JURISPRUDENCIA
Roj: SJCA 2619/2017 - ECLI: ES:JCA:2017:2619
Id Cendoj: 08019450172017100161
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Sede: Barcelona
Sección: 17
Fecha: 09/10/2017
Nº de Recurso: 310/2015
Nº de Resolución: 281/2017
Procedimiento: Recurso ordinario
Ponente: FEDERICO VIDAL GRASES
Tipo de Resolución: Sentencia
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 17 DE BARCELONA
Recurso nº: 310/2015 M1 - Recurso ordinario
Parte actora: KM SPORT S.L.
Representante parte actora: Ignasi Subirachs Giner
Parte demandada: AJUNTAMENT DE BARCELONA
Representante parte demandada: LLETRAT CONSISTORIAL
SENTENCIA Nº 281/17
En Barcelona a 9 de octubre de dos mil diecisiete
Vistos por D. Federico Vidal Grases, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de
Barcelona los presentes autos instados por el Letrado don Ignacio Subirachs Giner, en representación de la
entidad Km Sport S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona, asistido por la Letrada Dª Teresa Padrós Batlló.
Se procede a dictar Sentencia en nombre del Pueblo, en base a los siguientes;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha de 17 de septiembre de 2015 tuvo entrada en este Juzgado escrito de interposición de
recurso contencioso-administrativo suscrito por la parte actora, en la que tras concretar la resolución objeto
de recurso y solicitaba que se tuviera por interpuesto el recurso.
SEGUNDO.- Tras la subsanación de defectos en su caso, se admitió el recurso por Decreto de 21 septiembre
2015 y se procedió a la reclamación del expediente administrativo; se dio traslado a la actora para formalizar
demanda y tras ello a la demandada, lo que así hicieron
TERCERO .- Por Decreto de 28 de enero de 2016 se fijó la cuantía en indeterminada. Las partes solicitaron
prueba documental, y pericial. La prueba admitida se practicó en la forma que resulta de los respectivos ramos
de prueba
CUARTO .- A continuación se dio las partes del trámite de conclusiones y el asunto quedó concluso para
Sentencia por providencia de 5 de octubre.
QUINTO .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales, y la sentencia se
ha dictado en el plazo legal.
SEXTO .- Objeto del recurso.-
El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre
de la entidad Km Sport S.L. contra la resolución de 16 de julio de 2015 que desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución del Gerente del distrito de Les Corts de 04/03/2015 que acuerda el precinto
de la actividad
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SEPTIMO .- Pretensiones y alegaciones de las partes .
La parte actora expone en primer lugar unos antecedentes de los que resulta que la entidad recurrente ejerce
su actividad de aparcamiento público de automóviles con lavado en la calle Ecuador 38-42 de Barcelona
y obtuvo licencia mediante resolución judicial y posteriormente licencia de puesta en marcha que supuso
la realiación de dos mediciones sonométricas de carácter favorable. Sigue exponiendo que el 27/09/14 se
presentaron técnicos municipales para ordenar el cierre de la actividad para realizar controles sonometricos,
que dio resultado desfavorable por lo que el Ayuntamiento incoó un expediente en el que recayó la resolución
de precinto que es la que resulta ser objeto de este procedimiento. Como fundamentos de derecho alega el
Reglamento autonómico de Obras Actividades y Servicios de los Entes Locales y Reglamento de la Ley de
Urbanismo; que el límite sonométrico aplicable a la actividad es el del momento de concesión de la licencia,
que no podía superar los 70 dBA; se sigue alegando que se cumplen los límites sonometricos incluso con la
normativa actual. Subsidiariamente alega que si fueran de aplicación los criterios que resultan de la Ordenanza
de 28/04/14 procede acordar una indemnización por la adaptación si existe algún coste. Sigue alegando la
existencia de desviación de poder y por todo ello súplica que se declare la legalidad de la actividad ejercida
por ostentar las licencias administrativas pertinentes y no ser de aplicación los criterios que resultan de la
Ordenanza de 09/04/14; subsidiariamente que se declare la nulidad dado que las emisiones acústicas cumplen
con la legalidad vigente a fecha de hoy inclusive las previstas en la modificación de la Ordenanza de 09/04/14;
subsidiariamente la retracción del expediente administrativo al momento de su incoación al objeto de incluir
las actuaciones necesarias para que la recurrente puede adaptarse a los nuevos criterios sonometricos con
reconocimiento y concreción de la indemnización que le corresponde; subsidiariamente que se declare la
obligación del Ayuntamiento de indemnizar por la obligación de adaptar su actividad a una normativa posterior
a la de la licencia concedida.
La demandada se opone a la demanda y alega en primer lugar unos antecedentes a los que me remito y
como fundamentos de derecho alega la naturaleza de la licencia de actividad concedida, que la actividad debe
respetar los límites de inmisión sonora y adecuarse a la Ordenanza; se remite a los controles efectuados; alega
sobre la improcedencia de la indemnización que reclama la actora y niega la desviación de poder, por todo lo
cual solicita la desestimación de la demanda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO .- Los hechos necesarios para una mejor comprensión del caso se encuentran reflejados en los
anteriores FdH.
