenta igualmente en una vulneración del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la
Constitución , por "la previsión relativa a la aprobación de un futuro instrumento de planeamiento para regular la
concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico que se contiene en la Modificación del plan especial".
La futura aprobación de un planeamiento urbanístico que abarque toda la ciudad de Barcelona en relación con
las viviendas de uso turístico no se prevé en el articulado de la Modificación de 2013, sino en la memoria en
relación con las viviendas de uso turístico.
La previsión de un futuro planeamiento de ámbito municipal no vulnera el principio de seguridad jurídica,
que resulta garantizado por la vigencia y aplicabilidad de la Modificación de 2013 del plan de usos desde
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 16 de septiembre de 2013 hasta su
derogación, se produzca ésta por otro instrumento con el mismo ámbito o con ámbito superior, vinculando
dicha Modificación a la Administración y a los interesados, que pueden conocer con certeza el contenido y
límites de su derecho de propiedad - artículo 5.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , con arreglo
al cual, "en el marco de la legislación aplicable en materia de suelo, el ejercicio de las facultades urbanísticas
del derecho de propiedad se tiene que sujetar al principio de la función social de este derecho, dentro de los
límites impuestos por la legislación y el planeamiento urbanísticos y cumpliendo los deberes fijados por éstos"
-, y de los usos a que pueden destinar sus fincas y edificios de conformidad con la literalidad del articulado
de la Modificación y del pronunciamiento de las sentencias que recaigan en los recursos formulados contra
esa Modificación, o en recursos contra sus actos de aplicación en los que se impugne indirectamente la
Modificación.
CUARTO .- La nulidad de la Modificación de 2013 del Plan de usos de Ciutat Vella de 2010 también se pretende
en relación con la regulación del uso urbanístico de apartamentos turísticos.
El artículo 15.14 del Plan de usos de 2010, en relación con la zona específica ZE-11, "Rondes", donde se ubica
el inmueble de la parte actora, disponía para los establecimientos del epígrafe H.3 - apartamentos turísticos
- que estaban "admitidos con la condición 2b (densidad compatibilizada con establecimientos de los epígrafes
H y P/número máximo de establecimientos: 4) y la condición 7 u 8".
El artículo 14.7, bajo el título "condición de renuncia de licencia actual equivalente en número de plazas de uso
hotelero (condición 7)", disponía que "los nuevos establecimientos se admitirán siempre y cuando se aporte
renuncia de una o más licencias del mismo titular respecto de actividad o actividades hoteleras (epígrafe H y P)
que se desarrolle/n en el ámbito territorial del distrito de Ciutat Vella, sea cual sea la zona específica en que se
ubiquen. La regulación detallada de esta condición se establece en la Sección 5ª del capítulo IV de la presente
normativa".
13
JURISPRUDENCIA
El artículo 14.8, bajo el título "admisión de remodelación con ampliación de uso hotelero con renuncia de licencia
actual equivalente en número de plazas de uso hotelero (condición 8)" , disponía que "se admite la remodelación
de uso hotelero con aumento de superficie en aquellos establecimientos de los epígrafes H y P para mejorar las
condiciones de prestación del servicio. La remodelación y ampliación puede suponer el incremento de plazas
hoteleras siempre que se efectúe la renuncia de una o varias licencias del mismo titular de los epígrafes H y P
con nombre de plazas hoteleras iguales o superiores al incremento proyectado. La regulación detallada de esta
condición se establece en la Sección 5ª del capítulo IV de la presente normativa".
La Modificación de 2013 del Plan de usos de 2010 en su artículo 15.29, relativo a la zona específica Z-11,
"Rondes", dispone que el uso con epígrafe AT.1 - apartamentos turísticos - no es admitido.
Se alega para fundamentar la petición de nulidad de la modificación del artículo 15 en con el uso de
apartamento turístico en la ZE-11, "Rondes", que no se explicita la justificación o motivación de tal modificación,
con la consiguiente indefensión para los interesados a quienes se les impide conocerla, y, en su caso,
impugnarla.
La disposición final segunda del Plan de usos de 2010, preveía "para facilitar el seguimiento de la implantación
de este Plan especial", que se creara "el censo de establecimientos de pública concurrencia de Distrito,
informatizado y actualizado en el que figuren todos los datos referentes a licencias y comunicaciones de
actividades vigentes".
