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En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 
día VEINTISIETE de ENERO de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario 
del Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 
alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. 
tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales 
y las Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura 
Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia 
Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 
Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 
Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María 
Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, 
Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i 
Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés 
Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 
Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha 
González, Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, asistidos por el 
secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 
 
Está presente el interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
 
Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez 
horas y cinco minutos. 
 
Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de diciembre de 2016, 
cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE 
APRUEBA. 
 
 
PARTE INFORMATIVA 
 
a) Despacho de oficio 
 
En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 
COMUNICAN las resoluciones siguientes: 
 
1. Decreto de Alcaldía, de 22 de diciembre de 2017, que designa a la Sra. Marta Continente 
Gonzalo representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato de la 
Fundación Privada Parque Científico de Barcelona, en sustitución de la Sra. 
Gemma Tarafa Orpinell. 
 
2. Decreto de Alcaldía, de 22 de diciembre de 2017, que nombra al Sr. Valentín Oviedo Cornejo 
y a la Sra. Isabel Balliu i Badia vocal y vocal suplente, respectivamente, de la 
Comisión Interadministrativa del acontecimiento excepcional de interés público 
del vigésimo aniversario de la reapertura del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona y el bicentenario de la creación de la Sociedad de Accionistas, en 
representación del Ayuntamiento de Barcelona.  
3. Decreto de Alcaldía, de 29 de diciembre de 2016, que nombra a la Sra. Yolanda Fortes Picas 
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miembro del Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris, en sustitución de la 
Sra. Àngels Rabadà Núñez. 
 
4. Decreto de Alcaldía, de 30 de diciembre de 2016, que delega en la estructura ejecutiva que 
consta en el punto segundo del Decreto de Alcaldía de 6 de setiembre de 2016 
(S1/D/2016-2531) para aprobar la contratación derivada del acuerdo marco n.º 
de contrato 16004383, que tiene por objeto la gestión de los trámites de 
mediación en relación con la provisión de establecimientos de alojamiento de la 
ciudad de Barcelona y alrededores para cubrir las necesidades de acogida 
urgente y no aplazable de personas o familias en riesgo de exclusión social y 
vulnerabilidad, adjudicado a la empresa Snow Travel, SA, por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno en fecha 29 de diciembre de 2016. 
 
5. Decreto de Alcaldía, de 12 de enero de 2017, que designa al Sr. Davide Malmusi miembro del 
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, en representación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
6. Decreto de Alcaldía, de 12 de enero de 2017, que nombra a la Sra. Lina Huélamo Soriano 
miembro del Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en sustitución 
de la Sra. Roser Nogués Alonso. 
 
7. Decreto de Alcaldía, de 12 de enero de 2017, que delega en la Ilma. Sra. Laia Ortiz i Castellví, 
tercera teniente de alcaldía, la presidencia del Patronato de la Fundación 
Escoles Domènech, en sustitución del Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 
 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 15 de diciembre de 2016: 
 
Distrito de Sant Andreu 
 
8. (09-2015-DP6101) APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de 
terrazas, la distribución previa de terrazas de la plaza de Masadas, según el texto 
que consta como anexo a la presente propuesta. PUBLICAR el presente acuerdo y 
el texto íntegro de la distribución previa de terrazas de la plaza de Masadas para 
su eficacia en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en la 
página web del Distrito de Sant Andreu, en cumplimiento del artículo 80 de la 
Ordenanza de terrazas. 
 
 
b) Medidas de gobierno 
 
1. Política audiovisual del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
El Sr. COLLBONI presenta la medida de gobierno con que se reconoce la realidad 
de una de las industrias culturales, el sector audiovisual, más representativas de la 
ciudad y del país. Precisa que este sector factura en torno a mil ochocientos 
millones de euros en Cataluña, y ocupa a doce mil personas en más de dos mil 
empresas. 
Pone de relieve que el corazón de esta industria audiovisual se ubica en Barcelona 
y, por lo tanto, este Ayuntamiento y su Gobierno no quieren volver la espalda a 
los retos de las industrias culturales, especialmente las maduras, como es el caso 
del sector audiovisual y  
editorial, a fin de que Barcelona siga siendo referencia de innovación y de 
producción audiovisual. 
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Indica que la medida de gobierno se inscribe en esta voluntad de apoyo, y que la han 
elaborado con la colaboración de los sectores implicados, algunos representantes de 
los cuales hoy los acompañan, entre ellos asociaciones de productores, distribuidores 
y exhibidores, festivales de cine, clúster audiovisual y la comisión de participación 
del ICUB. 
Remarca que la medida refuerza la labor emprendida por el Gobierno en cuanto al 
apoyo a las salas de cine en versión original, o salas no comerciales, con la medida 
de apoyo denominada IBI cultural, que en Barcelona consiste en que los pequeños 
exhibidores reciban una subvención del cien por cien de este impuesto. Menciona, 
también, que han dispuesto medidas que han reforzado la cultura de proximidad a los 
barrios. 
Concreta que la medida que hoy presentan se basa en cinco elementos 
fundamentales: el primero, la historia de la industria cinematográfica catalana y 
barcelonesa; la posición relevante de la ciudad en los ámbitos de la tecnología, la 
innovación, la creación videográfica y el videojuego; la ubicación en la ciudad de 
empresas de distribución y producción audiovisuales a escala internacional; y la 
importancia de sectores indirectamente vinculados al audiovisual como el sector 
editorial, el cómic o las tecnologías móviles a partir del Mobile World Congress. 
Destaca que todo se inscribe en el contexto de transformación profunda que en estos 
momentos se vive en el terreno creativo, propiciada por la incorporación de las 
nuevas tecnologías. 
Justifica la propuesta de esta medida de gobierno en tres criterios generales. En 
primer lugar, el respeto a los límites competenciales que afectan a este 
Ayuntamiento. En este sentido, puntualiza que las políticas sectoriales en cultura no 
son competencia del Ayuntamiento y, por lo tanto, han intentado no solapar las 
competencias del Estado y la Generalitat. 
Apunta, en segundo lugar, el respeto a los objetivos de sostenibilidad y de 
independencia del sector, así como reforzar la cadena de valor del ecosistema 
audiovisual en la ciudad. 
Y, en tercer lugar, menciona el criterio de mejora de la eficacia y de la eficiencia de 
los servicios municipales que están en conexión con la producción visual. En este 
sentido, cita las líneas de trabajo de la medida, que ya tuvo ocasión de presentar a los 
portavoces de cultura de los grupos de la oposición. Menciona, en primer lugar, la 
mejora y la consolidación de Barcelona Film Commission, que es el órgano del 
ICUB para gestionar la ciudad como espacio de producción audiovisual, con la 
aportación de un refuerzo económico y la dotación de más personal. En segundo 
lugar, se refiere a la coordinación y la consolidación de la red de festivales de cine y 
audiovisuales en Barcelona, a los que dan una cobertura global. En tercer lugar, 
apunta la creación de un mercado audiovisual vinculado con otros sectores culturales 
como la tecnología móvil, el cómic o el videojuego. 
En cuarto lugar, hace referencia al incremento de la difusión social de la producción 
audiovisual barcelonesa y catalana, en coordinación con la Generalitat, que es quien 
tiene la competencia en primera instancia, a la vez que se reforzarán las subvenciones 
para mejorar la distribución. 
Comenta, también, la firma de un convenio marco con Barcelona Televisión, la 
televisión pública de la ciudad, y primer escaparate de la producción audiovisual, 
sobre todo la alternativa y la emergente, así como el desarrollo de nuevas líneas de 
actuación dirigidas a potenciar la investigación y la innovación, especialmente en el 
ámbito digital. 
Acaba su intervención expresando la voluntad de que esta medida contribuya a 
reforzar el liderazgo de Barcelona y del país en materia audiovisual.  
Antes de continuar el orden de intervenciones, la Sra. ALCALDESA advierte a los 
ciudadanos y ciudadanas que los acompañan en la tribuna de invitados que pueden 
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exhibir carteles, pero no impedir la visión de las personas que se sientan detrás. 
 