SEGUNDO.- El asunto que nos ocupa tiene dos vertientes. En primer lugar una de carácter jurídico consistente
en determinar si resulta de aplicación al negocio existente las modificaciones de la Ordenanza en cuanto
modifican las condiciones de la licencia de uso contenida en su día a la entidad actora. La segunda de carácter
fáctico, consistente en determinar si se sobrepasa o no el límite de ruido tolerable en el lugar.
TERCERO.- La licencia de uso y actividad permite al interesado la realización de una determinada actividad en
un determinado lugar y exige que en el momento de la concesión de la misma reúna los requisitos necesarios
para ello. Como sea que lo que controla la administración es una actividad que se desarrolla de forma
permanente y continuada en el tiempo es evidente que no basta con el cumplimiento inicial de los requisitos
exigidos sino que la actividad debe adaptarse a las modificaciones legales que se produzcan.
En el supuesto de referencia nadie discute que la actividad realizada por el recurrente se adaptó inicialmente
a la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona vigente en el año 2007 puesto que de otra forma no hubiera
obtenido la necesaria licencia, en aquellos momentos el umbral máximo permitido era de 70 dBa
El problema consiste en que la Ordenanza inicial fue modificada el 25 de febrero de 2011, y publicada el 2
de mayo de 2011 y los anexos de la misma fueron modificados el 09/04/14, según publicación en el BOP de
28/04/14 y en aquella disposición el umbral máximo permitido fue de 65 dBA, evaluando todas las fuentes
de contaminación acústica, es decir actividad más tráfico y de 60 dBA evaluando sólo la emisión sonora de
la actividad.
La Disposición Transitoria de la nueva Ordenanza de 25 de febrero de 2011 establece que las actividades
existentes disponen hasta el 17/11/2011 para adaptarse a los valores límites de inmisión del anexo II.7 de
la Ordenanza
La Disposición Adicional de la nueva Ordenanza de 25 de febrero de 2011 indica que :
1. Els annexos d'aquesta Ordenança poder ser creats i/o modificats per Decret d'alcaldia o de la Comissió de
Govern de l'Ajuntament. El procediment de creació i/o modificació dels annexos ha de ser objecte d'aprovació
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inicial,d'informació pública per un període mínim de trenta dies, d'aprovació definitiva i publicació al Butlletí
Oficial de laProvíncia de Barcelona, d'acord amb l'article 16 de la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la que
es regulen elsdrets d'accés a la informació ambiental, de participació pública, pel que fa a la participació del
públic en l'elaboració de disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient. Si durant el període
d'informació al públic, no
es formulen al legacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu.
Aquí es donde la parte actora sufre una confusión por cuanto no es cierto que la Ordenanza haya sido
modificada el 28/04/14, lo que se modifica en dicha fecha es el Anexo.II.7 de la Ordenanza ( entre otros) y
los correspondientes mapas acústicos.
Por eso, entendemos que resulta innecesaria la existencia de una disposición transitoria sobre la retroactividad
de la modificación de anexos de la Ordenanza, puesto que debemos remitirnos a la Disposición Transitoria
de la misma. La indicada modificación tiene un neto efecto retroactivo sobre las licencias existentes; así
se desprende de su contenido, en cuanto diferencia las actividades existentes y las de nueva creación. Y el
fundamento legal de dicha retroactividad tiene su fundamento en la Disposición Transitoria y en la Disposición
Adicional de la Ordenanza de 2011, la última en cuanto autoriza al Ayuntamiento a la modificación de los
Anexos, mediante el trámite que allí se indica, sin que nadie haya impugnado dicho trámite.
La retroactividad de la modificación de los Anexos del año 2014 se desprende igualmente por la importancia
del bien jurídico que se pretende proteger frente al ruido y a la evidente conciencia social que repugna el
ruido como constitutivo una forma de violencia en nuestra sociedad. Sería absurdo que la modificación del
umbral del ruido sólo afectase a las actividades de nueva creación y no tuviera incidencia alguna en las ya
existentes, puesto que las actividades afectadas por el ruido serían las más frente a las menos. Así pues la
protección integral contra el ruido se constituye como una necesidad en nuestra sociedad ya que el ruido afecta
a derechos fundamentales y este sentido incide en los denominados "derechos de primera generación", los
derechos de libertad, como: a) el derecho a la integridad personal, en sus 3 facetas -física, psíquica y moral-, en
los términos previstos por el artículo 15 CE , cuando la exposición de una forma continuada a niveles intensos
de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, b) el derecho a la intimidad personal y familiar, en el
ámbito domiciliario ex artículo 18 CE , en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo
de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos
a los que sea imputable la lesión. En segundo lugar, y en relación a los "derechos de segunda generación",
los más comúnmente llamados "derechos sociales", la tutela jurídica frente al ruido se está construyendo
sobre estos derechos, cuyo principio inspirador básico es el de igualdad: a) a la protección de la salud, laboral
( artículo 40) y pública ( artículo 43 CE ) b) a la protección de consumidores y usuarios ( artículo 51 CE ).
