JURISPRUDENCIA
Roj: SJCA 2477/2017 - ECLI: ES:JCA:2017:2477
Id Cendoj: 08019450122017100131
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Sede: Barcelona
Sección: 12
Fecha: 14/12/2017
Nº de Recurso: 35/2017
Nº de Resolución: 290/2017
Procedimiento: Procedimiento abreviado
Ponente: IRENE URBON REIG
Tipo de Resolución: Sentencia
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 12 DE BARCELONA
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 35/17
Parte actora:  Ángeles
Procurador: Alfredo Martínez Sánchez
Letrado: Cándida García Pérezc
Parte demandada: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA y ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Procurador: Eulalia Castellanos Llauguer
Letrado: Laura Aulés Solé
Objeto del recurso : resolución de 27 de julio de 2017, por la que se desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente el 28 de enero de 2016
SENTENCIA Nº 290/2017
En Barcelona, a 14 de diciembre de 2017
Magistrada: IRENE URBÓN REIG
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En fecha 27 de enero de 2017 se interpuso el presente recurso contencioso-administrativo
que ha sido tramitado conforme a las disposiciones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, de 13 de julio de 1998, por las normas previstas para el procedimiento abreviado.
SEGUNDO.- La cuantía del presente recurso ha sido fijada en 26.853,49 euros.
TERCERO.- Habiéndose celebrado la vista, con el resultado que obra en la grabación unida a las actuaciones,
quedaron éstas conclusas para dictar sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto revisar la desestimación de la
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente el 28 de enero de 2016
La parte actora alega que en fecha 8 de enero de 2016, sobre las 19:15 horas, caminaba con su hijo y cuando
se dispusieron a entrar en la boca de metro sita en calle Pelayo a la altura del nº 60, a causa del cambio de
rasante existente en el acceso, tropezó con el mismo, cayendo escaleras abajo, sufriendo fractura de radio
distal izquierdo y fractura de cabeza de radio derecho, policontusiones, pérdida de incisivo nº 12 y herida
inciso contusa frontocigomática. Alega que la existencia de un desnivel de 4 cm es contrario a los establecido
en el Código Técnico de Edificación, que no permite desniveles en las aceras superiores a 14 mm, y que la
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carencia de contraste cromático para hacerlo visible, genera una situación de peligro. Solicita que se declare
la existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, como responsable del mantenimiento de las
vías públicas y aceras, así como de la señalización viaria de las mismas, condenando al Ayuntamiento y a
su aseguradora al pago de una indemnización 26.853,49 euros por las lesiones derivadas de la caída, más
intereses legales.
La demandada se ha opuesto a la demanda alegando inexistencia de relación de causalidad entre la lesión
y la actuación de la administración, pues la zona de acceso al metro se encontraba en perfecto estado y no
es peligrosa para los usuarios de la vía, si efectivamente se camina con una mínima diligencia y atención.
Alega que el desnivel, de unos 4 cm, existe en todas las estaciones de metro y se trata de un elemento de
visualización de la entrada a las instalaciones de metro y destinado a impedir la entrada de aguas al mismo,
siendo perfectamente visible y evitable. Alega además que el Código Técnico de Edificación no es aplicable.
Subsidiariamente alega concurrencia de culpas.
SEGUNDO.- La cuestión objeto del proceso es determinar si concurren los requisitos para que surja la
obligación de la Administración de indemnizar, esto es, si atendiendo a las pruebas practicadas podemos
concluir que el perjuicio sufrido por el recurrente es reprochable a una acción u omisión de la Administración,
es decir si existe una relación de causalidad entre aquellos daños y la actuación de la Administración y, por
otra parte, la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba abonar la Administración demandada. La parte
actora fundamenta su pretensión en el régimen de responsabilidad patrimonial establecido en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/92 , según los cuales la Administración responde de los daños causados a los
ciudadanos como consecuencia de cualquier lesión o daño siempre que se den las circunstancias siguientes:
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (artículo 139),
que el daño sea efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de
personas (artículo 139), que el ciudadano afectado no tenga el deber jurídico de soportar el daño (artículo 141),
que no haya fuerza mayor (artículo 139), que los hechos no se hayan podido prever o evitar según el estado de
los conocimientos o de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de los daños (artículo
141). La concurrencia de las anteriores circunstancias es determinante de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, que es una responsabilidad configurada de forma objetiva (consecuencia de la mera
existencia de un nexo causal entre el daño producido y la acción u omisión administrativa), con independencia
de la existencia de una culpa o negligencia que es lo característico de la responsabilidad extracontractual
por hechos de los particulares. La relación entre causa y efecto puede verse rota por la concurrencia de
fuerza mayor, o por la imprudencia del propio afectado. Por otro lado, para determinar si unos hechos son
susceptibles de originar la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, es preciso recordar
que, como establece el artículo 217 LEC , la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se
desprenda el efecto jurídico de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que
afirma un hecho ha de probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar
hechos notorios y máximas de experiencia que se pueden deducir de la forma natural de producirse aquellos.
TERCERO .- La cuestión controvertida en este proceso es determinar si existe relación de causalidad entre los
daños sufridos por la recurrente y el actuar de la Administración. La actora entiende que la Administración
incurrió en una actuación negligente por el hecho de no mantener la vía pública en condiciones de seguridad.
Como se desprende de la documentación que obra en las actuaciones, la vía pública se encontraba en buen
estado de conservación, si bien la actora considera que la existencia de un escalón en el acceso a las escaleras
que bajan al metro es un elemento de peligro que debería suprimirse o estar señalizado.
Según puede comprobarse a través de las fotografías, el escalón existente para acceder al metro es
perfectamente visible, no sólo porque representa un importante desnivel, sino porque el pavimento es además
distinto del del resto de la calle. Debe de tenerse en cuenta que se trata de un escalón que hay que superar
para bajar a unas escaleras, por lo que no puede decirse que se incumpla normativa de accesibilidad. En
cumplimiento de esta normativa, existe un ascensor que permite el acceso al metro. El Código Técnico de
Edificación sólo es aplicable para edificaciones que tengan licencia de edificación posterior a su entrada en
vigor, por lo que no es aplicable. El escalón cumple una doble función: marcar el acceso al metro, de manera
que una persona que por ejemplo vaya con un carrito, o con algún otro objeto rodante (monopatín, patines,
bicicleta), no caiga directamente escaleras abajo. Además, sirve para impedir la entrada de agua en el metro.
No se considera por tanto un elemento peligroso, sino un elemento de la vía pública destinado a cumplir una
función.
Los peatones tienen el deber de caminar atentos a las circunstancias de la vía para ser capaces de salvar
obstáculos perfectamente visibles, y que además, como en este caso, son habituales y cumplen una función
determinada.
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Entendiendo por tanto que los daños son imputables a la falta de cuidado de la propia actora, procede la
desestimación de la demanda.
CUARTO. El artículo 139 de la LJCA , establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al
dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá
las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el
caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Dado que la Administración no había dictado resolución
expresa al tiempo de presentarse la demanda, generando de esta manera dudas acerca de si procedía la
obligación de indemnizar, no procede condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados y los de general aplicación, resolviendo dentro de los límites de las
pretensiones deducidas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, se dicta el
siguiente:
FALLO
DEBO DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
Ángeles  , contra la resolución citada en el encabezamiento de la presente resolución, sin expresa condena
en costas.
Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a)
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa .
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrado-Juez que la ha dictado,
estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.
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