El Sr. CIURANA celebra la presentación de esta medida por dos razones principales. 
En primer lugar, hace referencia a que el sector recibe esta medida como un alivio 
después de un año y medio de parálisis, de incomprensiones y, sobre todo, de no 
tener interlocutores. Por lo tanto, destaca que el sector valora esta medida como el 
inicio del deshielo. 
Expresa, como segunda razón para felicitarse, que la medida sigue la línea de 
muchos de los proyectos iniciados en mandatos anteriores. En consecuencia, 
considera que tener en cuenta la industria audiovisual en toda su complejidad y 
dinámica cambiante como uno de los puntales de las industrias culturales es un 
acierto. 
Destaca el gran salto que hizo la industria audiovisual en el periodo 2011-2015, que 
se puede constatar en el documento de la medida en la referencia a los permisos de 
rodaje concedidos y las producciones rodadas en Barcelona en este periodo. Y 
aprovecha para poner en valor el trabajo de Barcelona Film Commission y del Sr. 
Llucià Homs, responsable en el ICUB de promoción de los sectores culturales. 
Señala que en el presupuesto de este ejercicio, que ha quedado aprobado esta misma 
semana, les cuesta encontrar la traducción estricta de las partidas del ICUB que se 
aplicarán en la medida de gobierno y, por lo tanto, pide más concreción partida a 
partida. 
Finalmente, dice que habrían querido que la medida incluyera un calendario 
específico y un sistema de evaluación de los resultados de su aplicación. 
Observa, igualmente, que algunas de las iniciativas propuestas son difícilmente 
objetivables, como es el caso de la mejora de las infraestructuras, quién lo decidirá y 
cómo se hará; y también consideran que no se insiste lo suficiente en la necesidad de 
crear editores de los contenidos audiovisuales. 
Hecha esta evaluación de la medida de gobierno, avanza que harán un seguimiento 
puntual de su desarrollo, y se felicita nuevamente por el cambio de tendencia de este 
Ayuntamiento hacia el sector del audiovisual. 
 
La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de esta medida de gobierno y las buenas 
intenciones para potenciar el mundo del audiovisual, sobre todo porque los 
profesionales de este sector, y de la cultura en general, necesitan apoyo para sacar 
adelante su trabajo. 
No obstante, dice que le ha sorprendido que el Sr. Collboni haya apostado, en 
referencia al establecimiento de un convenio marco con Barcelona Televisión, por la 
elaboración de programas específicos en las materias culturales que sean objeto de 
programas prioritarios o de medidas de gobierno aprobadas en el Plenario del 
Consejo Municipal. Se pregunta, en este sentido, si ciertamente el Sr. Collboni 
pretende utilizar la televisión pública para ponerla al servicio de una ideología. 
Entiende que esta pretensión se distancia mucho de un concepto de cultura plural y 
con neutralidad ideológica. Remarca que Barcelona Televisión cubre muy bien toda 
la actualidad municipal, y el protagonismo, en este caso, debe tenerlo el sector y no 
los grupos políticos. Y, por lo tanto, asegura que agradecerían al Sr. Collboni que 
cambiara el guion en este punto. 
En cuanto a Barcelona Film Commission, pregunta al teniente de alcaldía si se 
compromete a que Barcelona no pierda rodajes, como pasó en el 2013 con la serie 
Isabel por el impedimento de rodar en el MUHBA.  
Observa, también, la falta de concreción en el documento en cuanto a la 
incorporación de ventajas económicas, y advierte que las medidas de gobierno no se 
pueden limitar a una recopilación de buenas intenciones. Añade que, por el contrario, 
querrían que se incorporara alguna propuesta para estudiar y solucionar el efecto 
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causado en ocasiones por los rodajes en el comercio de la ciudad. 
En referencia a la difusión social de la producción audiovisual, un aspecto que en la 
medida se circunscribe a Barcelona y a Cataluña, pregunta qué pasa con el resto de la 
producción española. 
Pregunta, también, puesto que no se concreta en la medida, cómo será el pacto con 
los productores; y, reiterando el reproche que ha hecho por la pretensión de hacer uso 
de Barcelona Televisión como altavoz del Gobierno, afirma que querrían que esta 
televisión se utilice como plataforma para los jóvenes creadores. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ recuerda que el grupo de ERC es favorable a la medida de 
gobierno con que se quiere potenciar el sector del audiovisual, una industria cultural 
fuertemente arraigada en Barcelona y en Cataluña, que desde hace tiempo cuenta con 
un prestigio reconocido a escala internacional. Apunta que buena prueba de esta 
proyección es el reciente nombramiento a los Óscar del cortometraje Timecode, con 
el que el director barcelonés Juanjo Giménez ganó la Palma de Oro en el Festival de 
Cannes 2016; menciona, también, el cortometraje Graffiti, que se ha quedado a las 
puertas de la nominación a los Óscar. 
Destaca que el terreno del audiovisual es un sector estratégico que reúne la 
creatividad artística, la innovación tecnológica y el desarrollo económico; y, además 
de tener una enorme capacidad para crear tejido empresarial, contribuye a generar un 
empleo de calidad, especialmente entre la gente joven. 
Confirma que su grupo es muy consciente de todo eso, y una prueba es que el pasado 
octubre, en la Comisión de Economía y Hacienda, se aprobó una proposición suya 
que instaba al Gobierno a definir las estrategias que seguir con el fin de consolidar 
Barcelona como polo de atracción a escala mundial de la industria de los videojuegos 
y de los juegos aplicados. 
Agradece, desde el grupo de ERC y desde el sector, la decisión de dotar con más 
recursos este sector tan importante, y tan maltratado por los últimos gobiernos del 
Estado. Considera que este incremento de la dotación presupuestaria y la voluntad de 
arreglar, aunque sea sobre el papel, las diversas reivindicaciones del mundo del 
audiovisual establecido en Barcelona suponen un buen paso adelante. 
Observa, sin embargo, que para alcanzar los ambiciosos proyectos propuestos en la 
medida es imprescindible que la política audiovisual de este Ayuntamiento se lleve a 
cabo estableciendo alianzas con el resto de los municipios del área metropolitana, 
con la Diputación de Barcelona, con las escuelas y los centros de referencia en el 
sector de las universidades catalanas y con la Generalitat en el marco de un pacto 
nacional por el audiovisual. Remarca que estas alianzas deberán permitir que 
Barcelona asuma el liderazgo que le corresponde como capital en el desarrollo de un 
sector tan estratégico para Cataluña. 
Con respecto a Barcelona Film Commission, entiende que habría que apostar por una 
estrategia conjunta con el ICEB, con Catalunya Film Commission, con la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y, también, con Catalan Films MTV, 
e, incluso, con la cadena francoalemana Arte. 
Considera, en líneas generales, que las seis líneas de actuación que propone la 
medida parecen adecuadas como punto de partida de la política audiovisual 
municipal; y remarca que valoran como especialmente necesaria la creación de un 
mercado de derechos  
audiovisuales, que debe contribuir a la proyección internacional de la cultura y de los 
autores catalanes. 
Por el contrario, discrepa con la externalización de la gestión de Barcelona Film 
Commission, ya que si debe tener un papel central en la política audiovisual 
municipal, como asegura al Gobierno, su gestión debería ser asumida directamente 
por el ICUB. 
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Finalmente, vista la relevancia que promete el Gobierno que debe tener la Mesa 
Audiovisual de Barcelona, asegura que ERC estará muy atenta tanto a su 
composición como a las funciones que le sean asignadas, por otra parte, muy poco 
definidas en la medida de gobierno. 
 
