JURISPRUDENCIA
Roj: STSJ CAT 7328/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:7328
Id Cendoj: 08019330032017100381
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 3
Fecha: 23/05/2017
Nº de Recurso: 282/2015
Nº de Resolución: 294/2017
Procedimiento: Recurso de apelación contra sentenc
Ponente: HECTOR GARCIA MORAGO
Tipo de Resolución: Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
SECCIÓ 3ª
Recurs d'apel lació núm. 282/2015
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
Procediment ordinari núm. 187/2013-B
Apel lant: EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA
Representant de l'apel lant: SR. JESÚS SANZ LÓPEZ, Procurador
Apel lat: SR.  Virgilio
Representant de l'apel lat: SRA. LAURA CARRIÓN RUBIO, Procuradora
S E N T È N C I A núm. 294
Magistrats/ades:
IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President
IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL
IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO
Barcelona, 23 de maig de 2017
LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ
3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la
SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 282/2015, interposat, com a apel lant,
per L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA -representat pel Procurador SR. JESÚS SANZ LÓPEZ i assistit per
la Lletrada consistorial SRA. Mª ÀNGELS ORRIOLS SALLÈS, essent l'apel lat el SR.  Virgilio  -representat per la
Procuradora SRA. LAURA CARRIÓN RUBIO i assistit pel Lletrat SR. VICTOR MANUEL CARRERA PINCHETE-.
Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: En el procediment ordinari núm. 187/2013-B, promogut pel SR.  Virgilio  contra L'EXCM.
AJUNTAMENT DE BARCELONA, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona dictà la Sentència
núm. 52, de 27 de febrer de 2015 , en mèrits de la qual considerà irregulars unes obres dutes a terme per la
codemandada INVERSIONES RONCARY, S.L en el núm. 40 del carrer Perú i disposà, alhora, la procedència
d'incoar un procediment de restauració de la legalitat urbanística.
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JURISPRUDENCIA
SEGON: Disconforme amb el veredicte, tant L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA deduí apel lació en temps
i forma; a la qual s'hi oposà el SR.  Virgilio  .
TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i
designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 3 de maig
2017 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.
QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 187/2013-B, promogut pel SR.  Virgilio
contra L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona dictà
la Sentència núm. 52, de 27 de febrer de 2015 , en mèrits de la qual considerà irregulars unes obres dutes
a terme per la codemandada INVERSIONES RONCARY, S.L en el núm. 40 del carrer Perú i disposà, alhora, la
procedència d'incoar un procediment de restauració de la legalitat urbanística.
Aquesta Sentència resolgué el litigi en els termes que segueixen:
" PRIMERO.- Mediante el presente recurso la parte actora impugna el acto administrativo de fecha 18 abril 2012
por el cual el Ayuntamiento de Barcelona se da por comunicado sobre la realización de determinadas obras en
el edificio de la calle Perú número 40 de Barcelona, consistente en una restauración de la fachada del inmueble.
Con carácter previo, es de citar que en su día se siguió ante el Juzgado número 17 de Barcelona un procedimiento
entre las mismas partes aquí litigantes, dirigido contra la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona el 31 enero
2008 por la cual se admitía la comunicación relativa a la realización de tales obras. Dicho Juzgado contencioso
administrativo núm. 17 de Barcelona, dictó sentencia en fecha 4 noviembre 2011 por la cual consideró la
existencia de nulidad en la resolución allí combatida por falta de determinados documentos.
Tras un incidente de ejecución de sentencia, el TSJC se pronunció sobre la cuestión y declaró ejecutada la
Sentencia, indicando que no procedía la incoación de procedimiento en defensa de la legalidad urbanística, por
haber sido legalizadas las obras, y ello sin perjuicio de que si la parte actora lo estimara oportuno, impugnara en
vía administrativa y judicial el acto administrativo legalizador, lo cual realiza en el presente procedimiento.
SEGUNDO.- Previamente a entrar en el fondo del asunto es necesario examinar las alegaciones de
inadmisibilidad que plantea la administración demandada y a las que se suma la entidad codemandada.
