JURISPRUDENCIA
Roj: STSJ CAT 11975/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:11975
Id Cendoj: 08019330032017100900
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 3
Fecha: 28/11/2017
Nº de Recurso: 335/2015
Nº de Resolución: 827/2017
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: LUIS HELMUTH MOYA MEYER
Tipo de Resolución: Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SENTENCIA Nº 827/17
Rollo Apelación núm. 335/2015
PRESIDENTE
Don Manuel Táboas Bentanachs
MAGISTRADOS
Don Francisco López Vázquez
Don Helmuth Moya Meyer
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En Barcelona, a veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete.
VISTO, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, el presente recurso de apelación interpuesto a nombre del apelante ASESORES DE BAILE, S.L.
representado por don Jordi Ribo Cladellas y defendido por don Esteban Fontanet Marín, contra el auto dictado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Barcelona , en procedimiento núm. 423/2014,
interviniendo como apelado el Ayuntamiento de Barcelona, representado por el letrado consistorial don Jaume
Figueras i Coll, siendo ponente de esta sentencia don Helmuth Moya Meyer.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte recurrente interpone recurso de apelación contra el auto por el que se desestima la
solicitud de suspensión cautelar de la sanción de cierre de local por noventa días, por infracción de la Ley
11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas
en cuanto al aforo autorizado en el local.
SEGUNDO.- Por su parte la apelada impugnó el recurso de apelación interpuesto por la contraria y pidió la
desestimación del mismo.
TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 13 de abril del 2016 se recibieron los autos y se ordenó su registro
en el libro de apelaciones. Se señaló como día de votación y fallo el 21 de noviembre del 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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JURISPRUDENCIA
PRIMERO.- El auto de instancia razona que no se incorpora al proceso la contabilidad de la empresa, cuentas
anuales depositadas en el Registro Mercantil, información sobre titularidad y régimen de explotación de la
actividad ni información alguna que dé cuenta de la incidencia que la medida de cierre del local tendrá sobre
la situación económico financiera de la empresa, de tal manera que no acreditándose que los perjuicios
económicos que produce el cierre, que en sí mismos no son irreparables, por poder ser resarcidos, puedan
ocasionar perjuicios irreversibles sobre la actividad empresarial, deniega la protección cautelar solicitada.
SEGUNDO.- En el recurso de apelación, con olvido de toda técnica jurídica en la configuración del mismo, se
procede a una reproducción literal de la demanda, en la que se discute sobre si la infracción se cometió, porque
se cuestiona que el aforo autorizado sea el que se indica en el acto administrativo recurrido. No se hace crítica
alguna de los razonamientos contenidos en el auto impugnado, sino que se postula la protección cautelar con
base en una apariencia de buen derecho, que se trata de demostrar con la parca información que se contiene
en la demanda que se reproduce. Con solo apuntar esto, parece que ya damos indicaciones suficientes sobre
la suerte que debe correr este recurso.
A la vista de la poca información que manejamos no resulta manifiesta la improcedencia de la sanción. Se parte
de una afirmación apodíctica de que el aforo autorizado es superior al considerado en el acto sancionador, la
cual se apoya en un informe técnico del Ayuntamiento de Barcelona, del Jefe del Departamento de Licencias e
Inspección, en el que se dice que "l'aforament màxim de públic autoritzat és de 81 persones". Esta contundente
afirmación, aislada del resto del informe, induce a confusión, pero debe considerarse que precede a la misma
la referencia a una solicitud del apelante de modificación del aforo autorizado en la licencia de 1986. Es decir,
el informe del técnico parece decir más bien que puede a llegarse a autorizar un aforo de 81 personas, en
atención a la superficie útil del local; y si leemos los hechos relatados en el acto impugnado se da cuenta
de que en el momento de levantarse el acta de infracción está en trámite una modificación del aforo, aún no
resuelta, de manera expresa o presunta.
Pues bien, no podemos sino concluir desestimando el recurso, pues no se acredita que el cierre temporal del
local proyecte sobre la esfera del demandante perjuicios irreparables que hagan perder a este proceso su
finalidad legítima.
TERCERO.- Las costas de este recurso las imponemos al apelante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , limitados los honorarios de letrado a
1.000 euros, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia, sección tercera, ha dictado el siguiente
FALLO
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 11 de Barcelona en el procedimiento núm. 423/2014, con imposición de las costas al
apelante.
A su tiempo devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional de procedencia con certificación de esta sentencia
de la que se unirá otra al rollo de apelación.
Hágase saber a las partes que la presente sentencia no es firme.
Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse ante ésta sala y sección
en un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), modificada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
Cuando pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea, el recurso de
casación irá dirigido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y su preparación deberá atenerse a lo dispuesto
en el artículo 89.2 LJCA .
Asimismo, cuando pretenda fundarse en normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el
recurso irá dirigido a la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, y su preparación también deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 89.2 LJCA , sin
perjuicio de que la justificación a la que se refiere la letra e) del mencionado precepto legal, deba considerarse
referida al derecho autonómico.
A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el acuerdo de 19 de mayo del 2016, del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el acuerdo de 20 de abril del 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
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JURISPRUDENCIA
Supremo, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al recurso de casación (BOE nº 162, de 6 de julio del 2016).
Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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