JURISPRUDENCIA
Roj: SJCA 2383/2017 - ECLI: ES:JCA:2017:2383
Id Cendoj: 08019450122017100116
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Sede: Barcelona
Sección: 12
Fecha: 14/11/2017
Nº de Recurso: 279/2016
Nº de Resolución: 255/2017
Procedimiento: Recurso ordinario
Ponente: IRENE URBON REIG
Tipo de Resolución: Sentencia
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 12 DE BARCELONA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 279/16
Parte actora: CAMÍ REIAL 33, S.L.
Procurador: Lorena Moreno Rueda
Letrado: Joaquim Llorens Clos
Parte demandada: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Letrado: Ignasi Gual
Objeto del recurso: certificado de régimen urbanístico expedido por el Secretario General del Ayuntamiento
de Barcelona el 20 de mayo de 2016 en relación a la finca sita en calle Menor de Sarrià 4
SENTENCIA Nº 255/2017
En Barcelona, a 14 de noviembre de 2017
IRENE URBÓN REIG
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el certificado de
régimen urbanístico expedido por el Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona el 20 de mayo de 2016
en relación a la finca sita en calle Menor de Sarrià 4.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presente autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta
Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de
demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que
constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación
de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Acordado por auto el recibimiento del precedente pleito a prueba y tras los oportunos trámites que
prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la L.E.C., quedaron los
autos conclusos y a la vista para dictar sentencia.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO .- El presente recurso tiene por objeto el certificado de régimen urbanístico expedido por el Secretario
General del Ayuntamiento de Barcelona el 20 de mayo de 2016 en relación a la finca sita en calle Menor de
Sarrià 4.
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JURISPRUDENCIA
La parte actora alega que en el plano de alturas del Centro Histórico de Sarrià de 10 de mayo de 2010,
publicado en la web del Ayuntamiento al tiempo de la solicitud del certificado, figuraba que en la finca sita en
calle Menor de Sarrià 4, la altura a tener en cuenta era planta baja más 4 plantas piso (B+4). Alega que sin
embargo, el 18 de mayo de 2016, un mes y medio después de presentarse la solicitud y sólo dos días antes de
elaborarse el certificado, se elaboró un plano complementario de alturas que modificaba la altura prevista de B
+ 4, reduciéndola hasta B+1. Alega que el artículo 105 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña
establece que el ayuntamiento ha de notificar los certificados en el plazo de un mes desde la presentación
de la solicitud, y que conforme al apartado 2 del artículo 20 del Decreto 305/2006 , por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo, el certificado ha de expresar cuál es el régimen urbanístico aplicable a
la finca o fincas "en el momento de su solicitud". Alega que, dado que la solicitud se presentó antes de que
se elaborara el plano complementario de 18 de mayo de 2016, debía haberse certificado que la altura prevista
era B+4.
La parte demandada ha solicitado que se declare la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa,
al no haber acreditado la actora que ostenta un derecho o interés legítimo. Subsidiariamente se ha opuesto
a la demanda alegando que el certificado de aprovechamiento urbanístico es correcto, pues determina el
régimen urbanístico aplicable a la finca de acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Explica que los planos normativos son los que se determinan en el artículo 5.2 de las normas urbanísticas de la
Modificación del Plan General Metropolitano del Centro Histórico de Sarrià (MPGM), entre los que no están los
planos de alturas, que se elaboraron el 7 de mayo de 2010, dos años después de la aprobación del MPGM con
la finalidad de aclarar aquellos puntos que podían plantear dudas de interpretación (entre los que no estaba la
calle Menor de Sarria), pero que no tienen carácter normativo. Alega que en el plano inicialmente elaborado se
cometió el error material de dibujar en la finca de la calle Menor de Sarriá planta baja más cuatro plantas piso,
como en las fincas adyacentes que daban a la Plaza de Sarrià, con anchura superior a 15 metros. No obstante,
la finca de calle Menor de Sarrià nº 4 no da a esta plaza, sino que la altura de la calle es inferior a 8 metros,
por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 320.3 de las normas urbanísticas del PGM aplicable a las
zonas con clave 12, la altura que le corresponde es B+1.