La primera de ellas es la de haber interpuesto el recurso fuera del plazo, ya que la resolución impugnada fue
dictada el 18-4-12 y no planteó ante el Juzgado contencioso administrativo núm. 17 de Barcelona un incidente
de nulidad de dicho acto administrativo, sino un incidente de ejecución forzosa de la sentencia; tampoco
impugnó el acto en vía administrativa ni interpuso un nuevo recurso contencioso administrativo.
La segunda causa de inadmisibilidad alegada es la de no haber agotado la vía administrativa con lo que
resulta que recurso inadmisible por tener una actuación no susceptible de impugnación y a quien contra el acto
administrativo objeto del procedimiento procedía interponer recurso de alzada de forma preceptiva según el
artículo 25.2 Carta Municipal de Barcelona, según Ley 22/1998, 30 diciembre y Disposición Adicional Quinta
de la Ley 1/2006, del 13 marzo .
Ambas causas de inadmisibilidad pueden resolverse de forma conjunta y en función de un único argumento, que
en este caso será el que deriva de la constatación de la inexistencia de pie de recurso en el acto administrativo
objeto del procedimiento.
El artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común , dispone, en lo que aquí nos interesa, que "Toda notificación...
deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa,
la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos"; el número 3 del mismo artículo establece que "Las notificaciones defectuosas surtirán efecto
a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de
la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga el recurso procedente". Con respecto a este último
precepto, tal es el caso que nos ocupa.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y de otros niveles jurisdiccionales, interpreta este artículo, y las
consecuencias del incumplimiento de los requisitos previstos en él, en cuanto a la eficacia de las notificaciones
defectuosas, de la siguiente forma:
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 enero 2004 , dice que:
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"las notificaciones del acuerdo ... que se hicieron a los demandantes en la instancia eran defectuosas, ya que,
como expone la sentencia de instancia, no consta que en ellas se hubiere expresado los recursos de que era
susceptible, como imponía el artículo 58.2 de la LRJ-PAC , entonces vigente (anterior a la reforma efectuada por
Ley 4/1999). En consecuencia, el plazo de dos meses para interponer los recursos contencioso-administrativos
únicamente puede contarse desde el 29 de noviembre de 1995 o, mejor aún, desde las notificaciones del escrito
registrado de salida dicho día, efectuadas después por medio del servicio de correos. Los recursos constan
interpuestos el 26 de enero de 1996, por lo que se ha cumplido el plazo de dos meses establecido por el
artículo 58.1 de la L.J . La sentencia de instancia, al rechazar la causa de inadmisibilidad, no ha vulnerado el
mencionado precepto ni ninguno de los apartados del artículo 58 de la LRJ-PAC , ya que, al no notificarse a los
interesados cuál era el recurso procedente, la Administración incumplió su deber de realizar una notificación
en forma, no pudiendo ampararse en dicho incumplimiento para alegar después la extemporaneidad de los
recursos contencioso-administrativos, pretendiendo basarse en que los interesados promovieron un recurso que
no era pertinente. El incumplimiento de la obligación de verificar una notificación en forma dio lugar a que los
demandantes en la instancia presentasen un recurso ordinario ..." que no era el procedente.
Por su parte la sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 marzo 2000 ,
mantiene que: " En efecto, la resolución notificada a la representante del codemandado y sus hermanos ... carece
de pie de recurso, esto es, como ya se ha dicho, recurso procedente, en su caso, plazo para interponerlo y órgano
competente, además de la indicación de si la resolución de que se trate es o no firme en la vía administrativa.
En consecuencia, entra en juego, al ser defectuosa la notificación que nos ocupa, el número 3 del artículo 58.
Así la notificación de la resolución de 30 de septiembre de 1997 a los hermanos antes citados ha de entenderse
efectuada a la fecha en que interpuso contra la misma el recurso ordinario, cuya resolución, contraria a los
intereses de los recurrentes, ahora se impugna."