La Sra. ESTELLER valora la medida, ya que su grupo siempre ha considerado el del 
audiovisual un sector de referencia, con capacidad de liderazgo, impulso empresarial, 
creatividad e innovación, unas características que otorgan a Barcelona capacidad de 
atracción y de darle el máximo apoyo facilitando, sobre todo, la actividad sin 
dirigismos, sin intervencionismos y sin subordinación política. Hace notar, en este 
sentido, que la colaboración con la Generalitat implica el agravio de la subordinación 
política. 
Añade que también se tiene que garantizar que todas las producciones tengan un 
mercado de alcance amplio, no solo que las compre TV3, sino que los contenidos 
sean atractivos para muchas otras televisiones y ámbitos de distribución. Por lo tanto, 
reclama con esta perspectiva las producciones en catalán, castellano y muchos otros 
idiomas con el fin de alcanzar un mercado más amplio aparte de Cataluña. 
En cuanto al presupuesto de un millón y medio de euros que incluye la medida, pide 
nuevamente el desglose por partidas, así como un calendario. En este sentido, 
manifiesta que los emprendedores, las startups y todos quienes tienen la voluntad de 
poner en marcha un proyecto deben poder tener la facilidad y el apoyo por parte de 
las administraciones, pero también hay que eliminar muchos obstáculos que hoy 
impiden que el sector del audiovisual tenga la capacidad y la potencialidad que 
debería tener. 
Dicho esto, advierte que lo intolerable es, como ha explicado la Sra. Barceló, que un 
director de un museo impida que se ruede una serie, Isabel en ese caso, o que, por el 
contrario, se permita el rodaje de una película porno en medio de la calle. Por lo 
tanto, apela a la claridad de los criterios, sin dirigismos ni intervencionismos, y que 
también velen por la buena convivencia con los vecindarios cuando se hace un 
rodaje. Confía, también, en que la Mesa del Audiovisual que se tiene que crear se 
base en estos principios. 
 
La Sra. ROVIRA saluda a las personas que hoy están en esta sesión en 
representación de la plataforma Municipalitzem, que nuevamente han venido a 
mostrar sus reivindicaciones. 
Con respecto a la medida de gobierno, manifiesta que el grupo de la CUP comparte 
que el Ayuntamiento debe desarrollar sus competencias y una política municipal en 
el sector audiovisual de Barcelona. 
Seguidamente, dirige al Sr. Collboni una serie de cuestiones que les parecen 
relevantes. Así, en primer lugar, en cuanto a la utilización de la vía pública para 
rodajes, dice que no les queda lo suficientemente claro cuál es la intención de 
reformular la Mesa Municipal de Rodajes; en este sentido, remarca que en el 2015 se 
hicieron más de tres mil rodajes en Barcelona, y entienden que hay que ser muy 
cautelosos con “todo vale” con el afán de incrementar los ingresos, puesto que eso 
puede acabar afectando a los residentes de la ciudad y a la actividad cotidiana de los 
barrios.  
Añade que, en la medida, se menciona que el funcionamiento del audiovisual en la 
ciudad es marcadamente de matriz empresarial y, por lo tanto, que hay que evitar 
intervenciones que generen competencias desleales; y recuerda que les sorprende 
esta consideración, puesto que, paralelamente, la Concejalía de Cultura ha 
comprado teatros, lo que, a su parecer, también genera competencia desleal en el 
marco de las artes escénicas. 
Con respecto a las líneas de actuación de difusión social del audiovisual, señala 
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que echan de menos una mayor implicación en la implementación de la exhibición 
de películas en versión original subtitulada en catalán, y consideran que se debería 
aumentar el 50 % de las películas traducidas al catalán. 
Suscribe que hay que potenciar BTV, pero entienden que es imprescindible 
empezar por su plantilla y su gestión, de manera que reitera la reclamación de una 
gestión directa al cien por cien, y aplaude la intencionalidad de que, por una vez, 
comunicación y cultura encuentren espacios comunes para poner de relieve todo 
el activo creativo de la ciudad. 
Finalmente, consideran imprescindible que en la Mesa del Audiovisual haya 
representación de los trabajadores y trabajadoras del sector, que ahora no se 
contempla, ya que, aunque se ha reconocido la gran precariedad laboral en el 
mundo de la cultura, todavía no se ha presentado ninguna medida de gobierno ni 
ninguna otra herramienta para revertir la situación. 
 
El Sr. COLLBONI agradece el apoyo de los grupos a la medida en términos 
generales. Seguidamente, puntualiza que el presupuesto es de un millón 
cuatrocientos treinta y siete mil euros anual, cosa que implica continuidad en las 
políticas audiovisuales. 
 
La Sra. BARCELÓ insiste en pedir que se modifique la parte relativa a la 
participación de BTV a la que se ha referido anteriormente. 
 
 
2. Árboles para vivir. 
 