SEGUNDO . En cuanta a la falta de legitimación alegada, en fase de conclusiones la parte demandante ha
subsanada la omisión de falta de acreditación de su legitimación, demostrando que es propietaria de la
finca objeto del certificado de régimen urbanístico impugnado, por lo que ostenta interés legítimo y por ello
legitimación activa en el presente procedimiento.
TERCERO. Conforme al artículo 105 de la Ley de Urbanismo de Cataluña : "1. Todo el mundo puede pedir
informes referidos al aprovechamiento urbanístico o, en general, a las determinaciones urbanísticas aplicables
a una o unas fincas concretas, en el ayuntamiento competente, que tiene que notificar los certificados en el
plazo de un mes desde la presentación de la solicitud en el registro general del ayuntamiento.
2. El certificado de régimen urbanístico a que se refiere el apartado 1, si la finca objeto de consulta es edificable,
tiene una vigencia de seis meses, a contar desde la notificación a las personas interesadas. Sin perjuicio
de las prescripciones de la legislación sectorial, es preceptivo otorgar las licencias de edificación que sean
solicitadas en la forma establecida por la legislación de régimen local dentro de este plazo de vigencia y que
carezcan de defectos incorregibles, siempre que el proyecto se ajuste a las normas vigentes en el momento
de la solicitud del certificado, de acuerdo con el contenido de éste. En este supuesto, la solicitud de la licencia
no se ve afectada por la suspensión potestativa de licencias regulada por el artículo 73.1.
3. Los certificados de régimen urbanístico, en caso de que se refieran a fincas que no sean susceptibles de
obtener licencia directamente, y también los informes a que hace referencia el artículo 75 tienen una vigencia
de seis meses, y la alteración, dentro de este plazo, de las determinaciones y previsiones que se hagan constar
en estos documentos, puede dar derecho a las personas titulares del derecho de iniciativa a la indemnización
de los gastos en que hayan incurrido por la elaboración de los proyectos que devengan inútiles".
Por su parte, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña dispone que: "1. Las personas
interesadas pueden pedir la emisión de certificados de aprovechamiento urbanístico de una o de unas
fincas concretas al ayuntamiento competente, que tiene que notificar el certificado pertinente, suscrito por
el secretario o secretaria del ayuntamiento, en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud en
el registro general del ayuntamiento. En caso de fincas no contiguas, hay que solicitar y emitir un certificado
para cada una de ellas.
2. El certificado de aprovechamiento urbanístico a que se refiere el apartado anterior tiene que expresar cuál
es el régimen urbanístico aplicable a la finca o fincas en el momento de su solicitud, indicando:
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JURISPRUDENCIA
a) Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos aplicables, así como si alguno de ellos está
en tramitación o sujeto a procedimientos de revisión o modificación y, en este caso, si se ha acordado la
suspensión de tramitaciones y del otorgamiento de licencias que regula el artículo 71 de la Ley de urbanismo.
b) La clasificación y la calificación del suelo, con indicación de los parámetros aplicables respecto al uso del
suelo, las condiciones de edificación y el aprovechamiento del subsuelo.
c) En su caso, el sector de planeamiento o el polígono de actuación urbanística en que está incluida la finca.
d) Las otras determinaciones urbanísticas significativas que condicionen el aprovechamiento y el uso del
terreno.
3. El certificado de aprovechamiento urbanístico a que se refieren los apartados anteriores, en el caso de
que la finca sea edificable y susceptible de obtener licencia urbanística directamente e inmediatamente, tiene
una vigencia de seis meses, a contar desde la notificación a las personas interesadas. Sin perjuicio de las
prescripciones de la legislación sectorial, es preceptivo otorgar las licencias que sean solicitadas en la forma
establecida por la legislación de régimen local dentro de este plazo de vigencia y que no tengan defectos
incorregibles, siempre y cuando el proyecto se ajuste a las normas vigentes en el momento de la solicitud del
certificado. En este supuesto, la solicitud de la licencia no se ve afectada por la suspensión potestativa del
procedimiento de otorgamiento de licencias regulada por el artículo 71.1 de la Ley de urbanismo, salvo que el
acuerdo de suspensión se hubiese adoptado con anterioridad a la solicitud del certificado.
