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En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día 
VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reúne el Plenario del 
Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 
alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes 
de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y 
Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin 
Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep 
M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 
Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 
Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, 
Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María Magdalena Barceló Verea, 
Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan 
José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, 
Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 
Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras 
Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i 
Closa, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 
 
Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
 
Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las 
diez horas y diez minutos. 
 
Se dan por leídas las actas de las dos sesiones anteriores, celebradas el día 
29 de enero de 2016, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del 
Consistorio; y SE APRUEBAN. 
 
 
PARTE INFORMATIVA 
 
Informe de la Sindicatura de Agravios de Barcelona 2015 
 
La Sra. ALCALDESA da la bienvenida a la Sra. Assumpció Vilà, síndica de 
agravios de Barcelona, que acude al Pleno a presentar su informe anual, y a los 
síndicos y síndicas de Cataluña que hoy los acompañan, así como a los vecinos y 
vecinas de la ciudad que siguen la sesión desde la tribuna o mediante la emisión en 
directo de BTV. 
La Sra. VILÀ saluda a la alcaldesa, a los tenientes de alcaldía, a las 
concejalas y concejales del Consistorio y al público que los acompaña hoy. 
Señala que, tal como dispone la ley de la Carta Municipal, comparece para 
presentarles el informe anual de actividad de la Sindicatura de Agravios de 
Barcelona. 
Precisa que, en el 2015, ha elaborado el último informe de este mandato, 
para el cual la comisionó el Consejo Municipal el año 2010; y aprovecha para 
recordar a los miembros del Pleno que disponen del texto completo, de modo que ya 
habrán podido comprobar que más de cinco mil personas se han dirigido a la 
sindicatura y han presentado más de mil quinientas quejas. 
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Recuerda que, en el ejercicio de su labor, en algunos casos ha tenido una 
buena colaboración tanto por parte de los cargos políticos como de los profesionales 
del Ayuntamiento; sin embargo, lamenta que, en otros casos, ha recibido respuesta 
con mucho retraso y no ha podido resolver una parte importante de las quejas en el 
plazo deseable, como demuestra que, a principios de diciembre, tenía pendientes de 
respuesta más de 150 expedientes. 
Pone de manifiesto que dos de cada tres personas que presentaban una queja 
tenían razón, en su opinión, porque alguno de sus derechos no había sido lo 
suficientemente respetado por los servicios municipales y, en estos casos, se 
recomendaba la revisión del caso. Indica que, desgraciadamente, son demasiado los 
casos constatados en que una persona ha sufrido un agravio por parte de los que 
deben trabajar para satisfacer sus derechos, y lo considera un hecho intolerable. Por 
el contrario, considera que tienen que pasar del agravio a la satisfacción del derecho; 
y que todavía hay un paso más que dar, que es el de la rectificación. Así, cuando se 
ha acreditado que el ciudadano o ciudadana tenía razón, han emitido la 
recomendación pertinente al órgano municipal responsable para buscar la solución 
del agravio. 
Manifiesta que, año tras año, ha tenido que recordar en el informe anual que 
la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, que tienen 
derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, lo 
que comporta asumir también deberes de solidaridad. En este sentido, dice que 
siempre procura hacer pedagogía en las decisiones sobre estos deberes, tanto los de la 
ciudadanía como los del Consistorio. Y recuerda que aprovechará este espacio para 
reflexionar sobre lo que la ciudadanía pide y su Ayuntamiento, algunas veces, no le 
facilita. 
Para empezar, recuerda cuál es la función de la sindicatura según la ley: "La 
Sindicatura de Agravios de Barcelona es la institución municipal que tiene la función 
de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos 
de Barcelona y, también, de todas las personas que se encuentren en la ciudad sin ser 
residentes, especialmente con respecto a los derechos y las libertades amparados por 
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Con esta 
finalidad, puede supervisar las actividades de la Administración municipal". 
Remarca que los derechos fundamentales y las libertades públicas son los 
que proclama la Constitución, también el Estatuto de Cataluña y la ordenanza de 
medidas para garantizar la convivencia; unos derechos y deberes que incluyen un 
plus de calidad, ya que son derechos y deberes de orden sociológico con el "derecho 
a la ciudad" como paradigma, y en todos ellos se fundamenta la sindicatura para 
resolver las quejas de la ciudadanía. 
Señala que las recomendaciones que pronuncia la sindicatura responden a la 
consideración de que es conveniente enmendar una forma de proceder que ha 
causado un agravio y, por lo tanto, para evitar nuevos agravios o aumentar la eficacia 
o la calidad de los servicios. 
Reconoce que esta es su función constructiva y, por lo tanto, acto seguido 
sintetiza lo que piensa que es justo y necesario que aborde el Gobierno municipal de 
Barcelona en las materias de hábitat urbano, convivencia, administración pública y 
servicios personales. 
En primer lugar, subraya que la materialización del principio del derecho a 
la vivienda digna siempre ha presidido el informe anual de la sindicatura, ya que es 
un problema siempre presente porque nunca se ha abordado como la primera 
necesidad humana, y porque se ha dejado al mercado libre su realización. 
Constata que, desde la entrada en vigor de la Ley del derecho a la vivienda 
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del 2007, tienen el mandato de alcanzar el objetivo de solidaridad urbana por el que 
el 15 % de las viviendas en Barcelona antes del 2027 deben ser pisos destinados a 
políticas sociales de vivienda. Sin embargo, señala que, en vez de avanzar en este 
objetivo, se está retrocediendo. 
No obstante, manifiesta que el año pasado han visto nuevos horizontes, 
como las actuaciones preventivas iniciadas para evitar la pérdida de la vivienda a las 
familias con dificultades para pagar el alquiler; las aportaciones al fondo de 
viviendas de alquiler social para que la Mesa de Valoraciones de las Solicitudes de 
Vivienda de Emergencia pueda adjudicar viviendas a todas las personas que tienen 
necesidad a raíz de la pérdida de la suya. 
Reconoce que se trata de actuaciones justas y necesarias, pero que son 
intervenciones de choque para impedir un perjuicio, no para alcanzar un derecho 
definitivamente. 
Añade que, aparte de eso, se necesita un parque de alojamientos transitorios 
bajo el régimen jurídico de la Ley de servicios sociales —no de arrendamientos 
urbanos— que sean propios de la Administración o en convenio con entidades de 
iniciativa social, que dé respuesta a toda la demanda —expresada o no— de hogares 
de inserción destinados a atender a las personas o familias más vulnerables. 
Remarca que la vivienda es un componente muy importante de la ciudad, 
pero alerta de que, sin una política urbanística al servicio de la comunidad, no hay 
ciudad. En este sentido, dice que están cansados de ver obras gigantescas que apenas 
han aportado calidad de vida y que han hecho sospechar de enriquecimiento injusto 
de algunos. Cierto o no, recuerda que el camino pasa por facilitar que la ciudadanía 
pueda intervenir activamente en la creación de su ciudad, y, por eso, hay que reforzar 
la legitimidad y el control democrático de las innovaciones urbanísticas. En los casos 
de infracciones urbanísticas, hay que actuar de oficio y con diligencia; potenciar la 
rehabilitación y la habitabilidad de los barrios desfavorecidos. 
Seguidamente, se centra en el medio ambiente, que se está revelando como 
el gran problema para la vida urbana, y advierte que no se tienen que demorar al 
adoptar decisiones efectivas contra la contaminación atmosférica, que piden coraje 
por parte de los cargos políticos y concienciación de la ciudadanía, pero priorizando 
las medidas menos perjudiciales a las personas más débiles. 
En cuanto a la queja permanente por las inmisiones acústicas dentro de los 
hogares, señala que urge tramitar las quejas del vecindario, ya que afectan al derecho 
a la salud y a la intimidad, y establecer un protocolo de medidas cautelares 
inmediatas. Mientras que, con respecto al ruido nocturno en determinados sitios por 
concurrencia masiva en el espacio público, como por ejemplo en el Triángulo Lúdico 
de Sant Martí, las plazas de Gràcia o la Barceloneta, apunta que hay que planificar la 
erradicación definitiva del problema a medio plazo. 
Se refiere acto seguido al precio del transporte urbano de pasajeros, que es 
caro, y todavía lo es más para las personas que tienen ingresos inferiores al indicador 
de renta de suficiencia de Cataluña. Pero apunta que también sale carísimo para la 
comunidad porque el déficit va a costa de todos; en este sentido, alerta de que se 
tiene que luchar contra la omisión del deber de pagar el billete, pero también ser 
justos en esta lucha no haciendo pagar el error como infracción, y procurando que las 
normas sean equitativas. 
En esta línea, reitera sus tres recomendaciones para afrontar el hecho de que, 
cada año, cuatro millones de pasajeros entran en el metro sin pagar, que son la 
concienciación en el sentido que supone un coste para toda la ciudadanía; el control 
digno de pago de los billetes con personal en el acceso a las estaciones para evitar la 
infracción; y no hacer pagar a los menores de edad ni a las personas sin recursos, 
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puesto que no hay que olvidar que el derecho a la libertad de circulación por el 
territorio nacional también es un derecho fundamental. 
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Con respecto al debate entre libertad y seguridad, presente permanentemente 
en la vida social, recuerda que hace diez años que se aprobó la Ordenanza de 
medidas para la convivencia, aunque han constatado su ineficacia y bastantes 
injusticias en su aplicación. En consecuencia, considera que es hora de cambiar el 
procedimiento para conseguir una buena convivencia, por lo que recuerda que ha 
recomendado sustituir la Ordenanza de convivencia por un código de buenas 
prácticas y divulgarlo sistemáticamente de forma pedagógica; excluir de las 
ordenanzas sancionadoras las conductas que tienen origen en una problemática 
social; eliminar de la responsabilidad infractora a los menores de 14 años, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil de padres, madres o personas tutoras para reparar 
los daños; aplicar sistemática y preferentemente medidas educativas y de trabajo en 
beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo; y 
suprimir el fichero de presuntos infractores de la convivencia. 
Indica que también han trabajado sobre muchas quejas con respecto al uso y 
mantenimiento del espacio público, relacionadas con el turismo, la ocupación del 
espacio público o la circulación. 
En esta línea, constata que el turismo a menudo es fuente de preocupación 
entre vecinos y vecinas; unos dicen que crea empleo, intercambia cultura, mejora la 
ciudad; otros, contrariamente, que ocupa el espacio público, expulsa y trastorna a los 
vecinos y vecinas, favorece puestos de trabajo de baja calificación que ocupan 
personas recién llegadas, incrementa los precios y se benefician de él solo algunos. 
Puntualiza, en este caso, que este es un aspecto que recoge en el informe y no 
significa que sea su opinión personal. 
Entiende que el turismo es bueno, tanto practicarlo como recibirlo, pero la 
ciudadanía tiene que saber con certeza qué aporta y qué recibe a cambio. 
En cuanto al espacio público, remarca que se debe conseguir controlar con 
rigor los vehículos de movilidad particular —bicicletas, motocicletas, segway, 
patines—, que deben cumplir con prescripciones que tengan como objetivo el 
derecho a la tranquilidad de la ciudadanía; a la vez que es necesario limitar su 
ocupación con terrazas, muestras, ferias y expositores, y facilitar la movilidad de las 
personas que van a pie, especialmente las invidentes; y en las calzadas, revisar la 
reserva de espacios de estacionamiento privativo que no sean imprescindibles ni 
respondan a privilegios. 
Añade, con respecto al disfrute del espacio público, que, a pesar de tanta 
ocupación particular, se echa de menos una provisión de asientos en las aceras o 
jardines pequeños en los cruces, y el establecimiento de cabinas de lavabos e 
inodoros públicos, para los que se valora como emplazamiento prioritario los 
espacios de acceso del ferrocarril metropolitano. 
Pone de manifiesto que todo el mundo quiere una ciudad accesible, todavía 
más a medida de la diversidad funcional de los barceloneses y de los visitantes, y 
puntualiza que para eso hay que elaborar, con una participación ciudadana amplia, el 
nuevo Plan de accesibilidad y evaluar, junto con el Instituto Municipal de Personas 
con Discapacidad, el Plan director de accesibilidad universal de TMB para actualizar. 
Seguidamente, pasa a tratar el aspecto de la buena administración, que 
empieza con la atención, la comunicación y la participación. Dice que es consciente 
de que los diferentes gobiernos municipales han sido sensibles y cuidadosos con la 
participación ciudadana, pero cree que convendría evaluar la eficacia de las diversas 
modalidades para que sean útiles. 
Manifiesta que querría una Administración municipal proactiva y que 
actuara con diligencia ante las denuncias de las personas que se sienten agravadas, y 
que en lugar de derivar el problema, especialmente ante toda denuncia por 
discriminación punible, iniciara las acciones de investigación oportunas. 
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Acto seguido, hace un par de apuntes sobre la actividad económica desde la 
perspectiva desde las necesidades esenciales de la ciudadanía. Se refiere, en primer 
lugar, a la actividad económica de la pequeña empresa, y entiende que su presencia 
se tiene que incrementar bastante en la contratación municipal; para eso, sugiere 
elaborar una normativa interna que fomente la participación de las pequeñas 
empresas en la prestación de los servicios y los suministros. 
En segundo lugar, añade que buena parte de los puestos de trabajo en los 
servicios municipales se hacen mediante contratación laboral por parte de empresas 
municipales que adoptan formas jurídicas de empresa privada, y hace notar que la 
ciudadanía quiere poder acceder a estos puestos de trabajo y conocer las fórmulas y 
los métodos objetivos de conseguirlo. 
Igualmente, considera necesario favorecer la competencia en los servicios 
esenciales; en esta dirección, confirma que este año han trabajado bastante los 
servicios funerarios como servicios esenciales que no se adecuan a buenas praxis de 
mercado; y ha pedido al Ayuntamiento que aplique todas las medidas a su alcance 
para abaratar el coste de este servicio y situarlo en la media nacional sin menoscabo 
de la calidad. 
Hace notar que haría falta transparencia en la oferta de servicios y sus 
presupuestos, adhesión al arbitraje municipal en consumo, reforzar el régimen de 
inspección, promover la competencia entre las empresas prestamistas de los servicios 
y facilitar la entrada en el mercado de nuevos operadores con medidas tales como la 
modificación de la concesión de los tanatorios de titularidad pública, la creación de 
otros o el alquiler obligatorio de salas de velatorio. 
Finalmente, sobre esta área económica insiste en que se tiene que valorar la 
economía a escala humana. Por lo tanto, el Instituto Municipal de Hacienda tiene que 
actuar con suficiente consideración. 
Admite que se ha avanzado en temas como la plusvalía en casos de dación 
en pago y de embargo de pensiones, pero todavía hay embargo de cuentas bancarias 
de personas que no tienen ingresos o que son inembargables por ley. 
Si hasta ahora se ha referido a todo lo que afecta a los derechos de las 
personas en referencia a los servicios sociales y personales, hace notar que se 
enmarcan en el ámbito de la dimensión humana y de la subsistencia digna. 
Remarca que los servicios sociales son el sistema de protección social de 
responsabilidad municipal más sensible. No obstante, manifiesta que todavía se 
detectan muchos puntos débiles, por lo tanto, subraya que hay que dedicar la máxima 
atención a estudiar la demanda potencial y la necesidad de atención domiciliaria, que 
corresponde al Ayuntamiento, más allá de los casos de prestaciones de la Ley de la 
dependencia. Por lo tanto, apunta que hay que abordar la complementación de la red 
de servicios sociales municipales tal como la prevé la Ley de la Carta Municipal de 
Barcelona y, por eso, es necesario planificar la asunción de competencias en el 
segundo nivel que forman los servicios sociales de atención especializada; regular las 
ayudas económicas puntuales de forma transparente; implementar actuaciones 
extraordinarias para superar la situación de desesperanza de la población de los 
barrios más desfavorecidos, potenciando el trabajo comunitario; y evitar el acoso o la 
desconfianza que, en ocasiones, sufren los profesionales en el trabajo social y 
educativo. Asimismo, hay que garantizar la intervención profesional en la valoración 
de las situaciones de urgencia social, y, en consecuencia, velar por que los 
profesionales dispongan del tiempo y la flexibilidad necesaria para poder atender 
situaciones de alta complejidad. 
Entrando en el terreno de la inmigración, reflexiona que la persona migrante 
que llega al país es, por encima de toda otra consideración, una persona que debe 
tener derechos y oportunidades y, evidentemente, las mismas obligaciones que los 
residentes. Remarca que su forma de ganarse la vida no se puede tratar como una 
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injerencia de competencia desleal, sino como la repercusión que está teniendo la 
crisis migratoria en la ciudad, y la necesidad de recursos económicos de las personas 
que no pueden trabajar porque el sistema se lo prohíbe y las deja en la marginalidad 
social. En consecuencia, recomienda dar apoyo a entidades sociales no lucrativas 
para que puedan llevar a cabo una actividad económica colaborativa para la acogida 
y amparo de las personas inmigradas que no tienen reconocido el derecho al trabajo. 
En materia de salud pública, dice que, a raíz de la crisis que está sufriendo el 
sistema sanitario, han constatado la necesidad de una implicación a fondo del 
Ayuntamiento en la defensa de la ciudadanía, ejerciendo las competencias que le 
otorga la ley. En consecuencia, ha recomendado velar por la calidad de la atención 
sanitaria en la ciudad, y que el Ayuntamiento esté atento a la planificación y la 
evaluación de recursos para el Servicio Catalán de la Salud, tal como prevé la Carta 
Municipal de Barcelona. 
En el último capítulo de materias de competencia municipal directa o 
compartida, se centra en la educación de los niños y adolescentes. En este ámbito, 
señala que el acoso escolar es un tema muy grave, que puede afectar al crecimiento 
integral como personas de los que lo sufren y provocar inseguridad, miedos, 
problemas de relación y trastornos de salud. En este sentido, precisa que el último 
año han supervisado dos quejas en las que las familias exponían que sus hijos sufrían 
acoso. Los padres decían que el Consorcio de Educación de Barcelona no les había 
dado respuesta escrita a su solicitud de cambio de centro por circunstancias 
excepcionales, lo que motivó que los menores tuvieran que permanecer en casa 
algunos meses. 
Desde la sindicatura, piden que, en casos tan graves, en los que puede haber 
acoso, se active el Protocolo de detección e intervención frente al acoso entre iguales 
con el fin de determinar, en primer lugar, la existencia del acoso y, en segundo lugar, 
iniciar las acciones que correspondan. Alerta de que la duda sobre la existencia real 
del acoso no puede comportar falta de actuación. 
Califica de gravísimos los casos de presunto acoso sexual que han salido a 
la luz últimamente, por lo que es preciso que los tribunales actúen de forma justa y 
contundente. En este sentido, hace un llamamiento a las familias, profesores, 
escuelas, al Consorcio de Educación y a todos los grupos del Ayuntamiento para que 
se tomen este tema muy seriamente. 
Recapitula que la gran mayoría de las quejas recibidas por la sindicatura en 
el año 2015, de la misma manera que en los diez años anteriores, tienen el común 
denominador de la insuficiencia de recursos empleados en la solución de problemas, 
sobre todo de recursos humanos para cumplir y hacer cumplir las obligaciones 
municipales y dar respuesta a los derechos de la ciudadanía. 
Recuerda que el control del cumplimiento de las ordenanzas, la atención 
presencial en las OAC, la atención asistencial en los centros de servicios sociales, los 
servicios de limpieza o la seguridad dependen, en buena medida, de la disponibilidad 
cuantitativa y cualitativa de los trabajadores y trabajadoras. 
En consecuencia, señala que la conclusión final de este mandato es que hace 
falta crear los puestos de trabajo en un número proporcional a la calidad del servicio 
que el Ayuntamiento quiera dar a la ciudadanía, y dotarlos con personas bien 
capacitadas y conscientes del servicio público que tienen que prestar. 
Entrando en la parte final de su intervención, pone de manifiesto que la 
Sindicatura de Agravios de Barcelona ha ido evolucionando hasta convertirse en una 
institución sólida e integrada en la ciudad. Y recuerda que su objetivo ha sido que 
fuera más conocida y más apreciada como referente de la salvaguarda de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y de todas aquellas personas que pasan por 
la ciudad, y corrobora que así lo ha intentado hacer trabajando con los tres gobiernos 
locales con los que ha convivido a lo largo de cinco años y medio, actuando con 
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independencia de todo color político, escuchando a sus conciudadanos con 
honestidad, equidad, imparcialidad y comprensión. 
Pensando en el futuro, apunta que, para consolidar esta labor, hay que 
remodelar los métodos de investigación y los efectos de las resoluciones de la 
sindicatura; por eso, ya en el año 2013 hizo la propuesta de incorporar la institución 
en la Carta Municipal, y, en el 2015, gracias a la colaboración de todos, a raíz de su 
reconocimiento a rango de ley, hizo unas propuestas adicionales que ahora reitera y 
resume. 
En primer lugar, alega que hay que reforzar el derecho de defensa de la 
ciudadanía, y, por eso, propone un nuevo reglamento, del que ya disponen de un 
borrador, que tiene como líneas principales configurar como derecho de todas las 
personas que viven o transitan por Barcelona la revisión de sus presuntos agravios. 
Reforzar la independencia de la sindicatura como valor adicional de la institución, 
sin ninguna intrusión política. 
Añade que la oficina técnica de la Sindicatura tiene que poder investigar las 
denuncias por malas praxis administrativas; y la sindicatura debe dedicar esfuerzos a 
proteger los intereses y oportunidades de la infancia y la adolescencia mediante una 
extensión preventiva y educativa en la línea de la Ley de los derechos y 
oportunidades de la infancia; y el ejercicio de la función defensora tiene que 
comprender la potestad de asesoramiento verbal y por escrito, el apoyo en las 
alegaciones de todo interesado en un procedimiento administrativo; así como el 
apoyo en los recursos de alzada, de reposición y, si es el caso, de revisión. 
Pone de manifiesto que este pronunciamiento final del órgano responsable 
debe fundamentarse en derecho y en equidad aceptando o rechazando las 
recomendaciones de la sindicatura. 
Concluye que la sindicatura puede ser un órgano de prevención y de 
mediación en conflictos, y recuerda su disposición a afrontar el reto de presentar una 
propuesta operativa en este sentido. Precisa que estas líneas de actuación nuevas 
serían una especialización operativa que no generaría gasto adicional y que no son 
difíciles de implementar. Considera que la solvencia del resultado será indudable si 
el Plenario del Consejo Municipal pone en valor esta institución defensora que creó y 
que cree que han defendido con todo rigor. 
Finalmente, expresa un mensaje recogido de las entidades sociales —del 
mundo social del que proviene y que aprecia—, que piden ser escuchadas y 
reconocidas, quieren conseguir mejoras por lo que respecta a la accesibilidad de 
personas con alguna discapacidad visual o física, facilitar los espacios físicos 
necesarios donde puedan desarrollar sus funciones y objetivos, dotar a las personas 
mayores de todos los recursos sociales posibles para cubrir sus necesidades y, sobre 
todo, valorar la gran labor que desarrolla el tercer sector para conseguir cohesión 
social, disminuyendo la exclusión de los colectivos más vulnerables con el fin de 
hacer más justa la sociedad. 
Para acabar, agradece la presencia del síndico de agravios de Cataluña y su 
equipo, así como la de los síndicos y síndicas locales de Cataluña que los 
acompañan, y hace un reconocimiento muy especial a todo su equipo, que, con su 
fidelidad, profesionalidad, su buena disposición y el impecable cumplimiento de su 
deber, hace posible sacar adelante los proyectos de la institución. 
 
La Sra. LECHA agradece la presencia de la síndica y de todo su equipo, así 
como el informe que hoy les ha presentado. Valora muy positivamente en nombre de 
CUP-Capgirem tanto la aportación de datos que significa como las reflexiones que 
contiene en torno a la vulneración de derechos que han sufrido los vecinos y vecinas 
de la ciudad. 
No obstante, manifiesta que echan de menos en el informe alguna referencia 
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explícita a la lacra de la violencia machista y, aunque no los sorprende que la 
sindicatura no haya recibido quejas en este sentido, entiende que debería expresarlo 
como una preocupación, puesto que los tres feminicidios ocurridos en Barcelona en 
el 2015 son un indicador, como también lo son la expresión de múltiples violencias 
machistas que se viven en las calles, las escuelas y los hogares. 
Siguiendo el relato del informe, se refiere a que destaca que en materia de 
vivienda continúa patente el desequilibrio entre demandas y recursos existentes; y, en 
este sentido, el grupo de la CUP reivindica nuevamente la necesidad de disponer de 
un censo de viviendas vacías en la ciudad que se puedan adherir al parque de 
vivienda social, de larga duración o temporal. 
En este sentido, manifiesta que la política de vivienda no tiene que centrarse 
únicamente en la exclusión social, que inequívocamente es prioritaria, y tiene que ir 
más allá, ya que hay familias con una renta que no los cataloga en riesgo de 
exclusión, pero que no pueden acceder a pisos de alquiler a precio de mercado. 
Igualmente, señala que hay gente joven que, por el mismo motivo, se tiene que 
marchar de sus barrios y de la ciudad, incluso para hacer su proyecto de futuro. 
En cuanto al plan urbanístico de alojamientos turísticos, recuerda que 
comparten algunas de las propuestas de la síndica, aunque entienden que la ciudad ya 
ha alcanzado el máximo de viviendas turísticas, y no consideran la posibilidad de 
trasladarlos a barrios periféricos para disminuir la presión en los barrios del centro de 
la ciudad. Por el contrario, son de la opinión que, hoy por hoy, las medidas tienen 
que pasar por el decrecimiento de la actividad turística. 
En referencia a la movilidad, dice que valoran positivamente la propuesta de 
gratuidad del transporte público hasta los 18 años, que es una de las reivindicaciones 
que han expresado mediante propuestas a las comisiones del Plenario del Consejo 
Municipal, y que no han sido aceptadas en ningún caso. 
Igualmente, constata que la síndica comparte su inquietud por la 
implantación de la T-Mobilitat porque significa la privatización de un servicio que 
debería ser público, y que comporta el enriquecimiento del grupo de empresas 
liderado por CaixaBank, que con su despliegue se apropia del control de los datos 
privados de los usuarios de transporte público. Y confirma que también hacen suya la 
denuncia de la plataforma Stop Pujades con respecto a las tarifas de transporte 
público. 
En el ámbito del espacio público, suscriben, en gran parte, la valoración del 
informe de la aplicación de la Ordenanza del civismo, y aprovecha para recordar al 
Gobierno municipal que en su programa electoral se comprometía a derogarla. Y 
hace notar que la aplicación de la ordenanza recae mayoritariamente en las personas 
más vulnerables, con multas desorbitadas, aunque no se pueden cobrar debido a la 
precariedad de las personas sancionadas. 
Recuerda, también, la aprobación de la declaración institucional de su grupo 
hace unos meses, en la que instaban al Gobierno español a la retirada de la Ley 
Mordaza, e insiste en que Barcelona debería ser una ciudad desobediente con las 
leyes que paralizan la libertad de expresión y que criminalizan a la población. 
Con respecto a la ocupación del espacio público con finalidades 
mercantilistas, destaca la alusión a la opacidad a la hora de recibir los datos 
cuantitativos por parte del Gobierno anterior. En este sentido, consideran que la 
ocupación del espacio público por las terrazas requiere una regulación estricta en los 
barrios más afectados por la actividad turística. Observa que, aunque se ha 
conseguido aplazar la aplicación de la Ordenanza de terrazas con el objetivo de poner 
orden, se constata el servilismo a los intereses de los lobbies empresariales. Por el 
contrario, su grupo considera que el espacio público tiene que ser de vecinos y 
vecinas y tiene que servir para fomentar la socialización y el disfrute. 
Con respecto a los trámites municipales, especialmente el 010, afirma que 
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coinciden plenamente con la síndica en que deberían ser gratuitos. Sin embargo, 
concreta que el personal que atiende al teléfono del civismo tiene la orden de derivar 
las llamadas al 010 para que sean de pago. 
Explica que otra preocupación que comparten con la síndica es el gran 
número de servicios de este Ayuntamiento que están externalizados y gestionados 
por empresas y, por otra parte, las condiciones laborales que sufren los trabajadores 
de estas empresas. En este sentido, además de reclamar la introducción de cláusulas 
que equiparen las condiciones del personal, reivindican la municipalización de los 
servicios básicos. 
En cuanto a la referencia en el informe de la síndica al acoso laboral en el 
Ayuntamiento, afirma que es preocupante sobre todo porque no se constata ningún 
cambio al respecto con la nueva legislatura. 
Con respecto al ámbito de la salud, explicita que echan de menos en el 
informe referencias a la situación de las personas inmigrantes que todavía no tienen 
el derecho de acceso al sistema sanitario. En este sentido, indica que la última 
instrucción de la Generalitat hace que, hoy por hoy, todavía esté restringido el acceso 
universal a la sanidad en todos sus ámbitos. Añade que también encuentran que falta 
la noticia de la problemática todavía existente que se deriva de los recortes sanitarios. 
Con respecto a los trámites para el empadronamiento, constata las trabas 
para llevarlos a cabo, sobre todo sin un domicilio fijo, especialmente por el 
requerimiento del informe de los servicios sociales, que pone de manifiesto la 
escasez de recursos de los que disponen. Y remarca que a todo se añade la 
precarización laboral del personal externalizado de los servicios sociales, tal como 
demuestran explícitamente los ejemplos de la síndica en su informe. 
Precisa que, en el ámbito de la educación, no hará mención de las becas 
comedor, puesto que su grupo ha presentado una proposición al respecto en esta 
misma sesión. Pero manifiesta que consideran positivo que en el informe se sea 
hecho patente la actuación deficiente por parte del Consorcio de Educación con 
respecto a los casos de bullying. Añade que no pueden olvidar tampoco el caso de 
Alan, víctima de LGTBIfobia, o los casos de pederastia que han conocido 
recientemente, pero que se remontan a mucho tiempo atrás. Igualmente, se suman al 
toque de alerta de la síndica con respecto a la indefensión de los niños ante 
situaciones de acoso o agresiones sociales. 
Seguidamente, confirma que se adhieren a la puesta al día de la aplicación 
del Plan director de accesibilidad universal de TMB en cuanto a la diversidad 
funcional, y remarca que todavía queda mucho trabajo por hacer en la adaptación 
tanto al metro como al autobús. 
Finalmente, y con respecto a los servicios funerarios, afirma que, como la 
síndica, ven con preocupación la subida del IVA, que desde el 2014 ha pasado del 8 
% al 21 %, pasando de tener un IVA reducido a tenerlo como un producto de lujo. 
Consideran que el Estado tiene que reducir este porcentaje, puesto que se trata de un 
servicio de primera necesidad. 
No obstante, pone de relieve que la ley de ámbito catalán, que adaptó la 
normativa europea, abría la oportunidad de entrada de empresas pequeñas con el fin 
de hacer los precios más competitivos en el sector. Sin embargo, alega que su grupo 
no está a favor del mercado libre en este servicio básico. 
 Ref.: CP PÁG. 10 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ da la bienvenida a los síndicos y síndicas de 
Cataluña, y agradece a la síndica y a su equipo la presentación del informe anual, 
entiende que parcial, dado que es la radiografía de un año con dos gobiernos 
diferentes. Añade que también lo considera parcial porque no siempre tiene en cuenta 
a una gran parte de la ciudadanía que no se queja, a la que llama vecinos silenciosos. 
Concreta que se trata de vecinos molestos con el adoctrinamiento de los 
niños que se ha producido con motivo de fiestas populares, como las de la última 
Navidad; molestos y condicionados por las recientes huelgas de transporte público; o 
los que sufren las molestias ocasionadas por ocupantes irregulares de fincas urbanas; 
o los que han sufrido los incrementos consolidados de las tarifas de transporte 
público o de suministro de agua. 
Manifiesta que, sin embargo, comparten bastantes aspectos del informe, 
como la necesidad de ampliar el parque de viviendas de alquiler, concretamente del 
casi inexistente parque de alquiler social. 
Recuerda que el año pasado coincidieron con la síndica en cuanto a la 
necesidad de revisar el reglamento para la adjudicación de viviendas de emergencia 
social, y desgraciadamente recuerda que el proyecto de reglamento incluye ahora la 
regulación de ocupaciones irregulares, un agravio comparativo con las personas que 
siguen punto por punto el procedimiento. A la vez que comparten la discrepancia de 
la síndica con respecto a los desahucios de viviendas del Patronato Municipal de la 
Vivienda. 
Como se expresa en el informe, se muestra de acuerdo con que hay que 
tomar medidas para regular las viviendas de uso turístico, cuya proliferación es 
consecuencia de la mala gestión municipal de la actividad turística, incapaz de 
combatir las irregularidades y las molestias que causa en vecindarios y barrios, y 
remarca que faltan inspecciones. Constata, por lo tanto, que el actual Gobierno 
municipal, como el anterior, continúa convirtiendo el turismo, que debería ser una 
oportunidad para la ciudad, en un problema. 
Centrándose en el terreno de la seguridad, asegura que los sorprende que se 
cuestione la presunción de veracidad de la Guardia Urbana, y echan de menos una 
defensa firme por parte de la síndica de su actuación y profesionalidad. 
No obstante, confirma que comparten la necesidad de revisar y actualizar 
conductas previstas en la Ordenanza de civismo, pero discrepan con la solución 
propuesta por la síndica de sustituir la ordenanza por un código de buenas prácticas; 
por el contrario, en su opinión, lo que hace falta es aclarar conductas y aplicar la 
ordenanza con determinación para garantizar una buena convivencia. 
Continúa diciendo que no comprenden la actitud en exceso comprensiva con 
las ocupaciones ilegales, defendiendo incluso un trato diferenciado a los ocupantes al 
pretender que no se les apliquen las ordenanzas por las molestias que provocan estas 
ocupaciones, y que se quiera reducir a un problema de mediación. 
Sin embargo, afirma que están de acuerdo en ampliar el catálogo de 
prestaciones y los servicios municipales donde se puedan hacer las prestaciones 
sustitutorias en aplicación de la ordenanza de civismo, y también en la aplicación de 
medidas en beneficio de la comunidad; a la vez que consideran imprescindible firmar 
un nuevo convenio con la Administración de justicia para mejorar el vigente. 
En otro orden de cosas, expresa la preocupación de su grupo por el fraude 
en el transporte público de las personas que entran sin pagar, que entienden como 
una actitud que no se puede banalizar y que requiere actuar con contundencia, ya que 
implica un coste de más trescientos millones de euros anuales. 
Con respecto a los órganos de participación, dice que coinciden con que es 
necesario racionalizarlos y reformarlos, tal como ya propusieron en el mandato 
anterior; y señala que echan de menos en el informe una crítica a los procedimientos 
de apropiación que hace el Gobierno de estos órganos y que generan quejas en los 
 Ref.: CP PÁG. 11 
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distritos. 
En cuanto al funcionamiento de la Administración, confirma que están de 
acuerdo con la preocupación expresada por la síndica por que el Ayuntamiento 
vuelva a utilizar el silencio administrativo para aprobar planeamientos urbanísticos, 
así como la necesidad de mejorar las condiciones sociales en la contratación y 
eliminar obstáculos para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a la 
contratación municipal. 
Y confirma que la actividad económica continúa frenada por la burocracia y 
las trabas de una excesiva regulación y, en ocasiones, la disparidad de normativas 
entre distritos. Así, pone de manifiesto que mientras el Ayuntamiento pone 
impedimentos a los horarios y a la ocupación del espacio público a los comerciantes 
que pagan tasas e impuestos, avala una actividad ilícita como el top manta. 
En el capítulo fiscal, pone en evidencia que, un año más Barcelona, continúa 
siendo la ciudad más cara del Estado, con una fiscalidad e impuestos de los más 
elevados y en los topes máximos permitidos por ley. En consecuencia, reivindica 
promover una rebaja de la fiscalidad para conseguir creación de empleo, reactivación 
económica y una mejora de la gestión tributaria del Instituto Municipal de Hacienda. 
A pesar de la situación que acaba de apuntar, manifiesta que los sorprende que la 
síndica no haga ninguna recomendación al respecto. 
Reprocha que, en el ámbito educativo, Barcelona continúe teniendo aulas en 
barracones; que no se hayan construido los centros educativos previstos en el Plan de 
equipamientos; o la falta de escoles bressol, que ha provocado que este curso hayan 
sido casi tres mil los niños sin plaza. Recrimina, igualmente, que persiste la falta de 
libertad de elección de los padres en la educación de sus hijos. 
Destaca, en cuanto al funcionamiento de los servicios sociales, que 
continúan las quejas por los colapsos y por los retrasos en la prestación del servicio, 
y hace notar que no se ha producido ningún cambio positivo con respecto al mandato 
anterior, que se concreta con demoras de semanas en los casos de urgencia social. Y, 
en este sentido, critica que el informe no se haga eco del tiempo de espera para una 
primera visita a los centros de servicios sociales, que barrios como la Guineueta, 
Verdum o la Prosperitat se alarga hasta los 42 días; o que tampoco se refiera a las 
listas de espera para acceder a una plaza de residencia para personas mayores, a 
viviendas con servicios o a un centro de día. 
Acaba su intervención agradeciendo a la síndica su trabajo y el de su equipo, 
aunque le hace notar que, en otras ocasiones, el tono de su informe ha sido más 
crítico que en esta ocasión. 
 