Sobre un caso muy similar al presente, en materia de legalidad urbanística la Sentencia del TSJ de Madrid de
5 febrero 2014 , dice
"Al apelante le asiste la razón cuando afirma que la falta de notificación de ciertas resoluciones administrativas
le ha causado indefensión material. Ha de tenerse en cuenta, conforme al relato de hechos antes expuesto, que
la orden de demolición que se notificó al interesado no se dictó a consecuencia del incumplimiento del previo
requerimiento de legalización de obras consentido por el interesado, sino en ejecución de una sentencia dictada
en un procedimiento contencioso-administrativo en el que el aquí apelante no fue parte, dictándose sentencia
que surtió efectos solo entre los que allí fueron parte, en concreto el titular de la nave 3B (folio 425 y siguientes,
Tomo II) y la Administración demandada. Es por ello por lo que la orden de demolición no daba pie de recurso
alguno, cuando de haberse dictado a consecuencia del incumplimiento de la previa orden de legalización, debió
informar al interesado de los recursos que contra la misma cabían. Estas circunstancias impidieron al interesado
interponer, en su caso, los recursos pertinentes contra la orden de demolición, y al no habérsele permitido por
considerar que la orden de demolición no era recurrible, se le ocasionó con total claridad indefensión material.
Y todo ello porque aunque se dejase ganar firmeza al requerimiento de legalización, la orden de demolición es
susceptible de ser recurrida."
Pues bien, trasladando esta doctrina al caso, y teniendo en cuenta la inexistencia de pie de recurso debe
entenderse que la demanda contencioso administrativa ni es extemporánea ni se le puede reprochar el no haber
adoptado la vía administrativa, ya que la administración no puede ampararse en los defectos ocasionados por
su actuación para impedir el ejercicio de derechos de los ciudadanos.
Tampoco el presente caso en el que consta que la actora tuvo conocimiento del acto administrativo ,por
haber planteado ante el Juzgado contencioso administrativo núm. 17 un incidente de ejecución forzosa
pretendiendo la administración municipal que hubiera debido de formular un incidente de nulidad u otra demanda
contencioso administrativa, ya que esta solución es excesivamente formalista y contraria al principio "pro
actione", debiéndose entender que la actuación procesal realizada por la actora- solicitud de ejecución de la
sentencia- , es suficientemente demostrativa de su oposición al acto y una vez desestimada su solicitud por la
resolución dictada por el TSJC, actúa correctamente al interponer una nueva demanda lo que hace en función
de las manifestaciones que resultan de la Sentencia de 11 febrero 2013 del TSJC.
TERCERO.- Las demandadas alegan a continuación existencia de desviación procesal en relación con la
pretensión relativa al subterráneo segundo del edificio, pero la vista del contenido del escrito de demanda, en el
sentido que la comunicación tramitada por la entidad Inversiones Roncary, no abarca la totalidad de las obras
ejecutadas, y habiendo sido objeto de ejecución de las obras referidas al subterráneo segundo del edificio, no
puede entenderse que exista la alegada desviación procesal.
CUARTO.- En consecuencia procedente entrar en el fondo del asunto.
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JURISPRUDENCIA
Ese sentido resulta determinante el informe del Instituto municipal que aparece en el expediente 10/2008l03108 ,
folio 2, en donde se hace constar que se han realizado obras sin ajustarse la licencia concedida y que estas
obras consisten en la sustitución del recubrimiento exterior de la fachada y modificación del pavimento de la
planta subterránea segunda .
A partir de la existencia de dicho informe el Ayuntamiento tiene conocimiento de la existencia de una
irregularidad urbanística.
Por lo tanto no es posible que mediante un simple "assabentat" de obras menores se produzca la convalidación
automática de una irregularidad urbanística, que es en definitiva lo que el realiza el Ayuntamiento al aceptar y
conferir valor definitivo ha dicho "assabentat".
La Sentencia que dictó el Juzgado contencioso administrativo núm. 17 de Barcelona de fecha 4 noviembre 2011
en el procedimiento 362/2009 y que es firme declaró la nulidad de la resolución de 31 enero 2008, también de
idénticas características del acto recurrido en el presente procedimiento, es decir un "assabentat".
La motivación de dicha Sentencia lo fue por incumplimiento de requisitos formales en la comunicación
presentada, concretamente por la falta de determinada documentación señalada precisamente por el Letrado
municipal.
En este caso el planteamiento es distinto por cuanto lo que plantea el recurrente es la imposibilidad de consentir
un "assabentat", con la consecuencia de dar por finiquitado y solucionado un problema urbanístico señalado por
la propia inspección municipal.