En la memoria de la Modificación de 2013 del Plan especial de usos de 2010 - apartado 4.1.5 - se recoge:
"Según Decreto de alcaldía de 2 de noviembre de 2010 se expuso al público la aprobación inicial del censo y
la base de datos de los establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades del distrito de
Ciutat Vella; BOPB de 18/11/2010; se entiende que el censo quedaba aprobado definitivamente a los 20 días de
su publicación. El contenido del censo de noviembre de 2010 incorpora el epígrafe de su actividad de acuerdo
con la nueva nomenclatura del Plan de usos de 2010 y la coordenada geográfica UTM de su emplazamiento".
En un cuadro de ese apartado de la Memoria, 4.1.5, se recoge un resumen de actividades por epígrafes en
2010, correspondiente al expresado censo de noviembre de 2010, del que resulta que en el distrito de Ciutat
Vella no aparecía vigente ninguna actividad de epígrafe H.3, apartamento turístico, de lo que cabe inferir que
los interesados en ese Distrito, incluida la aquí parte actora, habían optado por otro tipo de actividades de
alojamiento turístico, principalmente hoteleras y de viviendas de uso turístico, u otras actividades como el
arrendamiento de viviendas - caso de la actora.
La actora no ha presentado prueba que demuestre que en noviembre de 2010 había alguna actividad de
apartamento turístico en la ZE-11, "Rondes", o que la hubiera a la fecha de aprobación definitiva de la
Modificación, el 24 de julio de 2013.
Como se ha dicho, por transcripción del precepto en cuestión, el artículo 15.14 de la Modificación admitía el
uso epígrafe H.3, apartamento turístico, en la ZE-11, "Rondes", con las "condiciones 7 u 8", reguladas en los
apartados del mismo orden del artículo 14, en los que se establecía como presupuesto para la implantación o
ampliación de una actividad de epígrafes H y P, la renuncia de una o más licencias de la misma actividad en
el primer caso, y de licencias con número igual o superior al proyectado en caso de ampliación de plazas.
Al no constar licencias de apartamento turístico, H.3, en el distrito, la Modificación de 2013 del Plan especial
de 2010 no modifica el artículo 15 en relación con esa actividad, sino que adecúa la regulación del uso de
conformidad con el Plan de usos de 2010, que lo admitía con la renuncia de otras licencias, a la realidad del
distrito en el que los interesados no habían optado por licencias de apartamento turístico, sino de actividades
hotelería y de viviendas de uso turístico; y por tanto, en ausencia del presupuesto previsto en el artículo 14,
apartados 7 y 8, de renuncia a otras licencias - pues no aparecía ninguna vigente, ni se ha probado lo contrario
-, no podía implantarse nuevas actividades de conformidad con el Plan de usos de 2010.
Por lo expuesto, no hay modificación efectiva de la regulación por el Plan de usos de 2010 del uso de
apartamento turístico, AT.1; pues, en ese Plan de usos, la implantación y ampliación de esas actividades se
subordinaban al presupuesto de renuncia de otras licencias, el cual no podía cumplirse, ni dar lugar a una
nueva implantación o ampliación de actividades, por la inexistencia de licencias, lo que se mantiene en la
Modificación de 2013.
En la memoria de la Modificación de 2013 se ofrecen los datos objetivos en los que se fundamenta la
Modificación formal, terminológica, aun cuando no de fondo, de la regulación del uso de apartamento turístico,
que esa Modificación no restringe, por cuanto tampoco el uso de apartamento turístico tampoco se podía
implantar de nuevo ni ampliar en ejecución del Plan de usos de 2010.
14
JURISPRUDENCIA
La parte actora estará disconforme con esa regulación, que mantiene la del Plan de usos de 2010; siendo de
su interés - en contra de la regulación de la Modificación y del Plan de usos de 2010 -, la nueva implantación
de actividades de apartamento turístico en el distrito de Ciutat Vella, pero no puede prosperar la alegación de
falta de motivación y justificación de esa regulación, pues, de los datos objetivos expresados en la Memoria,
se infiere claramente que la Modificación mantiene, en este extremo, la regulación del Plan especial de usos
de 2010.