La Sra. SANZ empieza su intervención agradeciendo el trabajo de los más de 
setecientos profesionales y técnicos que han hecho aportaciones clave para la 
elaboración de la medida, mediante cincuenta y cuatro sesiones de participación 
que ya se habían iniciado durante el mandato anterior, con el fin de componer este 
Plan director del arbolado de Barcelona 2017-2037, un documento estratégico que 
guiará la acción municipal en materia de planificación, gestión y conservación de 
todo el arbolado de la ciudad. 
Destaca que el desarrollo del verde es una prioridad del Gobierno municipal por 
sus beneficios sociales, en la salud y también medioambientales, a la vez que es 
una demanda clara por parte de la ciudadanía, tal como se refleja en las encuestas 
municipales. 
Destaca, por lo tanto, que este que hoy presentan es un plan de futuro para los 
árboles de la ciudad, los “vecinos silenciosos”, que cubren el 25,20 % de la 
superficie de la ciudad y constituyen una gran biomasa que se convierte en un 
patrimonio natural de gran valor. 
Justifica el alcance del plan hasta el 2037, veinte años, visto el largo ciclo vital de 
los árboles; y recuerda que se extiende a todo el arbolado de la ciudad, no solo en 
lo que atañe a la gestión municipal. Por lo tanto, plantean un presupuesto de 9,6 
millones de euros anuales, de los que 8,3 millones estarán dedicados al 
mantenimiento del arbolado de la ciudad, lo que supone un 16 % de incremento 
con respecto a la inversión actual. 
Añade que el plan también se propone conseguir un arbolado de calidad 
suficiente, ejemplares más grandes, más maduros, con un estado vegetativo mejor 
y también mejores  
condiciones del suelo, con el fin de componer una verdadera infraestructura verde 
que proporcione los máximos servicios a la ciudadanía —ambientales, sociales, 
psicológicos—. 
Finalmente, destaca algunos de los grandes retos que fija la medida de gobierno con 
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un horizonte de veinte años; en primer lugar, se pretende conseguir el incremento de 
un 5 % de la cobertura arbolada en toda la ciudad, alcanzando el 30 % de la 
superficie urbana cubierta por arbolado; en segundo lugar, garantizar que, dentro de 
la trama urbana, un 40 % de las especies de árboles sean adaptadas al cambio 
climático —actualmente el porcentaje es del 30 %—. 
Sigue enumerando, entre los retos que quiere afrontar el plan, el objetivo de alcanzar 
un patrimonio arbóreo diverso en que, dentro de la trama urbana, no haya ninguna 
especie que supere el 15 % del total del arbolado, también como medida profiláctica 
para evitar que plagas determinadas afecten a gran cantidad de ejemplares. Indica 
que, actualmente, los plataneros superan de largo este porcentaje y, por lo tanto, se 
producirá una disminución de los ejemplares de esta especie, que se mantendrá en los 
espacios donde tiene una presencia importante, como las grandes vías como la 
Diagonal, Gran Vía o el paseo de Gràcia. 
Señala, en cuarto lugar, el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información sobre características y servicios de cada uno de los árboles de la trama 
urbana mediante las tecnologías interactivas, y que se vincula al quinto gran reto del 
plan, que es conseguir que en todas las escuelas de primaria de Barcelona los niños y 
niñas identifiquen y aprecien los árboles de su barrio. 
Destaca la importancia de esta medida de gobierno, que sitúa el verde como una de 
las piezas centrales en la construcción de una ciudad habitable y saludable, y como 
aliado contra el cambio climático y la contaminación. 
 
La Sra. VILA dice que su grupo encuentra del todo insuficiente y poco ambicioso 
este plan de arbolado que hoy les presentan, porque habrían querido que, además de 
los árboles, que ya entienden que son muy importantes, hubiera abarcado un ámbito 
más amplio del verde urbano. Así, consideran que también debería incluir los 
parterres, la jardinería o la recuperación de las terrazas para ampliar el pulmón verde 
de la ciudad y para favorecer la lucha contra el cambio climático. 
Aprovecha para preguntar qué ha pasado con el Plan Flores, una iniciativa 
emprendida durante el mandato anterior para conseguir que la ciudad, además de 
verde, tuviera color con masas florales situadas estratégicamente en plazas y calles. 
Añade que con este plan, del que valora muy especialmente el trabajo técnico que se 
ha invertido, no les queda claro cómo se piensa recuperar el verde, echan de menos 
políticas ambiciosas que marquen unos objetivos a corto plazo que sean tangibles y 
de envergadura. Confirma que no hay una concreción y definición esmerada de las 
líneas estratégicas y cuál será el aumento porcentual del suelo dedicado al arbolado 
una vez que se implemente el plan. 
Agradece al Gobierno que los informe sobre cómo sustituirán los árboles enfermos, o 
cómo evitarán que enfermen, pero dice que no acaban de entender cuál es la política 
que quieren seguir, ni qué modelo tiene para conseguir una ciudad más verde. 
 
El Sr. ALONSO afirma que quieren vivir en una ciudad con más árboles, plantas y 
espacios naturales; una ciudad donde se pueda pasear alejado de los ruidos y de la 
contaminación y disfrutar del espacio público. 
Remarca que los árboles forman parte del entorno natural de las personas, y aportan 
oxígeno, sombra, tranquilidad y mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, reclaman 
más árboles y más espacios verdes urbanos. 
Reconoce, sin embargo, que hay que resolver diversas cuestiones con respecto al 
arbolado, y que, en opinión de su grupo, no están suficientemente tratadas en esta 
medida de gobierno, como las alergias que provocan algunas especies en muchas 
personas, sobre todo en primavera. Añade que otra cuestión que les preocupa son las 
plagas, algunas conocidas, pero, sobre todo, las nuevas, un aspecto en que no se 
puede bajar la guardia. 
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Consideran que esta medida de gobierno tiene buenas intenciones, y apunta hacia una 
dirección que comparten plenamente, que es el incremento de árboles en la ciudad, 
más diversidad de especies, más biodiversidad, la recuperación de especies locales y, 
por lo tanto, de la sostenibilidad, y profundizar en la reducción de las especies que 
provocan alergias y mejorar el control de plagas. 
 
El Sr. CORONAS celebra la presentación de la medida; y confía en que, puesto que 
en este Pleno hablan esencialmente de vivienda, su título, “Árboles para vivir”, no 
sea una mala premonición, visto el incremento de los precios de alquiler. 
Destaca que la ciudad está rodeada de espacios naturales con una considerable masa 
forestal, como es el caso de Collserola o Montjuïc, pero tiene un tejido urbano denso, 
sin grandes parques urbanos, y que, desde siempre, la ciudad ha sido consciente de la 
necesidad de renaturalizar sus calles. Por lo tanto, remarca que Barcelona dispone de 
un gran patrimonio arbolado, que forma parte del paisaje de la ciudad y que, más allá 
del aspecto estético, mejora la calidad de vida contribuyendo a reducir la 
contaminación ambiental y acústica. 
Por lo tanto, entienden que una herramienta como este plan director debe ser 
bienvenida, más todavía si aporta objetivos claros como un presupuesto anual y un 
calendario de ejecución; sin embargo, quiere poner el acento en la multitud de planes 
existentes en el ámbito de las políticas ambientales de este Ayuntamiento, y 
consideran que este plan debería estar integrado en el Plan del verde y la 
biodiversidad 2020. 
Recuerda el anuncio a bombo y platillos del Gobierno, de acuerdo con lo que 
establece el Compromiso de Barcelona por el Clima, de incrementar el verde urbano 
en 1,6 kilómetros cuadrados; una propuesta que su grupo calificó de atrevida y, por 
eso, pidió —y se aprobó en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad— que, 
en el plazo de tres meses, presentara un informe que incluyera la relación de 
actuaciones que tienen previstas para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, 
y que hoy por hoy, un año después, todavía esperan. 
Observa que en la medida que hoy presentan consta el incremento de un 5 % de la 
cobertura arbolada de la ciudad, y dice que no saben cómo puede contribuir eso a 
avanzar en el objetivo que se proponen de incrementar el verde urbano en más de un 
kilómetro cuadrado. No obstante, les sugiere que, de entrada, empiecen a plantar 
árboles en la gran cantidad de alcorques vacíos que hay por toda la ciudad. 
Finalmente, destaca una serie de aspectos importantes, a los que también se hace 
referencia en la medida, como la importancia de las TIC y los datos abiertos a la hora 
de disponer de un buen censo que concentre la máxima información de los árboles de 
la ciudad, con el objetivo de llevar a cabo una gestión más eficiente del arbolado; o la 
importancia de seguir avanzando hacia un arbolado y una jardinería urbana que 
priorice las especies autóctonas y más preparadas y resistentes al cambio climático. 
 