La Sra. ANDRÉS saluda a la síndica de Barcelona, al síndico de agravios y 
a los síndicos y síndicas de Cataluña presentes en este Pleno. 
Empieza por agradecer a la síndica el trabajo hecho durante los seis años al 
frente de la sindicatura, así como también el de su equipo. 
Contextualiza el informe en el proceso de selección del nuevo síndico o 
síndica de Barcelona, en que se cierra una etapa y se abre una nueva, y aprovecha 
para poner en valor el trabajo de la Sra. Vilà, que ha contribuido a consolidar la 
institución de la Sindicatura de Agravios de Barcelona, haciéndola mucho más 
conocida entre la ciudadanía, como corrobora que haya pasado de las 2.400 quejas, 
en el 2011, a sobrepasar las cinco mil, en el 2015. 
Destaca que las quejas de la ciudadanía forman parte de la protección de sus 
derechos y libertades públicas, y las recomendaciones de la síndica —que son la 
respuesta a las quejas— también forman parte del sistema de protección de derechos. 
Por lo tanto, apunta que, aunque estas recomendaciones no sean legalmente 
vinculantes, obligan al Ayuntamiento a su cumplimiento. 
En consecuencia, manifiesta que su grupo entiende que hay que contribuir al 
 Ref.: CP PÁG. 12 
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fortalecimiento de esta institución dotándola con más recursos e instrumentos para 
mejorar la efectividad de su actuación. En esta línea, recuerda que, durante el 
mandato anterior, por unanimidad en el Ayuntamiento y en el Parlamento, se incluyó 
a la sindicatura a la Carta Municipal. Y añade que, durante este mandato, por impulso 
del Grupo Socialista y el apoyo del resto de los grupos, están en fase de incluir la 
consulta ciudadana en el sistema de selección del síndico o síndica de Barcelona para 
dotar a la institución de más legitimidad para hacer cumplir sus recomendaciones de 
defensa de derechos y libertades de la ciudadanía, y de los que, en un momento dado, 
hacen estancia en la ciudad. Dice que valoran muy positivamente del informe que se 
refleje la sensibilidad de la síndica por apreciar la cara más humana del impacto de la 
crisis económica en las personas; pone en valor que recomienda medidas que no solo 
intentan resolver las necesidades básicas de las personas, sino también para combatir 
la desesperanza. 
Confirma que comparten esta visión, por lo que quieren trabajar con el 
Gobierno y el resto de los grupos municipales en la definición de un nuevo modelo 
de servicios sociales más empoderador, que promueva la autonomía personal y la 
acción comunitaria. Consideran que hay que sustituir todas las ayudas a las familias 
por un complemento de renta que las dote de autonomía para decidir y administrarse. 
Agradece la noticia de la síndica en el informe del colectivo de niños, 
adolescentes y jóvenes de la ciudad, argumentando que no tienen que quedar 
excluidos de los servicios municipales por las deudas con Hacienda que puedan tener 
sus familias. Y suscribe igualmente que hay que garantizar la equidad educativa para 
toda la ciudad; en este sentido, destaca que la síndica habla de construir más 
institutos y mejorar la oferta pública de educación para los alumnos que acaban la 
ESO para que tengan más herramientas para afrontar sus vidas adultas, una petición 
que su grupo pide que sea trasladada al Parlamento con la concurrencia del síndico 
de agravios. 
Se felicita por el reconocimiento de la síndica del trabajo de este 
Ayuntamiento para hacer una ciudad accesible para las personas con discapacidad 
física, aunque hay que avanzar mucho más con respecto a los niños y adolescentes 
con este tipo de discapacidades, mejorando la adaptabilidad de los centros educativos 
y de ocio. 
Igualmente, dice que comparten su reflexión en cuanto a repensar el servicio 
de puerta a puerta para facilitar el derecho a la movilidad de las personas con 
discapacidad. 
Coinciden y agradecen la reflexión de la síndica sobre el espacio público 
como ámbito de convivencia y donde tiene que prevalecer el uso común por encima 
del privativo, especialmente en las aceras. 
Suscriben también el uso de la rehabilitación como herramienta para 
garantizar el derecho a la vivienda y mejorar la calidad de vida de las personas, y 
como la síndica, apuestan por la rehabilitación para habilitar pisos desocupados y 
ponerlos en el mercado público; así como mejorar las viviendas de residencia 
habitual para que reúnan las condiciones necesarias para garantizar calidad de vida. 
Con respecto a las recomendaciones del informe sobre la revisión de la 
Ordenanza de convivencia, entienden que se trata de un reto que, entre todos, tienen 
que revisar y actualizar para ponerlo al alcance de la ciudadanía con garantías. Y 
agradece especialmente a la síndica que haya escuchado a su grupo en materia de 
prostitución, y reivindica que, para afrontar este asunto, que hay que alcanzar un 
consenso de ciudad. 
Acaba su intervención haciendo un reconocimiento del trabajo hecho por la 
síndica y su equipo, y manifiesta nuevamente el compromiso de su grupo para 
continuar fortaleciendo la Sindicatura de Agravios, una institución fundamental para 
los barceloneses y las barcelonesas. 
 Ref.: CP PÁG. 13 
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El Sr. BOSCH agradece a la síndica su presencia en esta sesión, así como el 
trabajo hecho durante los años en los que ha estado al cargo de la institución, un 
espacio de defensa de la ciudadanía y de sus derechos. Por lo tanto, aunque son 
conscientes de que es una tarea muy complicada, entienden que como contrapartida 
puede compensar mucho a la hora de hacer balance. 
Valora la contribución de la síndica como un éxito en hacer que la 
institución sea más conocida y apreciada por la ciudadanía, más útil y más utilizada. 
Acto seguido, desea a la Sra. Vilà mucha suerte y acierto sea cual sea el camino que 
emprenda en el futuro. 
En cuanto al contenido del informe, destaca que se ha producido un 
descenso de las quejas, que, si bien podría responder a que las personas utilizan 
menos la sindicatura, entiende que, por el contrario, se trata de una disminución real 
de los motivos de queja. Considera que la tendencia de la crisis económica, social y 
laboral ha ayudado a que se estabilice a la baja el número de quejas que llegan a la 
sindicatura, como ejemplifica el caso del descenso de quejas referentes a la vivienda. 
Seguidamente, comenta algunas cuestiones como que el 30 % de las quejas 
que ha recibido la sindicatura se concentran en Ciutat Vella y en L'Eixample, hecho 
que manifiesta que es en las zonas más céntricas donde se generan más conflictos y, 
por lo tanto, entienden que habría que centrar las actuaciones en estos distritos con el 
fin de resolver los motivos de queja que aparecen en el informe. 
Observa que las quejas por imposición de sanciones son recurrentes cada 
año, aunque, por lo que se desprende del informe, están motivadas. Por lo tanto, 
apunta que la Administración tiene que ser muy cuidadosa para imponer sanciones 
realmente justas y no dar opción a la queja. Señala que, entre otras condiciones, es 
preciso que la policía sea más próxima y profesional en la aplicación de las 
sanciones. 
Añade la necesidad de redoblar la labor de los servicios sociales para que, 
en algunos casos, las sanciones impuestas se consideren extremas y abusivas, o 
cuando hacerles frente comporte renunciar a necesidades básicas. 
No obstante, en los casos en que la sanción está plenamente justificada y es 
necesaria, entienden que hay que dejar muy claro que el objetivo no es el castigo, 
sino asegurar la convivencia con una acción ejemplar. 
En cuanto a la accesibilidad, uno de los aspectos que también se reflejan en 
el informe, comenta que, en una conversación reciente, personas invidentes 
expresaban sus reiteradas quejas, aunque reconocían que la ciudad ha avanzado 
mucho, superando a muchas otras ciudades en cuanto a adaptabilidad. A pesar de 
todo, advierte que todavía hay mucho por hacer, especialmente en pequeños detalles 
que pasan desapercibidos para la Administración y que se visibilizan a raíz de las 
quejas de los usuarios. 
Se refiere también a los servicios y la asistencia a las enfermedades 
mentales, especialmente en el colectivo de gente más joven. En este sentido, apunta 
que hay quejas en el sentido de que la atención que se le presta es escasa y no muy 
buena. 
Entrando en el terreno de la convivencia, ratifica las apreciaciones de las 
intervenciones que lo han precedido, pero entiende que se debe insistir en los 
aspectos que tienen que ver con la proliferación de todo tipo de vehículos —
bicicletas, patinetes, patines, segway— que hacen que los peatones se sientan 
desprotegidos incluso en las aceras. En esta línea, recuerda que su grupo ha 
presentado algunas iniciativas, de las cuales la misma síndica se hace eco en su 
informe. 
 Ref.: CP PÁG. 14 
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Igualmente, hace referencia a todas aquellas actuaciones que afectan al 
espacio público, entre las cuales la venta ambulante, especialmente la ilegal. Aduce, 
en este sentido, que lo más importante es asumir colectivamente que el espacio 
público es común, de todo el mundo, y, como tal, hay que preservarlo y cuidarlo, y 
eso significa que la Administración también tiene que cumplir con sus obligaciones, 
especialmente con respecto a las aceras. 
Finalmente se refiere a los servicios funerarios, y considera indignante que 
las personas se puedan sentir maltratadas cuando tienen que acudir a ellos. 
 
La Sra. MEJÍAS se suma, como el resto de grupos que la han precedido, a 
dar la bienvenida a la síndica, a su equipo, así como a los síndicos y síndicas que hoy 
los acompañan. 
Acto seguido agradece a la Sra. Vilà su actitud, puesto que siempre que su 
grupo, nuevo en este Ayuntamiento, ha requerido su ayuda, ha mostrado muy buena 
predisposición y disponibilidad. 
Entrando a considerar el contenido del informe anual de la síndica, que 
recoge las quejas y reclamaciones relativas a la vulneración de derechos de las 
personas o disfunciones de la Administración pública hacia sus administrados, pone 
en valor que la síndica se convierte un referente para el conjunto de la ciudadanía de 
Barcelona, y también de aquellas personas que están de paso. 
Observa que más de mil quinientas quejas o reclamaciones sobre los 
servicios municipales han sido tramitadas a raíz de las recomendaciones de la 
síndica. Y dice que les llama la atención que una gran mayoría sean relativas a los 
servicios sociales, que entienden que tienen mucho que ver con el contexto de 
emergencia social actual. 
Pone de relieve que en el informe no se recogen las necesidades de los 
adolescentes y los jóvenes, y consideran que sería efectivo que la sindicatura se 
coordinara con organizaciones que gestionan actividades para jóvenes u ONG, y que 
ponga de manifiesto cuáles son las necesidades de algunos de estos colectivos que, 
probablemente, no tienen la sindicatura como referente. 
Alega que una de las cuestiones que trata el informe que consideran más 
significativas son las que alcanzan el ámbito de la vivienda, que nuevamente pone de 
manifiesto que Barcelona es una ciudad que no tiene bastante vivienda social a 
disposición de las familias en situación de dificultad. En consecuencia, pone en valor 
que el informe certifique la necesidad de incrementar el parque de vivienda social 
para que, dentro de unos años, Barcelona se sitúe en la media europea. Precisa que la 
síndica indica que la media europea está en un 20 % y, en cambio, Barcelona no llega 
ni al 1,5 %, cosa que supone hacer un esfuerzo sustancial en cuanto a la dotación 
presupuestaria para garantizar la creación de este parque de vivienda social, y una 
respuesta mucho más ágil a las personas en situación de dificultad habitacional, que 
también pasa por las medidas de ayuda al alquiler, así como por agilizar los trámites. 
En este sentido, precisa que la síndica alertó de que el reglamento de acceso a la 
vivienda social era demasiado rígido y que se tenía que reformar, y a instancia suya 
se iniciaron las modificaciones pertinentes. 
Expresa que su grupo da gran importancia a la cuestión de la accesibilidad, 
como también manifiestan las recomendaciones de la síndica, que inciden en la 
necesidad de hacer una reflexión y asumir un compromiso firme en mejorar la 
accesibilidad a los medios de transporte y los equipamientos municipales; y aunque 
reconoce que Barcelona ha sido una ciudad modélica a la hora de garantizar la 
accesibilidad a las personas con movilidad reducida, insiste en que todavía quedan 
muchos aspectos por solucionar. Aprovecha para remarcar la importancia del trabajo 
conjunto con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. 
 Ref.: CP PÁG. 15 
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Como ha apuntado al principio, reanuda la constatación de que los servicios 
sociales son los que han recogido un número más significativo de quejas, según 
consta en el informe y en los datos del barómetro de infancia y familias. Señala que 
la síndica alerta de que el barómetro del 2014, aunque reflejaba situaciones de 
desigualdad importante, especialmente en familias con hijos e hijas menores de 16 
años, no comportó la toma de medidas para garantizar mejoras, y advierte que la 
situación ha ido empeorando los últimos meses. 
En cuanto a los aspectos de convivencia, destaca la reflexión de la síndica, 
que no comparten, que valora negativamente la ordenanza de civismo y considera 
que se debería sustituir por un código de buenas prácticas. Por el contrario, afirma 
que su grupo entiende que el espacio público tiene que estar ordenado, y que eso 
debe garantizarse mediante normas que todo el mundo esté obligado a cumplir. En 
este sentido, aprovecha para reprochar la relajación de los últimos meses en el 
cumplimiento de las normas, que ha llevado a situaciones de ocupación de la vía 
pública con prácticas ilícitas y reaparición de actividades como la contratación de 
servicios sexuales en la calle que generan conflictos vecinales. 
Por otra parte, valoran las observaciones de la síndica en cuanto a la salud 
pública como una de las competencias que hay que trabajar, y también aquellas 
relativas a la educación como una de las herramientas fundamentales para garantizar 
la buena convivencia. 
Acaba su intervención explicitando los mejores deseos a la síndica de cara al 
futuro. 
 
El Sr. MARTÍ, como el resto de portavoces de los grupos municipales, da la 
bienvenida al Pleno a los síndicos y síndicas locales del país, y agradece a la Síndica 
y a su equipo el trabajo que hay detrás del informe anual que hoy ha presentado, así 
como todo el trabajo llevado a cabo durante los cinco años de mandato. 
Remarca que, como siempre, se trata de un informe hecho desde la 
independencia, el rigor y la objetividad que corresponde a una institución como la 
Sindicatura de Agravios de Barcelona; a la vez que también valora positivamente que 
se haya iniciado un proceso participativo que dará pie a la ciudadanía y las entidades 
a incidir, por primera vez, en la elección del síndico o síndica de agravios de la 
ciudad. 
Consideran que el informe refleja el trabajo proactivo de la institución para 
velar por el buen cumplimiento de los servicios públicos y la garantía de los derechos 
básicos de la ciudadanía. Destaca que ayuda a valorar las necesidades más 
importantes de las personas y evaluar la efectividad de las respuestas que da la 
Administración municipal. 
Sin embargo, reconoce que no es fácil responder a la gran cantidad de 
quejas y consultas que recibe la Sindicatura, que se traducen en 3.274 actuaciones. Y, 
como la síndica, se suma a la denuncia del retraso en determinadas respuestas por 
parte del Gobierno municipal, y entiende que este aspecto tiene que ir mejorando. 
Puntualiza que este informe hace referencia a los últimos cinco meses del 
mandato anterior y a los siete primeros del actual, de modo que entiende que hay un 
reparto de responsabilidades entre ambos mandatos. 
Observa que las consultas y quejas hacen referencia a ámbitos muy diversos, 
entre los cuales el transporte público y el tráfico, sobre cuyos problemas y quejas han 
tenido buena muestra esta misma semana; el medio ambiente, todavía vigente por el 
episodio reciente de contaminación atmosférica; servicios sociales, seguridad y 
civismo, entre otros. 
En cuanto a la distribución territorial de las quejas, recuerda que se 
manifiesta en el informe que recaen mayoritariamente en L'Eixample y Ciutat Vella, 
de modo que consideran que el Gobierno municipal debería incrementar la provisión 
 Ref.: CP PÁG. 16 
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de servicios municipales en estas zonas. 
Destaca tres ámbitos que aparecen en el informe y que tienen una incidencia 
especial en la ciudad: el acceso a la vivienda, los servicios sociales y las medidas de 
convivencia, sin olvidar que hay muchos otros aspectos que preocupan a la 
ciudadanía, como las escoles bressol, el turismo, las tarifas del transporte público, la 
disciplina urbanística o la privatización del espacio público. 
Hace notar, en cuanto a la vivienda, que la síndica valora positivamente los 
esfuerzos del Ayuntamiento por mejorar el acceso, una labor que se inició el mandato 
anterior, y en la que hay que planificar y priorizar las inversiones para ampliar el 
parque público de viviendas de alquiler asequible hasta el 15 % del total en el 2027. 
Observa, igualmente, que la síndica expresa preocupación por el número de 
personas sin techo durmiendo en las calles, y demasiadas familias y personas en una 
situación habitacional precaria compartiendo viviendas en situación de 
sobreocupación, y realquiladas. En este sentido, apunta que la lucha contra las 
desigualdades debe afrontarse desde diversas perspectivas, impulsando medidas a 
corto, medio y largo plazo; hay que asegurar que todo el mundo tenga los mínimos 
vitales garantizados en la ciudad, por lo que nunca es suficiente la inversión en 
políticas sociales. Añade que la síndica también señala que hay que mejorar las listas 
de espera de primera visita a los servicios sociales, o denuncia el tiempo excesivo 
entre visitas en casos de tratamiento. Igualmente, suscribe la recomendación de 
ofrecer una atención particular a las personas mayores por parte de los servicios 
municipales, garantizando y mejorando los servicios de atención domiciliaria y la 
teleasistencia. Resalta como un punto esencial del informe la necesidad de garantizar 
la prevención, la seguridad y la convivencia en la ciudad; en este apartado, la síndica 
destaca las molestias ocasionadas por el ruido, la proliferación de los clubes 
canábicos y la lucha contra el top manta como asignaturas pendientes del Gobierno 
municipal, al que aprovecha para instarle que no demore más la actuación en estos 
ámbitos. 
Con respecto a las quejas por actuaciones musicales molestas u otras 
actividades generadoras de ruido, entiende que hay que garantizar el cumplimiento 
de la normativa y poner todos los medios de inspección y de sanción. Explicita, en 
este sentido, que hay que asegurar la aplicación de las ordenanzas municipales, 
puesto que la Guardia Urbana no puede actuar por directrices políticas en el sentido 
de ser permisiva con determinadas actividades que incumplen las ordenanzas; y 
reconoce que habrían encontrado positivo que en el informe de la síndica se hiciera 
alguna reflexión en este sentido. Y puntualiza que es preciso que el cumplimiento de 
la normativa sea compatible con la regulación de espacios destinados a la música en 
vivo en Barcelona. 
Añade que, en esta línea, urge la regulación de los clubes canábicos y la 
aprobación del plan especial que les afecta, puesto que su proliferación ha puesto en 
alerta a muchos vecinos y vecinas porque crea alarma social, y el Gobierno 
municipal, al margen de las indicaciones de la síndica, tiene la obligación de dar 
respuestas adecuadas a las problemáticas asociadas a esta actividad. 
Igualmente, subraya que la lucha contra el top manta es otro de los asuntos 
calientes que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa, y advierte que no se puede tolerar 
más permisividad. Suscribe que hay que abordar este asunto desde la perspectiva 
social, pero también garantizar la convivencia en el espacio público, y, en este 
sentido, manifiesta que su grupo valora muy críticamente la gestión política del 
Gobierno municipal y, en consecuencia, consideran absolutamente amortizado el 
Comisionado de Seguridad, que hasta ahora no ha hecho nada por dar cumplimiento 
a las ordenanzas. 
 Ref.: CP PÁG. 17 
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Remarca que la ciudadanía reclama agilidad a la Administración municipal y 
que sea capaz de actuar con rigor y contundencia, cosa que no siempre está haciendo en 
la actualidad. 
Finalmente, reitera a la síndica el agradecimiento de su grupo por el trabajo que 
ha llevado a cabo; y reconoce que, como gobierno, tuvieron la valiosa oportunidad de 
colaborar con la sindicatura, de establecer una relación franca y transparente con la Sra. 
Vilà y su equipo, y le desea mucha suerte y que, desde allí donde esté, pueda continuar 
trabajando por el bienestar de la ciudadanía de Barcelona. 
 
El Sr. PISARELLO se añade a los saludos del resto de los ponentes a todos los 
síndicos y síndicas, de la misma manera que agradece profundamente a la síndica y a su 
equipo el trabajo hecho con rigurosidad. 
Aprovecha para recordar que hace bien poco que el Gobierno presentó un 
esbozo de plan estratégico en que daban relevancia a que Barcelona sea una ciudad 
participativa y con un buen gobierno. Manifiesta que son plenamente conscientes de que 
un buen gobierno no depende solo de las virtudes de los representantes políticos de 
turno, sino de la existencia de contrapoderes institucionales y sociales independientes 
del poder político, económico y privado, como es el caso de la Sindicatura de Agravios. 
En este sentido, hace notar que los vecinos silenciosos de los que hablaba el Sr. 
Fernández Díaz son, en ocasiones, los poderes privados, que tienen altavoces muy 
eficientes para hacer llegar sus quejas. 
Igualmente, recuerda que, como Administración, lamentan no poder estar a 
veces a la altura de las urgencias ciudadanas; y reitera que el tempo de las necesidades y 
las urgencias ciudadanas no es el de la Administración. Sin embargo, remarca que, 
como Administración, tienen la obligación de hacer lo que piden todos los pactos 
internacionales de derechos humanos, que es llegar al máximo esfuerzo y proveer 
suficientemente de recursos para cumplir con las obligaciones que tiene contraídas. 
Hace notar que el actual Gobierno ha heredado muchas situaciones del anterior; 
así, manifiesta que, en mayo del 2015, se encontraron con 160 peticiones de la síndica 
pendientes de responder, de las cuales ahora quedan 101, habiendo invertido muchos 
esfuerzos para estar a la altura de su exigencia. 
Con respecto a algunos de los asuntos planteados, se refiere al derecho a la 
vivienda, siendo plenamente conscientes como gobierno de que, sin la garantía de este 
derecho, otros derechos humanos básicos como el derecho a la vida privada y familiar, a 
la educación, el trabajo o la ciudad no tienen ningún tipo de sentido. En consecuencia, 
se felicitan por que la síndica constata que, a pesar de la insuficiencia, en este mandato 
se están haciendo esfuerzos para el cumplimiento de este derecho básico. En este 
sentido, pone en valor que una de las primeras actuaciones del Gobierno actual fue la 
puesta en marcha una primera convocatoria de ayudas de especial urgencia para el pago 
del alquiler, con una dotación presupuestaria de doce millones de euros. 
Dice que son conscientes de que se trata de una medida que no resuelve el 
problema de fondo, que pasa por obtener un parque de vivienda de alquiler social a la 
altura de otras ciudades europeas, en torno al 15 % del parque total de vivienda, 
mientras que en Barcelona, hoy por hoy, está al 1 %. Precisa que, para ir en esta 
dirección, han previsto cien millones de euros para conseguir más de dos mil viviendas 
durante el mandato; y, como Administración, han cumplido con el deber de controlar 
los privados, que ha permitido, hoy por hoy, disponer de doscientas viviendas para 
alquiler social a raíz de las negociaciones con entidades bancarias. 
Entrando en el terreno de la Ordenanza del civismo, suscribe la visión de la 
síndica, y recuerda que, en campaña electoral, se comprometieron a plantear un nuevo 
pacto de convivencia que garantizara la cohesión y la diversidad en una ciudad plural 
como Barcelona y, en ningún caso, que sirva como herramienta de criminalización de 
 Ref.: CP PÁG. 18 
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las personas más débiles, porque es injusto, ilegal en ocasiones, ya que la aplicación de 
la ordenanza vigente acaba produciendo sanciones desproporcionadas jurídicamente; y 
también, la considera ineficaz, ya que muchas de las sanciones no se pueden cobrar. 
Finalmente, en cuanto a los servicios funerarios, sobre los cuales la síndica 
explicita una preocupación manifiesta por su coste, se refiere a un estudio de la OCUC 
según el cual un servicio medio cuesta por término medio 6.441 euros. Confirma que 
desde esta Administración están trabajando para reducir estos costes, aunque se 
encuentran con limitaciones, como que el origen de la situación actual tiene que ver con 
la directiva europea Bolkestein de desregularización, que en muchos casos ha producido 
situaciones muy injustas. Sin embargo, señala que con el margen que tienen para incidir 
como ayuntamiento en el sector, están trabajando en la actualización de la ordenanza de 
servicios funerarios para eliminar las trabas que pone la normativa en el acceso de 
funerarias pequeñas al mercado. Añade que, en el próximo consejo de administración de 
Servicios Funerarios Integrales, propondrán la adhesión de la empresa a la Junta 
Arbitral de Consumo de Barcelona. 
Para acabar, agradece nuevamente los servicios prestados hasta ahora por la 
Sra. Vilà, y pone en valor que muchas de las acciones que plantea suponen una 
exigencia al Gobierno de la ciudad, pero también legitiman que muchas de las 
cuestiones que plantean como gobierno no son caprichos ideológicos, sino que 
obedecen a obligaciones en materia de derechos humanos y que, como tales, deberían 
formar parte de un pacto de ciudad. 
Reconoce que hay muchas cosas por hacer, entre las cuales la explicitada por la 
síndica de reformar el estatuto de funcionamiento de la sindicatura, y pone en valor la 
existencia de organismos independientes que controlen los poderes políticos de turno, y 
capaces también de controlar la actuación de particulares y poderes privados cuando sea 
abusiva. 
Indica que, desde el punto de vista participativo, han revisado el proceso de 
renovación de la sindicatura, y aunque queda mucho trabajo por hacer en este sentido, lo 
valoran como un primer paso. 
Reitera, para acabar, el agradecimiento a la tarea de la sindicatura, y se felicita 
por que el cargo de síndica lo haya ostentado nuevamente una mujer, y recuerda que, 
como Gobierno, intentarán estar a la altura de las exigencias que comporta el 
cumplimiento de los derechos humanos básicos en la ciudad. 
 
La Sra. VILÀ agradece a todos los grupos municipales los reconocimientos 
expresados a su persona y a todo su equipo. 
Dicho esto, observa que han salido diferentes temas en las intervenciones que 
no se han tratado en el informe, puesto que hace referencia solo a las quejas que han 
recibido en la sindicatura. 
Reconoce, sin embargo, que hay muchos aspectos que la preocupan, como la 
violencia machista que ha explicitado la representante de la CUP. Precisa que la 
sindicatura no recibe quejas pertenecientes a este ámbito, que se tratan en las 
plataformas que tienen este objetivo específico, a las cuales aprovecha para manifestar 
su pleno apoyo. 
En cuanto a la alusión del Sr. Fernández Díaz a la mayoría de vecinos y 
vecinas que no se quejan a la sindicatura, precisa que, precisamente por eso, no 
aparecen en el informe. A la vez que replica que el hecho de que no haya elogiado a la 
Guardia Urbana no supone que tenga nada en contra de ella. 
Proclama la voluntad firme de hacerse conocer entre los colectivos de 
adolescentes y de jóvenes, y considera que eso abriría un gran abanico de posibilidades 
en cuanto a los asuntos que debe tratar la sindicatura, puesto que, además de recibir y 
cursar las quejas, esta institución puede actuar de oficio y, por lo tanto, abordar 
 Ref.: CP PÁG. 19 
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cualquiera de los aspectos que aquí se han apuntado. 
Recuerda que recoge las críticas que le han dirigido, y reconoce que se ha 
sentido cómoda con los tres gobiernos municipales que ha conocido durante su 
mandato en la sindicatura, del que remarca el valor de la independencia política y la 
equidad a la hora de hacer las recomendaciones. 
 
La Sra. ALCALDESA agradece personalmente el trabajo de la síndica y de 
todo su equipo. 
Aprovecha para recordar que están yendo a un proceso de elección del 
nuevo síndico o síndica de agravios, al que se presenta nuevamente la Sra. Vilà, y 
que hasta el 15 de marzo se pueden presentar nuevas candidaturas, y que todos los 
vecinos y vecinas pueden participar en el proceso de elección. 
Finalmente, pone en valor la independencia de la sindicatura, y señala que 
todo lo que se pueda hacer desde el Consistorio en este sentido redundará en 
beneficio de la ciudadanía; a la vez que considera la crítica de la sindicatura sobre los 
servicios municipales como una oportunidad de mejora en el cumplimiento de los 
derechos humanos y la protección de las libertades. 
 
a) Despacho de oficio 
 
En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 
COMUNICAN las resoluciones siguientes: 
 
1.  Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona expresiva de la 
designación del Iltre. Sr. Koldo Blanco Uzquiano como concejal de este 
Ayuntamiento en sustitución, por renuncia, de la Iltre. Sra. Sonia Sierra Infante; y 
acta de la toma de posesión, que tuvo lugar el día 11 de febrero de 2016. 
 
2.  Decreto de Alcaldía, de 15 de diciembre de 2015, que modifica el epígrafe 2 
y añade un nuevo epígrafe en el apartado 7 (en materia de personal), del punto 
primero del Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2015, S1/D/2015-1896, en el 
sentido siguiente: 7.2. Aprobar las bases generales de las convocatorias para la 
selección del personal funcionario de carrera, laboral fijo y directivo. 7.6. Aprobar 
las bases y las convocatorias para la cobertura de los puestos directivos del 
Ayuntamiento de Barcelona abiertos a personal no funcionario. 
 
3.  Decreto de Alcaldía, de 21 de diciembre de 2015, que regula tanto el 
régimen aplicable a los regalos que reciban los cargos electos, altos cargos, directivos 
y trabajadores municipales, como los obsequios que, en razón de cortesía 
institucional, realicen las diferentes áreas, distritos, organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales y empresas municipales. 
 
4.  Decreto de Alcaldía, de 29 de enero de 2016, que designa al Sr. Carles Sala 
Marzal representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato de la Fundación 
Privada Barcelona Centro de Diseño (BCD). 
 
5.  Decreto de Alcaldía, de 29 de enero de 2016, que actualiza la composición 
del Pleno del Foro Ciudad y Comercio. 
6.  Decreto de Alcaldía, de 29 de enero de 2016, que actualiza la composición 
del Consejo Ciudad y Comercio. 
 