Respecto de la vulneración por la Modificación de 2013, en relación con los apartamentos turísticos, de la
libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución española , debemos remitirnos a lo ya dicho para
rechazar esa misma vulneración en relación con las viviendas de uso turístico, por ser extensible y aplicable
la misma argumentación a los apartamentos turísticos; siendo de señalar, como se ha expuesto en relación
con la Directiva 2006,123/CE, de servicios en el mercado interior, que los objetivos del Plan especial de usos
y de su Modificación aparecen racionalmente justificados y valorables como legítimos en atención a las
concretas circunstancias del distrito de Ciutat Vella, ya explicadas reiteradamente, y a la necesidad, por una
parte, de preservar edificios para el uso de vivienda y otros usos - oficinas, despachos, comercio ...-, evitando
su abandono por los residentes, sea cual sea su nacionalidad, por causa de la incompatibilidad entre su modo
de vida, orientado al trabajo, la formación y la vida íntima y familiar en un sentido amplio, y el de los visitantes,
orientando al ocio, cualquiera que sea también la nacionalidad de estos últimos, evitando la expulsión de los
residentes del distrito por la implantación sin límite de nuevas actividades de alojamiento turístico, entre ellas
las de apartamento turístico, a sumar a las existentes de hotelería, pensiones y viviendas de uso turístico; así
como, por otra parte, en consideración al interés legítimo por conservar la vida ciudadana, y no sólo turística,
como centro vacacional, buscando el objetivo, declarado en la memoria, de un equilibrio entre usos urbanos en
el distrito de Ciutat Vella, cuya delimitación - Rondes, ZE-11 - se corresponde con la de la ciudad de Barcelona
desde su fundación en la primera década de nuestra era hasta el derribo, en 1854, de las murallas, de ubicación
coincidente con las "Rondes", y que sigue constituyendo el ser e identidad de la ciudad, siendo, éstos, objetivos
legítimos del planeamiento, que responden a un modelo de ciudad admisible en el ejercicio de la potestad
discrecional de planeamiento urbanístico.
QUINTO.- Se pretende igualmente la nulidad de la regulación de la Modificación de 2013 del Plan especial
de usos de 2010 en relación con los albergues de juventud y residencias de estudiantes, epígrafe H.0.1, cuya
nueva implantación no se admite en el distrito de Ciutat Vella, como tampoco lo estuvieron en el Plan especial
de usos de 2010; no habiéndose producido modificación alguna respecto de ese uso.
Como se ha dicho, por lo que hace a los usos admitidos, esta Sala y Sección ya desestimó los recursos
interpuestos contra el artículo 15 del Plan especial de usos de 2010, en el que se regulaba los usos admitidos,
con exclusión de los albergues de juventud y residencias colectivas, y entre ellas, las residencias de estudiantes
- epígrafe H.0 -, extremo, que, por tal razón, devino firme.
Ahora se impugna nuevamente la regulación del uso de albergue de juventud y residencia de estudiantes en el
distrito de Ciutat Vella, alegando la irracionalidad o falta de sentido de la inadmisión de la nueva implantación
del uso en un distrito que es el preferido de los visitantes por su centralidad, y que colinda, en la ZE-11, en la
que se ubica el inmueble de la parte actora, con el edificio de humanidades de la Universidad de Barcelona.
En el cuadro de actividades por epígrafe de la memoria de la Modificación de 2013 - 4.1.5 - se recoge el epígrafe
residencias, H.0, como diferente y separado de los epígrafes H.1, hoteles, H.2, hoteles apartamento, H.3,
apartamentos turísticos, P.1., pensiones, y T.1, viviendas de uso turístico; señalándose como efectivamente
vigentes a la fecha del censo de actividades del Plan de usos de 2010, de noviembre de 2010, 18 actividades
de residencias, que incluirían albergues de juventud y otras residencias colectivas.