4. La falta de notificación del certificado de aprovechamiento urbanístico, transcurrido el plazo de un mes
desde su solicitud, tiene los mismos efectos previstos en el apartado 3, en el sentido de que las licencias
urbanísticas que se soliciten durante el plazo de seis meses a contar desde la finalización del referido plazo
de un mes establecido en el apartado 1, se tienen que otorgar si el proyecto se ajusta a las normas vigentes
en el momento de la solicitud del certificado, y en el sentido de que la solicitud de licencias no se ve afectada
por la suspensión potestativa regulada por el artículo 71.1 de la Ley de urbanismo, salvo que el acuerdo de
suspensión se hubiese adoptado con anterioridad a la solicitud del certificado.
La cuestión controvertida es si el certificado de régimen urbanístico expedido conforme a la normativa antes
reseñada es conforme con las normas urbanísticas vigentes en la fecha en que se presentó la solicitud. La
parte actora alega que conforme al plano de alturas de 10 de mayo de 2010 la altura a tener en cuenta es B+4.
La parte demandada alega sin embargo que este plano, que contiene un error, no tiene carácter normativo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Urbanismo de Cataluña : "1. La planificación urbanística
del territorio se realiza mediante el planeamiento urbanístico general, que está integrado por los planes
directores urbanísticos, por los planes de ordenación urbanística municipal y por las normas de planeamiento
urbanístico. Los programas de actuación urbanística municipal forman también parte del planeamiento
urbanístico general y lo complementan.
2. El planeamiento urbanístico general se desarrolla mediante el planeamiento urbanístico derivado, que está
integrado por los planes especiales urbanísticos, por los planes de mejora urbana, por los planes parciales
urbanísticos y por los planes parciales urbanísticos de delimitación.
3. El planeamiento urbanístico derivado está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico
general. No obstante, los planes especiales urbanísticos pueden introducir en la ordenación del planeamiento
urbanístico general modificaciones específicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en los
términos regulados por los artículos 67 y 68. En el caso de los planes de mejora urbana, es de aplicación lo
establecido por el artículo 70.4."
En el caso de autos, el planeamiento urbanístico aplicable es la Modificación del Plan General Metropolitano
del Centro Histórico de Sarrià, aprobada definitivamente en fecha 22 de diciembre de 2008. El plano de
alturas aprobado el 7 de mayo de 2010, tiene por finalidad, como se recoge en la justificación aportada como
documento 3 de la contestación a la demanda, aclarar dudas de interpretación del planeamiento en relación
a una serie de puntos. Entre estos puntos conflictivos no está la calle Menor de Sarrià. En consecuencia,
este plano nada añade, modifica o interpreta en relación al planeamiento urbanístico aplicable. En cualquier
caso, se trata de un plano que no tiene carácter normativo, según se desprende del artículo 5.2 de las normas
urbanísticas de la MPGM, y por tanto, no cabe basar en el mismo el certificado de régimen urbanístico.
Según se establece en el artículo 35 de las normas urbanísticas de la Modificación del Plan General
Metropolitano del Centro Histórico de Sarrià, la altura reguladora máxima viene reguladas por las
determinaciones del plan según las claves 12, 13 y 15. En razón de las desafectaciones que se han producido
se señalan, de manera específica, aquellas alturas que no se regulan directamente por la anchura del vial.
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JURISPRUDENCIA
En los planos no se señala de manera específica la altura que corresponde a la finca, por lo que hay que estar
a las determinaciones del plan general metropolitano. Según el artículo 320.3ª de las normas urbanísticas del
plan general metropolitano, aplicable a la zona de núcleo antiguo (clave 12), cuando la anchura del vial es
inferior a 8 m (como es el caso), el número máximo de plantas es PB + 1P.
En consecuencia, el certificado se estima dictado de conformidad con la normativa urbanística aplicable.
CUARTO. El artículo 139 de la LJCA , en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10
octubre 2011 , de medidas de agilización procesal, establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano
jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se
promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que
aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Dado que el caso podía
suscitar dudas, como consecuencia del error que contenía el plano de altura elaborado por la Administración
demandada, no procede condena en costas.
En virtud de todo lo expuesto
FALLO
DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de CAMÍ REIAL
33, S.L., sin expresa condena en costas.
MODO DE IMPUGNACIÓN:
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación conforme establecen los artículos 81 y 85 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del término de quince días siguientes al
de la notificación de esta resolución, ante este Juzgado.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrado-Juez que la ha dictado,
estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.
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