7.  Decreto de Alcaldía, de 1 de febrero de 2016, que nombra a la Sra. Judith 
 Ref.: CP PÁG. 20 
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Calàbria i Cortecans miembro del Consejo Municipal del Distrito de Gràcia, en 
sustitución del Sr. Eduard Balsebre i Olaya. 
 
8.  Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2016, que delega en la Sra. Marta 
Carranza Gil-Dolz del Castellar, Comisionada de Deportes, la presidencia del 
Consejo Rector del Consorcio Tercera Edición de la Barcelona World Race, siempre 
que la presidencia corresponda al Ayuntamiento de Barcelona y en cualquier 
convocatoria de este. 
 
9.  Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2016, que propone a la Junta 
General de la sociedad Barcelona Emprèn, SCR, SA, la designación del Sr. José 
Alberto de Gregorio Prieto como representante de este Ayuntamiento en su consejo 
de administración, en sustitución de la Sra. Susana Tintoré Rebholz. 
 
10.  Decreto de Alcaldía, de 5 de febrero de 2016, que delega el otorgamiento de 
autorizaciones para la circulación de vehículos de movilidad personal con motor, 
definidos por el artículo 11.6 de la Ordenanza de vehículos y peatones de Barcelona, 
para usos turísticos y de ocio y de acuerdo con las condiciones anexas en el 
mencionado decreto, de la concejala de Movilidad; y deja sin efecto el Decreto de 3 
de julio de 2012 del concejal de Movilidad, de delegación para el otorgamiento de las 
mencionadas autorizaciones. 
 
11.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, que nombra miembros de los 
consejos municipales de los distritos que se indican a continuación a las personas 
siguientes: 
Distrito de Les Corts 
Sra. Sonia Reina Sánchez, en sustitución del Sr. Germán Prado Pérez. 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
Sr. Pedro Miret Betanzos, en sustitución del Sr. Francisco Javier González Blesa. 
Distrito de Nou Barris 
Sr. Juan del Olmo Fernández, en sustitución del Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo. 
Sr. Raúl Medina Román, en sustitución de la Sra. Natividad Sanjurjo Golpe. 
 
12.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, que nombra al Sr. Ferran 
Caymel Ubia miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella. 
 
13.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, que designa al Sr. Jordi 
Martí i Grau miembro del Consejo de Administración del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines, en sustitución del Sr. Jordi Campillo i Gàmez. 
 
14.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, que designa a la Sra. Pilar 
Corcoy i Cos miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad, en sustitución del Sr. Manel Mora Sánchez. 
 
15.  Decreto de Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, que establece que, en el 
ejercicio de la facultad delegada a la Primera Tenencia de Alcaldía mediante Decreto 
de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-1912), recogida en el apartado n.º 3), "En 
materia de ejercicio de acciones judiciales", punto n.º 3.1), que se reproduce a 
continuación: "Instar ante los órganos jurisdiccionales competentes las 
autorizaciones para entradas a domicilio y restantes lugares cuyo acceso requiera 
autorización judicial, siempre que ello sea procedente para la ejecución forzosa de 
los actos de la Administración municipal", será necesario que, en el traslado del 
 Ref.: CP PÁG. 21 
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órgano gestor a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Gerencia de Recursos, 
conste de forma expresa la conformidad del concejal responsable del ámbito 
territorial o sectorial correspondiente. 
 
16.  Decreto de Alcaldía, de 15 de febrero de 2016, que designa miembro de las 
Comisiones del Consejo Municipal que se detallan a continuación a las personas 
siguientes: 
Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes 
Iltre. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, en sustitución de la Sra. Sonia Sierra Infante. 
Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y 
Prevención Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán, en sustitución de la Sra. Sonia 
Sierra Infante. 
 Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad 
Iltre. Sr. Koldo Blanco Uzquiano, en sustitución de la Iltre. Sra. Marilén Barceló 
Verea. 
 
17.  Decreto de Alcaldía, de 18 de febrero de 2016, que delega en el concejal de 
Presidencia y Territorio la aprobación de toda clase de transferencias a entidades 
públicas y privadas de las que forme parte el Ayuntamiento de Barcelona y no se 
encuentren incluidas en los supuestos de organismos y entidades a los que hace 
referencia el apartado segundo del Decreto de delegación de fecha 13 de julio de 
2015 (S1/D/2015-2291). 
 
18.  Decreto de Alcaldía, de 18 de febrero de 2016, que deja sin efecto el 
nombramiento del Sr. Francisco Rodríguez Jiménez como miembro del Consejo 
Rector del Instituto Municipal de Informática y designa al Sr. Francisco Jiménez 
Orantes miembro del mencionado consejo rector, en representación de los 
trabajadores de este instituto. 
 
19.  Decreto de Alcaldía, de 18 de febrero de 2016, que primero designa a la 
Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando como miembro y vicepresidenta del Consejo Rector del 
Instituto Barcelona Deportes, en sustitución del Sr. Raimundo Viejo Viñas, y, 
segundo, designa al Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert miembro del mencionado 
consejo rector en sustitución del Sr. Fernando Pindado Sánchez. 
 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de enero de 2016: 
 
Distrito de Sants-Montjuïc 
 
20. (03 2014 01 OS) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de 
la Ordenación singular de terrazas de la calle de Blai y calle de Blesa, en el distrito 
de Sants-Montjuïc de Barcelona, a iniciativa del distrito, en el sentido que, justificada 
y razonadamente, figura en el informe que consta en el expediente y que se da por 
reproducido; APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza 
de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la calle de Blai y calle de Blesa, 
según el texto que consta como anexo a la presente propuesta; NOTIFICAR el 
presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de 
información pública; PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la 
Ordenación singular de terrazas de la calle de Blai y calle de Blesa, para su eficacia, 
en el Boletín Provincial de Barcelona de Barcelona y en la página web del Distrito 
de Sants-Montjuïc, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. 
 
 Ref.: CP PÁG. 22 
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b) Medidas de gobierno 
 
c) Informes 
 
 
PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 
 
a) Ratificaciones 
 
b) Propuestas de acuerdo 
 
 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
1. (CF 2016-02/2) RATIFICAR, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, como ente 
consorciado, el acuerdo adoptado por la junta de gobierno del Consorcio del Plan de 
rehabilitación y equipamiento de teatros de Barcelona en la sesión de 20 de mayo de 
2015, relativo a la aprobación de la modificación de sus estatutos con el objeto de 
adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local y a la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización 
del sector público y otras medidas de reforma administrativa, además de otras 
modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. 
Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
2. (CF 2016-02/3) RATIFICAR, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, como ente 
consorciado, el acuerdo adoptado por la junta rectora del Consorcio Instituto Ramon 
Llull en sesión de 16 de diciembre de 2015, relativo a la aprobación de la 
modificación de sus estatutos, con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la Ley 
15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa, y de otras modificaciones adecuadas, según consta en el 
expediente administrativo. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 
Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y con el voto en contra del Sr. Garganté 
y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
 
COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
3.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 
como socio único de la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los 
acuerdos siguientes: Primero. Designar como miembros del consejo de 
administración de la sociedad Fomento de Ciudad, SA, a las personas siguientes: 
Presidenta, Excma. Sra. Ada Colau Ballano, en sustitución de la Ilma. Sra. Janet 
Sanz Cid; y como miembro, al Sr. Jordi Martí Grau, en sustitución del Sr. Antoni 
Font Ferrer. Segundo. ESTABLECER que el plazo de designación del consejero y la 
consejera que se nombran sea el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio 
de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero. 
 Ref.: CP PÁG. 23 
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Facultar indistintamente al presidente y al secretario del consejo de administración 
para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los nombramientos 
anteriores, como también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en 
el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso necesario. 
 
La Sra. ALCALDESA aclara, a raíz de las noticias que han salido en la 
prensa sobre el cese de miembros del Gobierno de Fomento de Ciudad, SA, que se 
trata de sustitución, no de un cese, que es un hecho ordinario por un cambio de 
funciones parcial en la empresa pública. 
Acto seguido, abre una ronda de turnos de palabra. 
 
El Sr. FORN pregunta por qué motivo la responsable de Urbanismo no 
tendrá responsabilidades en Fomento de Ciudad y queda sustituida por la alcaldesa, y 
el gerente municipal sustituirá a un cargo técnico. 
 
El Sr. CORONAS pide al Gobierno que aclare los motivos del cambio; y si 
la empresa Fomento de Ciudad solo ejecutará lo que se decida en el Pleno, o si 
también podrá hacer actuaciones por iniciativa propia. 
 
La Sra. MEJÍAS confirma que, a raíz de lo que califica como una situación 
confusa, su grupo cambia su posicionamiento por una abstención. 
 
El Sr. MÒDOL pregunta si realmente se trata de sustituir a un técnico por el 
gerente municipal. 
 
La Sra. ALCALDESA responde que se trata de un cambio de miembros del 
Consejo de Administración de Fomento de Ciudad designados por el Gobierno 
municipal con el fin de dar un papel relevante a esta empresa en la implementación 
del Plan de barrios; así, dado que este plan está impulsado desde la Alcaldía como un 
plan transversal, confirma que la Sra. Sanz tendrá un papel muy relevante en este, 
pero también las otras tenencias de alcaldía y, por este motivo, han considerado 
conveniente la representación de la Alcaldía y de la Gerencia Municipal. 
Confirma, igualmente, que no se producirá ningún cambio en el 
funcionamiento de la empresa ni ninguno sustancial en su estructura. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, 
Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de 
los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Bosch, 
Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández Díaz y 
Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
4. (1479/15)  NOMBRAR como miembros del Consejo de Ciudad a los representantes de 
las instituciones más significativas de la ciudad y a las personas de renombre 
ciudadano que figuran en el anexo I y II, respectivamente, de conformidad con el 
artículo 7.1, apartados c) y e), del Reglamento interno del Consejo de Ciudad. 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté y 
las Sras. Lecha y Rovira. 
 
 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 
5. (14PL16180)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
 Ref.: CP PÁG. 24 
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Municipal de Barcelona, el Plan especial de protección de la calidad urbana: 
Catálogo de protección arquitectónico, histórico y paisajístico de los establecimientos 
emblemáticos de la ciudad de Barcelona, de iniciativa municipal, con las 
modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información 
pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 
dirección, de valoración de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 
 
La Sra. SANZ se refiere a que, en la última sesión de la Comisión de 
Ecología, Urbanismo y Movilidad, tuvieron oportunidad de tratar muchas de las 
cuestiones vinculadas a la aprobación definitiva de este plan especial. Recuerda que 
el documento aprobado inicialmente el 11 de marzo de 2015 provenía de una 
suspensión de licencias del 2014, de modo que están ya en la recta final del trámite 
de suspensión de licencias de una duración de casi dos años y, en consecuencia, hay 
que dar cumplimiento al objetivo que la motivó y, posteriormente, a la redacción del 
documento del plan especial para la preservación y potenciación de los comercios 
emblemáticos de la ciudad, que aportan valor, identidad, generan pertenencia y 
vertebración, cohesión en los barrios donde se ubican y diversidad comercial. 
Explica que, una vez vistas todas las alegaciones que se han presentado y 
analizado el documento inicial, en el marco de un nuevo mandato municipal han 
considerado conveniente introducir y modificar algunos aspectos. Concreta, en 
primer lugar, que de los 228 establecimientos que hay que proteger incluidos en el 
redactado inicial, se pasa a 211, una disminución en 17 establecimientos 
fundamentada en el informe técnico, incluido en el expediente, y las alegaciones 
presentadas. 
En segundo lugar, precisa que se agrupan tres niveles de protección 
específicos: de gran interés, de interés y de interés paisajístico. Igualmente, señala 
que se introducen medidas de promoción y de fomento para el mantenimiento de los 
comercios y su rehabilitación, entre las cuales menciona las bonificaciones en el 
ICIO, subvenciones en el IBI —hasta el 95 % según la categoría y la garantía de 
mantenimiento de la actividad—, subvenciones en la campaña de mejora del paisaje 
urbano, para fomentar que los elementos que deben protegerse continúen estando en 
buena situación; y añade el establecimiento de medidas de fomento y asesoramiento 
empresarial en materia de arrendamientos y de promoción de la actividad comercial 
de los establecimientos emblemáticos. 
Indica, por lo tanto, que se trata de coordinar no solo las actuaciones que 
desarrolla el ámbito urbanístico municipal, sino también el ámbito del comercio. 
Añade que se mantiene la regulación sobre las mejoras en calidad ambiental, 
así como la eliminación de algunos artículos vinculados a aspectos referidos 
exclusivamente en el ámbito de la vivienda, que se incorporarán en el futuro Plan de 
Vivienda. Y comenta, también, que se introduce una nueva disposición a raíz de las 
peticiones de algunos grupos de incorporar la declaración de bien cultural de interés 
local en los establecimientos de gran interés para poder ejercer el derecho de tanteo y 
retracto a favor del Ayuntamiento. 
 Ref.: CP PÁG. 25 
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Recapitula que se trata de situar este plan especial en la dirección que lo 
motiva, que no es otra que conseguir que Barcelona no pierda más tejido comercial, 
específicamente los comercios emblemáticos. 
 
El Sr. BLASI destaca la complejidad de este asunto y se refiere al cierre de 
los llamados establecimientos emblemáticos por múltiples causas, entre las cuales 
tiene un papel relevante la finalización de la moratoria de la LAU después de veinte 
años. 
Pone en valor que diversos gobiernos municipales han hecho una acción 
pionera innovadora y transversal, de acuerdo con las competencias municipales en el 
ámbito de la protección económica y el plan específico de protección y de apoyo a 
los establecimientos emblemáticos, y también desde el urbanístico, con este plan 
especial que hoy se lleva a aprobación con las modificaciones mencionadas por la 
Sra. Sanz. 
Señala que también se hicieron actuaciones concretas, como la compra del 
bar Marsella, la mediación para conseguir alquileres asequibles a la Cereria Subirats 
o la alpargatería de la calle de Avinyó. Igualmente, aprovecha para reconocer el 
trabajo técnico de la Dirección de Comercio y de Barcelona Activa, y de 
Planeamiento y Paisaje Urbano. 
Remarca, sin embargo, que estos últimos ocho meses han podido constatar 
la pérdida del liderazgo en el aspecto de la promoción económica, a pesar de la 
tramitación por parte del ámbito de urbanismo de este planeamiento. En este sentido, 
pone en valor que se hayan concretado medidas fiscales y afianzado la posibilidad de 
tanteo y retracto —que ya contempla la Ley de patrimonio— y la aprobación del 
catálogo de protección. 
Manifiesta que los sorprende que, transcurridos estos ocho meses desde el 
inicio del mandato, continúe habiendo establecimientos emblemáticos que cierran; y 
que, finalmente, hayan dado por bueno el dictamen elaborado por diversos juristas, a 
propuesta de la Mesa Técnica de Establecimientos Emblemáticos, que habla de las 
limitaciones por parte de la directiva de servicios. Añade que también los preocupa la 
inacción que ha llevado al Gobierno a tener que improvisar la supresión de los 
artículos 24 y 27 del plan inicial; la motivación de la reducción del número de 
establecimientos que deben protegerse; así como el hecho de que no les llega la 
documentación que el Gobierno se había comprometido a enviar a los grupos 
municipales. 
Anuncia que su grupo votará a favor de este punto con la condición de que 
es un asunto importante. 
 
El Sr. BLANCO entiende que todos los presentes tienen el deseo de vivir en 
una ciudad mejor, con mayor calidad de vida para toda la ciudadanía. Partiendo de 
esta premisa, pues, manifiesta que su grupo cree que las instituciones pueden influir 
para preservar todo lo que contribuye a hacerla posible. En este sentido, pone de 
relieve que la diversidad comercial es uno de los aspectos que inciden en la calidad 
de vida y, por lo tanto, un valor que preservar. 
Observa que todo el mundo ha lamentado en un momento u otro la pérdida 
de un comercio de los "de toda la vida", muchos de los cuales son de tradición 
familiar centenaria, no solo por los servicios que ofrecen, sino también porque 
forman parte de lo que hace de Barcelona una ciudad única. 
No obstante, hace notar que no sería posible, ni legal, obligar a la propiedad 
de un negocio a mantenerlo en contra de su voluntad; sin embargo, consideran que 
las instituciones pueden dar apoyo a quienes deciden apostar por mantener una 
actividad tradicional, a pesar de las grandes dificultades que significa hacer frente a 
la competencia de grandes empresas y franquicias. 
 Ref.: CP PÁG. 26 
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Manifiesta, sin embargo, que si estos comercios hacen un esfuerzo que 
beneficia a la ciudad es justo que la ciudad les dé apoyo; y, en esta línea, apunta que 
la Administración les puede ofrecer asesoramiento y promoción para que sean 
rentables y se valgan por sí mismos. Añade que también se puede incentivar el 
mantenimiento de las actividades con ayudas fiscales y proteger su valor patrimonial 
mediante campañas de rehabilitación. 
Señala que este tipo de medidas están incluidas en el plan urbanístico que 
hoy se lleva a aprobación, junto con el catálogo de protección; sin embargo, entiende 
que puede ser insuficiente, por lo que apelan al establecimiento de más ayudas y 
menos burocracia, aunque consideran que este plan es un primer paso en la dirección 
correcta, motivo por el cual votarán a favor. 
 
El Sr. CORONAS aduce que la aprobación de este plan urbanístico tiene un 
regusto agridulce, puesto que, desde mayo del 2013, ERC empezó a plantear diversas 
propuestas con respecto a los comercios emblemáticos, que reiteraron en los años 
siguientes, a raíz especialmente de los cambios en la LAU, que han provocado que 
muchos de estos negocios hayan tenido que cerrar y, por lo tanto, a estas alturas ya 
no se pueden incluir en la catalogación propuesta. 
Avanza que su grupo votará a favor del plan especial porque consideran que 
no se puede permitir de ninguna forma que la moratoria finalice sin la aprobación del 
catálogo. Hace notar que, si eso no se consiguiera, las consecuencias para los 
comercios emblemáticos serían bastante negativas. 
Sin embargo, critica la gestión de plazos durante la tramitación de la medida 
de gobierno impulsada por CiU, que se tuvo que prorrogar por incapacidad de sacarla 
adelante, y que llega hoy por hoy con esta aprobación. Lamenta, pues, la pérdida de 
un tiempo muy valioso. 
Añade que, de los diecisiete establecimientos suprimidos del catálogo, los 
sorprende que cinco fueran catalogados inicialmente con la categoría E2 de 
establecimientos de interés; así como que cuatro de estos establecimientos hayan 
decidido que no quieren formar parte de la categorización. 
Consideran, por lo tanto, que se necesita un plan de protección de carácter 
integral. 
 
El Sr. MÒDOL celebra la aprobación de este plan especial, entre otros 
motivos porque el grupo del PSC es uno de sus impulsores y ha trabajado mucho en 
su desarrollo, a la vez que también se felicita por la aceptación de las propuestas que 
ha hecho. 
Reitera, puesto que ya lo expresaron en comisión, que consideran que el 
plan llega tarde por falta de diligencia evidente del Gobierno anterior, hecho que ha 
provocado que la ciudad fuera perdiendo establecimientos emblemáticos sin remedio, 
entre los cuales cita el Musical Emporium, El Indio, la chocolatería Fargas, la 
filatelia Monge o la librería Canuda. 
No obstante, pone en valor que, a partir de hoy, la ciudad disponga de un 
instrumento urbanístico que protege un poco más este tipo de establecimientos. 
Recuerda que la semana pasada su grupo hizo reserva de voto en comisión 
para saber si se incluía el derecho de tanteo y retracto que permitiría a este 
Ayuntamiento optar a la compra de un establecimiento protegido con categoría E1; 
puesto que durante la semana han recibido los informes que ratifican que se ha 
incorporado este derecho, avanza que emitirán un voto favorable. 
Añade que tienen el compromiso del Gobierno municipal de sacar adelante 
otras medidas que su grupo ha apuntado con el fin de ayudar a mantener la actividad 
de los comercios emblemáticos, como la subvención del IBI y la creación de un 
fondo para posibles adquisiciones. 
 Ref.: CP PÁG. 27 
03/16 V: 
24/03/16 
En consecuencia, dice que confía en que entre todos puedan alcanzar el 
objetivo de evitar la pérdida de estos establecimientos, y que esperan ver reflejados 
en próximos presupuestos la creación del fondo que ha mencionado así como las 
medidas para la subvención del IBI. 
 
El Sr. MULLERAS observa que los comercios emblemáticos forman parte 
del ADN comercial de la ciudad, y que su pérdida significa perder un valor 
intangible e incalculable, así como un atractivo esencial que marca la diferencia de 
Barcelona a escala internacional. 
No obstante, reprocha al Gobierno municipal su inacción por evitar la 
pérdida de comercios emblemáticos. Observa que en los ocho meses que llevan de 
mandato no ha hecho nada en cuanto a estos comercios, y no es hasta prácticamente 
al final del plazo legal para hacerlo cuando llevan a aprobación este plan especial, 
que entiende que es el mismo documento presentado por el Gobierno de CiU a duras 
penas maquillado, y que el grupo de ICV-EUiA criticó abiertamente. Considera que 
todo demuestra la falta de interés del Gobierno actual hacia los comercios 
emblemáticos de la ciudad. 
Pone de manifiesto que su grupo fue el único que presentó alegaciones al 
plan, aceptadas en una mínima parte, por lo cual continúan pensando que el plan es 
insuficiente. Por el contrario, señala que, si se quiere eficacia en la preservación de 
estos comercios, las actuaciones se deberían concretar mucho más. Así, entiende que 
se tendría que redactar el informe preceptivo que pedía su grupo para el cambio de 
licencias, o ayudar a la protección de la actividad aplicando la calificación de bien 
interés cultural, a la vez que destaca la importancia de las campañas de estímulo de la 
compra, no solo de cara al turismo, sino también para los residentes. 
En consecuencia, puesto que consideran las medidas del plan insuficientes, 
anuncia que su grupo se abstendrá en la votación del plan. 
 
La Sra. LECHA opina que este es un plan de mínimos, aunque avanza que 
votarán a favor. 
Reconocen la necesidad de protección de los comercios emblemáticos, que 
configuran un paisaje urbano alejado de la homogeneidad que provocan las grandes 
franquicias que invaden la ciudad. Igualmente, entienden que esta protección 
desvanece un poco la precarización laboral que favorecen estas franquicias, pues los 
comercios emblemáticos, en muchas ocasiones, son de tradición familiar. 
Consideran, sin embargo, que las medidas establecidas en el plan no 
protegen del todo la continuación de la actividad de estos establecimientos, ya que 
tanto la subvención del IBI como del ICIO no la garantizan lo suficiente, de modo 
que alerta del riesgo de que se mantengan las estructuras de los establecimientos con 
actividades de franquicia multinacional. 
 
La Sra. SANZ agradece los votos favorables al plan y admite desde el 
ámbito urbanístico se pueden proteger los establecimientos, pero reconoce que la 
actividad económica no entra. 
En consecuencia, avanza que esta propuesta será dinámica para ir 
mejorándola con el tiempo. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 
Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 
 Ref.: CP PÁG. 28 
03/16 V: 
24/03/16 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 
6. (13PL16108)  DENEGAR la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 
92.1.c del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 
3 de agosto), del Plan especial urbanístico de ordenación de la ampliación de la 
edificación de la finca situada en el camino de la Santa Creu d'Olorda, en 
Vallvidrera, n.os 79-81, promovido por Ramón Comerma i Oliva, vista la 
existencia de motivos determinantes de la denegación de su aprobación, a los que 
hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que 
consta en el expediente y se da por reproducido; NOTIFICAR el presente acuerdo 
a los promotores del plan. 
 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 
precedente. Distrito de Horta-Guinardó 
7. (15PL16369)  APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 
Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano 
para el uso como equipamiento de la finca de Can Garcini, situada en la calle del 
Xiprer, n.º 40-46, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 
referencia el informe de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER las 
alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación 
inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección, de valoración 
de las alegaciones; informes, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorporan a este acuerdo; ENVIAR el expediente a la 
Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 
 
La Sra. SANZ indica que esta aprobación definitiva de modificación del 
PGM, que se empezó a tramitar en noviembre del 2015, blinda un acuerdo entre la 
historia y la voluntad colectiva de un barrio con el Ayuntamiento. Precisa que se 
trata de desarrollar el planteamiento urbanístico como una herramienta pública de 
gran capacidad decisiva para el Ayuntamiento dentro del marco legal urbanístico 
vigente. Y precisa que se hace una actuación aislada para la expropiación, como 
una estrategia pública claramente regulada por la legislación urbanística. 
Remarca, pues, que esta modificación del PGM es una respuesta decisiva 
y urgente para garantizar el mantenimiento de la finca Can Garcini y ponerla al 
servicio de la ciudadanía preservando el entorno urbano. 
Concreta que se trata de una operación pública de regeneración urbana en 
una edificación histórica con una propuesta de nuevos usos, en contraposición a 
otras actuaciones urbanísticas que se habían propuesto y que comportaban unas 
plusvalías que revertían específicamente en privados y no en el interés público. 
Pone en valor, por lo tanto, poder hacer realidad esta reivindicación 
vecinal del barrio del Guinardó. 
 
El Sr. MARTÍ anuncia el voto a favor del grupo de CiU de esta 
modificación del PGM que supone el uso como equipamiento de la finca de Can 
Garcini. 
Recuerda que en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad su 
grupo se abstuvo en la votación con la voluntad de dejar patentes las dudas y 
recelos en cuanto al procedimiento que utilizaba el Gobierno municipal para sacar 
adelante la modificación del PGM, sobre todo por la elevada posibilidad de que 
este proceso acabe con un contencioso que gane la propiedad actual y, por lo 
tanto, que afecte negativamente al patrimonio y las cuentas municipales. 
 Ref.: CP PÁG. 29 
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24/03/16 
Así, destaca que han puesto el acento en el recorrido insuficiente de las 
negociaciones del Gobierno con la propiedad, puesto que una parte fundamental del 
urbanismo es el diálogo y el pacto. 
No obstante, consideran que lo más importante es dar respuesta a las largas 
reivindicaciones vecinales y conseguir que Can Garcini se convierta en un 
equipamiento municipal lo antes posible, vista la falta de este tipo de equipamientos 
en el barrio del Guinardó. 
 
El Sr. BLANCO expresa las dudas de su grupo sobre la manera de gestionar 
esta modificación del PGM. 
Señala que su grupo considera la expropiación como el peor método que se 
puede emplear, puesto que puede alargar mucho los trámites, plantea un litigio con la 
propiedad y comporta un pago que podría ser desproporcionado. 
Observa que la Sra. Sanz se ha referido a que con otro tipo de operación las 
plusvalías revertirían en un privado, y manifiesta que su grupo tiene dudas sobre la 
corrección de la valoración técnica hecha por el Ayuntamiento, en torno a los cuatro 
millones de euros. Temen, sin embargo, que acabe significando una cantidad muy 
superior, por lo que alertan de que hay que ser muy cuidadoso con el dinero público. 
Reconoce que hay que respetar los derechos de la propiedad, pero 
consideran que también se podrían haber puesto en la negociación muchos otros 
solares de titularidad municipal, y manifiesta que desconocen si se han explorado 
todas las posibilidades en este sentido. 
No obstante, debido a que comparten la finalidad de destinar el edificio a 
equipamiento municipal, y a que consideran que hay interés público justificado en la 
operación, avanza el voto favorable de su grupo. 
 
El Sr. CORONAS, después de anunciar el voto a favor de este punto, señala 
que la modificación del PGM es el instrumento adecuado en este caso, ya que con el 
propietario actual, Núñez i Navarro, difícilmente se puede llegar a un acuerdo que no 
sea infinitamente favorable a la empresa, tal como se le ofrecía con la operación, que 
califica de chapuza, que se pretendía sacar adelante durante el mandato anterior. 
En consecuencia, por una parte considera que la vía de la modificación del 
PGM resuelve en el aspecto legal que no se pueda derribar el edificio para hacer uno 
de vecinos de nueva planta; y, por otra parte, evita la permuta de edificabilidad con 
Núñez i Navarro con una propiedad municipal en la calle de Montevideo, delante del 
parque de la Oreneta. 
Recuerda que su grupo ya se posicionó de entrada en contra de esta 
operación, porque tampoco resolvía al cien por cien la edificabilidad en Torre 
Garcini, ya que se podía construir al lado de una de las fachadas. 
Por lo tanto, consideran que la vía más adecuada es el establecimiento del 
precio justo por expropiación forzosa. 
 
El Sr. MÒDOL manifiesta que Can Garcini es el ejemplo del urbanismo 
social que reivindica el Grupo Socialista para la ciudad. 
Reitera, tal como ya comentaron en la Comisión de Ecología, Urbanismo y 
Movilidad, que el Ayuntamiento tiene que liderar las iniciativas que hagan posible 
que los equipamientos reivindicados por los barrios se hagan realidad, cueste lo que 
cueste. 
 Ref.: CP PÁG. 30 
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24/03/16 
Afirma que no ponen en duda el coste de la finca previsto por los servicios 
técnicos municipales y, por lo tanto, están convencidos de que la operación se hará con 
toda la corrección. 
Pone de manifiesto que el anterior Gobierno era más proclive a facilitar una 
operación de permuta que podría haber acabado estropeando terrenos públicos en Can 
Caralleu; por lo tanto, valoran muy positivamente el cambio de opción, motivo por el 
que lo apoyaron de entrada. 
 
El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que el suyo ha sido el único grupo que 
ha presentado alegaciones a esta modificación del PGM, a la vez que ratifica que está 
absolutamente a favor de que se hagan equipamientos en Torre Garcini. 
Sin embargo, critican el método utilizado por el Gobierno municipal, sin 
acuerdo, que plantea problemas de valoración, a la vez que prevén problemas legales 
futuros que podrían suponer un perjuicio patrimonial muy importante para este 
Ayuntamiento. En consecuencia, pregunta a la Sra. Sanz cuánto costará finalmente esta 
operación y cuál es el calendario de ejecución, y manifiesta que si concreta ambos 
puntos su grupo votará a favor. 
 
La Sra. LECHA anuncia el voto a favor de esta modificación del PGM. 
Aprovecha para recordar que esta operación se llevará a cabo gracias a la 
presión vecinal y a la lucha de la plataforma Salvem Torre Garcini. Celebran esta 
aprobación igualmente porque impide la especulación de la mafia inmobiliaria, Núñez i 
Navarro en esta ocasión. 
Considera que la situación a la que se ha llegado viene dada por la negligencia 
de los gobiernos anteriores, especialmente del tripartito, que permitieron la venta del 
barrio del Guinardó a los especuladores. 
En consecuencia, están de acuerdo con la vía acordada, y alerta de que, si se 
tuerce, los vecinos y las vecinas defenderán Torre Garcini. 
 
La Sra. SANZ responde al grupo del PP que esta actuación aislada por 
expropiación se incluye en marco del próximo cuadrienio, con un estudio económico 
previo y adjunto a una valoración que oscila entre 3,75 y 4,45 millones de euros, a los 
que se les tiene que añadir el coste de la rehabilitación del edificio existente, de la que 
se ha hecho una valoración estimada de un millón de euros. 
Concreta, igualmente, que el calendario público es el de tramitación de la 
modificación del PGM, y a partir de ahora se trata de acabar de concretar el precio justo 
de la expropiación para poder componer el calendario de ejecución. 
Reconoce, como aquí se ha dicho, que el urbanismo es también diálogo y 
pacto, pero remarca que, sobre todo, es el uso de este diálogo y pacto con el fin de 
preservar el interés general. Confirma que este Gobierno es extremamente cuidadoso 
con el dinero público, y asegura que, en este caso, han intentado dialogar para hacer 
prevalecer el interés de la ciudad y no el de los privados, motivo por el cual han 
considerado que la mejor propuesta es la que hoy presentan. 
 
El Sr. MARTÍ aduce que, si el Gobierno aplica el mismo grado de diálogo que 
los grupos municipales a la negociación urbanística, no auguran buenos resultados en 
este caso concreto. 
 
El Sr. MULLERAS insiste en que hay que ser muy cuidadosos con la gestión 
del dinero público, y señala que, hoy por hoy, la Sra. Sanz todavía no les ha concretado 
cuánto cuesta la compra de Torre Garcini, y tampoco les ha concretado cuándo será de 
uso público. Por lo tanto, reitera las preguntas que ha formulado en su primera 
intervención. 
 Ref.: CP PÁG. 31 
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24/03/16 
 
La Sra. SANZ puntualiza que el Ayuntamiento hace la valoración pública de 
esta cuestión, y confirma que están trabajando para que se resuelva lo antes posible y 
poder asegurar que algún día Torre Garcini estará a disposición del barrio del 
Guinardó. 
Y recomienda al Sr. Mulleras que no busque excusas para posicionarse si es 
que no está de acuerdo con la defensa del interés público. 
 
El Sr. MULLERAS expresa que su grupo hará una abstención en este punto. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 
Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 
 
Distrito de Nou Barris 
 
8. (15PL16366)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del nuevo 
equipamiento situado en la calle de Sant Iscle, 50-54, destinado a piscina y pista 
polideportiva, en el distrito de Nou Barris, de iniciativa municipal, con las 
modificaciones a las que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección 
de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora 
a este acuerdo. 
 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 
 
c) Proposiciones 
 
 
PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 
 
a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 
Grupo Municipal de Convergència i Unió 
 
Prop. 1. (M1519/2762) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a lo 
siguiente: 1. Impulsar una consulta ciudadana que pregunte directamente a los 
vecinos y vecinas de los barrios del entorno de la plaza de Llucmajor (Verdum, la 
Prosperitat, Porta y la Guineueta) si quieren que dicha plaza pase de llamarse 
Llucmajor a ser la plaza de la República. 2. Mientras que la consulta no sea celebrada 
y no se conozcan los resultados de esta, el Ayuntamiento de Barcelona se 
compromete a no hacer efectivo el cambio de denominación de la plaza de 
Llucmajor. 
 