El Sr. MULLERAS entiende que todo el mundo puede estar de acuerdo con los 
objetivos básicos de esta medida de gobierno, como es la mejora de la calidad del 
aire, la reducción de la contaminación acústica causada por el tráfico o dar refugio a 
infinitud de especies, lo que se consigue con el incremento de verde en la ciudad. 
Sin embargo, entienden que esta medida de gobierno es insuficiente y contradictoria. 
Justifica esta apreciación recordando que, en una ocasión, bautizó a la Sra. Sanz y al 
concejal Mòdol, que comparten tareas en el ámbito de urbanismo, como dúo 
Pimpinela, puesto que son habituales y públicas sus discrepancias sobre aspectos 
importantes de la ciudad y, en este caso, entiende que también se manifiesta esta 
divergencia. Por una parte, considera que es muy positivo incrementar el verde de la 
ciudad, pero hace notar que eso es contradictorio, por ejemplo, con la loa y la defensa 
que hace el Sr. Mòdol de las plazas duras de las etapas socialistas en el 
Ref.: CP 
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Ayuntamiento. 
Pone de relieve que su grupo nunca ha sido partidario de este tipo de urbanismo y ha 
abogado por un incremento del verde urbano cuando se hagan reformas urbanísticas 
o plazas nuevas. 
Añade que la medida es insuficiente porque, por una parte, debería incluir los 
informes urbanísticos necesarios para abordar este incremento del verde urbano 
cuando se haga cualquier tipo de reforma; además, suscribe, como ha dicho el Sr. 
Coronas, que se debería empezar por replantar los alcorques vacíos, que hay muchos, 
y así ya podrán empezar a incrementar el número de árboles. 
Subraya que también deberían aprovechar esta medida para difundir la cultura del 
verde, en colaboración con la gente que se dedica a ello, de los comerciantes del 
sector; y fomentar el verde no solo en la vía pública, sino también en los balcones y 
ventanas y en los comercios. 
 
La Sra. LECHA saluda a los miembros de la plataforma Municipalitzem presentes en 
esta sesión de Plenario. 
Entrando en la medida de gobierno dice que valoran positivamente el trabajo hecho 
para poder presentar este plan director, que en su introducción pone de relieve la 
importancia del arbolado en la ciudad como acercamiento a la naturaleza, en el 
funcionamiento metabólico de los sistemas urbanos y en la misma salud de la 
población. 
Señala que el compromiso de incrementar la superficie verde está recogido en el 
acuerdo de París de mejora del cambio climático y, por lo tanto, Barcelona debe 
aumentar la superficie verde que conforman las copas de los árboles, y entiende que, 
por este motivo, este plan de arbolado es prioritario. 
Indica que el planteamiento y el esfuerzo de divulgación que incluye la medida con 
respecto a los beneficios que aporta el arbolado urbano acerca a una implicación 
vecinal de respeto y de cuidado del verde de la ciudad; y subraya que este incremento 
del número de árboles redunda en beneficio de las especies de aves que los habitan. 
Añade que también valoran positivamente que para hacer este plan director se haya 
contado con la participación de todos los niveles profesionales, a diferencia de otros 
casos en que solo se ha consultado la plantilla de Parques y Jardines. 
Pone en valor, igualmente, el estudio y las acciones para cambiar todas aquellas 
especies plantadas en épocas anteriores y que se ha comprobado que no han tenido 
una buena adaptación; así pues, remarca que las nuevas especies contribuirán, sin 
duda, al incremento de la biodiversidad. 
Recuerda, también, que confían en que de una vez se haga realidad el proyecto de 
creación de corredores verdes, con el fin de fortalecer la conectividad entre las 
diversas masas forestales que rodean la ciudad y el verde urbano. 
En cuanto a las líneas estratégicas que plantea la medida, observa que algunas ya las 
había empezado a llevar a cabo personal de Parques y Jardines, como el estudio de 
nuevas especies o la instauración de equipos según las necesidades. 
A pesar de todo, considera que este plan director necesita que el mantenimiento del 
verde urbano vaya a cargo de Parques y Jardines, un instituto municipal que hasta el 
2005 fue gestionado directamente por este Ayuntamiento y que, posteriormente, se 
fue externalizando hasta llegar a la situación actual.  
En este sentido, pone de relieve que la declaración de servicio esencial del 
servicio que presta este instituto en el pasado abril, promovida por el Gobierno y 
con el apoyo de su grupo, debe ir acompañada de la recuperación de la plantilla 
estructural que marca las necesidades de la ciudad y que explicita el convenio 
propio de Parques y Jardines. 
Advierte que, hoy por hoy, hay una triple escala salarial en este instituto que 
comporta discriminación e, incluso, maltrato. Por lo tanto, piden que se palíe esta 
Ref.: CP 
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situación lo antes posible y que se internalice la totalidad de la plantilla. 
 
La Sra. SANZ agradece las aportaciones de los grupos municipales a la medida de 
gobierno, y avanza que tendrán ocasión de hablar técnicamente al respecto y de 
evaluar muchas otras cuestiones vinculadas al plan director. 
En cuanto a la referencia al Instituto Municipal de Parques y Jardines que acaba 
de hacer la Sra. Lecha, confirma que están trabajando para fortalecerlo, al 
considerar que debe ser el espacio municipal de trabajo de potenciación del verde 
urbano. Por lo tanto, remarca que una de las primeras decisiones del actual 
Gobierno fue detener las amortizaciones de puestos de trabajo y volver a hacer 
convocatorias de plazas públicas. 
Añade que también están trabajando sobre muchas de las cuestiones específicas 
que ha apuntado el Sr. Alonso, entre las cuales la lucha contra las plagas o las 
alergias, y plantean una serie de medidas entre las cuales la más destacable es la 
introducción de la diversidad de especies. 
Suscribe la observación de la Sra. Vila sobre la necesidad de una visión 
estratégica e integral sobre la actuación en el verde urbano, y confirma que tienen 
un plan de alcance más amplio, que es el que se elaboró durante el mandato 
anterior. Y aprovecha para anunciar que pronto los informarán sobre el grado de 
cumplimiento del Plan del verde y la biodiversidad, emprendido en el 2012 y con 
un alcance hasta el 2020. 
Ratifica, por lo tanto, la importancia del arbolado en la ciudad y celebra que el 
grupo del PP defienda el verde urbano, a diferencia de lo que ha hecho el PP 
cuando ha gobernado, por ejemplo, en Madrid o en Valencia. 
Pone en valor que el plan director que presentan es pionero para conservar y 
ampliar el verde, con el objetivo de conseguir mejores árboles y más sanos. 
 
