LA SÍNDICA SIGUE TRASLADANDO AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUEJAS EN MATERIA 
DE EXTRANJERÍA Y RECLAMA A LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES UNA 
SOLUCIÓN URGENTE PARA ACABAR CON ESTA VULNERACIÓN DE DERECHOS 
• Vilà ha tenido constancia de prácticas fraudulentas en la solicitud de la ITE (tarjeta de 
identidad de extranjero): personas extranjeras han hecho pagos de hasta 300 euros a 
empresas para obtener una cita que la Administración ofrece gratuitamente. 
Barcelona, 6 de noviembre de 2020 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, sigue 
trasladando quejas en materia de extranjería al Defensor del Pueblo, organismo a quien le 
corresponde la supervisión de este hecho, puesto que el objeto de queja está vinculado una oficina 
dependiente del Ministerio de Interior. Concretamente, en estos meses de 2020 se han formalizado 
un total de 11 quejas por este tema. 
Los casos más comunes de denuncia lamentan la no disponibilidad de citas previas para ejecutar 
trámites de Extranjería. Tenemos que recordar que los procedimientos como la tramitación de tarjeta 
de identidad extranjera (ITE) se tienen que solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su 
entrada en España o desde que la autorización le fuera concedida. 
Las personas extranjeras indican que no encontrar citas es un hecho recurrente, situación que provoca 
que acaben haciendo un pago a negocios que monopolizan estas citas, cuando la Administración las 
ofrece de manera gratuita. “Se trata de una práctica fraudulenta y común que vulnera los derechos 
de las personas extranjeras, que pueden ser sancionadas con importes de 501 a 10.000 euros si no 
disponen del ITE”, ha afirmado la defensora Vilà. 
La Síndica de Greuges de Barcelona ya hace tiempo que traslada la supervisión de estas quejas al 
Defensor del Pueblo, que es el órgano competente para su análisis. Sin embargo, Vilà ha mostrado su 
rechazo a la situación: “Se ha puesto en conocimiento de nuestra institución que el precio para 
obtener una cita que la Administración ofrece de forma gratuita puede llegar a ser de 300 euros. Se 
debe encontrar una solución urgente para acabar con esta vulneración de derechos”.