El Grupo Municipal de Convergència i Unió presenta la siguiente moción de 
urgencia que, en caso de que se aprecie la urgencia, sustituirá la proposición-
declaración de grupo precedente: 
 Ref.: CP PÁG. 32 
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El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Gobierno de la ciudad 
reafirme su compromiso para mantener la organización del Mobile World Congress 
en Barcelona. 2. Que el Gobierno trabaje para maximizar los impactos positivos que 
implica para la ciudad la celebración de congresos internacionales como el Mobile 
World Congress, haciendo que repercutan en una mejora de las oportunidades para 
los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. 3. Lamentar la falta de acuerdo entre la 
dirección de TMB y el comité de huelga, en un conflicto que se había hecho evidente 
con tiempo suficiente para afrontar las negociaciones con mayor margen de maniobra 
por las partes implicadas. 4. Pedir al Gobierno que reanude las negociaciones para 
acordar un convenio colectivo lo antes posible, evitando, así, en el futuro, situaciones 
que perjudiquen a los usuarios del metro. 
 
La Sra. ALCALDESA informa de que el grupo de CiU ha presentado una 
moción de urgencia en las últimas veinticuatro horas que, conforme al artículo 55.2 
del ROM, requiere apreciación previa de la alcaldesa para valorar la concurrencia de 
motivos justificativos de la excepcionalidad. En consecuencia, aunque el Gobierno 
no considera que sea urgente, manifiesta la buena predisposición para tratar asuntos 
de actualidad y hacer este cambio en el último momento. 
Sin embargo, reflexiona que es conveniente no abusar de la vía de urgencia, 
puesto que se desvirtúa el sentido, a la vez que, si se hacen cambios tan ajustados en 
el tiempo, se podrían vulnerar los derechos de los miembros del Consistorio a 
conocer el contenido de la propuesta con tiempo suficiente y, por lo tanto, la 
posibilidad de proponer transacciones o reflexionar su sentido de voto. 
Hecha esta observación, se somete a votación la apreciación de la urgencia. 
Se aprecia la urgencia con la abstención de los Sres. Fernández Díaz y 
Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
El Sr. FORN agradece la apreciación de la urgencia a los grupos que han 
votado a favor. 
Acto seguido, justifica que presentan esta moción porque consideran que el 
Pleno tenía que tratar un asunto que ha generado bastante malestar entre la 
ciudadanía como son las recientes huelgas de metro y de autobús. 
Manifiesta que tenían la esperanza de que hubiera sido el Gobierno quien 
informara al Plenario del Consejo Municipal y quien diera explicaciones de los 
hechos ocurridos, es decir, que actuara de oficio. Consideran que, además de tuits y 
artículos en las redes, el Gobierno debería rendir cuentas al Pleno de la ciudad. 
Recapitula que, esta semana, el Gobierno ha sufrido una nueva crisis, y que 
se ha puesto de manifiesto su capacidad real de gestionar las dificultades que 
comporta el gobierno de la ciudad. Así, por primera vez, la alcaldesa ha tenido que 
afrontar un problema real que no se resuelve con la política de gestos a la que los 
tiene acostumbrados; por el contrario, la resolución del conflicto requiere 
conocimiento y capacidad de gestión. 
Explica que su grupo, que sufrió situaciones similares desde el Gobierno, en 
todo momento ha adoptado una actitud constructiva, y ha evitado las críticas al 
Gobierno para la gestión de la crisis. Sin embargo, afirma que eso no significa que la 
compartan, y entienden que ahora es momento de valorar qué no ha funcionado y qué 
no se ha hecho bien. Subraya que el conflicto laboral continúa, que el convenio de 
metro está en el aire y el preacuerdo con autobuses todavía está pendiente de 
ratificación por la asamblea de trabajadores. 
Destaca el impacto en la ciudadanía de las huelgas de autobús y de metro; 
hace notar que se ha hablado mucho de la repercusión en el Mobile World Congress 
(MWC), pero entiende que los afectados reales han sido los usuarios del transporte 
público que diariamente se desplazan con este medio de transporte a sus puestos de 
trabajo. 
 Ref.: CP PÁG. 33 
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24/03/16 
En consecuencia, denuncia que están pagando la poca credibilidad y la 
pérdida de autoridad de la alcaldesa; y se pregunta qué pasaría si, hoy mismo, 
Barcelona en Comú estuviera en la oposición; si tendría la misma actitud responsable 
que reclama. En este sentido, se refiere a que estos días han resucitado los tuits que la 
alcaldesa y otros miembros del Gobierno hicieron durante las anteriores huelgas de 
TMB, y se pone de manifiesto que su discurso ha cambiado sustancialmente, ya que 
ahora hablan de la imposibilidad de subir salarios a causa de las limitaciones 
presupuestarias, o se justifican diciendo que, para satisfacer las demandas de los 
trabajadores, sería necesario subir las tarifas, empeorar el servicio o incrementar los 
impuestos a la ciudadanía. 
Así pues, después de dar a la alcaldesa la bienvenida a la realidad, lamenta 
que haya sido con tanto de retraso, ya que, en caso contrario, todos se habrían 
ahorrado muchas promesas. 
Remarca que no se trata de estar con los activistas o, contrariamente, con la 
dirección de TMB, sino de un problema de credibilidad, de hablar con fundamento y 
conocimiento de causa y no decir lo que quiere oír el interlocutor de turno. Precisa 
que, para ganar en el ejercicio de autoridad, se deben explicar las cosas tal como son. 
Y pregunta a la alcaldesa si ha valorado su participación en las negociaciones, y la 
situación de debilidad a la que aboca a la presidenta de TMB. 
En segundo lugar, critica la falta de previsión, pues el Gobierno ha tardado 
demasiados días en ver que el conflicto era de verdad. Recuerda que informaron de 
que habían empezado a negociar el convenio en octubre del año pasado, pero han 
llegado en febrero de este año sin tener ninguna solución. Aduce que, con los 
precedentes de años anteriores, se deberían haber dado cuenta de que se utilizaría el 
MWC para presionar; tenían que haber sido conscientes de qué suponía situar el 
conflicto de TMB en las puertas del congreso. Por otra parte, dice que no quiere creer 
que han sido tan ingenuos de pensar que a ellos no les pasaría. 
Considera que todos tienen que reflexionar si están tensando excesivamente 
el MWC al convertirlo en centro de las reivindicaciones de todo tipo de conflictos. 
Sin embargo, destaca que el MWC es una de las grandes actividades económicas de 
la ciudad, tanto por su impacto económico como por los puestos de trabajo que 
genera; alerta, sin embargo, de que demasiadas ciudades están pendientes de los 
errores de Barcelona para ocupar su espacio, y pide no ponérselo fácil. 
Acaba su primera intervención poniendo de manifiesto que han vivido un 
conflicto laboral que todavía no ha finalizado, por lo que pide al Gobierno que 
invierta todos los esfuerzos en su resolución, al negociar con decisión y realismo y 
defendiendo el derecho a la movilidad de miles de personas. Igualmente, recuerda 
que se deben asumir las responsabilidades políticas cuando las cosas no se hacen 
bien, y recuerda que muchos ciudadanos afectados reclaman la asunción de 
responsabilidades por parte del Gobierno de Barcelona. 
Concluye de todo que el Gobierno tiene un problema de autoridad y que la 
ciudad se puede resentir. 
 
La Sra. MEJÍAS considera que la proposición del grupo de CiU es de plena 
actualidad y necesita el apoyo de todos los grupos municipales para garantizar que 
uno de los acontecimientos más importantes para la ciudad, el MWC, pueda 
continuar celebrándose. En consecuencia, entiende que es en esta cámara donde se 
tiene que hablar de los efectos que ha tenido la gestión de la huelga de autobús y de 
metro coincidiendo con el acontecimiento. 
 Ref.: CP PÁG. 34 
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24/03/16 
Hace notar que, si todo el mundo que prevé participar en el MWC, desde las 
empresas de telefonía o de tecnología mayores hasta el último empresario de 
restauración o de comercio, se adelanta para garantizar un buen servicio en sus 
ámbitos correspondientes, también este Ayuntamiento tiene que estar preparado para 
garantizar un buen servicio a todos los participantes. 
Sin embargo, critica que esta previsión es la que le ha fallado al 
Ayuntamiento, dado que la huelga de metro y de autobús estaba anunciada desde 
noviembre del 2015, de modo que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para 
sentarse con el comité de empresa para garantizar que los servicios de la ciudad 
estuvieran a punto en unos momentos en que el mundo entero mira a Barcelona. 
Por lo tanto, reconoce que no entienden qué papel ha hecho el Gobierno 
municipal, aunque sospechan que estos últimos meses se ha dedicado a otras 
prioridades, porque como ya le ha advertido en otras ocasiones, es evidente que no 
considera los servicios públicos de la ciudad como una prioridad. 
Recuerda que los servicios públicos no solo están a disposición de los 
congresistas del MWC, sino que la huelga ha afectado gravemente a prácticamente 
un millón y medio residentes diariamente. 
Aduce que no comprenden el papel de la alcaldesa en el conflicto; y 
consideran que su intervención ha puesto en evidencia a la persona encargada de 
gestionar el conflicto, la Sra. Vidal, que ha sido relegada de sus funciones, a la vez 
que cree que la intervención de la alcaldesa, que califica de torpe, solo ha servido 
para radicalizar las posiciones, con una actitud que no acaban de entender y que 
confían que les aclare hoy. 
Cree que ni la misma alcaldesa sabía cuál era su papel en el asunto, aunque 
en otras ocasiones había estado sentada en las mesas de reivindicación, pero ahora se 
ha encontrado en el otro lado teniendo que dar una respuesta a las reivindicaciones de 
los trabajadores de TMB. 
 
El Sr. BOSCH avanza el voto favorable a la moción, entre otros motivos, 
porque les permite poner de manifiesto que el MWC ha sido un éxito mundial, 
superando todas las expectativas. Entiende, por lo tanto, que sería bueno reconocer la 
labor de todos los que lo han hecho posible, agradecer la asistencia de los millares de 
congresistas que han venido a la ciudad, así como a la ciudadanía del área 
metropolitana, que ha puesto mucha comprensión y paciencia, consciente de la 
importancia del acontecimiento para la ciudad. 
Cree que, para Barcelona, también para el MWC, es mucho más importante 
la creatividad, la innovación, el talento y la actitud positiva que no hacer de hacker 
en este acontecimiento. En consecuencia, considera que hay que hacer un 
llamamiento para llegar a acuerdos en casos como la huelga de transporte público 
que acaban de vivir, y evitar las actitudes incendiarias e imprudentes. 
Remarca, pues, que es evidente que hay que encontrar una solución a los 
problemas derivados de esta huelga, que se ha especulado mucho a quien 
perjudicaba, si al MWC, a los trabajadores de TMB, al Gobierno de la ciudad o a las 
inversiones futuras. Sin embargo, cree que ha sido la ciudadanía la que ha salido más 
perjudicada, ajena a ciertas disputas que han rodeado el conflicto, y alerta de que, una 
vez ha acabado el MWC, no hay que olvidar que el problema con TMB persiste. 
Para acabar, se refiere a la declaración de la alcaldesa sobre su implicación 
personal en el conflicto, y cree que sería bueno que se continuara implicando hasta la 
solución final. Insiste, por lo tanto, que quieren un acuerdo en función del diálogo y 
la negociación y el pacto. 
 Ref.: CP PÁG. 35 
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El Sr. COLLBONI reconoce que el MWC ha sido una oportunidad de éxito 
para la ciudad. Así, destaca que desde el punto de vista económico y de creación de 
puestos de trabajo, Barcelona necesita un tejido productivo de pequeñas y medianas 
empresas, de autónomos y de cooperativas que componen el grueso de la economía 
urbana, pero también le hacen falta grandes acontecimientos atractores de 
inversiones y de la modernización del tejido productivo, tal como fue el espíritu 
inicial del congreso del móvil, con el reto de fijar la capitalidad física de la telefonía 
y la tecnología móvil. 
Pone en valor que, durante estos días, Barcelona ha demostrado nuevamente 
su capacidad de superar el escollo de una huelga del transporte público que, gracias a 
la paciencia y a la comprensión de la ciudadanía, se ha podido soportar, a pesar de la 
vulneración del derecho a la movilidad para ejercer otro legítimo, que es el derecho 
de huelga. 
Afirma que han pasado esta prueba gracias a la ciudadanía y a la dinámica 
que desde hace muchos años tiene la ciudad en cuanto a su compromiso con el 
MWC. 
Considera, por lo tanto, que el mensaje que hoy debería salir del Pleno es el 
compromiso de los grupos municipales en favor del MWC, del diálogo para 
encontrar una solución a la huelga, tanto si las causas han sido la falta de diálogo o 
de previsión o como por desconocimiento. 
Ratifica el convencimiento de que la ciudad ha superado esta prueba de 
fuego, pero insiste en que se tienen que poner todos los medios y los esfuerzos para 
que no vuelva a pasar; por lo tanto, reitera que el mensaje que salga de este Pleno 
tiene que ser de unidad, como proponen en la declaración institucional que su grupo 
ha presentado en esta sesión. Aprovecha para recordar que este acontecimiento llegó 
de la mano del Gobierno del Estado, presidido por el Sr. Zapatero, del Gobierno de la 
Generalitat, con el presidente Montilla, y del alcalde Hereu. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que, con esta moción, no se votan los 
discursos, y hace notar que el Sr. Forn ha tejido un discurso que no justifica el 
contenido del acuerdo que someten a votación del Plenario del Consejo Municipal, 
motivo por el que avanza que su grupo esperará a posicionarse cuando el ponente 
explique el contenido de la moción y por qué se ha modificado el texto propuesto 
inicialmente. 
 
El Sr. GARGANTÉ justifica la abstención de su grupo porque, por una 
parte, el último 17 de noviembre presentó en la Comisión de Economía y Hacienda 
una proposición para renegociar inmediatamente las condiciones pactadas con 
GSMA, organizadora del congreso, con el fin de incluir cláusulas sociales, laborales, 
feministas, ecológicas, internacionalistas y fiscales para cambiar el modelo del 
MWC. Recuerda que todos los grupos municipales votaron en contra, con el 
argumento unánime del temor a perder el congreso si se renegociaban las 
condiciones actuales. Considera que esta actitud demuestra el grado de sumisión de 
la institución y de todas las formaciones políticas a John Hoffman, director del 
MWC. 
Y añade que todavía esperan el informe que el Gobierno les tiene que 
entregar sobre la tipología y distribución de los trece mil puestos de trabajo que 
supuestamente se han creado a raíz del congreso. 
Dicho esto, manifiesta el máximo rechazo de CUP-Capgirem Barcelona a la 
política de sabotaje y menosprecio de la dirección de TMB con los comités de huelga 
de las dos empresas; y, en consecuencia, exigen el cese inmediato del consejero 
delegado, Enric Cañas, del director de TMB, Jaume Tintoré, del director de metro, 
Marc Grau, y de la directora de autobús, Marta Labata. Igualmente, exigen al 
 Ref.: CP PÁG. 36 
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Gobierno de la ciudad, a la presidenta de TMB y a la alcaldesa de Barcelona un giro 
de ciento ochenta grados en cuanto a sus declaraciones sobre el pulso que mantienen 
con los trabajadores y trabajadoras del metro y el autobús. 
Recrimina el calificativo desproporcionada referido a la huelga, y el intento 
de dividir a los trabajadores de metro y de autobús del resto de la clase trabajadora de 
acuerdo con sus salarios; insiste en que hay que acabar con buscar la división entre 
huelguistas radicales y huelguistas moderados; con la criminalización y la 
culpabilización de los trabajadores y trabajadoras por el solo hecho de luchar por su 
derecho laboral. Recuerda que estos trabajadores continúan yendo diariamente a sus 
puestos de trabajo, y reprocha a la alcaldesa, también a la presidenta de TMB, sus 
declaraciones, que entiende que pueden haber incitado el incremento de insultos, 
amenazas e incluso intentos de agresión por parte de los usuarios del transporte 
público. 
Pide a la alcaldesa que reflexione sobre cómo ha actuado el Gobierno las 
últimas dos semanas y que escuche los trabajadores y trabajadoras de TMB y no a los 
directivos, y le recuerda que los vecinos y vecinas de Barcelona los votaron para 
hacer las cosas de otra manera y no para continuar como siempre. 
 
La Sra. ALCALDESA interviene en nombre de Barcelona en Comú y como 
respuesta a las diversas interpelaciones que le han dirigido. 
Suscribe, como ha hecho notar el Sr. Fernández Díaz, que se han producido 
intervenciones muy dispares, y entiende que la moción finalmente transaccionada 
tiene un espíritu bastante constructivo, pues habla de afianzar el compromiso de 
Barcelona con la organización del MWC y trabajar para maximizar los impactos 
positivos para el conjunto de la ciudad durante todo el año. 
Lamenta, sin embargo, la falta de acuerdo en cuanto al convenio que se está 
negociando entre TMB y la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras 
de una empresa pública que abarca a ocho mil trabajadores. Observa que se trata de 
un conflicto recurrente, que no es la primera vez que ocurre, ni tampoco es el primer 
convenio que se discute en un marco de polémicas y posiciones alejadas. 
Señala que la moción acaba pidiendo al Gobierno que reanude las 
negociaciones para acordar un convenio colectivo lo antes posible para evitar 
perjuicios a los usuarios del transporte público, una demanda que afirma que el 
Gobierno suscribe plenamente, especialmente porque están convencidos de que no se 
puede hacer uso partidista de las grandes cuestiones de ciudad, sino actuar con 
actitud constructiva. 
Sin embargo, hace notar que algunas intervenciones hacen este tipo de uso 
del conflicto, especialmente cuando le reprochan haber desautorizado a la concejala 
Vidal. Replica que su intervención es todo lo contrario a una desautorización, que 
intenta, humildemente, cambiar las formas de hacer política, y afirma que no 
consideran a su grupo como espacio jerárquico y compartimentado; por el contrario, 
manifiesta que, como alcaldesa, quiere estar en la calle, entender los conflictos y dar 
la cara. Recuerda, en este sentido, que los trabajadores y trabajadoras de TMB 
reclamaban una interlocución política del máximo nivel, motivo por el cual se 
reunieron ella misma, la concejala de Movilidad como presidenta de TMB y el 
primer teniente de alcaldía para comprender las razones y avanzar en el diálogo, y 
asegura que está dispuesta a hacerlo tantas veces como sea necesario. 
 
El Sr. FORN responde al Sr. Fernández Díaz que, para su grupo, es 
importante buscar el acuerdo entre los grupos del Ayuntamiento para afrontar en 
beneficio de la ciudadanía una crisis como la que los ocupa. Añade que el discurso 
también es importante, y entiende que hoy han podido combinar ambos aspectos; por 
una parte, un acuerdo mayoritario entre los grupos del Consistorio para afrontar la 
 Ref.: CP PÁG. 37 
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huelga, con un compromiso para buscar solución a una situación de conflicto que 
tiene una repercusión muy directa en el día a día de la ciudad; y, por otra parte, 
señala que han podido hablar de este asunto que, por otra parte, hoy no habría 
aparecido en el orden del día de esta sesión. Admite que el grupo del PP ha 
presentado una pregunta, pero le recuerda que, como tal, no se puede debatir entre 
todos los grupos. 
Añade que también era muy importante conocer la opinión del Gobierno, 
dado que es quien ha asumido la responsabilidad de la negociación. Entiende, sin 
embargo, que hay quien prefiere no llegar a acuerdos y quedarse solos, que es una 
opción legítima, pero ratifica que no es la suya. 
 
El Sr. COLLBONI avanza que el posicionamiento de su grupo será 
favorable a la moción. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que una de las virtudes más 
destacables de su grupo es la coherencia en decir lo mismo en las ruedas de prensa 
que en esta cámara, lo que el grupo de CiU y otros de la oposición no han sido 
capaces de mantener. 
Anuncia, por lo tanto, que su grupo se abstendrá en esta propuesta, no por su 
contenido, con el que están a favor en líneas generales, como demuestra que votarán 
a favor de la declaración institucional que posteriormente se leerá, sino por todo lo 
que no dice. Entiende que una cosa es ser responsable y otra cómplice de la situación 
que ha vivido Barcelona últimamente, tal como ha hecho el grupo de CiU 
aviniéndose a retirar la reprobación de la gestión del Gobierno; por el contrario, 
afirma su grupo está convencido de que hay que exigir responsabilidades. 
Igualmente, señala que tampoco han incorporado en la moción las 
enmiendas que ha presentado su grupo, en el sentido de exigir responsabilidades al 
Gobierno metropolitano, que es la junta general de accionistas de TMB, y donde 
también están CiU y ERC, que ahora piden explicaciones a la alcaldesa por su 
gestión de la huelga. Por lo tanto, pide a estas formaciones lealtad institucional y que 
asuman su parte de responsabilidad. 
Añade que, en sus enmiendas, también reclamaban transparencia a TMB, y 
entiende que los que dan apoyo a la moción y que comparten responsabilidades 
metropolitanas son corresponsables de la opacidad y déficit de gestión de TMB a lo 
largo de los últimos años, que son CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA. 
Corrobora que están a favor de renovar el compromiso con el MWC, del 
diálogo con los trabajadores de TMB y de una mejor garantía de servicio; que 
consideran que la alcaldesa se ha equivocado absolutamente y, por este motivo, 
critican su gestión del conflicto, tardía y fuera de lugar. 
Concluye, por lo tanto, que no están dispuestos a participar en un acuerdo de 
complicidad como es esta moción, que, entre otras cosas, ampara la falta de 
transparencia en TMB, con sueldos desorbitados y contrataciones con puertas 
giratorias. 
 
El Sr. GARGANTÉ indica que este lunes próximo no se hará una asamblea 
de autobuses como ha dicho el Sr. Forn, sino un referéndum en el mundo de la mafia 
sindical CC. OO., UGT y SIT, que paga la dirección y votan los directivos, los 
mismos que han hecho el preacuerdo. 
Observa que aquí se ha hablado del derecho de huelga, pero precisa que con 
un 65 % de servicios mínimos, no están hablando de derecho a huelga, sino de 
insulto al movimiento obrero. 
 Ref.: CP PÁG. 38 
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La Sra. ALCALDESA agradece las intervenciones más constructivas, y 
ratifica que el Gobierno continuará trabajando intensamente para llegar a un acuerdo 
en el marco del convenio que permita mejoras en todos los ámbitos que plantean los 
trabajadores y trabajadoras de TMB, entre las cuales reducción de la temporalidad o 
mejora salarial; y también en la mejora de la transparencia y en la gestión de la 
empresa, motivo por el cual ya han creado una agencia de transparencia en el Área 
Metropolitana. 
Finalmente, recuerda al grupo de CiU que, durante su mandato, hizo una 
gestión de absoluta continuidad en TMB. 
 
SE APRUEBA la moción de urgencia en debate con seis abstenciones —
emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también por el 
Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y treinta y cinco votos a favor del resto de 
miembros del Consistorio. 
 
Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Prop. 2. (M1519/2755) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Regular la implantación de 
cubiertas verdes, preferentemente productivas en forma de huertos, en los edificios 
de la ciudad mediante una nueva ordenanza que haga obligatorio el ajardinamiento e 
instalación de estos tipos de cubiertas en el caso de que se realicen nuevas 
edificaciones o construcciones, rehabilitaciones integrales de edificios o bien se 
cambie el uso de la totalidad de los edificios o las construcciones. Con la finalidad de 
fomentar la autoproducción alimentaria, la aparición de nuevas actividades 
económicas relacionadas con la agricultura urbana, mejorar la calidad del aire, 
regular la escorrentía urbana de las aguas pluviales y mejorar la eficiencia energética 
de los edificios y construcciones. 
 
El Sr. CORONAS indica que el 67 % de las cubiertas de los edificios de la 
ciudad son azoteas, con una superficie estimada de 1.764 hectáreas, de las cuales 
actualmente solo 4 hectáreas corresponden a cubiertas verdes. 
Recuerda que, en octubre del 2014, el Gobierno municipal de CiU presentó 
una medida de gobierno de promoción de las azoteas vivas y las cubiertas verdes en 
la ciudad, que recogía diversas experiencias internacionales, como el caso de 
Alemania, donde la mayoría de las ciudades disponen de normativas municipales 
para fomentar este tipo de cubiertas, paralelamente a los incentivos, tanto directos 
como indirectos, y la obligatoriedad. 
Precisa que, en ciudades como Nueva York o Portland, se obliga a hacer 
cubiertas verdes en todos los edificios públicos nuevos; en Los Ángeles o en Toronto 
la obligación es a partir de una superficie determinada de la cubierta, mientras que en 
ciudades europeas como Stuttgart o Copenhague, la obligatoriedad está determinada 
por el grado de inclinación de la cubierta. 
Remarca que los beneficios del aprovechamiento de las azoteas y las 
cubiertas de la ciudad son múltiples, entre los cuales los sociales, ya que significa 
que la ciudad gana un espacio de relación para el vecindario, incrementa la superficie 
de verde y pueden dar pie a fomentar la autoproducción energética y alimentaria; 
igualmente, destaca los beneficios ambientales, ya que incrementan el aislamiento 
térmico de los edificios y contribuyen a la retención de agua y a la mejora del 
aislamiento acústico. 
Añade que otro de los beneficios del aprovechamiento de las azoteas es el 
energético, ya que implica un aprovechamiento potencial de unos 400.000 
megavatios anuales, de manera que supone también un ahorro económico, vista la 
reducción del gasto energético, a la vez que comporta creación de puestos de trabajo 
 Ref.: CP PÁG. 39 
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en el ámbito de la rehabilitación de edificios. 
 Ref.: CP PÁG. 40 
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En cuanto a los planes y las normativas vigentes, señala que actualmente no 
existe ninguna ordenanza específica que defina los diferentes tipos de cubiertas y 
regule los usos; por el contrario, hay un marco normativo muy disperso y 
dependiente de diversas administraciones, como el Plan del verde y la biodiversidad 
2020, la Ordenanza de medio ambiente, las ayudas a la rehabilitación o el mismo 
Código Civil de Cataluña. 
Recuerda que el proyecto del Gobierno anterior contemplaba la elaboración 
de una ordenanza específica, y entiende que esta normativa podría incluir la 
obligatoriedad de implantar este tipo de cubierta en los edificios públicos de nueva 
planta. Puntualiza que este aspecto lo han discutido con el resto de grupos 
municipales, a los cuales aprovecha para agradecer sus aportaciones para aprobar la 
proposición y que no quede en un cajón. 
Aduce que la medida de gobierno que presentó a CiU no era oportuna, 
puesto que la planteó al final del mandato, e inconcreta en cuanto a los aspectos más 
prácticos, los objetivos y también el calendario de despliegue. 
Así pues, entiende que hay que adecuar la normativa para que lo que se 
denomina "quinta fachada" deje de ser un elemento anecdótico en los edificios de la 
ciudad, como es el caso de la biblioteca Zona Nord o la Fábrica del Sol, y se 
generalice en edificios y equipamientos públicos y también privados. 
Subraya, por lo tanto, que se impone una ordenanza específica que defina 
las tipologías de cubierta y regule el uso; así como el establecimiento de una serie de 
objetivos claros e indicadores de seguimiento y la elaboración de un calendario con 
las actuaciones principales que afectan al ámbito público; a la vez que también hay 
que disponer de un presupuesto específico más allá de las ayudas a la rehabilitación 
que otorga este Ayuntamiento. 
 
La Sra. VILA observa que el Plan del verde y la biodiversidad, así como la 
medida de gobierno aprobada durante el mandato anterior a la que se ha referido el 
Sr. Coronas, son instrumentos estratégicos que tenían como objetivo planificar, a 
largo plazo, las actuaciones necesarias para conseguir que la ciudad tuviera una 
infraestructura de verde más significativa, con el fin de insertar la naturaleza en el 
ámbito urbano y conectarlo mejor con el entorno. 
En consecuencia, avanza que su grupo votará a favor de la proposición 
porque va en la línea que apuntaron durante el mandato anterior; y porque muchas de 
las explicaciones que acaba de dar el concejal construyen un buen argumento de cara 
a apoyar la iniciativa. 
En esta línea, entienden que hay que incrementar el conocimiento para la 
gestión y la conservación del verde y la biodiversidad; y que más allá de las 
normativas, es importante dotarse de herramientas de seguimiento de la 
implementación de cubiertas verdes, así como de una buena cartografía del estado de 
la ciudad en este ámbito. 
Valoran las cubiertas de los edificios como un espacio de oportunidad para 
la implantación de nuevas formas de verde urbano, con unas dimensiones 
considerables, con muchos beneficios asociados que el Sr. Coronas ya ha 
mencionado y que redundan en la calidad de vida y la salud de las personas. 
Sin embargo, aduce que el aspecto que no acaban de ver claro es el de la 
autosuficiencia alimentaria que apuntaba el ponente, ya que si bien encuentran muy 
positiva la existencia de huertos urbanos privados, están a favor de la especialización 
agrícola de los territorios, y consideran que quienes deben cultivar y vender los 
productos agrícolas son los profesionales que tienen tradición ancestral en Cataluña. 
 
El Sr. BLANCO manifiesta que encuentran interesante la propuesta y 
positiva para en ciudad. 
 Ref.: CP PÁG. 41 
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Agradece que se haya modificado la redacción inicial de la proposición, ya 
que a su parecer es excesivo establecer la obligatoriedad de implantar estas cubiertas 
verdes en los edificios de nueva construcción o en los que han sufrido una 
rehabilitación integral. Sin embargo, consideran muy positivo fomentar este uso. 
Precisa que la dificultad de implantar la obligatoriedad radica no solo en la 
instalación verde, sino también en el mantenimiento que requieren las cubiertas de 
este tipo, que no está asegurado con la imposición de la obligatoriedad; y también a 
que no es lo mismo un edificio público que uno privado. Consideran, por lo tanto, 
que estos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una ordenanza. 
Añade que constatan, igualmente, un planteamiento subversivo en la 
propuesta, como es que pone en cuestión la posibilidad de hacer un uso privativo de 
los elementos comunes, que durante muchos años ha sido un tema tabú en Barcelona. 
En este sentido, manifiesta que abogan por abrir el debate sobre este aspecto. 
Concluye, por lo tanto, que les parecen positivas las medidas encaminadas a 
incrementar la cantidad de especies vegetales en la ciudad, y suscriben incorporar 
esta posibilidad en los proyectos de nueva construcción, así como el fomento de las 
cubiertas vegetales y su uso como huertos urbanos. 
 
El Sr. MÒDOL indica que su grupo ha transaccionado el texto de la 
proposición de ERC en el sentido de no establecer la obligatoriedad y, por el 
contrario, fomentar al máximo que se plantee en los proyectos constructivos y de 
reforma la implantación de cubiertas verdes. 
Con respecto a los referentes en este ámbito, que aquí ya se han apuntado, 
destaca que las experiencias de mayor éxito han sido las que se han iniciado a más 
pequeña escala y, por lo tanto, consideran que haría falta ser más estratégicos y 
flexibles y empezar por pequeñas implementaciones incluidas en un plan piloto, y 
valorar el éxito. 
En consecuencia, y puesto que el Sr. Coronas ha sido muy cuidadoso con el 
uso de la terminología técnica arquitectónica, le quiere corresponder a su vez 
manifestando que su grupo está plenamente de acuerdo con la autodeterminación 
clorofílica de las cubiertas de la ciudad. 
Finalmente, en cuanto a la necesidad de incrementar el verde urbano, un 
aspecto que ya se ha comentado en comisión, remarca que también es esencial 
recuperarlo en los interiores de manzana de L'Eixample; y que el criterio del verde se 
incorpore cada vez más en los proyectos de urbanización de la ciudad, puesto que la 
mayor cubierta de la ciudad es el espacio público. 
 
El Sr. MULLERAS considera loable la proposición del grupo de ERC, 
aunque manifiesta que su grupo discrepaba con su planteamiento inicial, que incluía 
la obligatoriedad. Añade, también, que les plantea bastantes dudas con respecto a las 
consecuencias de la implantación de cubiertas verdes en los edificios, entre las cuales 
el incremento de costes de construcción y de mantenimiento. Hace notar que también 
se pueden generar situaciones conflictivas en las escaleras de vecinos, y problemas 
legales con respecto a la ley de propiedad horizontal. 
Precisa que las cuestiones con las que no estaban de acuerdo en la propuesta 
inicial eran, como ya ha dicho, la obligatoriedad, y consideran que había que 
incorporar una incentivación con medidas fiscales, a la vez que entienden que se 
debería empezar por los edificios públicos, concretamente por los municipales. 
Observa que, dado que en el texto transaccionado se ha suprimido la 
obligatoriedad, pregunta al grupo proponente si aceptaría incorporar como una 
enmienda in voce la incentivación fiscal e implantar cubiertas verdes en los edificios 
municipales en primer lugar. 
 Ref.: CP PÁG. 42 
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Manifiesta que, si aceptan ambas cuestiones, votarán a favor de la 
proposición. 
 
