EL 010 SERÁ GRATUITO A PARTIR DEL 2017; LA SÍNDICA RECOMENDÓ HACE UN AÑO ELIMINAR EL SOBRECOSTE En una resolución, la síndica, que felicita al Ayuntamiento, subrayaba que no había ningún obstáculo para que el Ayuntamiento no optara por el coste ordinario o la gratuidad total Con esta decisión municipal, Vilà entiende que se da cumplimiento a su propuesta La síndica de greuges, Maria Asumpció Vilà, felicita al Ayuntamiento de Barcelona por la decisión de convertir el 010, el teléfono de atención ciudadana, en un teléfono gratuito, en 2017. Vilà emitió, el verano pasado, una resolución en la que recomendaba que la ciudadanía no pagara ningún sobrecoste por llamar. En opinión de la síndica, el 010 tiene que ser un teléfono universal y no discriminatorio. Vilà cree que no había ningún obstáculo para que el Ayuntamiento no optara por el coste ordinario o la gratuidad total. Con esta decisión, la síndica entiende que se da cumplimiento a su propuesta. Según ha informado el Ayuntamiento, la gratuidad se hará efectiva cuando entre en vigor el nuevo contrato con el proveedor del servicio. Hasta entonces, y a partir de las próximas semanas, se habilitará el 900 226 226 para ofrecer el servicio de gestión de cita previa con las Oficinas de Atención Ciudadana a coste 0. Este número que se pondrá en funcionamiento temporalmente es el teléfono del civismo, actualmente en servicio. Hasta ahora, la ciudadanía demandante del servicio soporta el coste o una parte importante de éste sin que el instrumento de pago se pueda considerar una tasa o precio público y, por lo tanto, sin estar sujeto al control democrático que supone la aprobación de una tasa por parte de los representantes legales. En el informe, la síndica subrayaba que las personas que no tienen facilidad de acceso a internet son las que más sufren la discriminación, ya que cargan con un coste adicional por la misma información. Vilà decía hace un año, y lo mantiene ahora, que hay que garantizar el acceso universal y sin discriminaciones a la información pública básica y especialmente a la que pueda afectar al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones ordinarias con la Administración municipal.