CUARTO.- Sentado lo anterior, entramos en la parte práctica del asunto en la cual la parte actora expone que
el ruido que produce no supera los 60 dBA, según prueba pericial realizada por peritos insaculados ante este
Juzgado.
Efectivamente la prueba pericial realizada da un resultado favorable al recurrente por cuanto el resultado es
de 56,15 dBA.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las dos mediciones efectuadas por el Ayuntamiento que dieron un
resultado superior al legalmente permitido y que son las que justifican el acto administrativo objeto del recurso.
También debe tener en cuenta que según resulta de las explicaciones del perito su dictamen se realizó sin
poder considerar el ruido originado por el sistema de limpieza y secado de motos ya que en aquellos momentos
no se encontraba operativo, por lo cual entiende que hipotéticamente en caso de haberse podido computar el
resultado sería de 59,15, muy próximo al límite máximo. Por otra parte, además el propio perito reconoce la
existencia de un error consistente en tomar en consideración el valor de nivel de referencia del calibrador. Todo
ello y la neta y evidente proximidad con el límite máximo que resulta del informe pericial, nos lleva a considerar
como de mayor fiabilidad la medición efectuada por la empresa Audiotec, empresa también independiente
del Ayuntamiento de Barcelona y acreditada por la Generalitat para realizar este tipo de mediciones y que
acredita haber seguido los procedimientos estipulados por la Ordenanza de Medio Ambiente y que presenta
unas consideraciones muy pertinentes en cuanto a las penalizaciones a aplicar, con un resultado netamente
superior al límite máximo permitido de 64 dBa en horario diurno.
Según la declaración del técnico de Auditec Sr  Jose Miguel  , aclara que siguió el método establecido por la
Ordenanza, cosa que no queda acreditado que realizara el perito judicial, que no relata paradas en medición,
y se extiende sobre el ruido de fondo y el de la actividad y los ruidos de baja frecuencia que tampoco detecta
el perito judicial, dicho señor indica que la actividad es perfectamente perceptible desde el domicilio.
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Las dudas que pudieran existir entre ambos dictámenes se despejan a la vista de las declaraciones testificales
de la señora  Adelaida  , que es la denunciante que motiva la intervención administrativa y que vive sobre el
negocio y muy próxima al mismo, la cual declara con toda precisión y claridad las molestias que le ocasiona el
ruido que genera la actividad, tanto por funcionar fuera del horario que tiene establecido y por la circunstancia
de que al tratarse de un lavado que bajo sistema de autoservicio, los clientes lavan sus coches y motos a
cualquier hora del día o de la noche y relata las molestias que ello le ocasiona hasta el punto que en ocasiones
no puede ni oír la TV por el ruido generado por la actividad.
No cabe duda de la sinceridad y veracidad de las afirmaciones de dicha señora ni de la certeza de que el ruido
que origina la actividad le produce serias molestias, por lo cual se opta por desestimar la demanda como forma
de mejor protección frente al ruido y las molestias que genera a los afectados.
También teniendo cuenta que la orden administrativa sólo habla de precinto del negocio en caso de que no
se ajuste a las previsiones de la Ordenanza, con lo cual la parte recurrente tiene un método relativamente
accesible para evitar el precinto del negocio: adaptarse a la normativa vigente
QUINTO.- Por último, no compartimos la alegación de la parte actora en orden a la necesidad de abonar una
indemnización para la adaptación a la normativa, por por ser algo carente de todo apoyo normativo.
De igual manera no se detecta ninguna desviación de poder ni actuación arbitraria por parte del Ayuntamiento,
más allá de la voluntad de dar cumplimiento a la legislación aplicable y de proteger los derechos de los vecinos
SEXTO.- No procede imposición de costas por existir dudas de hecho en relación con los dictámenes periciales
Por lo expuesto,
FALLO
DESESTIMO el recurso presentado por la entidad Km Sport S.L. contra la resolución de 16 de julio de 2015
que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Gerente del distrito de Les Corts de
04/03/2015 que acuerda el precinto de la actividad y CONFIRMO la resolución impugnada en todas sus partes.
Sin hacer expresa imposición de costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en dos efectos en el plazo de los quince días
siguientes a su notificación con las formalidades legales.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando, firmo y hago cumplir, S.Sª. Ilma. D. Federico Vidal Grases,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona y su provincia.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Magistrado- Juez que la dictó en el día
siguiente a su fecha y en audiencia Publica en los estrados del Juzgado. Doy Fe.
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