La Sra. LECHA avanza el voto a favor de su grupo al considerar que las 
cubiertas verdes ofrecen oportunidades para la mejora de la calidad ambiental y 
climática de la ciudad y a las personas, a la vez que añaden una capa de aislamiento 
adicional a las viviendas, incrementando la impermeabilidad, aislándolas de los 
ruidos y permitiendo una reducción de los costes en calefacción y refrigeración, a la 
vez que sirven de depósito de agua de lluvia y son instrumentos para la prevención 
de inundaciones. Continúa enumerando beneficios de este tipo de cubiertas, poniendo 
de relieve que disminuyen los niveles de contaminación, crean nuevos hábitats para 
la fauna, mejoran el paisaje urbano y potencian la agricultura urbana. 
Recuerda que su grupo plantea una recuperación de los recursos básicos 
para la vida social y colectiva y ponerlos bajo control democrático y popular; en este 
sentido, abogan por hacer que la vida urbana se base en fundamentos ecológicos 
menos frágiles que los actuales; de modo que consideran que tienen la oportunidad 
de ofrecer a las comunidades de vecinos no solo el ahorro energético, sino también 
conseguir espacios propios para cultivar, una actividad muy coherente con la 
promoción de la alimentación de proximidad y respetuosa con el medio ambiente, 
que también genera socialización. 
Observa que los bienes comunes se tienen que sustraer a la lógica de la 
gestión privada, corporativa y capitalista con el fin de avanzar hacia una gestión 
democrática. En consecuencia, expresa el acuerdo de su grupo con la potenciación de 
la creación de cubiertas verdes así como de azoteas vivas. 
 
La Sra. SANZ dice que comparten la filosofía de la propuesta del grupo de 
ERC, teniendo en cuenta que Barcelona es una ciudad densa y con clima 
mediterráneo que es muy adecuado para el uso de azoteas y patios de luces, unos 
recursos actualmente no suficientemente explotados. Remarca que la rehabilitación y 
el uso de estos espacios proporciona muchos beneficios desde el punto de vista social 
porque ponen en valor su uso para las comunidades de vecinos, pero también 
ambientalmente, ya que incrementan el verde y la biodiversidad, producen una 
reducción de la demanda energética y la generan a su vez, a la vez que permiten un 
aprovechamiento de recursos naturales, todos objetivos que, desde el principio, el 
Gobierno quiere alcanzar durante el mandato. 
Destaca la larga trayectoria de este Ayuntamiento en el estudio del 
desarrollo de este tipo de medidas; así, recuerda que, en el 2009, la Agencia de 
Ecología Urbana hizo uno de los primeros estudios sobre cubiertas y muros verdes y, 
en el 2010, el Área de Medio Ambiente presentó un informe técnico sobre su 
implementación para evaluar los mecanismos técnicos y jurídicos que había que 
desarrollar. Igualmente, menciona que durante el mandato anterior se desarrolló un 
plan del verde y la biodiversidad y que incorpora el objetivo de la proposición, y a 
final del mandato se incorporó la medida de gobierno a la que se ha hecho referencia. 
En consecuencia, manifiesta la voluntad del Gobierno de no quedarse en 
este punto, tal como propone el grupo de ERC. En este sentido, pone en valor que la 
labor de análisis hecha hasta ahora ha permitido constatar que hay que desarrollar 
esta actuación concreta muy cuidadosamente con el objetivo de evitar 
complicaciones a la hora de implantar estas cubiertas y, por este motivo, suscriben 
que hay que definir una norma clara, y creen que una ordenanza es un buen 
instrumento para hacerlo. 
Entiende, sin embargo, que hay que hacer mucha pedagogía, poniendo en 
valor las ventajas de la propuesta y, al mismo tiempo, hacerla compatible con el 
desarrollo de otras estrategias como el fomento del espacio público, el verde, las 
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placas solares y otras energías renovables. 
El Sr. CORONAS dice que comparten que tiene que haber incentivos 
fiscales como una manera de animar a las personas a hacer estas actuaciones. 
Manifiesta, sin embargo, que no aceptan la enmienda in voce del grupo del PP en 
este sentido, puesto que consideran que el redactado de la propuesta ya la incluye. 
Con respecto a la obligatoriedad, reconoce que les habría gustar avanzar 
más en este sentido, aunque entiende que ya han dado un paso adelante con la 
aprobación de la proposición. 
En cuanto a la autoproducción alimentaria, hace notar a la Sra. Vila que 
los huertos urbanos no tienen que desplazar en absoluto a los profesionales de la 
agricultura. 
 
El Sr. MULLERAS dice que entienden que se ha eliminado el concepto 
de obligatoriedad y que se admiten los incentivos fiscales del texto de la 
proposición, así como que las cubiertas verdes se empezarán a implementar en los 
edificios municipales y, en consecuencia, avanza el voto a favor de su grupo. 
 
SE APRUEBA, por unanimidad, la proposición-declaración de grupo en 
debate con el texto transaccionado siguiente: 
 
Regular la implantación de cubiertas verdes, preferentemente, 
productivas en forma de huertos, en los edificios de la ciudad mediante una nueva 
ordenanza que potencie el ajardinamiento e instalación de estos tipos de cubiertas 
en el caso de que se realicen nuevas edificaciones, construcciones o 
rehabilitaciones integrales de edificios. Con la finalidad de fomentar la 
autoproducción alimentaria, la aparición de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la agricultura urbana, mejorar la calidad del aire, regular la 
escorrentía urbana de las aguas pluviales y mejorar la eficiencia energética de los 
edificios y construcciones. 
 
Del Grupo Municipal Socialista 
 
Prop. 3. (M1519/2758) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 
instar al Gobierno municipal a plantear al Gobierno de la Generalitat, en el marco 
de las reuniones que mantienen, modificar el impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos para que el Ayuntamiento obtenga el 100 % de la 
recaudación del impuesto generado en la ciudad, pueda acordar su importe y que 
la destinación de los recursos generados pueda ser decidida por el Consistorio, con 
el fin, entre otros, de poder compensar las externalidades negativas que genera el 
turismo. 
 
La Sra. BALLARÍN precisa que la proposición tiene que ver con el 
turismo en Barcelona y la capacidad con poner los recursos que genera al servicio 
de la ciudad. 
Observa que la actividad turística tiene aspectos positivos, entre los 
cuales la generación de riqueza —supone el 12 % del PIB—, significa el 14 % del 
empleo en la ciudad y conecta Barcelona con el mundo. Por el contrario, remarca, 
entre los aspectos negativos, la incidencia en barrios concretos de Barcelona, que 
provoca problemas de saturación del espacio público y, por lo tanto, de 
convivencia, de movilidad y la pérdida de comercios y de servicios tradicionales. 
Apunta que Barcelona no dispone de todos los instrumentos necesarios 
para luchar contra las externalidades negativas del turismo, pero entiende que 
podría disponer de algún instrumento más como la tasa turística. Puntualiza que 
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este impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, en casi todas las 
ciudades que lo perciben, es un recurso propio municipal. 
Destaca que la posibilidad de que los municipios puedan cobrar y 
gestionar esta tasa entra dentro de toda lógica, puesto que el impacto del turismo 
se manifiesta diariamente en el espacio público, y afecta a los servicios públicos 
municipales como la seguridad, la movilidad, la limpieza o las inspecciones. 
Sin embargo, indica que tal como está distribuida la capacidad de crear y 
establecer tributos en España y en Cataluña, los municipios quedan excluidos de la 
posibilidad en crear un tributo sobre alojamientos turísticos, pero subraya que eso no 
puede impedir que lo recaude alguien más y lo ponga al servicio de la ciudad; y 
recuerda que el Ayuntamiento así lo ha reivindicado en diversas ocasiones, la más 
reciente de ellas el pasado setiembre en pleno, por unanimidad de todos los grupos, 
aunque reprocha el hecho de que algunos no mantuvieron el mismo posicionamiento 
cuando la propuesta llegó al Parlamento. 
Recuerda que, para su grupo, pedir el cien por cien de la tasa turística para 
Barcelona ha sido y es una reivindicación irrenunciable y, por esta razón, manifiesta 
que no han podido aceptar las enmiendas presentadas por diversos grupos 
municipales, ya que, de alguna manera, implicaban renunciar al cien por cien de la 
tasa. 
Igualmente, lamenta que esta reivindicación no se tratara en la última 
reunión entre el Ayuntamiento y la Generalitat, en la que se trataron temas 
pendientes como el Plan de barrios, la T-Mobilitat, seguridad, cofinanciamiento del 
metro de la Marina, entre otros. Destaca que la tasa turística es, sin embargo, la 
asignatura pendiente de la Generalitat en su relación con Barcelona. 
Por todo lo que acaba de argumentar, ratifica que su grupo pretende cambiar 
el impuesto turístico para obtener el cien por cien de su recaudación al servicio de la 
ciudad y de los residentes, e incidir de alguna manera en la fijación del importe, y 
que el Ayuntamiento lo destine a compensar a los vecinos y vecinas por los 
problemas generados por el turismo. 
 
La Sra. RECASENS hace notar que prácticamente no hay sesión de Pleno o 
de comisión en que no hablen de turismo o del impuesto turístico y, por lo tanto, 
considera que ha llegado el momento de actuar. 
Considera que el hecho de reclamar la gestión del cien por cien del impuesto 
turístico para Barcelona demuestra una falta de solidaridad con el entorno 
metropolitano, sobre todo teniendo en cuenta la puesta en marcha de la campaña 
"Barcelona es mucho más", con la que se pretende sacar adelante una marca conjunta 
que va más allá de los límites de la ciudad de Barcelona. 
Igualmente, reprocha al PSC que, a pesar de los años que ha gobernado la 
ciudad, y durante un periodo más corto también la Generalitat, haya tenido que 
esperar a que los gobiernos de CiU, en el Ayuntamiento y en la Generalitat, sacaran 
adelante el impuesto turístico. Recuerda que fue el alcalde Trias quien consiguió que 
Barcelona obtuviera el 48 % del impuesto, mientras que el resto de los municipios 
recibía un 30 %. Añade que también consiguieron que el destino del impuesto 
rebasara el concepto de promoción turística y que se pudiera invertir en el pago de 
agentes cívicos, por ejemplo. 
Seguidamente aprovecha para apelar directamente a la alcaldesa sobre qué 
piensan hacer a corto plazo con el impuesto turístico; en este sentido, se remite a los 
reproches que la teniente de alcaldía, la Sra. Sanz, recibió personalmente en el debate 
del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), en que se le 
recordó que el Gobierno municipal había prometido el reparto de la riqueza generada 
por la actividad turística, pero que todo indica que aquello que acabará repartiendo es 
miseria. Añade que, desde Ecologistas en Acción, pasando por vecinos y las 
 
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plataformas de vivienda de alquiler turística, están en contra de cómo se lleva a cabo 
la regulación turística, dado que el turismo aumenta día a día y, en cambio, no se 
constata un modelo claro de turismo por parte del Gobierno municipal. 
 
El Sr. SIERRA confirma que su grupo comparte buena parte del espíritu de 
la proposición del PSC, aunque avanza la abstención por un motivo de solidaridad. 
Precisa que en la enmienda que plantearon ponían de manifiesto la posibilidad de 
negociar el porcentaje de percepción de la tasa turística; así, consideraban que, por 
solidaridad con el resto de territorios del Estado y de Cataluña, Barcelona no debía 
recibir el importe total de la tasa. En este sentido observa que, si bien Barcelona tiene 
un impacto turístico muy destacable, otras localidades también lo tienen muy 
considerable. 
Precisa que, en el artículo 116, del articulado del impuesto se contempla un 
tratamiento especial para Barcelona. Igualmente, recuerda que en la Comisión de 
Economía y Hacienda su grupo sacó adelante la propuesta, con el voto favorable de 
la mayoría de los grupos, de que los barrios y distritos de Barcelona con mayor 
impacto turístico recibieran el cien por cien de la recaudación de este impuesto en la 
ciudad para paliar los efectos de la presión que genera esta actividad, y no a la 
promoción turística, y que se materializó con la inyección de dos millones de euros 
en diciembre del 2015. 
Consideran que se puede negociar el incremento del porcentaje del impuesto 
que revierte en la ciudad, aunque desestiman la demanda de recaudar el cien por cien 
por motivos de solidaridad, motivo por el que avanza que no votarán a favor de la 
proposición. 
El Sr. BOSCH celebra que el grupo de Ciutadans defienda la solidaridad 
entre catalanes. 
Hecha esta observación hace una serie de puntualizaciones sobre la 
proposición del grupo del PSC. En primer lugar, dice que no entienden que tienen 
que ver la L9 y la L10 del metro en los argumentos justificativos de su proposición, y 
se pregunta si les disgusta que se llegue a un acuerdo entre Ayuntamiento y 
Generalitat para acabarlas. 
Aduce que no comprenden tampoco por qué se fijan en el fondo de la 
cuestión; así, hablan de porcentajes y de quién los recauda, pero, por el contrario, se 
olvidan de la destinación final de la recaudación. Observa que, hoy por hoy, este 
impuesto se destina a la promoción y a la publicidad turística, y pregunta al grupo 
proponente si está de acuerdo con esta finalidad. 
Contrariamente, apunta si no creen que sería mejor valorar los objetivos del 
impuesto, si debe servir para fomentar la convivencia en los barrios saturados de 
actividad turística, si debe servir para multiplicar las inspecciones turísticas. 
Precisa que, una que vez tengan claro a qué quieren destinar los recursos 
generados por el impuesto, podrán hablar de porcentajes, o de incrementar la tasa y 
que se destine a lo que realmente es necesario. 
Reprocha que se pretenda mantener una reyerta eterna con la Generalitat por 
este asunto, cuando lo que habría que hacer es mejorar el turismo y su encaje en 
Barcelona y preguntarse, realmente, si quieren cambiar el modelo turístico o no. 
 
El Sr. MULLERAS se refiere a que, tal como se expresa el grupo 
proponente en la exposición de motivos, en setiembre del 2014 se aprobaron dos 
proposiciones por unanimidad, una de ICV-EUiA y la otra del PP, para reclamar el 
cien por cien del impuesto turístico. 
 
Ref.: CP PÁG. 46 
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24/03/16 
Precisa que en Barcelona se recauda el 50 % del impuesto turístico de toda 
Cataluña y genera el 53 % de la actividad turística, pero, en cambio, la ciudad solo 
recibe una tercera parte del impuesto que se recauda en Barcelona. Entienden, pues, 
que la discriminación por parte de la Generalitat es evidente. 
Indica que de los veintiún millones de euros que se son recaudados por 
término medio anual por este concepto en Barcelona, solo llegan siete u ocho 
millones de euros; es decir, que la ciudad deja de percibir aproximadamente catorce 
millones de euros por las actividades que se llevan a término, y de las cuales sufre las 
consecuencias. Consideran que este dinero que deja de recibir se podría destinar, por 
ejemplo, al fomento de un turismo mejor, más familiar, de mayor calidad, pero 
también a compensar a vecinos y barrios que sufren los efectos de la presión 
turística, o a construir aparcamientos disuasivos para autocares turísticos. 
Reitera que su grupo ha pedido en muchas ocasiones que se quede en 
Barcelona el cien por cien del impuesto turístico que se recauda en la ciudad, porque 
es de justicia y porque la realidad de la actividad turística de Barcelona no tiene nada 
que ver con la del resto de Cataluña. 
Insiste en pedir, igualmente, que en la próxima reunión con el presidente de 
la Generalitat, la alcaldesa incorpore como punto prioritario esta cuestión en defensa 
de los intereses de los barceloneses. 
 
El Sr. GARGANTÉ expresa que la tasa turística debería ser gestionada al 
cien por cien por la Hacienda municipal, y también que debería ser más elevada, ya 
que las empresas de alojamiento hacen negocio con el patrimonio común, por lo cual 
el retorno a vecinos y vecinas debería ser mayor. 
Añade que, además, la tasa debería tener una función reequilibradora, tanto 
en el espacio como en el tiempo, de modo que debería ser un instrumento de gestión 
turística por ella misma. Precisa que, por este motivo, consideran que habría que ir 
hacia una tasa progresiva en función de la carga de turistas en cada barrio, más 
elevada en las zonas saturadas, y en función de los días de estancia y la temporada. 
Hace notar que los hoteles se llenan porque la ciudad está repleta de 
atractivos para el turismo, que se han compuesto con el dinero de la ciudadanía y se 
mantienen también con su dinero. Por lo tanto, remarca que debe hacerse una 
redistribución en los distritos de acuerdo con criterios que tengan en cuenta la 
presión turística que reciben; y el dinero recaudado con el impuesto se debe invertir 
íntegramente en sus necesidades sociales y no en promoción de la actividad, 
operaciones urbanísticas y subvenciones en beneficio de las empresas turísticas. 
Señala que la tasa turística se debería ampliar a otros establecimientos 
turísticos, y no solo alojamientos, y entiende que hay que estudiar nuevas fórmulas 
fiscales para aplicar la tasa turística en todos los establecimientos que ofrecen 
servicios o productos turísticos. 
Indica, también, que habría que especificar en la proposición de manera 
rigurosa y transparente cómo se distribuye la recaudación de la tasa, ya que las 
externalidades negativas que genera el turismo se tocan muy de pasada. 
Manifiesta, por lo tanto, que se tendría que dedicar a ayudas directas a los 
damnificados por el impacto turístico, con vivienda social, por ejemplo, sobre todo 
para los colectivos más perjudicados. 
Finalmente, recuerda que el secretario de Economía de la Generalitat, Pere 
Aragonès, ha reconocido que el impuesto turístico es uno de los ámbitos en que hay 
más fraude fiscal y, por lo tanto, alerta que se tendrán que incrementar las 
inspecciones. 
 Ref.: CP PÁG. 47 
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Aduce que eso debe ser un nuevo objetivo para los grupos municipales que 
tienen tendencia a criminalizar la pobreza y que, por el contrario, se dediquen a 
criminalizar a los empresarios del turismo que cometen fraude fiscal con la recaudación 
de la tasa turística, cosa que asegura que hará su grupo. 
 
El Sr. COLOM manifiesta que el Gobierno comparte que la recaudación 
obtenida por el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos en Barcelona 
revierta totalmente en la ciudad, y que el Ayuntamiento pueda acordar su destinación, 
sin las restricciones a las que lo somete los criterios de la Generalitat vinculados a la 
promoción turística. Así, indica que se tiene que poder destinar a compensar a los 
barrios por el impacto turístico y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
Remarca que han trabajado en la línea que acaba de apuntar desde el primer 
momento; y en las relaciones de la Concejalía, tanto con el consejero de Turismo como 
con la Dirección de Turismo, los han hecho partícipes de la voluntad del Ayuntamiento 
de incrementar los importes obtenidos del impuesto mencionado. Precisa, también, que 
se ha materializado el convenio de dos millones de euros extraordinarios con la 
voluntad manifiesta de consolidar esta aportación hacia la captación de la totalidad del 
impuesto. 
 
La Sra. BALLARÍN agradece el apoyo de los grupos que se han manifestado a 
favor de la proposición; a la vez que pide coherencia en este asunto, y reprocha los 
cambios de posicionamiento en función de quien gobierna en la Generalitat. En este 
sentido, hace notar que los grupos de CiU y de ERC han votado de una manera contraria 
a como lo hicieron en setiembre del 2014, y entiende que, hoy por hoy, sus prioridades 
están más centradas en la autodeterminación y el proceso independentista que en la 
autodeterminación en materia de la tasa turística. 
Dicho esto, se reafirma en la voluntad de su grupo de poner Barcelona por 
encima de todo, motivo por el que reivindican el cien por cien de la tasa al servicio de la 
ciudadanía. Pone de relieve que no se trata de una cuestión de tacticismo político, y 
niega que se afecte a la solidaridad con esta demanda, puesto que, si Cataluña quiere 
promocionar el turismo fuera de Barcelona, puede buscar otras fuentes de recursos, 
como la UE. Por el contrario, consideran que es una cuestión de lógica y de justicia. 
Puntualiza, a raíz de la apreciación del Sr. Bosch sobre las generalizaciones de 
la proposición, que el destino de la tasa es compensar las externalidades negativas que 
genera la actividad turística. Por lo tanto, consideran totalmente legítimo y lógico que el 
cien por cien de la recaudación del tributo se quede en el ámbito municipal para afrontar 
el incremento de las necesidades de servicios que genera el turismo y para luchar contra 
los efectos indeseados en la convivencia o por la ilegalidad de las viviendas de uso 
turístico. 
 
La Sra. RECASENS recuerda que deberían buscar la unanimidad en cuanto a 
la reclamación del IVA turístico. 
Avanza que su grupo se abstendrá en la votación de la proposición; y constata 
que el Gobierno continúa con un modelo errático en materia turística. En este sentido, 
recuerda que el Gobierno de CiU financió con el impuesto agentes cívicos y estableció 
medidas de movilidad en torno a la Sagrada Família, señalización turística e inspección. 
 
El Sr. SIERRA se remite nuevamente a los argumentos expresados en cuanto a 
la solidaridad en la recaudación de impuestos. En esta línea, señala que hay municipios 
que no tienen infraestructura hotelera y, por lo tanto, no hay pernoctaciones y no se 
recauda nada en concepto de turismo, pero sí que reciben impacto turístico. 
Replica la intervención del Sr. Bosch acusándolo de no haber entendido la 
proposición, a la vez que pone de manifiesto que el concepto de solidaridad de 
 Ref.: CP PÁG. 48 
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Ciutadans y el de ERC de una Cataluña independiente no son compatibles en 
absoluto. 
 
El Sr. GARGANTÉ avanza que su grupo votará a favor de la proposición. 
 
El Sr. COLOM replica a la Sra. Recasens que el Gobierno municipal no 
tiene un comportamiento nada errático con respecto al turismo, aunque entiende que 
tal vez no le gustan las decisiones que ha ido tomando. 
Considera, en cuanto a la posibilidad de incrementar la tasa turística, que 
tendrán una buena oportunidad de hablar a raíz de la discusión y adaptación del Plan 
estratégico de turismo. Y confirma que tienen una relación estrecha con la 
Generalitat, y que plantean estas demandas en las reuniones que mantienen 
regularmente. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con quince 
abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y 
las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Sierra y Alonso y 
las Sras. Mejías, Sierra y Barceló—, cinco votos en contra —emitidos por los Sres. 
Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila— y veintiún votos a 
favor del resto de los miembros del Consistorio. 
 
Del Grupo Municipal del Partit Popular 
 
Prop. 4. (M1519/2751) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 
elaborar un catálogo de las nuevas actuaciones y servicios para la ciudad según los 
compromisos anunciados por la Alcaldía, indicando el importe y el calendario de 
cada uno, tanto si son propios como a cargo de otras administraciones públicas, y 
presentarlo en la próxima sesión del Pleno del Consejo Municipal. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención refiriéndose a la serie 
de anuncios y compromisos de proyectos de ciudad hechos por la alcaldesa en las 
últimas semanas, en ocasiones, derivados de la inspiración mediática y, en otras, 
fruto de sus reuniones institucionales, con impacto presupuestario, aunque son 
competencia de la Generalitat, total o parcialmente. 
Acto seguido, pone como ejemplos concretos la L9 y la L10 de metro, con 
una inversión de 50 millones de euros; el tranvía por la Diagonal, 100 millones de 
euros; el Plan del Besòs, con responsabilidades compartidas con otras 
administraciones, 150 millones de euros. Hace notar que solo estos tres ejemplos 
suman 300 millones de euros, la misma cifra que la inversión media anual del 
Ayuntamiento en los últimos años. Destaca que a estos casos se añaden otras 
actuaciones anunciadas, como las relativas al traslado de las prisiones, la 
financiación de servicios, la continuidad del compromiso de Barcelona de asumir 
inversiones que son competencia de la Generalitat, como son determinados 
equipamientos de ciudad en el ámbito educativo, sanitario o cultural, y que todo 
incrementa el gasto absoluto del Ayuntamiento. 
Añade otros gastos sobrevenidos últimamente, entre los cuales menciona el 
pago de la indemnización por la chapuza urbanística de la calle de Dalmases, por un 
importe de casi quince millones de euros, o el 1 % sindical, que llega a los 65 
millones de euros. 
 Ref.: CP PÁG. 49 
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Considera, por lo tanto, que todo evidencia que la alcaldesa no solo está 
dispuesta a asumir compromisos de gasto en inversiones que corresponden a otras 
administraciones, sino que, además, pretende reducir los ingresos en determinados 
capítulos del presupuesto, como la publicidad del Bicing, que supone seis millones 
de euros. Remarca que a todo ello se suma que todavía no se han aprobado los 
presupuestos municipales para el ejercicio vigente; y hace notar que hablan de 
actuaciones plurianuales. Añade que la situación también se agrava por la falta de 
Programa de actuación municipal (PAM), de inversiones (PIM) y los de distrito. 
Por todo ello, reclama que el Gobierno municipal deje de hacer más 
anuncios que más que nada son globos sonda y declaraciones de intenciones, ya que 
la asunción de estos compromisos en firme y la consiguiente asignación de gasto solo 
es posible si se garantiza que no afectará a las inversiones y financiación de servicios 
propios del Ayuntamiento, y que se hará una calendarización y concreción. 
Por lo tanto, justifica la demanda de que, en el plazo de tres meses —un 
plazo determinado por la aceptación de las enmiendas del grupo del PSC—, el 
Gobierno presente un informe con las actuaciones y servicios previstos a raíz de los 
compromisos asumidos y los anunciados por la Alcaldía, precisando el importe y el 
calendario. Y señala que, más allá de las actuaciones propias del Ayuntamiento que 
tienen plasmación presupuestaria, que reporte en el informe aquellos que 
corresponderían a otras administraciones y que el Ayuntamiento está dispuesto a 
asumir como propios. 
 
La Sra. RECASENS avanza que su grupo votará a favor de la proposición 
ya que, si a estas alturas todavía no saben si este año tendrán presupuesto, al menos 
tendrán un informe que los ayudará a saber qué quiere el Gobierno de la ciudad y qué 
pretende pedir al resto de las administraciones. 
Pone de relieve, en este sentido, la aprobación de la proposición de su grupo 
sobre la dotación presupuestaria y el compromiso para la llegada de la L10 a los 
barrios de la Marina de la Zona Franca; y se felicita, por lo tanto, de que el Gobierno 
haga suyas las tesis de poner la solvencia de Barcelona al servicio de las necesidades 
de las personas. 
Aprovecha para hacer notar que, durante el mandato anterior, les dijeron de 
todo por haber puesto orden en la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento 
estableciendo un calendario de pagos; y lamenta que el Gobierno actual no haga los 
deberes en este sentido, excepto ir añadiendo compromisos a la bolsa de la deuda 
asumida, entre otras cosas, el Plan de barrios, aunque la alcaldesa ha asegurado que 
se pediría la concurrencia de otras administraciones, sin concretar nada, no obstante. 
En consecuencia, pregunta si ya han previsto la modificación de crédito, y 
recuerda que de aquí a un par de horas deberían tener la convocatoria para la sesión 
extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda que anunciaron. 
 
El Sr. SIERRA anuncia que su grupo votará a favor de la proposición del 
grupo del PP por una serie de motivos que apunta seguidamente. 
En primer lugar, manifiesta que su grupo, si hubiera accedido a la Alcaldía, 
lo primero que habría hecho hubiera sido exigir el cumplimiento de las obligaciones 
a la Generalitat y, por lo tanto, el pago de la deuda con la ciudad. Por el contrario, 
hace notar que la alcaldesa actúa como una "nueva rica", asumiendo el pago de una 
serie de cosas que no le corresponde. En este sentido, justifica que, en la última 
sesión de la Comisión de Economía y Hacienda, su grupo se abstuviera en la 
proposición presentada por el grupo de CiU para la llegada del metro a la Marina de 
la Zona Franca, que no significa que no lo quieran, ya que es una reivindicación que 
hace años que llevan en su programa. Recuerda que una de las formaciones de la 
coalición del Gobierno municipal ha tenido responsabilidades en el Gobierno de la 
 Ref.: CP PÁG. 50 
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Generalitat y, por lo tanto, en cuanto a la ejecución de las líneas 9 y 10 de metro. Y 
destaca que hay 14.000 millones de euros, reconocidos por la gestión de estas 
infraestructuras, que han desaparecido; por lo tanto, avisa de que no se puede 
continuar dejando dinero a la Generalitat sin tener asegurado o garantizado el retorno 
de la deuda. 
Insiste en que quieren la finalización de la L9, pero que se niegan a 
continuar haciendo de banco de la Generalitat. 
 
La Sra. CAPDEVILA considera que no tiene demasiado sentido reclamar 
ahora la información que pide la proposición, ya que la respuesta vendrá determinada 
en el PAM, el PIM y los PAD. 
Sin embargo, consideran necesario que el Gobierno empiece a concretar 
determinados proyectos que ha ido anunciando, a la vez que creen que tendría que 
gobernar con transparencia y participación, tal como había anunciado, y eso significa 
tener en cuenta a los grupos de la oposición. 
Hace notar que el Gobierno, aunque está en minoría en el Consistorio, no 
actúa en consecuencia, cosa que provoca que la labor de gobierno vaya mucho más 
lenta de lo necesario. Por lo tanto, lo anima a contar con todos los grupos 
municipales, y que recuerde que también son representantes de la ciudadanía. 
Subraya la conveniencia de velar por los acuerdos de pleno y de comisión, y 
que lo que se aprueba por mayoría el Gobierno lo tiene que acatar, le guste o no. Sin 
embargo, entiende que, a estas alturas, no se tienen que dar lecciones de democracia 
a nadie, tampoco al Gobierno, pero considera obvio que lo que decide la mayoría se 
tiene que cumplir. 
Expresa que ERC se pone a disposición de la ciudad para llegar a consensos 
y, por eso, brinda su colaboración al Gobierno, por la mejora la calidad de vida de la 
ciudadanía, especialmente la de los colectivos más necesitados; y remarca que eso 
supone avanzar en los presupuestos, el PAM, el PIM y los PAD. Y recuerda que su 
grupo tiene un proyecto claro y concreto que pone a disposición de todo el mundo. 
Dicho esto, recomienda al grupo del PP que trabaje para la ciudad y haga 
propuestas en este sentido y que se deje de tacticismos, puesto que solo han 
constatado negativas por su parte al PAM y a los presupuestos. 
Hechas estas reflexiones, apunta que la proposición del grupo del PP es 
redundante, puesto que la información que pide está recogida en los diversos 
instrumentos que acaba de mencionar. No obstante, entienden que, si este informe 
debe servir para poner en marcha los proyectos que el Gobierno se ha propuesto 
sacar adelante, puede ser una buena manera de controlar su ejecución, motivo por el 
cual avanza el voto favorable de su grupo a la proposición. 
 
La Sra. BALLARÍN empieza su intervención agradeciendo al grupo del PP 
que haya aceptado las enmiendas que han presentado, cambiando el concepto de 
catálogo por el de informe, y dando un plazo de tres meses para su presentación. 
Precisado esto, defiende que la política, además de utopías, pasa por 
transformar objetivos y propuestas en concreciones, en acciones con presupuesto y 
calendario. Recuerda que así lo han pedido en diversas ocasiones, entre las cuales 
menciona el Pleno extraordinario de julio del 2015 sobre pobreza y turismo, en el 
que exigieron la elaboración de un calendario concreto de la ejecución de las 
propuestas. 
Observa que, si en el periodo 2007-2011, se hicieron cuarenta escoles 
bressol en la ciudad —3.700 plazas—, fue a raíz de un ejercicio de planificación y 
concreción muy detallado. Admite que no es fácil este ejercicio, pero sí que es 
posible. 
 Ref.: CP PÁG. 51 
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Reconoce que el Gobierno municipal ha expresado reiteradamente su 
voluntad y buena predisposición, pero también son conscientes de que eso solo no 
genera proyectos transformadores ni da soluciones a la ciudadanía. Remarca que 
llevan nueve meses de mandato, y entienden que ya es hora de pasar de los anuncios 
a las acciones, y de los gestos a los proyectos transformadores concretos; así pues, 
invita al Gobierno a pasar de las ruedas de prensa a fijar partidas presupuestarias y 
calendarios. 
 
La Sra. LECHA aduce que los hechos que se han ido sucediendo esta 
semana han ido enriqueciendo su argumentario con respecto a esta proposición, que, 
al mismo tiempo, les ha servido para reflexionar sobre el papel del grupo del PP en 
diferentes ámbitos. 
Acto seguido, hace una cronología de estos hechos empezando por el lunes, 
con la llegada de los trabajadores de las subcontratas de Telefónica, que corrieron de 
Bilbao a Barcelona para exigir el fin de la precariedad en el sector de las 
telecomunicaciones, que empieza en 1997 con la privatización definitiva de 
Telefónica, con Juan Villalonga, amigo personal del entonces presidente del 
gobierno, José M.ª Aznar. 
Recuerda que el mismo lunes, y también el miércoles siguiente, los 
trabajadores y las trabajadoras del metro hacían huelga para conseguir un convenio 
que les permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos cuatro años y 
para acabar con la precariedad de la contratación; vincula esta situación con la huelga 
de metro en Madrid, a raíz de la cual la entonces presidenta de la Comunidad, 
Esperanza Aguirre, manifestó que si la huelga de metro no era una huelga política, 
"que venga Dios y lo vea", y también mostró su admiración por el pueblo de Madrid 
que, según ella, soportó con estoicismo, paciencia y serenidad las consecuencias de 
la huelga, que también calificó de desproporcionada. 
Continúa explicando que, el miércoles y el jueves de esta misma semana, 
Ibrahima, un trabajador ambulante, se plantó en la puerta del Ayuntamiento por una 
sentencia que le quiere hacer pagar una suma del todo inasumible, aparte de 
imposibilitar sus opciones de ganarse la vida. Vincula este caso a la política 
antiinmigración del PP y su política de racismo institucional allí donde ha mandado. 
Y, en este sentido, recuerda la infamia del Gobierno de García Albiol, con su eslogan 
"Limpiando Badalona"; o las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz, 
vinculando yihadismo con los refugiados, a la vez que recriminó la persecución 
judicial a la que se somete al PP por los "supuestos" casos de corrupción. 
Concluye, por lo tanto, que en vista del currículum de la formación del 
grupo proponente, y teniendo en cuenta que no creen ninguna de sus propuestas, 
avanza que, por principios, su grupo votará en contra de la proposición. 
 