3. Impulso y refuerzo del plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales. 
 
La Sra. SANZ hace referencia, al empezar su intervención, a que en esta misma 
sesión se aprobará el plan especial urbanístico que tiene que regular la actividad 
legal de los alojamientos turísticos (PEUAT), y puntualiza que con esta medida de 
gobierno se aborda la otra cara, la que seguramente más molestias y problemas de 
convivencia genera entre la ciudadanía, que es la proliferación de alojamientos 
turísticos ilegales, y que hay que abordar de una manera integral y decidida. 
Se refiere a la presentación de la medida de gobierno, en julio del año pasado, que 
quería ser un auténtico plan de choque contra esta actividad ilegal, trabajada 
conjuntamente con la concejalía de Turismo y con los distritos más afectados, 
especialmente Ciutat Vella, donde, por primera vez, se apuntaba una batería de 
medidas que incidían en diferentes flancos, como la detección física y virtual, 
medidas de inspección, de colaboración ciudadana y también sancionadoras. 
Haciendo una evaluación del trabajo hecho desde entonces, señala que el balance 
es positivo, a pesar de que insuficiente, teniendo en cuenta que hay más de seis 
mil pisos identificados como ilegales. 
Remarca que, en seis meses, se han hecho actuaciones importantes, como las más 
de mil órdenes de cese dictadas, más de mil setecientos expedientes sancionadores 
incoados, y un  
total de 247 viviendas que han cesado su actividad, 140 de las cuales por 
cumplimiento voluntario y 107 por precinto. 
Añade que también han estado negociando y trabajando con plataformas digitales 
para que cumplan la ley y dejen de hacer publicidad de la oferta ilegal, aunque la 
falta de voluntad de estas plataformas ha obligado a la aplicación de la ley de turismo 
y a sacar adelante sanciones hasta el tope máximo de seiscientos mil euros que 
Ref.: CP 
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permite la mencionada normativa. 
Precisa que el objetivo es que estas plataformas colaboren con la Administración y 
dejen de hacer publicidad de una actividad ilegal. 
Indica que también han detectado ilegalidades en trece residencias de estudiantes, 
que actuaban, con una licencia de residencia y en suelo de equipamiento, como 
hoteles encubiertos. 
Recuerda que, al empezar esta legislatura, se encontraron con que el Área de 
Ecología Urbana prácticamente no disponía de equipo humano para destinarlo a la 
inspección: solo había doce personas que asumían temporalmente esta tarea, de 
manera que su primer objetivo fue buscar la forma de conseguir más recursos 
humanos para esta actividad inspectora. 
Concluye, por lo tanto, que el principal objetivo es conseguir tener bajo control la 
actividad de alojamientos turísticos ilegales lo antes posible. Y remarca que algunos 
grupos municipales han puesto mucho énfasis para conseguir este compromiso. Se 
refiere, en este sentido, a una de las peticiones concretas formulada por el grupo de 
ERC en el PEUAT. En consecuencia, pone de relieve que el refuerzo del plan de 
choque emprendido el año pasado que presentan con esta medida es un instrumento 
incomparable con el de ninguna otra ciudad, con un incremento destacable del 
cuerpo de personal inspector, que multiplicará la capacidad de acción de este 
Ayuntamiento para poder controlar y sancionar esta actividad ilegal. Y señala que 
establece dos acciones concretas que son, durante el 2017, doblar el personal de 
inspección —que ya había aumentado de doce a veinte personas, consolidadas en la 
estructura—, de modo que pasará a cuarenta personas; y también se doblará el cuerpo 
de visualizadores, que da apoyo a la detección de estas viviendas turísticas, que 
también pasarían de veinte a cuarenta personas. Añade que también tienen el objetivo 
de que en el 2018 se incorporen treinta personas más a estas tareas. 
Destaca, por lo tanto, que en dos años y medio habrán multiplicado por nueve la 
plantilla dedicada a la tarea de detección e inspección. Entiende que estas cifras 
permiten afirmar, sin ningún género de dudas, que la lucha contra los alojamientos 
turísticos ilegales es una prioridad del Gobierno de la ciudad, que consideran 
compartida por todos los grupos municipales. 
 
La Sra. RECASENS anuncia que su grupo hará una enmienda a la totalidad con 
respecto a esta medida de gobierno. Puntualiza que comparten la preocupación por la 
lucha contra todo tipo de alojamientos ilegales, pero entienden que este informe de 
ocho páginas que les presentan hoy, con el que pretenden evaluar los resultados del 
plan de choque, es realmente insuficiente. 
Observa que llaman plan de choque a un mero despliegue de instrumentos que ya 
estaban previstos o en marcha en el mandato anterior, entre los cuales los 
visualizadores, que el mismo gobierno reconoce que en setiembre del 2014 ya se 
pusieron en marcha; el incremento anual de veinte inspectores, que también había 
previsto el Gobierno anterior; el web araña o el teléfono de quejas, también 
implantados en la legislatura pasada. 
Por lo tanto, confirma que echan de menos un balance del conjunto de medidas que 
el actual Gobierno anunció a bombo y platillos, entre las cuales el envío de 
ochocientas mil cartas a vecinos y vecinas para que pudieran denunciar si en sus 
edificios había alguna vivienda de uso turístico ilegal, y pregunta cuántas denuncias 
se han hecho, y cuántas han sido falsas. 
Añade que el 5 de agosto de 2015, el Gobierno anunció que todas las viviendas 
ilegales se podrían convertir en pisos sociales, y nada más transcurrido un año, en 
julio del 2016, tiene que reconocer el fracaso de la medida, puesto que ningún piso 
ilegal ha revertido al uso social. 
Sigue diciendo que también se refirieron al establecimiento de convenios con 
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administradores de fincas para asesorar a las comunidades de vecinos, e incluso 
llegaron a explicar que con el impuesto turístico financiarían el cambio de estatutos 
de muchas comunidades de vecinos para poder prohibir el uso de la vivienda turística 
en sus fincas. Pregunta qué ha sucedido con eso. 
Igualmente, recuerda que dijeron que habían abierto junto con la Agencia Tributaria 
986 expedientes y se habían detectado tres mil contribuyentes. Dice que tampoco 
saben qué ha pasado con las sanciones a las plataformas que hacen publicidad de 
alojamientos ilegales, como es el caso de Airbnb. 
Asegura que les ha sorprendido mucho que en este informe se diga que hay seis mil 
viviendas ilegales, de las cuales solo han visualizado dos mil y tan solo han 
precintado 107. Hace notar, además, que en las ruedas de prensa que hizo el 
Gobierno en agosto del 2016 no hizo público este número de viviendas que ya habían 
sido precintadas. 
Aduce, finalmente, que si fuera del grupo de ERC, que hoy dará apoyo al PEUAT, 
estaría francamente preocupada por el balance del plan de choque que les presentan. 
 