En definitiva, como bien señala la parte actora la aceptación de dicha comunicación no puede convalidar de
forma automática un acto administrativo declarado nulo por Sentencia judicial, ni convalidar la existencia de
irregularidades urbanísticas, lo que lleva a la estimación de la demanda, con las consecuencias inherentes a la
misma es decir la declaración de la necesidad de que se incoe un expediente de protección urbanística para la
restauración de la realidad física preexistente y alterada."
SEGON: La defensa lletrada de L'Ajuntament apel lant ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la
Sentència d'instància i, alhora, l'apreciació de les inadmissibilitats rebutjades pel Jutjat a quo.
Subsidiàriament ha sol licitat la susdita revocació, seguida de la desestimació del recurs contenciós
administratiu.
A totes aquestes pretensions s'hi ha oposat l'apel lat.
Val a dir que en aquesta segona instància, les parts enfrontades no han fet més que criticar o defensar la
Sentència apel lada amb arguments molt propers idèntics als fets valer en la primera.
TERCER: En mèrits del principi pro actione farem nostres les raons adduïdes pel Jutjat d'instància per tal
de rebutjar les excepcions d'inadmissibilitat invocades per l'Ajuntament de Barcelona. No ens han estat
exposades raons de pes per tal de no fer-ho.
En canvi, quant al fons l'apel lació haurà de prosperar.
La Sentència apel lada es va fer ressò d'un altre pronunciament judicial que anul là la validació, l'any 2008,
d'unes obres menors dutes a terme per INVERSIONES RONCARY, S.L. Anul lació que es produí estrictament per
motius d'ordre formal (manca de documentació) i que en cap cas impedia que aquestes obres esdevinguessin
definitivament validades un cop salvada l'omissió documental treta a col lació. I això és allò que succeí amb
"l'assabentat" validat pel Consistori en data 18 d'abril de 2012, amb motiu de les obres de repintat de la façana
(substitució d'estucat per pintura), esteses alhora a l'allisat del paviment del soterrani segon de l'immoble del
núm. 40 del carrer Perú, de la ciutat de Barcelona.
En l'anterior sentit, no deixar de ser significatiu el fet que amb motiu d'aquestes obres (de tan poca rellevància
pública, sia dit de passada) qui tenia la càrrega de fer-ho (el Sr.  Virgilio  ) no hagi identificat amb la deguda
precisió la irregularitat urbanística que al seu parer s'hauria comés. O que també l'apel lat no hagi reparat en
que la invalidació d'un acte autoritzatori -no per motius de fons, sino per haver estat precedit d'una sol licitud
o d'un assabentat mancat d'algún document preceptiu-, en cap cas impedeix formular, amb èxit, una nova sol
licitud o un nou assabentat amb tota la documentació necessària.
QUART: De conformitat amb allò que es desprèn de l' art. 139.2 LJCA , no s'imposaran costes.
D E C I S I Ó:
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Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:
ESTIMAR el present recurs d'apel lació núm. 282/2015 i, conseqüentment, REVOCAR i deixar sense cap
efecte la Sentència núm. 52, de 27 de febrer de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 187/2013 -B i, en el seu lloc:
1: REBUTJAR les excepcions d'inadmissibilitat oposades per L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, i;
2: DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 187/2013-B, promogut pel SR.  Virgilio  contra
L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb l'oposició afegida de INVERSIONES RONCARY, S.L.
Sense costes.
Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.
Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació, el qual haurà de preparar-se davant d'aquesta la
nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà (hàbil) d'haver
estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015,
de 21 de juliol.
Quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes de Dret estatal o de la Unió Europea, el recurs de cassació
anirà adreçat a la Sala 3ª del Tribunal Suprem, i la seva preparació s'ajustarà a les previsions de l' art. 89.2
LJCA .
Tanmateix, quan es vulgui fonamentar en la infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma, el
recurs de cassació s'adreçarà a la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la seva
preparació també es subjectarà a les previsions de l' art. 89.2 LJCA , per bé que la justificació a la qual es
refereix la lletra e) del precepte legal esmentat, haurà de considerar-se referida al Dret autonòmic.
Als anteriors efectes, haurà de tenir-se present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder
Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació
de regles sobre l'extensió máxima i altres condicions extrínseques dels escrits procesals referits al Recurs de
Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).
Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle
d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes, als efectes de les diligències
d'execució que s'escaiguin, així que el present veredicte hagi esdevingut ferm.
PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència
anterior. En dono fe.
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