El Sr. PISARELLO manifiesta que tiene sensación de déjà vu, ya que tanto 
la Sra. Esteller como el Sr. Mulleras han formulado esta cuestión en diversas 
ocasiones en comisión. Por lo tanto, considera que presentándola nuevamente están 
consiguiendo desvirtuar un instrumento de control. 
Dicho esto, responde que catálogo de actuaciones y servicios, como pedía la 
proposición inicial, no tienen, sino que tienen un plan. Así, recuerda que han 
presentado un plan estratégico, muchos planes de ámbito, y confirma que, cada vez 
que presentan, hacen una previsión presupuestaria, que tiene en cuenta el 
mantenimiento de la solvencia del Ayuntamiento. 
Recuerda que, al llegar al Gobierno de la ciudad, manifestaron el 
compromiso de hacer un plan de choque, e hicieron todo lo posible para alcanzar un 
acuerdo con diferentes fuerzas políticas del Consistorio para aprobar una 
modificación presupuestaria que permitiera sacarlo adelante. Añade que, cuando 
 Ref.: CP PÁG. 52 
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anunciaron que estaban dispuestos a pagar el 1 % a los trabajadores, sabían que 
estaban provisionados los fondos suficientes para hacerlo; a la vez que, cuando 
anuncian la intención de sacar adelante determinadas infraestructuras, es porque han 
puesto todo su empeño negociador para presionar a la Generalitat para que 
calendariza y cumpla con la deuda con el Ayuntamiento, y también con la deuda 
social y ciudadana. 
Precisa que, hoy por hoy, han presentado las líneas de un plan estratégico, 
un PAM abierto a la participación ciudadana y, cuando el 9 de abril se acabe este 
periodo, iniciarán la discusión con los grupos municipales para buscar, nuevamente, 
los acuerdos que permitan sacar adelante las medidas que contiene. 
Observa que, cuando el Gobierno no anuncia ningún plan, le reprochan que 
no tiene programa; por el contrario, cuando hace anuncios, lo acusan de no pactar 
con nadie y que, por lo tanto, no los puede sacar adelante. Califica esta actitud de 
contradictoria y que no haría otra cosa que provocar la parálisis del Gobierno. Por lo 
tanto, se muestra muy dispuesto a dar informaciones concretas a los grupos que la 
pidan; sin embargo, manifiesta que no saben muy bien qué respuesta pretende 
obtener el grupo del PP con una demanda tan genérica que, reitera, desvirtúa un 
instrumento de control como son las proposiciones de grupo. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, de entrada, reclama al grupo de la CUP que 
deje de dar lecciones y reprochar a todo el mundo lo mal que lo hace todo; y les hace 
notar que, en el próximo debate de presupuestos en la Generalitat, la CUP tiene la 
gran responsabilidad y obligación de hacer coincidir su discurso con la realidad. 
Remarca que, con esta proposición, pretenden que la Generalitat reconozca 
la deuda con Barcelona y, puesto que el Ayuntamiento la tiene que suplir en sus 
obligaciones con la ciudad, que eso en ningún caso afecte a los servicios e 
inversiones propias de esta Administración local. Insiste en que la insolvencia de la 
Generalitat con Barcelona no puede afectar a la solvencia de su Ayuntamiento, y 
alerta de que, el último año, la tesorería acumulada se ha reducido un 58 % —
aproximadamente 165 millones de euros— por incremento de gastos y no 
renovaciones de crédito, que incluso podría poner en riesgo el pago de proveedores a 
treinta días. 
Replica al Sr. Pisarello que el Gobierno improvisa y se limita a anunciar que 
lo pagará todo, aunque no sea competencia municipal; y reitera que le preguntan qué 
piensa hacer, con qué dinero y en qué plazos; y exige que, en tres meses, elabore un 
informe con todo y que lo lleve al Pleno. 
 
La Sra. RECASENS hace notar que todavía no saben si tendrán presupuesto 
o modificación de crédito para sacar adelante los proyectos del Gobierno, como 
tampoco tienen PAM ni PIM. Por lo tanto, consideran positivo poner negro sobre 
blanco respecto a qué quiere el Gobierno; y avisa de que, si no preservan la solvencia 
de este Ayuntamiento, no podrán hacer nada de lo que se propone. 
 
La Sra. BALLARÍN dice que son plenamente conscientes del punto en que 
está el debate del PAM y del PIM y del presupuesto; no obstante, consideran que esta 
proposición es un instrumento para concretar algunas de las decisiones ya 
anunciadas. Así pues, cree que, puesto que parece que hay medidas que ya son un 
compromiso claro, es factible presentar un informe en un plazo de tres meses. 
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El Sr. PISARELLO reitera que, a medida que vayan poniendo en marcha 
los planes y actuaciones previstos en el PAM, o los que se acuerden con los 
grupos de la oposición, utilizarán todos los canales a disposición para hacerlo 
público e informar a los principales colectivos destinatarios de las actuaciones; a 
la vez que vuelve a repetir que están dispuestos a dar cualquier información 
concreta que pidan los grupos. 
Por todo ello, avanza que el Gobierno votará en contra de la 
proposición. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con 
catorce votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 
y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por el Sr. 
Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y veintisiete votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal 
a elaborar un informe de las nuevas actuaciones y servicios que realizar en la 
ciudad según los compromisos anunciados por la Alcaldía, indicando el importe y 
el calendario de cada uno, tanto si son propios como a cargo de otras 
administraciones públicas, y presentarlo en el Pleno del Consejo Municipal en tres 
meses. 
 
Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 
 
Prop. 5. (M1519/2737) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Reclamar el cambio de 
criterios para obtener becas de comedor, utilizando el índice de pobreza europeo 
AROPE. Segundo. Reclamar el aumento de becas comedor en 28.800 más que las 
22.464 actuales. Tercero. Crear los mecanismos necesarios desde el Ayuntamiento 
de Barcelona para garantizar el 100 % de la comida, recuperar las becas comedor 
en secundaria y definir instrumentos para poder otorgar becas a lo largo de todo el 
curso. 
 
La Sra. ROVIRA puntualiza que esta proposición la tendría que defender 
la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña 
(FAPAC), y agradece a las fuerzas políticas del Consistorio su colaboración para 
llegar a acuerdos a fin de que la proposición salga adelante. 
Pone de manifiesto que los datos de pobreza infantil recogidos por 
organismos oficiales como el Idescat y diversas entidades muestran que las 
necesidades de los niños en materia de alimentación han aumentado 
dramáticamente en los últimos años. Indica que las ayudas que actualmente se 
destinan —a pesar del sobreesfuerzo que ha hecho el Gobierno de Barcelona en 
Comú— para cubrir necesidades de becas comedor no son suficientes para el 
conjunto de los niños que sufren problemas, incluso de malnutrición. 
Concreta que en Barcelona faltan 28.800 becas comedor para el curso 
actual, y señala que, para llegar a todos los niños y jóvenes menores de 16 años 
que viven en familias con dificultades económicas, habría que aumentar el número 
actual de becas. 
Añade que, según los datos del Barómetro de infancia y familias de 
Barcelona, presentado el verano pasado, entre los alumnos de las etapas 
educativas desde la infantil hasta la ESO matriculados en la ciudad, menos de uno 
de cada dos que viven en familias con dificultades, o muchas dificultades, 
económicas —un 29,2 % de los menores de 16 años— reciben ayudas de 
Observa que este dato es muy parecido al 28,8 % de niños en riesgo de pobreza en 
 Ref.: CP PÁG. 54 
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Cataluña publicado por el Idescat. 
Pone de manifiesto que, en el Consorcio de Educación de Barcelona, el 
incremento de las aportaciones del Ayuntamiento ha ido compensando 
históricamente la disminución de las aportaciones del Departamento de Enseñanza 
de la Generalitat, que es quien debería cubrir el cien por cien de las becas 
comedor. 
En este sentido, indica que este curso el Ayuntamiento aporta casi el 80 % 
del presupuesto del consorcio en becas comedor, mientras que la Generalitat solo 
aporta un 20,6 %. Lamenta, por lo tanto, que esta disminución de la aportación de la 
Generalitat haga que los incrementos presupuestarios del conjunto del consorcio, 
incluyendo el de este curso, no lleguen a cubrir a todos los niños, niñas y jóvenes de 
hasta 16 años en situación de riesgo de exclusión. 
En consecuencia, entienden que hay que hablar de las razones por las que 
hay tanta diferencia entre el número de becas concedidas y las necesidades reales. En 
primer lugar, se refiere al índice que se está utilizando para acceder a las becas 
comedor, el de renta de suficiencia (IRSC), creado por la Generalitat el 2006, que 
está por debajo del indicador estándar europeo para calcular el riesgo de pobreza y 
exclusión social, el AROPE. 
Remarca que utilizar el IRSC provoca que muchas familias no cumplan los 
requisitos para acceder al cien por cien de la beca, y que la gran mayoría de becas 
sean solo del 50 %. Añade que, paralelamente, en los centros de secundaria con 
jornada compactada las becas comedor han desaparecido completamente, y en los 
centros con horario partido solo se dan para los días en que hay clase en horario de 
tarde. 
Finalmente, pone de manifiesto que otro de los problemas es que los 
cálculos para solicitar las becas comedor se hacen a partir de la declaración de la 
renta del ejercicio anterior al del curso lectivo, de manera que muchas familias se 
pueden encontrar en una situación sobrevenida de carencia durante el curso sin 
opción a solicitar la beca. 
Por lo tanto, su grupo pide que se llegue a un acuerdo para que se cumplan 
los puntos que componen la proposición. 
 
El Sr. ARDANUY recuerda que su grupo ha hecho una serie de 
aportaciones a la proposición inicial del grupo de la CUP. En este sentido, puntualiza 
que, entre las políticas del ámbito social de apoyo a la infancia en riesgo, que son 
muy diversas en este Ayuntamiento y también en la Generalitat, las becas comedor 
no son la parte esencial de la respuesta social a la pobreza infantil. Señala que el 
elemento diferenciador en cuanto a las becas comedor estos últimos años ha sido el 
incremento gradual del papel del Ayuntamiento en la concesión de esta ayuda, los 
sistemas de coordinación entre los servicios sociales y el Consorcio de Educación 
para gestionarlas más efectivamente con el fin de llegar a cubrir la demanda máxima. 
Considera que, con el índice que se utiliza actualmente, el IRSC, se puede 
mantener perfectamente porque el que aporta la visión a escala de toda Cataluña, y 
remarca que es revisable anualmente mediante la Ley de presupuestos de la 
Generalitat. Entienden que, a partir de este índice, se debería trabajar el incremento 
necesario de los niveles de renta para otorgar estas becas. 
Suscribe, como pide la proposición, que se tiene que ir hacia el cien por cien 
de la cobertura de las becas, pero teniendo en cuenta que hay que tener garantía de 
que quien la recibe cumple los requisitos establecidos, de manera que disponer de la 
última declaración de la renta es un elemento imprescindible. 
Añade que, durante el mandato pasado, trabajaron mecanismos que se 
mantienen en el actual, como los elementos y protocolos de coordinación con los 
Servicios Sociales, que hacen que, aparte de los requisitos técnicos pedidos en la 
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convocatoria, se puedan conceder becas y dar apoyo a todas las familias que lo 
necesiten. 
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En cuanto a la apertura de los comedores de secundaria, manifiesta que la 
demanda de becas es muy baja, y que no solo está vinculada a la falta de comedores 
escolares en los institutos, sino también al número poco significativo de solicitudes. 
Por el contrario, consideran que se tendría que especificar detalladamente qué 
familias tienen esta necesidad, que de hecho ya reciben ayuda de los Servicios Social 
fuera del sistema de becas comedor. 
Reitera, por lo tanto, que están plenamente de acuerdo con reforzar la 
política de becas comedor en todos los niveles, teniendo en cuenta que el Gobierno 
de la Generalitat tiene bastantes dificultades desde el punto de vista presupuestario, y 
que el Ayuntamiento, como siempre ha hecho, tiene la obligación de reforzar estas 
políticas. 
Finalmente, avanza que el voto de su grupo será de abstención. 
 
La Sra. BARCELÓ expresa que las administraciones públicas deben 
garantizar el bienestar físico, psicológico y social de las personas, especialmente de 
los colectivos más vulnerables. Apunta que la ONG Save the Children expone en uno 
de sus informes que todavía no existen políticas específicas e integrales que tengan 
como objeto a los menores de edad. 
Remarca que se constata un agravamiento en los últimos años de la pobreza 
infantil; y precisa que la tasa de población infantil entre 0 y 17 años en riesgo de 
pobreza o exclusión ha pasado del 28,6 %, en el 2007, al 35,8 %, en el 2014. 
Afirma que se tiene que garantizar el derecho básico de la alimentación; en 
este sentido, el Barómetro de las familias indica que el 1,4 % de los menores no se 
pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado. Y señala que no pueden 
obviar la responsabilidad de la Generalitat de garantizar este derecho básico, dado 
que su aportación al Consorcio de Educación cada vez es menor. Por este motivo, 
suscriben la enmienda incorporada a la proposición, que pide responsabilidades al 
Gobierno de la Generalitat, que parece que tiene otras prioridades, como el Diplocat. 
Se refiere a que la estrategia europea 2020 pone de manifiesto la necesidad 
del indicador específico AROPE como tasa de riesgo de pobreza y de exclusión 
social, y celebra que los representantes de la CUP utilicen estos criterios de la UE, 
aunque quieran salir de ella. 
Añade que se tendría que evitar la eliminación de becas comedor en los 
centros de secundaria con jornada compactada, puesto que la necesidad no 
desaparece; a la vez que consideran que la alimentación también debería estar 
garantizada en periodos de vacaciones escolares, implementando ayudas como la 
Tarjeta Solidaria de Alimentos. 
Igualmente, remarca que hay que agilizar los trámites para solicitar ayudas y 
facilitar el acceso de las familias a las ayudas. 
Entiende que otro aspecto que debería tenerse en cuenta es el riesgo de las 
familias monoparentales, que son el 12,6 % de hogares con menores de 0 a 15 años, 
entre las cuales un 49 % afirma que tiene problemas para llegar a fin de mes. 
Insiste en la necesidad de que las administraciones públicas asuman el 
compromiso de aumentar la inversión pública en políticas de protección social a la 
infancia; y que garantizar el derecho a la alimentación de los niños sea una prioridad 
para el Gobierno municipal, dado que la igualdad de oportunidades debe empezar en 
la infancia. 
Manifiesta, pues, la importancia de incrementar las becas comedor, y añade 
que también hacen falta ayudas para libros de texto y material escolar, así como para 
actividades extraescolares y aulas de refuerzo. 
 
La Sra. BENEDÍ destaca a su vez la importancia de la alimentación como 
un proceso vital, y para que su contribución al desarrollo físico y mental se produzca 
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de una manera adecuada, es imprescindible facilitar una alimentación que cubra las 
necesidades nutricionales propias de cada etapa de la vida. 
Remarca que la alimentación es un derecho fundamental porque condiciona 
enormemente el disfrute de otros derechos. En este sentido, pone de manifiesto que a 
los niños que viven en la pobreza y que están alimentados de manera insuficiente o 
inadecuada les faltan los recursos necesarios para alcanzar el máximo desarrollo y el 
resto de derechos que recoge la convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de la infancia. 
Hace notar que la privación de una alimentación adecuada en los primeros 
años de vida tiene un impacto importante en el desarrollo físico, intelectual y 
emocional presente y también futuro, y es una causa originaria de la persistencia de 
la pobreza en edad adulta. 
Consideran, por lo tanto, que es esencial establecer un patrón alimentario 
correcto desde la infancia; en este sentido, indica que, según el Barómetro sobre 
infancia y familia, a partir de 1.200 entrevistas, se evidencian las desigualdades como 
la privación alimentaria en función de los barrios. 
Observa que las becas comedor, aunque se han incrementado, son 
insuficientes, y el problema real radica en un proceso burocrático pesado y muy 
dilatado en el tiempo. Sin embargo, subraya que, al fin y al cabo, es tan sencillo 
como proporcionar una alimentación digna al alumnado barcelonés que quiera comer 
en escuelas e institutos. 
En consecuencia, afirma que su grupo cree que es necesario replantear el 
modelo actual y hacerlo menos burocrático y más operativo. Insiste en que el 
problema existe y tiene unas dimensiones muy destacables, y que hay que afrontarlo 
con un incremento de recursos, pero también desde la necesaria racionalización del 
modelo; comer sano y lo suficiente es parte del derecho a la educación de los niños, 
y, en este caso, un sistema de becas debe garantizar proactivamente que ningún 
alumno deje de disfrutar de este derecho por razones económicas. 
Finalmente, después de avanzar el voto favorable de su grupo, expresa todo 
el acuerdo con el artículo "Cap infant pot passar gana", de Àlex Castillo, presidente 
de la FAPAC, y de Miquel Janer, de la Comisión de Becas Comedor de la misma 
entidad. 
 
La Sra. ANDRÉS destaca que, en Barcelona, más de cuarenta y dos mil 
niños menores de 16 años viven por debajo del umbral de la pobreza, cuatro de cada 
diez niños viven en hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos y más 
del 5 % de niños de la ciudad no se pueden permitir una comida de carne o pescado 
al día. En consecuencia, alerta que la malnutrición forma parte de la pobreza infantil 
enquistada en Barcelona, que todos juntos tienen obligación de combatir. 
Aduce que la pobreza infantil no es, como decía un consejero de la 
Generalitat, un fenómeno estructural, sino que tiene como causas muy claras el paro 
y la precarización del empleo. Señala que, mientras no se solucionen estas causas, 
paliar la pobreza requiere otorgar becas comedor a todos los niños que cumplan los 
requisitos, sin establecer un numerus clausus, motivo por el que agradece al grupo de 
la CUP la aceptación de su transacción. 
Precisa que entienden las becas comedor como una medida paliativa de 
carácter limitado, que tiene que ser sustituida para que cada familia pueda 
abastecerse de una manera justa. 
Critica la política nefasta de la Generalitat en este ámbito, rebajando 
anualmente recursos destinados a becas comedor, y que ha comportado, 
consiguientemente, el incremento de presupuesto que destina el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Precisa que también se tiene que hablar del precio de la beca comedor, que 
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en Cataluña es el más elevado de todo el Estado; y recuerda que todavía está 
pendiente la lucha por el IVA de las comidas escolares suministradas por empresas 
contratadas por las AMPA, que continúa siendo del 21 %, un porcentaje que califica 
de vergonzoso. 
Igualmente, creen que hay que revisar los umbrales y los indicadores para 
obtener las becas; así, cuando bajan las rentas de las clases medias, también bajan los 
umbrales de la pobreza y, por lo tanto, entienden que sería una buena práctica basarse 
en el Arope, como propone el grupo de la CUP, puesto que contempla otros aspectos 
como la carencia material severa o la baja o nula intensidad de trabajo de las 
personas activas en la unidad familiar. 
En consecuencia, anuncia el voto a favor de la proposición. 
 
La Sra. ESTELLER manifiesta que, para su grupo, la alimentación de los 
niños y de los jóvenes es una prioridad, y siempre que ha tenido ocasión ha 
promovido que todos los niños y jóvenes escolarizados tengan derecho a las ayudas 
para comedor. Entienden que las familias que están en el umbral de la pobreza, y 
aquellas que tienen unas rentas bajas, deben tener derecho a que sus hijos reciban 
este tipo de ayudas. 
Por lo tanto, señala que su grupo siempre ha denunciado tanto el corte del 
baremo para optar a las becas comedor como la insuficiencia de recursos que se 
destinan. Concreta, en este sentido, que en el 2009 propusieron un aumento del 
baremo, e incluso recomendaron la cifra de 6.000 euros per cápita, cosa que 
incrementaría el número de niños del tramo medio que podrían acceder. Recuerda 
que tanto el PSC como ICV-EUiA votaron en contra, y que ERC se abstuvo, de 
modo que celebra que hoy suscriban el incremento de los baremos. 
Pone en valor que, con la fórmula propuesta por su grupo, se ampliaría 
mucho el número de niños; y añade que también reclamaban entonces un aumento de 
las aportaciones presupuestarias. 
Señala que, según datos del Consorcio de Educación, en el presente curso 
escolar hay 5.500 niños en lista de espera para becas comedor porque no cumplían la 
totalidad de los requisitos. 
Añade que también los preocupa el caso de los institutos con horario 
compactado, y recuerda que en el mandato anterior se aprobó una proposición de su 
grupo para que se recuperara el servicio de comedor en los centros de secundaria, lo 
que no ha sucedido, motivo por el cual reclaman una solución. 
En esta línea, pide a la CUP que traslade la demanda a su grupo 
parlamentario para que negocie que, en los próximos presupuestos de la Generalitat, 
todas estas partidas de ayudas de comedor consten. Aprovecha para recordar que la 
Generalitat debe a esta Administración 9 millones de euros por este concepto, y 
reclaman que este ejercicio aporte la cantidad que le corresponde y llegue, como 
mínimo, a los cinco millones de euros. 
Por todo ello, avanza el apoyo de su grupo a la proposición. 
 
La Sra. ORTIZ agradece al grupo de la CUP la presentación de la 
proposición, y también el hecho de dar voz en este Pleno a la FAPAC. 
Comparte, en nombre del Gobierno, el diagnóstico que hace el grupo 
proponente, así como la necesidad de poner el foco en la infancia, que es un 
colectivo muy invisibilizado, pero el que más ha recibido la expresión de la pobreza, 
fruto de muchas decisiones políticas y de la gestión de la crisis económica. 
Hace notar que la radiografía que ha hecho la Sra. Rovira explica muy 
claramente cómo han evolucionado las ayudas, como se ha reducido la aportación de 
la Generalitat, no solo en cuanto a las becas comedor, sino también a la inversión en 
educación u otras cuestiones de atención a la infancia en riesgo. 
 Ref.: CP PÁG. 59 
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Añade que, para el Gobierno municipal, es una prioridad reforzar todas las 
actividades estivales, que incluyen el derecho a la alimentación, y sobre todo repensar el 
sistema de becas comedor. En este ámbito, precisa que el Ayuntamiento ha doblado el 
presupuesto inicial del Consorcio de Educación de Barcelona para el 2015, pasando de 
8,5 millones de euros a 16,5. 
Observa que hay un aspecto esencial que considerar en este sentido, que no es 
solo el volumen total, sino cómo se cambian los criterios de las ayudas; así, el hecho de 
que un mayor número de familias reciba el cien por cien de la ayuda facilita que 
disminuya el absentismo escolar y, por lo tanto, que se rebaje el fracaso escolar. 
Cree que la frontera más lábil no es la que separa a quienes tienen derecho a 
una ayuda de los que no, sino quién tiene derecho a la ayuda del cien por cien. 
Concreta que se han triplicado las ayudas extraordinarias, y también la 
concesión de becas comedor, valorando, aparte de los criterios de renta, los informes de 
vulnerabilidad emitidos por Servicios Sociales o el EAP. 
Reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente en el ámbito 
de la educación secundaria, y por este motivo han impulsado un grupo en el Consorcio 
de Educación para valorar la apertura de comedores, vista la posibilidad de 
estigmatización de los que acuden, y evaluar la mejor manera de ofrecer estas ayudas. Y 
añade que resulta evidente que hay que cambiar los baremos. 
Acaba su intervención poniendo de manifiesto que, en aspectos de privación 
alimentaria infantil, Barcelona está muy por debajo de la media; e insiste en que hay 
que empezar a abordar otros derechos básicos de los niños, como el derecho al ocio y al 
juego, ámbitos en los que se dispara la media de carencias severas. 
 
La Sra. ROVIRA agradece el apoyo de los grupos, y precisa que el índice del 
Arope tiene en cuenta diversas variables y casuísticas que lo hace mucho más completo, 
y con datos segregados, que el que utiliza la Generalitat actualmente. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con diez 
abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las 
Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila—, y treinta y un votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Reclamar al Gobierno de 
la Generalitat de Catalunya que establezca unos nuevos criterios de acceso a las becas 
de comedor que signifiquen un incremento del número de familias beneficiadas hasta 
cubrir el 100 %. Para cada curso, los baremos que se acuerden deben asegurar el acceso 
a becas a aquellas familias con ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza 
calculado anualmente por el Idescat a partir de la Encuesta de condiciones de vida. 
Segundo. Reclamar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que aumente la 
financiación para garantizar que todas las familias que cumplan el criterio establecido 
en el punto anterior tendrán acceso a la beca comedor en el próximo curso; y que haga 
como mínimo la misma aportación que el Ayuntamiento con el objetivo de, 
progresivamente, llegar al 100 % del coste de financiación (puesto que es su 
competencia). Tercero. El Gobierno municipal velará por que esta demanda se haga 
efectiva, para que se incremente la cobertura del 100 % de las comidas y para que se 
tomen las medidas necesarias que garanticen las necesidades alimentarias en secundaria 
y a la totalidad de los niños que lo necesiten a lo largo de todo el curso; por lo tanto, se 
trabajará para abrir los comedores escolares de secundaria. Si se descarta la apertura de 
comedores en secundaria para todos los centros, se concretarán las medidas que se están 
haciendo o se piensan hacer, los presupuestos destinados y el alumnado de secundaria 
que se está beneficiando o se beneficiará de estas ayudas. 
 
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b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 
Del Grupo Municipal de Ciutadans 
 
Única.- (M1519/2767) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Ayuntamiento de Barcelona, 
con el propósito de afianzar su compromiso y preservar la memoria y el recuerdo de 
las víctimas de la barbarie terrorista, celebrará cada 11 de marzo, con carácter anual, 
el día para el recuerdo de las víctimas de ataques terroristas, sus familias y amigos, 
tal como ha sido declarado por la Unión Europea. 
 
La Sra. MEJÍAS precisa que esta propuesta les llega de las organizaciones 
de víctimas, puesto que la UE dedicará el próximo 11 de marzo al recuerdo de las 
víctimas de ataques terroristas y a sus familias y amigos, y todas las instituciones 
europeas dedicarán actos específicos en su recuerdo. 
Destaca que estos tiempos que viven son especialmente duros y crueles con 
respecto a la violencia terrorista, que representa un ataque frontal a los valores 
democráticos esenciales de paz y de libertad que fundamentan la convivencia y son 
pilares básicos de la vida colectiva. Precisa que solo en el último año se cuentan por 
centenares las personas muertas a consecuencia de la violencia terrorista, muchas de 
las cuales niños y jóvenes, y las que han sobrevivido deben aprender a vivir con las 
secuelas de la violencia. 
Se refiere a los atentados de París de noviembre del 2015, que 
conmocionaron al mundo; el atentado en el Museo del Bardo, en Túnez; el que se 
perpetró contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, o los ataques en 
Copenhague. Sin embargo, remarca que allí donde la violencia es más cruel es en 
países con poblaciones vulnerables como Nigeria, Siria o Irak; y recuerda la matanza, 
en el 2014, en una escuela de Peshawar, que dejó 134 muertos, la mayoría de los 
cuales escolares, o la de una universidad al nordeste de Pakistán, que dejó al menos 
21 muertos. 
Por todo ello, pide, en nombre de su grupo, que el próximo 11 de marzo, Día 
Internacional de las Víctimas, el Ayuntamiento de Barcelona manifieste su 
compromiso para reforzar el marco institucional de convivencia pacífica y 
democrática y los valores que representa, así como la defensa de la dignidad de las 
víctimas. Y aprovecha para hacerles un reconocimiento desde esta cámara como una 
manifestación de gratitud por su ejemplo, y como una manera de afianzar el 
compromiso con su memoria y su mensaje ético hacia aquellos que humillan a las 
víctimas, las denigran y las desprecian; así como expresar la solidaridad de esta 
institución y el reconocimiento de la insustituible labor que desarrollan diariamente 
las asociaciones de víctimas en la asistencia a las familias, los niños y los jóvenes 
destrozados por la violencia y el terror. 
Expresa que, en defensa de estas legítimas pretensiones de memoria, de 
dignidad, de justicia y de reparación integral a las víctimas, su grupo rechaza 
cualquier intento de banalizar o equiparar moralmente o políticamente a las víctimas 
con sus verdugos, y constata el compromiso de respeto a la legalidad reafirmando la 
determinación de luchar con los instrumentos que ofrece la democracia y el estado de 
derecho. 
En consecuencia, justifica la presentación de esta iniciativa con el propósito 
de afianzar este compromiso con la democracia y el estado de derecho y la 
preservación de la memoria de las víctimas. 
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El Sr. FORN avanza que su grupo votará a favor de la proposición. 
Hace notar que Barcelona celebra regularmente muchas festividades 
internacionales, y consideran que, puesto que el terrorismo es una lacra que afecta al 
mundo entero como un desafío global, esta conmemoración es pertinente. 
Recuerda que Barcelona ha sufrido la barbarie terrorista con el atentado de 
Hipercor —21 víctimas mortales y 45 heridas—, con un alcance que golpeó a 
muchas familias que todavía sufren las secuelas. Se refiere a la conmemoración 
como ayuntamiento el 19 de junio de 2012 del vigesimoquinto aniversario de aquel 
atentado, y pone en valor que Barcelona siempre ha sido una ciudad de paz, que 
apuesta por el diálogo como instrumento de discusión de ideas y no por la imposición 
de la fuerza y el uso de la violencia. 
Por esta razón, confirma que están a favor de conmemorar, tal como 
promueve la UE, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo como pide la 
proposición de Ciutadans con contenido de declaración institucional. 
Añade, sin embargo, que rechazan la utilización política de las víctimas del 
terrorismo, y proclama que se sienten solidarios con todas las víctimas de la 
violencia. 
 
El Sr. CORONAS expresa el respeto del grupo de ERC a todas las víctimas 
de cualquier tipo de terrorismo, pero manifiesta que los preocupa la instrumentación 
política que se pueda hacer. 
Observa que, desgraciadamente, en el estado donde viven se ha hecho 
reiteradamente manipulación política interesada de estos hechos, faltando al principio 
de respeto que debe tenerse por las víctimas del terrorismo. 
En este sentido, recuerda que el 11 de marzo de 2004 se produjo el mayor 
atentado de la historia de Europa con un gran número de víctimas, y que fue objeto 
de una manipulación política que comportó una gran reacción ciudadana en todas 
partes. Añade que a todo ello tiene, que sumarse las asociaciones de víctimas del 
terrorismo que surgieron a raíz de aquellos hechos, entre las cuales la Asociación de 
Víctimas del 11M, liderada por la Sra. Pilar Manjón, y la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo, fuertemente manipulada con el Sr. Francisco Alcaraz al frente, y que hoy 
por hoy continúa manipulando la información. Pone de relieve que los actos de 
homenaje convocados por estas dos asociaciones se hacen por separado, justamente 
por el rechazo a la manipulación política de esta última asociación. 
Observa que transcurridos más de diez años de aquellos atentados, la estela 
de la manipulación continúa vigente; y hace notar que el presidente del Gobierno 
español en funciones, el Sr. Rajoy, todavía hoy niega públicamente el concepto de 
responsabilidad política a raíz de aquellos hechos. 
También lamenta el uso que ha hecho Ciutadans de todo, concretamente el 
Sr. Girauta, exmilitante del PSC y del PP, actual cabeza de lista por Cataluña en el 
Congreso de los Diputados y miembro de Peones Negros, que todavía defiende la 
autoría de ETA de aquellos atentados. 
Concluye, por lo tanto, que el atentado del 11 de mayo de 2004 en Madrid 
no es solo el peor atentado que ha sufrido el Estado español, sino también un ejemplo 
de cómo no se tiene que gestionar la información y la investigación; un claro ejemplo 
de cómo el interés político no puede estar por encima del respeto a las personas y de 
la solidaridad entre los pueblos. Insiste en que no pueden intentar nuevamente 
utilizar como arma arrojadiza unos hechos como aquellos en que el mundo fue 
Madrid por un día. 
 Ref.: CP PÁG. 62 
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La Sra. BALLARÍN define el 11 de marzo de 2004 como el día más negro 
en la historia reciente de España, con 192 personas asesinadas y 1.893 heridas en 
Madrid, una ciudad que aquel día se convirtió en la capital del dolor a raíz de una 
triste demostración del desprecio que los terroristas tienen por la vida humana; una 
falta de respeto por la vida que con los atentados masivos llega a su máxima 
expresión y a su mayor crueldad. 
Se refiere al sufrimiento de los millares de personas afectadas directamente 
por este tipo de hechos; y remarca que recuperarse de este horror es un reto que dura 
toda una vida. Por este motivo, expresa el acuerdo y el compromiso de su grupo 
sumándose al dolor de las víctimas, que es el objetivo de la declaración del 11 de 
marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, promovida por los 
socialistas europeos con el objetivo de no olvidar nunca el horror de Atocha. Y 
manifiesta la solidaridad de su grupo con el compromiso de ciudadanos y ciudadanas 
y gobiernos e instituciones europeas, así como el apoyo a este día conmemorativo, 
que busca el respeto, la justicia y la dignidad. 
Lamenta la serie de ejemplos de los últimos años que demuestran que la 
lacra del terrorismo no ha acabado, entre los cuales los atentados de Londres y de 
París; y se refiere al incremento del número de víctimas y de personas afectadas, que 
los lleva a afianzar el compromiso colectivo de solidaridad y apoyo a las víctimas y 
de lucha contra el terrorismo. 
Pone en valor que aquel 11 de marzo de 2004 en Barcelona se batieron las 
cifras de donación de sangre, y cuatrocientos profesionales atendieron a los millares 
de donantes que hicieron largas colas para ayudar a los heridos de Madrid. Y hace 
suya la declaración en un diario de aquel mismo día de una de estas personas: 
"Cuando debemos estar, estamos". 
Considera positivo exteriorizar el apoyo y los sentimientos hacia hechos 
como estos, y solemnizarlo, motivo por el cual avanza el apoyo de su grupo a la 
proposición. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a la instauración, por parte del 
Parlamento Europeo, a raíz del atentado de Madrid el 11 de marzo de 2004, del día 
europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y constata que España ha sufrido 
durante mucho de tiempo los efectos devastadores del terrorismo, y hoy por hoy, el 
dolor que han causado se continúa manteniendo con el terrorismo yihadista y, por lo 
tanto, es obligado el recuerdo y la memoria de las víctimas, así como atender las 
necesidades de quienes sufrieron aquellos hechos que cambiaron sus vidas. 
Entiende que se trata de un tributo necesario que obliga a todo el mundo a 
promover una memoria justa; y pone de relieve que Barcelona no es extraña a esta 
violencia, puesto que muchos de sus vecinos han perdido la vida en atentados 
masivos como el de Hipercor, o selectivos, como el que sufrió el agente de la 
Guardia Urbana, Juan Miguel Gervilla, Ernest Lluch, concejales del área 
metropolitana, miembros de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas y 
trabajadores. Remarca que han sufrido atentados de signo político diverso, de 
extrema derecha y de extrema izquierda, conectados entre sí por la barbarie. 
Insiste en que el recuerdo a las víctimas constituye un acto de justicia hacia 
quien encarna la dignidad y la firmeza de los valores democráticos; porque las 
víctimas simbolizan la defensa de la libertad y del estado de derecho frente al 
fanatismo terrorista, y porque permiten poner nombre y cara al inmenso dolor 
humano y a la pérdida irreparable que genera el terror. 
Afirma que las víctimas son el referente ético indiscutible de los 
fundamentos de una convivencia pacífica, y pone en valor la tarea de las asociaciones 
de víctimas del terrorismo con respecto a la asistencia a las personas y familias 
golpeadas por la violencia. 
 Ref.: CP PÁG. 63 
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En consecuencia, cree que todos están obligados a la defensa de las 
legítimas pretensiones de justicia, recuerdo y reparación de estas asociaciones. Por lo 
tanto, avanza el voto favorable de la proposición de Ciutadans. 
 