La Sra. MEJÍAS considera que esta que hoy presentan, más que una medida de 
gobierno, es una medida paliativa frente a la sentencia que dictarán en breve con el 
acuerdo al que han llegado, in extremis, con el grupo de ERC para la aprobación del 
PEUAT. Remarca que el sector se lo ha hecho saber así mediante un comunicado 
durísimo, emitido ayer, a raíz de la medida que hoy se aprobará. 
Observa que les presentan las medidas de refuerzo de un plan de choque, ya de 
entrada poco ambicioso y vacío de contenido; hace notar que en la introducción de 
esta medida se dice que es la Administración pública la que tiene que liderar, junto 
con el sector turístico, las actuaciones para garantizar la convivencia entre el uso 
turístico y la ciudadanía de Barcelona. Por lo tanto, considera que el Gobierno debe 
ser consciente de que el sector turístico considera a la Administración local el 
principal obstáculo para desarrollar su actividad. 
Señala que, en esta medida, también se hace un análisis de la legislación vigente, 
leyes y decretos, que faculta este Ayuntamiento para llevar a cabo la acción 
inspectora, mientras que hace muy poco el Gobierno reclamaba a la Generalitat 
alguna de las competencias que le son propias y que aquella Administración se niega 
a traspasar. Hace notar, sin embargo, que han olvidado referirse a la Ley de 
simplificación administrativa, 16/2015, que establece un procedimiento 
administrativo para garantizar que todas aquellas personas que se encuentran en 
situación de irregularidad puedan enmendarla mediante procedimientos 
administrativos, y garantizarles en muchos casos pasar a una situación de legalidad, y 
reprocha al Gobierno que omita mencionar esta ley de una manera intencionada. 
Con respecto a las cifras que aportan en este documento, afirma que son diferentes a 
las que hace pocos días proporcionó el Sr. Colom a la Comisión de Economía, como 
que después de incoar 1.715 expedientes sancionadores solo han cesado la actividad 
247 alojamientos turísticos. Considera, además, que se utilizaron procedimientos más 
que  
cuestionables para poder saber qué alojamientos operan ilegalmente, como el envío 
masivo de cartas a los vecinos de la ciudad para conseguir que fueran los que 
desarrollaran una actividad inspectora que corresponde a la Administración. 
Añade que, en este informe, se dice que se doblará el número de inspectores, pero 
puntualiza que a los veinte inspectores y visualizadores actuales les vence el contrato 
y, por lo tanto, lo único que se hará es renovar esa veintena de contratos, nada más. 
Finalmente, pone de relieve que el Gobierno asegura que con las medidas que 
aplicará acabará controlando en el 2023 la problemática actual de los alojamientos 
turísticos ilegales, y considera que eso es demasiado tiempo. 
 
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El Sr. BOSCH afirma que su grupo no dará descanso al Gobierno al afrontar el 
problema de las camas turísticas ilegales, puesto que esta actividad no permite el 
descanso de los vecinos por la generación de molestias y ruidos; una actividad que no 
paga impuestos y no tiene inspecciones de trabajo, de hacienda o de sanidad. Por lo 
tanto, ratifica que su obligación es velar por la ciudadanía. 
Considera que el plan de choque que presentaron el año pasado no ha tenido tal 
efecto, puesto que en un año y medio de aplicación de los 6.500 pisos turísticos 
ilegales, cifra estimada que calculan que hay en la ciudad, solo se precintaron 107. 
Por lo tanto, entiende que necesitan un plan de choque nuevo, uno efectivo, y en este 
sentido ha insistido su grupo. Confía, en consecuencia, en que con estas medidas de 
refuerzo se incremente la plantilla de inspección de acuerdo con las previsiones. 
A pesar de eso, reconoce dos aspectos muy importantes en esta medida; en primer 
lugar, el hecho de asumir que los pisos turísticos ilegales se tienen que extinguir, y 
que se debe establecer un horizonte para alcanzarlo. Advierte que eso requiere un 
auténtico plan, con calendario y previsiones. 
Repite que su grupo no dará tregua al Gobierno en la consecución de este objetivo en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ valora esta medida de gobierno como un plan de choque 
más, que ratifica que los anteriores o bien no se merecían el nombre o bien han 
fracasado, o ambas cosas. 
Observa que hay quien ha apuntado que este nuevo plan nace de la exigencia del 
grupo de ERC para apoyar el PEUAT; por el contrario, opina que hacerlo era la 
obligación, aunque el de hoy tampoco es un auténtico plan de choque. Considera que 
si el Gobierno está obligado a pactar determinadas cosas con el grupo de ERC para 
obtener su apoyo, debería pactar, por ejemplo, la cesión de competencias de la 
Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona para que se convierta en Administración 
única a la hora de disponer de un régimen sancionador contra los alojamientos 
turísticos irregulares. Así, esta Administración podría regular la obligatoriedad de la 
licencia previa para autorizar una vivienda turística o incluso la posibilidad de actuar 
en el ámbito de los albergues, como en el caso del proyectado en la Vila Olímpica, y 
que será una realidad que, desgraciadamente, tendrán que sufrir los vecinos. 
Se pregunta cuántos planes más presentará la Sra. Sanz; y menciona el que en el 
2012 presentó el Gobierno del alcalde Trias, que fijó en 45 el número de inspectores; 
y en setiembre del 2014, se presentó un plan de choque que anunciaba que se pasaría 
de 60 a 120. Sin embargo, hace notar que el PSC en el Gobierno, y el grupo de ERC 
que da apoyo para aprobar el PEUAT, votaron los presupuestos del 2015 durante el 
Gobierno del alcalde Trias; sin embargo, en cambio, no consiguieron ni un solo 
inspector más. Posteriormente, en el siguiente plan de choque aprobado durante este 
mandato se anunció que se pasaría de 12 inspectores a 40, y hoy que se pasaría de 
esos cuarenta a 110; por lo tanto, se constata que, realmente, desconocen el número 
de inspectores que hay en la ciudad. 
Señala que todo eso se produce en un contexto de fracaso de las medidas estrella 
anunciadas por el Gobierno, entre las cuales que las viviendas turísticas clausuradas 
podrían pasar a ser vivienda social, las cartas que proponían la delación de los 
vecindarios y que asumieran la función inspectora, y el cierre de solo 247 viviendas 
turísticas irregulares, el 4 % de las que se estima que hay en la ciudad. 
Insiste en la necesidad de establecer un plan de choque de inspección para evitar la 
confrontación entre el turismo y los residentes en Barcelona, y entiende que el 
auténtico problema es la gestión turística de este Ayuntamiento, que es inexistente, 
ineficaz y que ha convertido una oportunidad en un problema para la ciudad. 
 
