LA SÍNDICA RECOMIENDA AL AYUNTAMIENTO QUE ARBITRE 
MEDIDAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA COVID-19 
 
Barcelona, 18 de marzo de 2021 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tenido 
constancia de las quejas de personas opositoras en procesos selectivos municipales que no 
han podido continuar con su participación a causa de la Covid-19. La respuesta del 
Ayuntamiento a la síndica ha sido que precisamente esta actuación se ubica en el marco de 
un acceso en condiciones de igualdad a la función pública. 
 
Ante la reciente convocatoria de oposiciones municipales para este año 2021, que ya se 
encuentra en el periodo de inscripciones, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha 
recomendado al Ayuntamiento que encuentre soluciones y alternativas para asegurar la 
participación de las personas afectadas por la Covid-19 en los procesos selectivos, tal como 
ya hacen otras administraciones como la Junta de Castilla y León. 
 
Los dos casos denunciados 
Una de las quejas recibidas en la Sindicatura exponía que optaba a una plaza de agente de la 
Guardia Urbana de Barcelona, y el día anterior a la primera prueba selectiva dio positivo en 
Covid-19. Según las instrucciones para la realización de la prueba, aprobadas por el 
Departamento de Selección y Provisión de Recursos Humanos, no pudo participar en el 
proceso selectivo. 
 
Otro caso, este en un momento del proceso de selección mucho más avanzado, explicaba que 
estaba convocado el día 20 de noviembre para llevar a cabo la entrevista, y el día 17 de 
noviembre dio positivo en Covid-19. Detallaba que había contactado con la Oficina de 
Información de Oposiciones y Concursos para informar de las circunstancias en que se 
encontraba y le informaron que tenía que presentar una instancia en que expusiera los 
hechos. Así lo hizo con fecha 18 de noviembre, cuando solicitó el aplazamiento de la 
realización de la entrevista. 
 
Sin alternativas 
El consistorio ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que dio respuesta a la 
instancia el 15 de diciembre del año 2020. Se le denegó la petición de posponer la práctica 
 
de la entrevista, dado que en la fecha de finalización de la cuarentena de la persona 
opositora ya habría finalizado el periodo de realización de entrevistas. 
 
El Ayuntamiento dictó y publicó instrucciones para el desarrollo de las pruebas, que 
incorporaban medidas de seguridad para evitar contagios, y preveía la imposibilidad de 
acceder a las instalaciones donde tendrían lugar las pruebas a aquellas personas 
diagnosticadas de la Covid-19, que estuvieran en cuarentena, o bien que hubieran estado en 
contacto estrecho con una persona contagiada los 14 días anteriores a la práctica de la 
prueba. Sin embargo, la instrucción no da alternativas a los aspirantes que se encuentren 
en estas circunstancias descritas. 
Esta disposición implica el deber de todas las personas a las cuales se haya prescrito 
aislamiento o cuarentena a cumplir con estas medidas. La Sindicatura de Greuges de 
Barcelona quiere destacar este precepto no es incompatible con la implementación de otras 
medidas que permitan la participación de los aspirantes que se encuentren en estas 
circunstancias. 
 
La síndica entiende que una medida tan restrictiva como la impuesta puede comportar 
precisamente el efecto contrario, puesto que es probable que aspirantes que se encontraran 
en las circunstancias descritas en la instrucción, ante la posibilidad de perder la convocatoria, 
acudan igualmente a la realización de la prueba. Además, en uno de los casos la persona ya 
estaba en el proceso final, el de la entrevista, después de haber superado varias pruebas 
anteriores. 
 
A pesar de que el Ayuntamiento defiende la actuación en el principio de igualdad en el acceso 
a la función pública, la síndica cree que esta medida puede comprometer este derecho 
reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. El derecho de acceso a la función 
pública es un derecho de configuración legal y, por lo tanto, la aplicación de limitaciones 
también tendrían que venir impuestas legalmente. Por este motivo, es necesario buscar 
fórmulas para evitar restricciones innecesarias en el ejercicio de este derecho fundamental 
y que prevalezca la interpretación más favorable a su efectividad. 
 
Así lo han hecho otras administraciones, como la Junta de Castilla y León, donde la Dirección 
de la Función Pública ha dictado criterios para la celebración de pruebas en procesos 
selectivos a personas afectadas por la Covid-19. Su instrucción prevé que, si se produjeran 
estas circunstancias, y siempre que los aspirantes afectados lo reclamen, los órganos de 
 
selección tendrán que fijar otra fecha para la realización de las pruebas selectivas a las 
cuales no pudieron concurrir. 
 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha concluido que “parece que 
otras soluciones son posibles y resultan más justas e idóneas para respetar el derecho de 
igualdad en el acceso a la función pública”, y ha recomendado al Ayuntamiento que estudie 
la posibilidad de arbitrar medidas que permitan la participación en los procesos selectivos a 
las personas afectadas por la Covid-19.