La Sra. ROVIRA se refiere a su vez al brutal ataque que sufrió el pueblo 
trabajador de Madrid el 11 de marzo de 2004, fruto del fanatismo y de la guerra 
imperialista contra Afganistán e Irak. Remarca que, una vez más, las bombas y 
asesinatos masivos decididos en despachos de las Azores tenían respuesta contra 
trabajadores y trabajadoras inocentes, mientras que los responsables de aquella 
guerra basada en mentiras continúan impunes, y todavía se atreven a dar lecciones 
sobre terrorismo. 
Pone de manifiesto que aquellos días, mientras algunos querían alimentar 
una mentira para salvar unas elecciones, se montó un auténtico espectáculo en 
defensa de la Constitución mientras acusaban miserablemente a quien no tuvo 
ninguna responsabilidad. 
Subraya que el imperialismo y la mentira costaron la vida a 192 personas en 
Madrid, y a dos más en Euskal Herria, una de las cuales asesinada a tiro limpio por 
un policía retirado con su arma reglamentaria. Señala que la CUP rechazó todas estas 
muertes, y cuestiona si todo el mundo lo hizo. 
Considera que la presentación de esta proposición es una escena más del 
teatro de la instrumentalización política al que, desgraciadamente, ya los tienen 
acostumbrados. Observa que se refieren a asociaciones de víctimas los que no 
dudaron a linchar públicamente a quien denunciaba la mentira del PP sobre el 11M; 
por el contrario, hoy vienen a esta cámara cargados de buenas palabras, dibujando, 
sin embargo, una línea roja entre buenos y malos, entre los que se sitúan al estado de 
derecho y los que sufren sus abusos; entre aquellos a quienes pretenden, de hecho, 
hacer de las víctimas arma arrojadiza políticamente, y los que, por otra parte, 
apuestan por la paz, por la reconciliación y por las soluciones políticas. Y se pregunta 
quién es la víctima y quien es el verdugo. 
Igualmente, pregunta en qué bando ponen el alzamiento criminal de 1936 y 
los cuarenta años de dictadura genocida que han quedado impunes y que Ciutadans 
se niega a condenar; y cuestiona en qué lugar se pone terrorismo de estado y los 
indultos a los responsables políticos, y las torturas y los asesinatos de Guillem, 
Roger, Carlos o Sònia. 
Concluye que el grupo proponente tiene una memoria selectiva, sectaria y 
partidista, porque en realidad su problema no son víctimas y verdugos, sino sus 
víctimas y sus verdugos. 
Avisa que no están dispuestos a aceptar lecciones de derechos humanos de 
quien justifica las guerras imperialistas, de los que dan apoyo a encarcelar a los 
artífices de la paz, de los que se niegan a dialogar para desactivar conflictos armados 
y alimentan conflictos para mantener sus lucrativos negocios de escoltas y seguridad 
privada. 
Manifiesta que el compromiso de CUP-Capgirem Barcelona y del conjunto 
de la izquierda independentista es un compromiso con la paz, con la libertad y la 
reconciliación que asume los conflictos en toda su complejidad y contradicciones. Y 
asegura que no eluden las responsabilidades de la violencia, ni de la estructural ni la 
reactiva, ni la de estado ni la de quien lucha en contra de esta. 
Reconociendo el dolor inmenso que causa un asesinato en el entorno 
personal y familiar, avanza que su grupo se abstendrá en esta votación. 
 Ref.: CP PÁG. 64 
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24/03/16 
El Sr. PISARELLO recuerda el compromiso del Gobierno municipal con el 
recuerdo de las víctimas de todo tipo de terrorismo, así como también contra todo 
tipo de instrumentalización partidista de estas víctimas. 
Considera que Barcelona, como ciudad comprometida con la paz, la libertad 
y la solidaridad, tiene que manifestar su plena solidaridad y los lazos fraternales con 
otros pueblos, como es el caso de Madrid, que sufrió los atentados del 11M. 
Igualmente se refiere a los atentados que ha sufrido Barcelona, y dice que no 
se les escapa que el 19 de junio de 2017 se cumplirá el trigésimo aniversario del 
atentado de Hipercor, y avanza que el comisionado de Memoria ha anunciado 
actuaciones específicas para recordar aquellos hechos. 
Sin embargo, asegura que no pueden aceptar la instrumentalización del 
recuerdo y, sobre todo, las omisiones y las justificaciones que constan en la 
presentación de la proposición que hace Ciutadans. Así, hace notar que no se habla 
—incluso se justifican— de muchos abusos cometidos por los aparatos del Estado, 
por el poder judicial y el legislativo y el ejecutivo en nombre de la lucha 
antiterrorista, pero que, en realidad, no son más que un subterfugio para recortar 
derechos fundamentales, como son la libertad de expresión y la libertad política; y 
que, en algunos casos, han derivado en auténticos crímenes asimilables al terrorismo 
convencional como son las guerras o los bombardeos. 
En consecuencia, manifiesta que no pueden aceptar que la condena y el 
recuerdo justificado de las víctimas del terrorismo, de todo tipo, se conviertan en 
oportunidad para la instrumentalización política, para omitir hechos que están 
viviendo, como ha sido el caso de los titiriteros en Madrid, en que se utiliza el 
argumento de la lucha antiterrorista como subterfugio para recortar derechos 
fundamentales básicos como la libertad ideológica y la libertad de expresión. 
Por todas las razones que acaba de apuntar, reitera el compromiso del 
Gobierno con el recuerdo de las víctimas, pero avanza que no pueden dar apoyo a 
una proposición planteada en unos términos que, a su parecer, ponen en peligro 
derechos fundamentales y, en consecuencia, se abstendrán. 
 
La Sra. MEJÍAS, dirigiéndose al Sr. Pisarello, dice que lamenta que el 
reconocimiento a las víctimas le parezca una instrumentalización y que se hace uso 
político de este, y entiende que eso dice poco de un gobierno que debe estar al 
servicio de toda la ciudadanía, más aún en una ciudad que ha sufrido el terrorismo. 
Ratifica que las víctimas han sido siempre un ejemplo moral, aquellas y las 
presentes, como consecuencia de nuevas formas de terrorismo que no tiene otra 
razón que la imposición de las ideas por la fuerza de las armas. 
En consecuencia, defiende que esta proposición lo que pretende es rendir un 
homenaje a las víctimas y sus familias, como harán todas las instituciones europeas 
el próximo 11 de marzo; y lamenta muy sinceramente que el Ayuntamiento de 
Barcelona no sea capaz, ni siquiera en este caos en que la moral y la ética forman 
parte del eje vertebrador de la iniciativa, de dejar de lado sus intereses políticos para 
ponerse al servicio de las personas, con el recuerdo y la memoria de los que han 
sufrido más gravemente la violencia y el terrorismo. 
 
El Sr. CORONAS avanza la abstención del grupo de ERC. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que lamenta el discurso del primer 
teniente de alcaldía, que entiende que no ha estado a la altura de su responsabilidad 
institucional. 
 Ref.: CP PÁG. 65 
03/16 V: 
24/03/16 
Remarca que, con esta proposición, se trata de sumarse a la iniciativa del 
Parlamento Europeo de establecer un día para el recuerdo de las víctimas del 
terrorismo, y entiende que a esta iniciativa debería habérsele respondido con otro tipo 
de intervenciones por parte de algunos grupos. 
Finalmente, pide al Gobierno que dé cumplimiento a esta proposición, que 
se aprobará por mayoría. 
 
El Sr. PISARELLO reitera que el recuerdo de las víctimas de todo tipo de 
terrorismo no es patrimonio ni de Ciutadans ni del PP; y entiende que, si hubieran 
querido sacar adelante una proposición como esta, habrían propuesto algún tipo de 
transacción. Por lo tanto, se ratifica en que las razones expresadas en la exposición de 
motivos de esta proposición son inaceptables desde un punto de vista democrático 
básico y entiende que, deliberadamente, se han mezclado temas. 
Sin embargo, confirma que el Gobierno se compromete concretamente al 
recuerdo y a la dignificación de las víctimas, como ha hecho en todos los casos. 
 
La Sra. MEJÍAS replica que era el Sr. Pisarello quien debería haber 
presentado una enmienda para transaccionar la proposición; y entiende que no haber 
hecho este gesto pone claramente de manifiesto su intención, y le pide que no busque 
excusas. 
 
SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional en 
debate con diecinueve abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 
Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. 
Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también por el Sr. 
Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y veintidós votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio. 
 
c) Ruegos 
 
Del Grupo Municipal de Ciutadans 
 
Ruego 1. (M1519/2768) Que de manera inmediata se proceda al cese por parte del Gobierno municipal 
al comisionado de Seguridad, Sr. Amadeo Recasens, por la reiterada falta de respeto 
y consideración en el cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. 
 
El Sr. SIERRA justifica la presentación del ruego por la actuación del 
Gobierno municipal con respecto a la venta irregular en las calles de Barcelona, y 
recuerda que, de entrada, anunció que no entraría en este asunto hasta después del 
verano. Sin embargo, constata que, hoy de hoy, más de treinta agentes de la Guardia 
Urbana han resultado heridos; que tanto en el Pleno como en comisiones se han 
aprobado iniciativas por mayoría para instar al Gobierno a que actúe contra esta 
actividad de venta irregular en las calles. Igualmente, se refiere a la ineficacia de la 
orden de servicio Víctor-Alfa para actuar contra esta actividad, tal como quedó 
demostrado el pasado fin de semana en La Rambla; así como al descrédito y la falta 
de autoridad inferida al cuerpo de la Guardia Urbana por parte del Gobierno 
municipal, junto con la inacción manifiesta del comisionado de Seguridad, Sr. 
Recasens, motivo por el cual piden su cese. 
 
La Sra. ALCALDESA desestima con rotundidad el ruego formulado por el 
grupo de Ciutadans. Defiende al Sr. Recasens como un gran profesional y una 
autoridad internacionalmente reconocida en asuntos de seguridad, y afirma que el 
Gobierno está muy satisfecho de su labor al frente del cuerpo de la Guardia Urbana, 
 Ref.: CP PÁG. 66 
03/16 V: 
24/03/16 
que presta un servicio esencial a la ciudad. 
Por el contrario, lamenta profundamente intervenciones partidistas como las 
de Ciutadans, que son las que realmente intentan desautorizar la actuación de la 
Guardia Urbana, que en todo momento sigue órdenes para dar cumplimiento a sus 
competencias y para velar por la seguridad de la ciudadanía desde la proximidad. 
 
El Sr. SIERRA lamenta que no se acepte el ruego, y se refiere a que fue 
secundado por el resto de los grupos municipales cuando lo presentaron en la Junta 
de Portavoces, como también lo fue por el sindicato mayoritario de la Guardia 
Urbana. 
Considera inadmisible la falta de respeto que demuestra el Gobierno 
municipal por este cuerpo, tal como ejemplifica el hecho de que ayer mismo, en 
audiencia pública, se acusó a la Guardia Urbana de incautar y quedarse el dinero 
producto de la venta irregular y de ser una policía represiva, sin que la representante 
del Gobierno presente defendiera al cuerpo en ningún momento. 
 
La Sra. ALCALDESA replica que lo que es inadmisible es el intento de 
sacar rédito político y hacer un uso partidista de un fenómeno complejo y antiguo 
como es la venta ambulante ilegal, que desgraciadamente no es competencia del 
Ayuntamiento y de la Guardia Urbana. 
Manifiesta que querría ver al concejal exigiendo, con la misma rotundidad, 
la retirada de la ley de extranjería que provoca situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión a muchas personas, que no saben cómo sobrevivir en la ciudad porque no 
son reconocidas como ciudadanas a raíz de la ley mencionada. 
Y niega que el Gobierno municipal, el comisionado de Seguridad y, 
obviamente, la Guardia Urbana opten por la inactividad ante este fenómeno. 
Con respecto a la referencia de los hechos del pasado fin de semana, precisa 
que la Guardia Urbana dimensionó un operativo para actuar de forma preventiva en 
el marco del dispositivo Víctor-Alfa, vigente desde el pasado octubre, con el fin de 
impedir la venta ambulante irregular; sin embargo, en este caso concreto, la presencia 
destacable de grupos de activistas y simpatizantes de la actividad confirmó que más 
bien se trataba de una concentración reivindicativa y, por lo tanto, que la situación 
derivaba a una cuestión de orden público para la que no es competente la Guardia 
Urbana, sino los Mossos d'Esquadra. 
Remarca la importancia de actuar con criterios de oportunidad, de 
congruencia y de proporcionalidad, y aprovecha para felicitar nuevamente el trabajo 
del Sr. Recasens, comisionado de Seguridad. 
 
Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Ruego 2. (M1519/2756) Que el Gobierno constituya, con un plazo de tres meses, la mesa de estudio de 
la renta infantil con la participación de las entidades, colectivos y asociaciones cuyo 
ámbito de competencias sean los niños y adolescentes, y adquiera el compromiso de 
que esta renta infantil sea operativa durante el 2017. 
 
La Sra. BENEDÍ dirige, de entrada, unas palabras de reconocimiento a la 
Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia 
(Fedaia), Unicef y otras entidades que hace tiempo que trabajan para hacer posible la 
implementación de una renta infantil garantizada en Barcelona. 
Recuerda que, en junio del año pasado, el Gobierno municipal anunció una 
medida de ampliación de la renta infantil con una dotación flexible de 2,5 y 4 
millones de euros con el fin de cubrir todas las demandas, incluida en las acciones 
urgentes de lucha contra la pobreza. 
 Ref.: CP PÁG. 67 
03/16 V: 
24/03/16 
Indica que, según el informe del estado de la ciudad presentado en enero, 
uno de los colectivos que merece una atención social especial en la coyuntura actual 
es el de los niños y de los jóvenes; y según datos del Barómetro de la infancia y las 
familias de Barcelona del 2014, un 1,4 % de los niños menores de 16 años viven en 
hogares que no se pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos 
cada dos días, un porcentaje que en los barrios más desfavorecidos llega al 4,4 %. Y 
remarca que no se trata solo de la alimentación, sino que también afecta al ocio o las 
actividades extraescolares, muy importantes porque contribuyen al desarrollo integral 
de los niños y jóvenes. 
Señala que la situación de emergencia que el Gobierno catalogó, y que su 
grupo comparte del todo, pasa por facilitar los mecanismos y recursos posibles para 
mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes; y, por este motivo, entienden 
que hay que dar un paso más, de manera urgente, puesto que es muy difícil salir de la 
situación de pobreza una vez que se ha entrado y, a menudo, se arrastra a la 
descendencia. 
Por lo tanto, manifiesta la necesidad de que el mapa de la desigualdad en 
Barcelona se dibuje con la concurrencia de expertos que piensen, porque solo con un 
buen diagnóstico de la situación socioeconómica de la ciudad se podrá actuar 
eficazmente. 
Remarca que, en la defensa de los derechos de los niños, la renta infantil 
debe ser una prestación con un acceso ágil y equitativo; y esta cuestión, y otras, se 
pueden debatir en la mesa que proponen con este ruego, con el fin de encontrar la 
mejor manera de facilitar los derechos de los niños en Barcelona. 
 
La Sra. ORTIZ acepta el ruego en nombre del Gobierno municipal, ya que 
desde el primer momento ha estado trabajando con las entidades para evaluar cómo 
se pueden mejorar las condiciones de vida de los niños y de los jóvenes, y que una de 
las primeras actuaciones que hicieron fue incrementar el número de niños que 
recibían la ayuda existente, con una ampliación de la aportación presupuestaria. 
Puntualiza que, hoy por hoy, no pueden hablar de renta infantil, 
especialmente porque las competencias municipales son para ayudas puntuales de 
emergencia social, y por este motivo dice que esperan expectantes las modificaciones 
que introducirá el nuevo Gobierno de la Generalitat, que es en quien recaen las 
competencias de establecer rentas mínimas garantizadas o las rentas infantiles, que 
tienen un trámite burocrático más rápido. 
Pone en valor que, mientras tanto, el gobierno de la ciudad trabaja con los 
servicios sociales y el conjunto de las entidades para encontrar cuál es el resquicio 
que permite articular rentas. Precisa que, en esta línea, este año mejorarán 
sustancialmente con respecto al ejercicio anterior en términos de burocracia y de 
acceso, y confían en que, en el 2017, la Generalitat actúe como aliada para que la 
renta infantil sea garantizada y no una ayuda puntual que se debe convocar año tras 
año. 
Ratifica que les parece imprescindible que las entidades tengan voz, pero 
también los y las profesionales que han tenido que articular con urgencia estas 
ayudas y, por lo tanto, que están en condiciones de evaluar pros y contras. En 
consecuencia, consideran que el marco del grupo de infancia del Consejo Municipal 
de Bienestar Social debe ser la base de la mesa que propone el grupo de ERC. 
 
Ruego 3. (M1519/2757) Que el Gobierno municipal exija a BSAV (Barcelona Sagrera Alta Velocidad) 
una auditoría externa sobre la ejecución de las obras del TAV en Barcelona, y que los 
servicios jurídicos estudien la posibilidad de que el Ayuntamiento se presente como 
acusación particular. 
 Ref.: CP PÁG. 68 
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24/03/16 
El Sr. BOSCH indica que el ruego que presenta ha sido transaccionado con 
el Gobierno municipal con el texto siguiente: 
 
Que el Gobierno municipal exija a ADIF que haga las auditorías 
correspondientes sobre las posibles irregularidades recientemente conocidas en 
relación con las obras del TAV en Barcelona ejecutadas y en ejecución. Y en el caso 
de confirmarse, que los servicios jurídicos estudien la posibilidad de que el 
Ayuntamiento se presente como a acusación particular. 
 
La Sra. SANZ, que acepta el ruego, precisa que la transacción permite 
apuntar claramente a quién se le deben exigir aclaraciones, teniendo en cuenta que 
Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV) es un espacio de encuentro y desarrollo 
de las actuaciones vinculadas a la alta velocidad en el ámbito de La Sagrera, junto 
con la Generalitat, Renfe y Adif, y que es ésta última quien hace la ejecución, el 
seguimiento y la contratación de las obras. 
En consecuencia, manifiesta que a raíz de las informaciones aparecidas 
recientemente en los medios de comunicación, y de las investigaciones empezadas, 
han exigido a Adif que aporte la máxima información posible sobre la cuestión y 
sobre el estado actual de obras prioritarias para la ciudad, hoy por hoy, todavía 
encalladas como las estaciones de La Sagrera y Sant Andreu Comtal. Y, por lo tanto, 
que aclare cualquier sombra de duda que planee sobre la tramitación y la ejecución 
de las obras. 
Añade que valoran que el ruego pone de relieve que el Ayuntamiento tiene 
que ejercer todas sus competencias para asegurar que las obras que se hacen en la 
ciudad se hacen correctamente y en el marco legal correspondiente; y, al mismo 
tiempo, que consideran indispensable que Barcelona ejerza su derecho a participar en 
la definición, el diseño y la ejecución de todas estas infraestructuras. 
 
El Sr. BOSCH agradece la aceptación del ruego, y aprovecha para pedir que 
el Ayuntamiento deje bien clara su falta de implicación en todo lo que se haya 
podido producir, puesto que el nudo de la cuestión se sitúa en Adif, el operador 
ferroviario del Estado. 
Aduce que la sociedad BSAV, en la que el Ayuntamiento tiene una 
participación del 25 %, debería quedar fuera de la sombra de duda. Y remarca la 
diferencia entre la obra financiada y la ejecutada de un mínimo de 31 millones de 
euros, que se valora como un 40 % de exceso en la inversión de las obras referidas a 
solo 1,6 kilómetros. Por lo tanto, observa que la magnitud puede ser mayor en 
distancias más largas. 
Así pues, alerta de que, vista la posibilidad de que se infiriera la implicación 
del Ayuntamiento de Barcelona, hay que actuar con contundencia y, por lo tanto, 
consideran positivo que, si todo se acaba confirmando, el Ayuntamiento se persone 
como acusación particular en el procedimiento judicial; por el contrario, avisa de que 
esta supuesta malversación puede acabar afectando incluso a la seguridad de la línea 
ferroviaria; así como también porque, por ética, se tiene que luchar activamente 
contra la corrupción y exigir a Adif, y de paso al Estado, que cumpla con las obras y 
con sus obligaciones de finalizar de una vez la estación de La Sagrera y todo lo que 
es su responsabilidad. 
 
Del Grupo Municipal Socialista 
 
Ruego 4. (M1519/2759) Que el Gobierno municipal vele por la solvencia funcional y arquitectónica de 
la futura estación de la Sagrera, y lleve a cabo las acciones necesarias ante el 
 Ref.: CP PÁG. 69 
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Gobierno del Estado y de ADIF para que así sea. 
 Ref.: CP PÁG. 70 
03/16 V: 
24/03/16 
El Sr. MÒDOL también formula un ruego a raíz de la preocupante actitud de 
Adif con respecto a la licitación del proyecto de la estación de La Sagrera y de la 
aparente inactividad del Gobierno municipal al respecto. 
Observa que todo apunta a que Adif está a punto de adjudicar las obras a una 
empresa que ha presentado una baja del 59 % con respecto al precio de licitación inicial, 
y que ha obtenido una de las puntuaciones más bajas en el apartado técnico. Remarca la 
importancia de este hecho, ya que La Sagrera no es proyecto cualquiera, y alerta de que 
se pueden encontrar que la estación intermodal más importante de la ciudad se 
construya en base a un proyecto técnico de baja calificación y sobre el que este 
Ayuntamiento no tiene ningún tipo de decisión. 
Recuerda que, hasta ahora, el Ayuntamiento participaba directamente en este 
tipo de decisiones como parte de BSAV, y pregunta qué ha sucedido para que Madrid 
haya secuestrado el proyecto, despreciando a la ciudad y despreciando a la institución 
municipal, a la vez que constata que el Gobierno mantiene una actitud pasiva. Pone en 
valor, sin embargo, la movilización de la sociedad civil y, en este sentido, avanza que su 
grupo da apoyo a la declaración de los decanos de los colegios de Arquitectos, 
Ingenieros y Economistas, firmada el 24 de febrero, en la que piden a Adif que respete 
los criterios de valoración consensuados con el resto de las administraciones públicas en 
relación con la licitación de los proyectos de la estación de La Sagrera. 
Aduce, sin embargo, que el aspecto de fondo de todo el asunto es de qué 
proyecto están hablando y, mientras tanto, Madrid va avanzando en la consolidación de 
la estación que pactaron con el alcalde Trias, más pequeña y con un centro comercial de 
más de veinte mil metros cuadrados; por el contrario, considera que el Gobierno actual 
no le presta atención, y le advierte que con su pasividad se puede convertir en cómplice 
de la estación pactada entre el PP y CiU, financiada con las plusvalías comerciales, y 
con el tejido vecinal y comercial de los entornos en contra. 
 
La Sra. ALCALDESA replica que el Gobierno está bien despierto en cuanto a 
este asunto, y recuerda que una de las primeras cosas que hicieron al llegar a la alcaldía 
fue reunirse con la ministra de Fomento para hablar de La Sagrera en primer lugar. 
Sin embargo, lamenta tener que compartir con otras administraciones el 
abandono por parte de Adif y del Gobierno central; y señala que, en todas las reuniones 
que han mantenido, han exigido siempre la reanudación inmediata de los trabajos de las 
estaciones de La Sagrera y Sant Andreu Comtal. 
Precisa, con respecto a La Sagrera, que está en proceso la licitación de lo que 
se llama servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
arquitectura e instalaciones de la estación, al que se han presentado nueve empresas, con 
una baja entre el 25 % y el 59 %, y una previsión de adjudicación inminente, según les 
consta. 
Señala que, como Administración local, consideran indispensable que se 
mantenga la participación y la colaboración reales y efectivas en la concepción y la 
definición de estas infraestructuras y, sobre todo, quieren estar informados de los 
avances, cosa que no sucede. 
Considera que la gestión de las obras se tiene que hacer desde la proximidad, 
ya que de lo contrario se demuestra que pierden funcionalidad, y que es imprescindible 
que el Ayuntamiento tenga voz en la definición de las nuevas estaciones ferroviarias de 
la Sagrera y de Sant Andreu, puesto que se trata de infraestructuras de ciudad. Destaca 
que la participación conjunta siempre aportará más valor a la definición y, por lo tanto, 
al futuro de las infraestructuras. Precisa que, con esta perspectiva, se ha manifestado en 
las diferentes mesas el interés del Ayuntamiento en participar en la redacción del 
proyecto. Añade que se hace seguimiento de las obras de La Sagrera desde la 
perspectiva de ciudad y mediante la sociedad BSAV. 
 
 Ref.: CP PÁG. 71 
03/16 V: 
24/03/16 
El Sr. MÒDOL insiste en que, a pesar de la falta de diálogo y de atención 
por parte del estado, el proyecto de la estación de La Sagrera se tiene que liderar 
desde la ciudad. Y reitera que este Ayuntamiento tiene que definir el modelo de la 
estación, ya que, de lo contrario, estarán defendiendo un proyecto con el que no 
estarán de acuerdo muy probablemente. 
 
La Sra. ALCALDESA coincide con la apreciación de que hay que revisar el 
proyecto porque los preocupa el criterio con el que se ha aprobado; en este sentido, 
señala que convocarán a BSAV para tratar esta cuestión, así como el resto de 
incumplimientos que acumula Adif. 
 
Del Grupo Municipal del Partit Popular 
 
Ruego 5. (M1519/2752) Que el reglamento para la adjudicación de vivienda por emergencia social por 
pérdida de vivienda revisada no contemple la regularización de la ocupación ilegal 
de viviendas públicas en la ciudad. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a que el proyecto de reglamento 
para la adjudicación de viviendas para emergencia social contempla la regulación de 
la ocupación ilegal de viviendas públicas en Barcelona, un hecho que su grupo 
considera que no se puede regularizar, motivo por el que formula el ruego con el que 
pide que este punto no se incluya en el proyecto definitivo de reglamento; y, 
cambiando el enunciado, aprovecha para preguntar a la alcaldesa si avala la 
ocupación ilegal de vivienda pública en Barcelona. 
 
La Sra. ALCALDESA puntualiza que la intervención en pisos ocupados fue 
una decisión adoptada en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes a 
raíz de un ruego del grupo de Ciutadans; y recuerda que, durante el mandato anterior, 
se impulsó la creación de tres grupos de trabajo sobre este asunto en Ciutat 
Meridiana, la Trinitat Vella y el Besòs. 
Subraya que todo ello les ha permitido disponer de un mapa claro sobre el 
estado de la cuestión, de modo que están en condiciones de precisar que el grueso de 
las ocupaciones las llevan a cabo familias en situación de extrema vulnerabilidad, 
como ya intuían y les habían confirmado muchas entidades. 
Manifiesta que el Ayuntamiento tiene muy claro que, ante situaciones de 
extrema vulnerabilidad, asumirá una posición de responsabilidad, por lo que en el 
marco del Consejo de la Vivienda han trabajado en la reforma del reglamento, al que 
se refiere el ruego, que permita que todas las personas con orden de desahucio 
puedan acceder a la mesa, independientemente de la disposición de título legal; y 
añade que también promueve una regularización extraordinaria en función de 
criterios como la vulnerabilidad económica, el tiempo de ocupación, el arraigo en el 
barrio y que no se trate de personas que generen problemas de convivencia. 
Precisa que esta actuación solo es posible en los pisos gestionados 
directamente por el Ayuntamiento, ya sea porque han sido cedidos u ocupados por 
entidades financieras o la Sareb, o bien porque se han comprado mediante el derecho 
de tanteo y retracto a precios inferiores al de mercado. 
 Ref.: CP PÁG. 72 
03/16 V: 
24/03/16 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que la respuesta a las ocupaciones 
ilegales de pisos públicos no puede ser la regularización; y si se trata de personas con 
necesidades sociales, la respuesta municipal tiene que ser facilitarles la vivienda, 
pero en ningún caso avalar las ocupaciones, ya que significa un agravio comparativo 
con todas las familias que también tienen necesidad de acceder a una vivienda, pero 
no por eso ocupan una ilegalmente. 
Alerta de que el mensaje que se lanza es muy negativo, e induce a la 
ocupación ilegal de los pisos de propiedad municipal. Por el contrario, considera que 
hay que seguir un procedimiento que pasa por la Mesa de Emergencias Sociales y los 
servicios municipales, y por la inscripción en el registro municipal de solicitantes. 
 
La Sra. ALCALDESA niega que la inclusión de este punto en el reglamento 
suponga un privilegio, y asegura que las familias en situación de máxima 
vulnerabilidad tendrán que cumplir con los mismos requisitos y deberes que todas las 
otras personas, y no porque ya hayan ocupado la vivienda tienen que quedar 
excluidas. 
Y sugiere al concejal que, si tanto lo preocupan los privilegios, que se ocupe 
de su partido y que no avale, por ejemplo, al Sr. Rato y su actuación en Bankia, que 
ha condenado a miles de familias a la ruina y a quedarse en la calle; o que se 
dediquen a rescatar bancos en vez de personas. 
 
d) Preguntas 
 
Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 
 
Preg. 1. (M1519/2764) ¿Cuál es el comportamiento del Gobierno municipal respecto de la gestión de 
las escoles bressol municipales Caspolino, Enxaneta y Patufets para el próximo curso 
escolar? 
 
El Sr. TRIAS recuerda que, en el mandato anterior, se pusieron en 
funcionamiento veintitrés escoles bressol nuevas, cinco de sustitución, que 
supusieron un incremento de 3.005 plazas nuevas. Precisa, igualmente, que por la 
imposibilidad de contratar personal nuevo a raíz de la aplicación de la Ley de 
estabilidad presupuestaria, se optó por la gestión indirecta en tres de estas escuelas 
con empresas de ámbito social. 
En consecuencia, formula la presente pregunta para saber cuál es la 
intención del Gobierno con respecto a estas tres escuelas. 
 
La Sra. ALCALDESA confirma la voluntad política del Gobierno de 
recuperar la gestión directa de estas escuelas, que ya llevaban en el programa 
electoral, y que han manifestado públicamente, esencialmente, porque consideran 
que la gestión directa permite dignificar las condiciones laborales de los 
profesionales que ahora tienen menor remuneración económica que el resto de la 
plantilla de las escoles bressol de titularidad pública. Añade que la gestión directa 
también permite eliminar la posibilidad de construir un sistema dual en la escola 
bressol pública, con los agravios que ello comporta; a la vez que permite dar 
respuesta a un punto del programa electoral de Barcelona en Comú. 
En consecuencia, considera que hay motivos sobrados para trabajar para 
alcanzar esta gestión directa, por lo que hay que adoptar una decisión formal en la 
Comisión de Gobierno, con informes previos de Recursos Humanos, del IMEB, de la 
Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y de la Intervención Municipal. 
 
El Sr. TRIAS pregunta a la Alcaldesa que antes de tomar cualquier decisión 
 Ref.: CP PÁG. 73 
03/16 V: 
24/03/16 
hagan una reflexión profunda de qué comporta este cambio de gestión, así como de 
las dificultades que supondrá en la futura apertura de nuevas escuelas. 
Añade que hay que tener muy claro que estas escoles bressol tienen mucho 
éxito entre las familias, y que el cambio de gestión implicará un sobrecoste 
económico, cambios de horarios y calendarios, y que generará incertidumbre con 
respecto a su futuro laboral a más de treinta y ocho profesionales que trabajan en 
ellas. 
 
La Sra. ALCALDESA responde que actuarán con todas las garantías como 
ya ha expresado antes, y recalca que ya están en contacto con los profesionales y las 
AMPA de estas escuelas. 
Puntualiza que garantizar la gestión directa de estos centros no significa que 
no se tenga en cuenta el proyecto educativo y los profesionales que trabajan en él, 
sino que serán prioritarios a la hora de evaluar cómo se planifica el tráfico de cambio 
de gestión, con la firme voluntad de mejorar las condiciones actuales de los 
profesionales. 
Añade que el gasto que todo ello supone es la mejor inversión, dado que la 
etapa educativa 0-3 garantiza igualdad de oportunidades reales a los niños, 
independientemente de la renta familiar. 
 