No se ha presentado prueba de la insuficiencia de ese número de residencias en el distrito de Ciutat Vella para
atender las necesidades de los interesados en ellas, ni de la irracionalidad del mantenimiento de su número,
no admitiendo nuevas implantaciones para la obtención del objetivo propuesto de mantenimiento de la masa
residencial y equilibrio de usos urbanos; siendo comprensible el interés de sus usuarios por emplazarse en
el centro urbano, el cual no necesariamente ha de prevalecer sobre el interés de los residentes, cualquiera
que sea su nacionalidad, a mantener su residencia en ese distrito, y siendo también legítimo, por lo expuesto
anteriormente, el objetivo de su mantenimiento y del mantenimiento del distrito como centro histórico, en el que
confluyan el uso de vivienda con otros usos, y entre ellos los diversos alojamientos turísticos y residenciales,
que puede valorarse como objetivo legítimo y de interés general, y que no se ha demostrado ni irracional ni
arbitrario, en atención a la limitada prueba presentada, que no revela el número de plazas vigentes de albergues
y residencias de estudiantes en el distrito de Ciutat Vella, como tampoco en el distrito de Eixample, en el que se
ubica el centro de humanidades de la Universidad de Barcelona, ni sobre la necesidad de ubicar a los usuarios
de esas actividades en el centro histórico y no en otros barrios y zonas de la misma ciudad de Barcelona.
15
JURISPRUDENCIA
Todo lo expuesto obliga a estimar sólo en parte el presente recurso contencioso-administrativo, y, en
consecuencia, a declarar la nulidad del apartado 9 del artículo 14; de los apartados relativos al epígrafe T.1
- vivienda de uso turístico - del artículo 15, por lo que hace a las "condiciones de emplazamiento", por lo
cual el uso de vivienda de uso turístico debe entenderse no admitido - de conformidad con el apartado 6, del
fundamento jurídico tercero de esta sentencia-, y se declara igualmente la nulidad del artículo 21, "condiciones
que tendrán que cumplir para la concesión de una nueva licencia para la actividad de vivienda de uso turístico,
epígrafe T.1".
SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Regulación de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa , no procede imponer el pago de las costas procesales a ninguna de las partes.
F A L L A M O S
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:
1º) ESTIMARPARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de INVESJEL, SL., contra acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de
Barcelona, adoptado en sesión de 24 de julio de 2013, de aprobación definitiva de la Modificación del
Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades en Ciutat Vella, de
iniciativa municipal, con las modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento
(Modificación de 2013 del Plan especial 2010), y, en consecuencia,
2º)Declarar la nulidad del artículo 14.9 ("Baja de licencia de viviendas de uso turístico en edificios no
exclusivos (condición 9)"; de los apartados relativos al epígrafe T.1 - viviendas de uso turístico - del artículo
15, por lo que hace a la "condición 9" de admisión, que se deja sin efecto , y, en consecuencia, el uso de
viviendas de uso turístico debe entenderse no admitido de conformidad con lo expuesto en el apartado 6,
del fundamento jurídico tercero de esta sentencia; y declarar también la nulidad del artículo 21 , "condiciones
que tendrán que cumplir para la concesión de una nueva licencia para la actividad de vivienda de uso turístico,
epígrafe T.1", todos ellos de la Modificación de 2013 del Plan especial de usos de 2010, los cuales se dejan
sin efecto .
3º) Desestimar las demás pretensiones de la demanda.
4º) Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Firme que sea la presente a los efectos del artículo 107.2 de nuestra Ley Jurisdiccional publíquese por
el Ayuntamiento de Barcelona la parte dispositiva de la presente Sentencia en el Diario Oficial donde se
publicó la aprobación definitiva de la figura de planeamiento de autos. Cúrsese el correspondiente oficio a la
Ayuntamiento de Barcelona con acuse de recibo para que en el plazo de un mes desde la recepción del mismo
haga constar en los presentes autos la publicación ordenada.
Hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme.
Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse ante ésta nuestra Sala y
Sección en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), modificada en por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio.
Cuando pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, el recurso
de casación irá dirigido a la Sala 3ª del Tribunal Supremo, y su preparación deberá atenerse a lo dispuesto
en el art. 89.2 LJCA .
Asimismo, cuando pretenda fundarse en normas emanadas de la Comunidad Autónoma, se deberá estarse
a lo establecidos en los Autos de 10 de mayo de 2017, de la Sección de Casación del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, dictados en recurso de casación 3/2017 y 8/2017 , entre otros.
A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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JURISPRUDENCIA
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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