Preg. 2. (M1519/2766) ¿Cuáles han sido los criterios para dar permiso de ocupación de la vía pública a 
la carpa comercial de Samsung en la plaza de Catalunya y cuáles son las tasas que se 
les ha aplicado? 
 
El Sr. MARTÍ empieza su intervención expresando que su grupo está a 
favor de facilitar acciones de promoción comercial o económica de acontecimientos 
de interés ciudadano general en el espacio público, siempre que se cumplan todas las 
normativas municipales. Por lo tanto, confirma que han visto con buenos ojos la 
autorización para la instalación de la carpa de una empresa de telefonía móvil en la 
plaza de Catalunya durante la celebración del Mobile World Congress (MWC), pero 
quieren saber cuáles han sido los criterios del Gobierno para autorizarlo. 
 
El Sr. COLOM responde que se trataba de una actividad vinculada al MWC, 
enmarcada en un convenio de colaboración aprobado en la comisión mixta de Paisaje 
Urbano. Con respecto al importe, precisa que ha sido de 60.633 euros entre tasas e 
importe del convenio, además del depósito en concepto de garantía. 
 
El Sr. MARTÍ expresa que ven contradicciones y doble lenguaje en el 
discurso de Barcelona en Comú antes y después de llegar al Gobierno. Pone de 
manifiesto que al Gobierno de CiU, por una actuación parecida, lo tildaron de casta y 
de mafia para arriba, acusándolo de privatizar el espacio público. 
Observa que la empresa Samsung no es de economía solidaria, social y 
cooperativa, sino una multinacional de las que Barcelona en Comú abominaba, por lo 
que reprocha el doble lenguaje que gasta el Gobierno municipal, que entiende que es 
recriminable políticamente. 
 Ref.: CP PÁG. 74 
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El Sr. COLOM indica que han seguido el criterio que la plaza de Catalunya 
no se ocupa salvo en los casos en los que la ocupación está vinculada a grandes 
acontecimientos de ciudad, uno de los cuales es la Navidad y otro el MWC. 
Sin embargo, confirma que han manifestado que esta ocupación no tenía que 
ser por una pista de hielo que no es sostenible y, en cambio, se tenían que valorar 
otras actividades, y este año por Navidad se ha ocupado en función de una fórmula 
de feria solidaria y actividades infantiles. Y durante la celebración del MWC, la 
empresa mencionada ha ocupado un espacio de la plaza. 
 
Del Grupo Municipal de Ciutadans 
 
Preg. 3. (M1519/2769) ¿Cuáles son los términos del acuerdo entre el Gobierno municipal y el 
Gobierno de la Generalitat para la financiación del tramo de Zona Franca de la L9 y 
L10 de metro en cuanto a la dotación presupuestaria —total y por ejercicio—, 
calendario y garantías de devolución de la deuda, calendario de ejecución del 
mencionado tramo y calendario de ejecución del tramo central, entre Zona 
Universitària y La Sagrera? 
 
La Sra. MEJÍAS pregunta por los acuerdos entre el Gobierno municipal y el 
de la Generalitat para financiar el tramo de la Zona Franca de las líneas 9 y 10 de 
metro; especialmente cuando se ha aprobado en este Ayuntamiento una iniciativa de 
CiU blindando una dotación presupuestaria. 
Recuerda que, en el informe elaborado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos de Cataluña, se señala que la L9 ha tenido un coste por kilómetro de 145 
millones de euros, mientras que la media natural se sitúa en 41,3 millones. Remarca 
que este sobrecoste ha sido absolutamente desorbitado, y entiende que, si el tramo 
mencionado sigue la misma dinámica, las cantidades también serán desorbitadas. Y 
aprovecha para preguntar qué garantías les ha dado el Gobierno de la Generalitat de 
que este tramo tendrá un coste razonable por kilómetro. 
 
La Sra. ALCALDESA coincide con la concejala con respecto al sobrecoste 
alarmante de este tramo, construido en una época de burbuja, y entiende que habría 
que hacer una investigación a fondo; y añade que los vecinos y vecinas de la Marina 
de la Zona Franca no deberían sufrir todavía más consecuencias de la mala gestión 
del pasado. 
Manifiesta que tanto la Alcaldía como la Cuarta Tenencia han mantenido 
reuniones con el presidente de la Generalitat y el consejero de Territorio y 
Sostenibilidad sobre la voluntad de poner en funcionamiento lo antes posible este 
tramo de la L10; y confirma que, una vez que se llegue a un acuerdo, se lo explicarán 
con detalle. 
Añade que tienen constancia de que el 15 de febrero se iniciaron las obras 
del tramo de la L10 de la Zona Franca, pero todavía está pendiente de decisión el 
inicio de las obras de las estaciones, que se prevé que duren un año 
aproximadamente, además del tiempo necesario para hacer las pruebas de 
funcionamiento para la puesta en marcha definitiva. 
En cuanto a la financiación y el retorno de la parte que adelanta el 
Ayuntamiento, indica que próximamente abordarán este asunto con una reunión con 
el vicepresidente y consejero de Economía, el Sr. Junqueras; y aprovecha para 
agradecer las gestiones hechas por el Sr. Bosch para interceder en este encuentro. 
 
La Sra. MEJÍAS pide, dado que la construcción de este tramo se ha ido 
alargando sine die, un compromiso de calendario en cuanto a la entrada en 
funcionamiento de las estaciones y el retorno de la parte que adelante el 
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Ayuntamiento. 
 Ref.: CP PÁG. 76 
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La Sra. ALCALDESA coincide con esta demanda, e indica que la previsión 
es que se pueda poner en funcionamiento a finales del 2017, aunque hay que tener en 
cuenta que la fecha irá en función del número de estaciones y de los términos del 
acuerdo, que todavía se tienen que cerrar. 
Respecto al inicio del tramo central de la Zona Universitària en La Sagrera, 
dice que únicamente tienen la certeza de que las obras están desocupadas y que no 
tienen ninguna constancia de previsión de inicio, puesto que la Generalitat ha 
confirmado que no hay asignación presupuestaria actualmente. 
 
Del Grupo Municipal Socialista 
 
Pregunta 4. (M1519/2760) Que el Gobierno municipal nos informe sobre el estado de ejecución de los 
compromisos adquiridos, en materia de ocupación (ampliación de los planes de 
empleo y de la formación ocupacional para parados de muy larga duración, programa 
Làbora, etc.), en la modificación de presupuesto de 101 millones de euros aprobada 
el pasado mes de octubre del 2015. 
 
La Sra. BALLARÍN dice que, para su grupo, la reactivación económica y la 
promoción de la ocupación son una prioridad, tal como demuestra que en el 
programa del PSC y en el Plan Collboni se contemplara el objetivo de generar en la 
ciudad treinta mil puestos de trabajo en cinco años. Considera que, si las cosas se 
hacen bien, este objetivo se puede alcanzar. En este sentido, indica que, en el último 
barómetro municipal, se constataba que el problema más grave de la ciudadanía —un 
24 %— era el paro y las condiciones de trabajo, muy por encima de la preocupación 
que genera el fenómeno turístico —3,4 %—. En consecuencia, consideran de suma 
importancia tener firmeza en la lucha contra esta lacra. 
Recuerda que el grupo del PSC dio apoyo a la modificación de crédito, 
aprobada el 30 de octubre de 2015, sobre todo porque incluía el compromiso del 
Gobierno en materia de creación de empleo, que se traducía en partidas 
presupuestarias por un valor de 7,6 millones de euros y llegó a más de mil cien 
personas; y también porque se aplicaba en políticas activas de empleo concretas 
como son la ampliación de los planes de empleo para parados de muy larga duración, 
ampliación de los programas de formación ocupacional para personas con más de 
dos años en paro, y el impulso del programa Làbora para formación y empleo de 
personas en riesgo de exclusión. 
Por todo ello, preguntan por la ejecución de estas partidas, entre otros 
motivos porque, el 1 de marzo, el Ayuntamiento ya debe tener la liquidación del 
presupuesto del 2015 y, por lo tanto, entienden que podrán obtener respuestas 
concretas. 
 
El Sr. COLOM comparte la prioridad por el empleo de calidad, que formaba 
parte del programa de Barcelona en Comú, y recuerda que las propuestas del PSC en 
términos de ampliación se sumaron a las que las que ya habían puesto en marcha. 
Precisa que, a mediados de febrero, están en marcha 268 planes de empleo, 
con un importe comprometido de 3,8 millones de euros. En cuanto al programa de 
formación ocupacional para personas desempleadas de larga duración, indica que, a 
finales del 2015, se habían comprometido 500.000 euros en acciones formativas, y en 
enero de este año se licitaron estas acciones por un importe de 1,3 millones de euros, 
cosa que supone poder atender entre 800 y 900 personas. 
En referencia al programa Làbora, recuerda que se ha firmado un convenio 
con una asociación del Tercer Sector, con el apoyo de la Mesa de Entidades del 
Tercer Sector, por un importe de 2 millones de euros, para contratar a cien personas 
para auditar energéticamente cinco mil hogares vulnerables, y que se iniciará el 1 de 
 Ref.: CP PÁG. 77 
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marzo. 
 
La Sra. BALLARÍN valora que los compromisos contraídos salen adelante, 
y observa que las cifras empleadas se acercan a los 7,6 millones de euros que se 
habían consignado como partidas presupuestarias, y avanza que agradecerán que los 
vayan informando de cómo evoluciona. 
 
El Sr. COLOM asegura que les irán facilitando toda la información al 
respecto, y reitera que este asunto los preocupa y los ocupa. 
 
Del Grupo Municipal del Partit Popular 
 
Preg. 5.- (M1519/2754) ¿Qué valoración hace al Gobierno municipal sobre la huelga de transporte 
público convocada durante los días de la celebración del Mobile World Congress en 
Barcelona? 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula la pregunta. 
 
La Sra. VIDAL se refiere al efecto en la movilidad de esta semana a raíz de 
la huelga de transporte público y por las manifestaciones —ambas legítimas 
expresiones de conflicto—, por la bolsa de aire sahariano y por la actividad 
producida por el Mobile World Congress (MWC). 
Remarca que todos estos factores han actuado en el conjunto de la 
movilidad; no obstante, los organizadores del MWC han valorado el acontecimiento 
como un éxito de afluencia de participantes, así como que las administraciones hayan 
hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la ciudad funcionara durante 
el congreso. Aprovecha para agradecer a la ciudadanía su previsión para buscar 
alternativas de transporte en el metro, teniendo en cuenta, además, la coincidencia 
con el MWC, que atrae a cien mil visitantes. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que, puesto que la Sra. Vidal no ha 
respondido la pregunta, responderá él mismo. Así, afirma que la valoración del 
Gobierno debería ser absolutamente negativa, ya que los usuarios del transporte 
público y los conductores de vehículo privado se han convertido en los rehenes de un 
conflicto social, al que el Gobierno de la ciudad y el metropolitano han respondido 
con retraso, con poca traza, con declaraciones de la alcaldesa que, cuando no 
calificaba la huelga de desproporcionada, recordaba los salarios medios de los 
trabajadores olvidando los de los directivos, que se caracterizan por una opacidad 
absoluta, o incluso cuestionaba que se tuviera que negociar con los trabajadores de 
TMB a pesar de la huelga convocada. 
Añade que la opción de la alcaldesa para interceder en el conflicto, en cierta 
manera desautorizando a la Sra. Vidal y al mismo consejo de administración, se 
basaba en el "buen rollo" que había demostrado antes de llegar a la Alcaldía, cuando 
daba pleno apoyo a las huelgas del transporte público. Sin embargo, en esta ocasión, 
esta sintonía de antes no fue suficiente para convencer a los trabajadores de TMB de 
desistir de sus pretensiones laborales. 
Considera, además, que faltó información a los usuarios, y sorprende que, en 
plena semana de huelga de metro y autobús en Barcelona, la Generalitat publicara 
páginas enteras de anuncios de la L9 en los medios de comunicación, y que el 
Ayuntamiento hiciera lo mismo en referencia a las nuevas líneas de autobús. Por el 
contrario, entiende que habría sido más lógico que hubieran informado a la 
ciudadanía, usuarios de metro y buzo y a los conductores de vehículo privado, de los 
efectos de la huelga de transporte público y las posibles alternativas de movilidad. 
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En consecuencia, pide que trasladen al Área Metropolitana, como junta 
general de accionistas de TMB, la convocatoria de un pleno extraordinario para 
debatir en profundidad las políticas laborales de la empresa, y que se acabe con la 
opacidad que hace imposible que su grupo haya accedido nunca a la información que 
ha solicitado en muchas ocasiones. 
 
La Sra. VIDAL replica que el Gobierno ha hecho una gestión muy 
responsable de un conflicto difícil, que cree que el concejal conoce lo suficiente bien 
porque hace muchos años que está en el Ayuntamiento. Dice que le agradece la 
preocupación por la empresa TMB, quiere creer que sincera, y que nunca había 
expresado como socio preferente del Gobierno anterior. 
Remarca que el Gobierno se ha comprometido desde el primer momento a 
intentar hacer compatible el interés general con la mejora de los derechos de los 
trabajadores; y la alcaldesa al frente ha optado por implicarse en el conflicto para 
ofrecer mejor interlocución política al máximo nivel, no para desautorizar a nadie. 
Con respecto a la cuestión sobre la información a los usuarios, observa que 
si realmente hubiera sido tan mala como alega el concejal, no habría empezado su 
intervención poniendo en valor la previsión de la ciudadanía, que ha optado 
masivamente por planificar sus desplazamientos con alternativas al metro y al bus, 
asumiendo las molestias lógicas que causa una huelga. 
Insiste en que el sistema de transporte público de Barcelona funciona de una 
manera envidiable a escala mundial, e incluso en situaciones difíciles es capaz que 
acontecimientos como el MWC sean un éxito. 
 
Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 
 
Preg. 6. (M1519/2744) ¿Cuándo harán públicos los sueldos en tablas salariales de las 571 personas de 
convenio, así como los diferentes beneficios sociales que mantienen? ¿Cuándo y 
cuántos entrarán a formar parte del personal dentro de convenio? 
 
El Sr. GARGANTÉ recuerda que el 28 de agosto de 2015 su grupo presentó 
una serie de preguntas a la empresa TMB, entre las cuales una sobre los sueldos de 
las 571 personas contratadas fuera de convenio. Señala que el 14 de diciembre les 
respondieron que esta información no la podían compartir porque contravenía la Ley 
orgánica de protección de datos. No obstante, les enviaron un documento de 
estructura de personal, que ya conocían, puesto que se hizo público el día que 
presentaron la querella criminal contra los Sres. Joaquim Forn y Dídac Pestaña, 
expresidente y exvicepresidente de TMB respectivamente. 
Precisa que este documento de estructura de personal lo hizo público la 
UGT de autobuses de TMB, que lo envió a los medios de comunicación. Observa, 
sin embargo, que esta sección sindical tiene muy buena relación con la dirección de 
la empresa, tanta que le otorga horas sindicales ilegales o coloca a familiares de los 
sindicalistas, hechos que acaban siendo denunciados a la Inspección de Trabajo, y 
son condenados. 
Hace notar que el documento mencionado se refiere a medias de sueldos, 
pero en ningún caso menciona que el exvicepresidente, Dídac Pestaña, del PSC, 
cobraba 80.000 euros del autobús y la misma cantidad del metro. 
 Ref.: CP PÁG. 79 
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En consecuencia, preguntan cuándo harán públicos los sueldos de las 571 
personas fuera de convenio de TMB, así como los beneficios sociales que mantienen, 
y cuántas pasarán a convenio y saldrán de la opacidad que las ampara, tal como 
sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
 
La Sra. ALCALDESA indica que la nueva presidencia de TMB detectó la 
existencia de personal fuera de convenio, que según los datos de los que dispone 
serían 500 personas con perfil técnico y una setentena en cargos directivos. 
Confirma que la voluntad del Gobierno es integrar en el convenio los 
perfiles técnicos y, en este sentido, señala que se han comprometido en establecer las 
medidas necesarias para esta transición. Manifiesta, igualmente que se comprometen 
a no aumentar la contratación fuera de convenio; y que tan pronto como se firme el 
convenio de metro y autobús, que está en fase de negociación, incorporarán todos los 
perfiles técnicos que ahora están fuera. 
Por el contrario, en cuanto a los perfiles directivos, indica que el marco legal 
vigente no permite incorporarlos en el convenio; sin embargo, avanza que se ha 
asumido el compromiso de aplicar una política de transparencia y reducir los sueldos 
de los cargos de nueva designación, como ya se ha materializado, con una reducción 
del 40% del sueldo en el caso del nuevo consejero delegado. 
 
El Sr. GARGANTÉ replica que el nuevo consejero delegado de TMB, Enric 
Cañas, cobra 105.000 euros anuales, y su adjunto, Pau Noy, cobra 60.000, y remarca 
que ha sido contratado fuera de convenio a pesar de la sentencia del TSJC. 
Indica que la alcaldesa, en rueda de prensa el 21 de febrero, expresó las 
medias de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del metro, pero no hizo ni 
una sola mención de los sueldos de los directivos de TMB. Y le hace notar que es 
necesario que elija al lado de quién está, si de los trabajadores y trabajadoras o con la 
dirección, que es quien manda realmente, no la presidenta de TMB. 
Recuerda a la alcaldesa, pues, que fue votada para cambiar las cosas y no 
para continuar en la línea de los gobiernos del PSC o CiU. Reconoce que esta 
semana ha sido muy dura para la alcaldesa, pero también para los millares de 
trabajadores y trabajadoras que han constatado cómo su alcaldesa y la presidenta de 
TMB los criminalizaban y los intentaban dividir. 
Pide a la Alcaldesa que rectifique su actitud, y que vuelva a sus orígenes. 
 
La Sra. ALCALDESA replica que no ha tenido ninguna voluntad de no 
criminalizar a ningún colectivo de trabajadores y trabajadoras. Precisa que la 
conversación sobre los sueldos surgió a raíz de preguntas de periodistas, y remarca 
que el documento al que se ha referido el Sr. Garganté está colgado en la web de 
TMB. 
Recapitula, sin embargo, que el problema de fondo radica en que TMB se ha 
gestionado mal, con opacidad —que han denunciado como Barcelona en Comú y 
ahora como Gobierno de la ciudad—, y están dispuestos a combatirla dando todos los 
pasos con rigor, uno tras otro, y que lo primero ha sido la creación de la Agencia de 
Transparencia en el Área Metropolitana, que tiene como encargo prioritario y urgente 
ponerse con TMB. 
Añade que el compromiso como Gobierno municipal es, este mismo mes de 
marzo, poder dar información mucho más concreta sobre la estructura directiva de 
TMB; y señala que, con el análisis de esta estructura, podrán valorar si se adecua a 
criterios de racionalidad, de profesionalidad, de eficiencia y sueldos razonables, y en 
caso de que no sea así, poner orden. 
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Preg. 7. (M1519/2745) ¿Cuáles son los criterios para escoger al jurado, teniendo en cuenta que en los 
últimos años la proporción de hombres y mujeres ha sido muy desfavorable hacia 
estas últimas? ¿Tiene previsto el Ayuntamiento de Barcelona aplicar medidas de 
transversalidad de género en el área de cultura? 
 
La Sra. ROVIRA manifiesta que los Premios Ciudad de Barcelona son un 
galardón que les genera muchas dudas, dado que se remontan a 1949, en plena 
dictadura franquista, y hasta 1978 se entregaban el 26 de enero, en conmemoración 
de la entrada de las fuerzas franquistas en Barcelona. 
Cuestiona, también, si este premio es la mejor herramienta de 
reconocimiento social, o si bien solo pretende potenciar y distinguir de una manera 
elitista unos proyectos con escasa difusión en el conjunto de la población. 
Recuerda que, a pesar de la preocupación y los recelos que les genera la 
naturaleza de este galardón —que confían en que el Gobierno se replantee—, 
constatan una serie de hechos alarmantes que demuestran la desigualdad entre 
hombres y mujeres que impregna el acto. 
Admite que es incuestionable que viven en una sociedad patriarcal, llena de 
cuotas privilegiadas masculinas y en la que los hombres ocupan las posiciones de 
poder y de representación, así como el reconocimiento social. Y hace notar que el 
jurado de los Premios Ciudad de Barcelona del 2015 está compuesto por 62 hombres 
y 38 mujeres, y entienden que, para un Gobierno que se autodenomina feminista, 
estas cuotas son del todo insuficientes, y, por este motivo, formulan la pregunta. 
 
La Sra. PÉREZ agradece la pregunta, ya que pone el acento en una 
necesidad evidente de mejora que el Gobierno también identifica, y en la que ya se 
han puesto a trabajar. 
Seguidamente, responde que los criterios para la elección del jurado de estos 
premios los aplica el comité ejecutivo del Consejo de Cultura de Barcelona, entre los 
cuales se encuentran el saber y la experiencia en un ámbito concreto, la diversidad en 
la composición del jurado y la combinación de renovación y continuidad. Subraya 
que, en todos estos criterios, hay margen para la transversalidad y avanzar en 
aspectos de género, y valora positivamente que este año el porcentaje de mujeres ha 
aumentado, sin llegar a la paridad, no obstante. Observa, sin embargo, que eso no se 
debe aplicar solo a los miembros del jurado, sino que hay que avanzar en todas las 
facetas de este premio y de la cultura en general. Opina que hay que ser ambiciosos 
con respecto al sector cultural, que es justamente la expresión de la realidad y de los 
valores, y que evidentemente constatan desigualdades; pero remarca que la cultura 
también es una palanca para expresarse y para impulsar cambios de valores, 
absolutamente indispensables en el ámbito de los feminismos. 
Precisa que se está poniendo en marcha el nuevo Plan de Justicia de Género, 
en el que se trabajan objetivos también con respecto a la cultura, y, en la 
profundización del diagnóstico de las desigualdades de género, potenciar la creación 
cultural de las mujeres, desde las prácticas internas del ICUB hasta los programas de 
las políticas culturales desarrolladas por este instituto, sin olvidar otros tipos de 
expresiones culturales como pueden ser las fiestas de barrio o la cultura popular. 
 
La Sra. ROVIRA, que agradece la respuesta, manifiesta que en la última 
sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes 
echaron de menos una transversalidad de género clara y confían en que se trabaje con 
firmeza en esta línea. 
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La Sra. PÉREZ indica que para el Gobierno los aspectos de paridad son 
fundamentales e irrenunciables, pero también consideran importante que se 
impregnen de prácticas feministas todos los ámbitos culturales de la ciudad. 
 
e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 
 
 
MOCIONES 
 
Única.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Koldo Blanco Uzquiano representante del 
Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana 
de Barcelona en sustitución del Iltre. Sr. Francisco Sierra López. 
 
SE APRUEBA esta moción, cuya urgencia fue declarada por la Junta de 
Portavoces, con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
 
DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
 
DI 1.  Puesto que la igualdad de mujeres y hombres constituye un valor 
primordial para la democracia y es una necesidad esencial en una sociedad 
democrática moderna que quiere erradicar el sistema patriarcal androcéntrico y 
sexista, tal como establece, en su preámbulo, la Ley 17/2015 de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres de Cataluña; 
puesto que la Carta de Barcelona establece como exigencia cívica la 
mejora efectiva de los servicios municipales en todos los ámbitos sin 
discriminación con razón de sexo, edad, lengua origen o religión; 
puesto que el Ayuntamiento de Barcelona, dentro de este marco 
competencial y como administración más próxima a la ciudadanía, tiene la 
responsabilidad de defender la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, 
de trabajar de manera proactiva impulsando y desarrollando políticas locales 
contra la desigualdad de género; 
puesto que en ningún caso las administraciones sustituyen la lucha 
ciudadana por los derechos humanos, y que es la lucha feminista la fuerza que, 
desde las asociaciones, entidades y grupos de mujeres, da empuje a la conquista 
de la igualdad y la libertad plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida (política, económica, social y cultural); 
puesto que todas las mujeres, independientemente de su origen nacional o 
étnico, profesión, edad, orientación sexual, clase social o creencias, son sujetos de 
derechos; 
el Plenario del Consejo Municipal acuerda: 
1. Reconocer y ponernos al servicio, como Ayuntamiento, de la lucha 
histórica feminista y de los movimientos de mujeres que durante décadas han 
tejido alianzas transversales para el reconocimiento mutuo, el empoderamiento de 
las mujeres y la justicia de género, articulando estrategias de lucha hacia 
sociedades más justas y democráticas que desafíen las relaciones de poder que 
perpetúan las desigualdades de género y las desigualdades múltiples que afectan a 
las mujeres en función de su orientación sexual, clase social, edad, religión, origen 
nacional o étnico, diversidad funcional, etcétera. 
2. Garantizar el buen gobierno y una administración inclusiva y 
democrática, de manera que la igualdad de género sea sistemáticamente 
incorporada en los objetivos de las políticas sectoriales y de distrito, en los 
presupuestos, las contrataciones, las subvenciones, la selección del personal, la 
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formación del personal político y técnico de la Administración, en el diseño y 
seguimiento de las políticas públicas y en los procesos de participación y 
deliberación, entre otras iniciativas. 
3. Impulsar que la construcción de ciudad y de su espacio público incluya 
siempre la perspectiva de género y, por lo tanto, tenga en cuenta las necesidades 
de mujeres y hombres, mayores, niños y personas con diversidad funcional, y 
facilite la vida cotidiana y el cuidado de todos. 
4. Afirmar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona contra las 
violencias machistas y la erradicación del feminicidio, y dedicar año tras año los 
recursos necesarios, tanto materiales como humanos, a esta lucha y hasta que el 
fenómeno sea erradicado. 
5. Garantizar el derecho al propio cuerpo de las mujeres, a una 
maternidad libre y a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres lesbianas y bisexuales y de las personas trans. 
6. Adquirir un compromiso público real con las necesidades y el derecho 
a los cuidados de la ciudadanía a lo largo de la vida, que se concrete en: la 
provisión de servicios públicos suficientes y de calidad para la pequeña infancia y 
las personas con intensas necesidades de cuidados; el fomento de la 
corresponsabilidad de los hombres; el apoyo y ampliación de las estrategias 
cooperativas y comunitarias de los cuidados; y el reconociendo de la importancia 
del trabajo de los cuidados para el sostenimiento de la vida y el desarrollo 
económico de la ciudad. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 
Sra. Pérez con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 
excepto el del Partit Popular. 
 
DI 2.  Ayer jueves, 25 de febrero, concluyó la 11.ª edición del Mobile World 
Congress, la feria mundial de telefonía móvil. Se trata probablemente del 
certamen ferial más relevante de nuestros días: por las innovaciones tecnológicas 
que se dan a conocer, por la calidad y relevancia empresarial y mediática de los 
ponentes que vienen a nuestra ciudad y por el número de los asistentes que 
durante cuatro días están en Barcelona. 
La obtención por parte de nuestra ciudad del disputado derecho a 
organizar esta feria —que muchas otras ciudades querrían organizar— fue fruto de 
la cooperación activa, inteligente y persistente de las administraciones municipal, 
autonómica y estatal, que supieron capitalizar el trabajado y merecido prestigio 
internacional de Barcelona como ciudad hospitalaria, moderna, con servicios 
públicos de calidad y abierta al mundo. 
La renovación de este derecho, en verano del año pasado, para seguir 
organizando hasta el 2023 la feria, ha sido fruto de la competencia mostrada en las 
ediciones anteriores, donde la ciudad ha sabido mostrar su mejor cara y ha sabido 
ser digna anfitriona de uno de los sectores industriales más pujantes del momento. 
Lo que se consiguió con inteligencia se ha sabido mantener con trabajo, 
cooperación y esfuerzo. 
La edición que este año concluye ha sido un éxito, una vez más. Gracias 
a los organizadores, Fira de Barcelona y GSMA, a las administraciones 
implicadas y sobre todo, a las barcelonesas y barceloneses, que una vez más han 
estado a la altura del acontecimiento. 
Uno de las características de Barcelona ha sido siempre su capacidad de 
mejora, vinculada al análisis y la autocrítica cuando conviene. Por eso, constatado 
el éxito de la edición de este año, también hay que dejar constancia de la 
necesidad de seguir mejorando y trabajar, desde hoy mismo, para que la próxima 
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edición todos los servicios de la ciudad y su área metropolitana estén, durante la 
celebración del certamen, al cien por cien de su rendimiento, como corresponde y 
como siempre hasta ahora ha sucedido. 
Igualmente se continuará trabajando para que la celebración de un 
congreso como el del MWC se traduzca en un mayor retorno económico y social 
para la ciudad, contribuyendo a enriquecer el desarrollo del tejido económico de la 
ciudad en el ámbito de las TIC, a promover la democratización en el acceso a la 
tecnología para cada vecino y vecina de la ciudad y al desarrollo de tecnologías 
que contribuyan a la solución de las principales necesidades socioeconómicas de 
la ciudad. 
Y de acuerdo con lo expuesto y lo que establece el Reglamento orgánico 
municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su posicionamiento y 
formular la siguiente declaración institucional: 
El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta: 
1. Barcelona constata el éxito de la edición de este año del MWC y 
felicita a sus organizadores, Fira de Barcelona y GSMA, a todas las 
administraciones implicadas y a las barcelonesas y los barceloneses por este 
hecho. 
2. El Ayuntamiento de Barcelona reitera su compromiso con el MWC por 
la importancia que tiene para la ciudad y su área metropolitana y reconoce la 
importancia de este certamen para el prestigio internacional de la ciudad y para la 
dinamización de su economía. 
3. El Ayuntamiento de Barcelona hace un llamamiento a trabajar para 
que, en próximas ediciones, todos los servicios de la ciudad y su área 
metropolitana estén al cien por cien de su funcionamiento, como corresponde en 
acontecimientos de este tipo. 
4. La voluntad de continuar trabajando para que la celebración del MWC 
contribuya de manera creciente al desarrollo del tejido económico en el ámbito de 
las TIC, la mejora del acceso, el conocimiento y el buen uso de la tecnología TIC 
para los ciudadanos y las ciudadanas, y el desarrollo tecnológico que facilite 
soluciones a los principales retos socioeconómicos de la ciudad. 
 
El Sr. GARGANTÉ pide intervenir para explicar los motivos de CUP-
Capgirem Barcelona para no firmar esta declaración. Apunta, en primer lugar, que 
la consideran una declaración de autosatisfacción para llevarla en bandeja de plata 
a John Hoffman; en segundo lugar, porque no hace ningún tipo de autocrítica, ni a 
las condiciones del contrato con el MWC, ninguna crítica a la industria de las TIC, 
ni a las condiciones laborales. 
Finalmente, indica que no firman la declaración porque no comparten el 
modelo de ferias y acontecimientos de esta magnitud, y porque rechazan 
totalmente la burbuja especulativa del MWC. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 
Collboni con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 
excepto el de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 
 
DI 3.  No es extraño que las instituciones militares y los valores que representan 
formen parte de muchas de las esferas de nuestra vida. Sin embargo, es 
especialmente preocupante su presencia en los espacios estrictamente educativos. 
En Cataluña, la campaña "Desmilitaricemos la educación" ha trabajado 
desde el 2008 denunciando la presencia del ejército español en el Festival de la 
Infancia y el Salón de la Enseñanza. 
La participación de las Fuerzas Armadas Españolas en estos dos 
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acontecimientos pretende dar una imagen amable de la carrera militar y 
presentarla como una salida educativa, humanitaria, pacífica y solidaria para los 
jóvenes, sin ofrecer una imagen real de lo que supone involucrarse en la vida 
militar. 
Especialmente grave es que se utilicen estas técnicas de promoción en 
momentos en que la crisis económica y las dificultades de acceso a las universidades 
por el aumento de las tasas hace más proclive a la juventud para que busque 
alternativas al paro estructural, como la que puede suponer el ejército. 
Puesto que el 16 de julio del 2015 fue aprobada la Resolución 1141/X del 
Parlamento de Cataluña, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas Españolas en el 
Salón de la Enseñanza, que instaba "al Gobierno y, en especial, al Departamento de 
Enseñanza, como coordinador del Salón de la Enseñanza, Semana de la Formación y 
el Trabajo, a hacer todas las gestiones pertinentes con Fira de Barcelona para que, en 
las próximas ediciones del salón, no participen las Fuerzas Armadas Españolas". 
Puesto que la presencia de instituciones militares reafirma una apuesta 
contraria a los valores educativos, de libertad y de convivencia pacífica que 
queremos promover en la educación de nuestros jóvenes y para el conjunto de 
nuestro país. 
Puesto que, el próximo 9 marzo de 2016, el Salón de la Enseñanza volverá a 
contar con la presencia militar, 
 
el Plenario del Consejo Municipal acuerda: 
1. Defender un Salón de la Enseñanza sin la presencia de las Fuerzas 
Armadas Españolas e impulsar unos espacios educativos que promuevan la cultura 
de la paz, la convivencia pacífica, los derechos humanos y la solidaridad 
internacional. 
2. Instar al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya y al 
Ayuntamiento de Barcelona a hacer todas las gestiones pertinentes con Fira de 
Barcelona para no permitir la representación de instituciones militares en el Salón de 
la Enseñanza ni en ningún otro espacio educativo y de ocio como el Festival de la 
Infancia. 
3. Comunicar a todas las administraciones competentes el contenido de esta 
declaración institucional. 
4. Instar a las administraciones competentes y, en concreto, al 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, a no permitir la 
presencia de ningún ejército en el Salón de la Enseñanza ni en ningún espacio 
educativo. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. 
Rovira con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el 
de Ciutadans, el Socialista y el del Partit Popular. 
 
 
No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
quince horas y cuarenta minutos. 
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