La Sra. LECHA manifiesta que para su grupo el resultado de las acciones de 
Ref.: CP 
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inspección y de sanción son pobres; 247 viviendas de uso turístico han dejado de 
serlo a 31 de diciembre del año pasado, sobre un total estimado por este 
Ayuntamiento de 6.275 viviendas. 
Dice que les ha sorprendido la detección de 45 hostels y 21 residencias de estudiantes 
sin licencia; en este sentido, asegura que pueden entender que una vivienda de uso 
turístico pueda pasar desapercibida a los medios de vigilancia e inspección, pero no 
los establecimientos de este tipo. Por lo tanto, piden una información detallada de 
cómo se están haciendo estas inspecciones. 
Remarca que, en la introducción de esta medida, que ocupa más de la mitad del 
documento, se empieza poniendo de manifiesto que Barcelona es una ciudad con un 
gran atractivo turístico, como si eso fuera un fenómeno natural, una característica 
inherente de la ciudad y, por lo tanto, sin remedio; continúa la introducción poniendo 
de manifiesto que este atractivo se ha convertido en una presión fortísima, también 
como un hecho inevitable. 
Por otra parte, entienden que la catástrofe que actualmente comporta esta actividad 
tiene su origen en el modelo turístico, vigente desde hace más de veinte años, que se 
ha perpetuado y se ha magnificado. 
Hace referencia al informe que el pasado setiembre presentó el Gobierno sobre el 
plan de choque, y recuerda que su grupo consideró insuficiente la dotación de 
recursos que se destinaba al control de las viviendas turísticas ilegales. Añade que los 
gobiernos anteriores, tanto del PSC e ICV-EUiA como de CiU, toleraron este 
fenómeno, que se extendió como una mancha de aceite ganando terreno a costa de la 
expulsión de los vecinos. Alerta de que hoy es muy difícil encontrar una escalera en 
determinados barrios donde no haya algún tipo de vivienda de uso turístico, ya sean 
habitaciones de alquiler, albergues o residencias. Subraya, no obstante, que la 
distorsión que producen en los vecindarios es la misma tanto si son ilegales como si 
no. 
Discrepan con que el Gobierno municipal se posicione por un crecimiento sostenible, 
tal como plantea este informe, en una situación que ya es insostenible. En este 
sentido, hace notar que el mantenimiento de acontecimientos como ferias dirigidas a 
la cultura de élite no demuestran ningún cambio con respecto a anteriores mandatos. 
Se reafirma, por lo tanto, que para el grupo de la CUP la alternativa pasa por el 
decrecimiento y las políticas alternativas que conducen a recuperar la ciudad para los 
vecinos y las vecinas. 
No obstante, consideran que es positivo el incremento de recursos para el control y la 
vigilancia de los alojamientos ilegales, pero todavía lo encuentran insuficiente. 
 
La Sra. SANZ argumenta que una ciudad con turismo no es un problema siempre que 
eso no vaya en detrimento de su condición de ciudad para los vecinos y las vecinas y, 
por lo tanto, el turismo implica regulación y orden, determinar qué crecimiento debe 
tener y de qué manera, así como cuáles son los bienes básicos que hay que preservar 
para la ciudadanía. 
Comparte que esta medida de gobierno no es un balance porque no lo pretendía, y 
tal como dice su título informa de las medidas de refuerzo del plan de choque 
presentado no hace ni seis meses. Asegura que harán tantos balances como sea 
necesario, pero entiende que todavía no es momento, aunque remarca que el Sr. 
Colom presentó en comisión la semana pasada algunas cifras alcanzadas. 
Insiste, por lo tanto, en que hoy presentan estas medidas de refuerzo, producto de 
la presión de determinados grupos, a los que agradecen la determinación de no 
darles tregua en este sentido. 
Se ratifica en que Barcelona no tolera la actividad ilegal, y asegura que harán todo 
lo que esté a su alcance para generar seguridad para la convivencia en los barrios. 
Entiende, igualmente, que tanto la Sra. Recasens como la Sra. Mejías conocen el 
Ref.: CP 
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procedimiento administrativo que hay detrás de poder hacer efectivo un precinto, 
y recuerda que el anterior Gobierno, en cuatro años, hizo poco más de una 
treintena de precintos, mientras que este, en seis meses, ha hecho más de 
doscientos. 
 
El Sr. BOSCH agradece el reconocimiento que acaba de hacer la Sra. Sanz a la 
vehemencia de su grupo. 
 
c) Informes 
 
PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
1. (E.11.6006.16) RATIFICAR el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 22 de diciembre de 
2016, que aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya relativo a la financiación de determinadas 
actuaciones en el tramo II de la línea 9 del Ferrocarril Metropolitano de 
Barcelona. 
 
2. (E.03.6046.16) RATIFICAR el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de diciembre de 
2016, relativo a la adquisición a la Generalitat de Catalunya a título de 
compraventa de las fincas situadas en la Gran Via de les Corts Catalanes, n.º 247, 
e identificada registralmente como finca n.º 12301 de la sección 2 del Registro de 
la Propiedad n.º 14 de Barcelona, y como finca 11795 de la sección 5 del Registro 
de la Propiedad n.º 17 de Barcelona, calle de Moianès, 19.X, identificada 
registralmente como las fincas n.os 4169 y 12051 (sección 2) del Registro de la 
Propiedad n.º 14 de Barcelona, y finca de la calle de Gavà, 39.I, identificada 
registralmente como finca n.º 8747 de la sección 2 del Registro de la Propiedad n.º 
14 de Barcelona, en virtud del convenio firmado el 27 de diciembre de 2016 con 
la Generalitat de Catalunya relativo a la financiación del tramo II de la línea 9 del 
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, de acuerdo con lo que prevé el artículo 11 
punto 1 apartado p) de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal 
y el artículo 30, segundo punto 22 del Reglamento orgánico municipal. 
 
La Sra. ALCALDESA anuncia que los puntos 1 y 2 se tratarán conjuntamente.  
La Sra. SANZ recuerda que ya han tenido ocasión de tratar y valorar este convenio 
en las comisiones de Economía y de Ecología, puesto que ambas tenencias de 
Alcaldía han trabajado conjuntamente. 
Indica que la propuesta permite que los barrios de la Marina se conecten con metro, 
que es una reivindicación vecinal histórica para evitar la incomunicación que en 
muchas horas del día se produce en estos barrios. Añade que esta era, además de la 
voluntad de este Gobierno municipal, una exigencia que habían planteado todos los 
grupos municipales desde hace tiempo. 
Pone en valor, por lo tanto, el hecho de que el actual Gobierno tomó la exigencia de 
los grupos de desarrollar esta infraestructura básica que permitirá, en colaboración 
con el Gobierno de la Generalitat, que en el verano del 2018 entren en 
funcionamiento dos estaciones de metro —Foc Cisell y Foneria— para conectar los 
barrios de la Marina. 
Señala que el convenio prevé la adquisición de diversas fincas propiedad de la 
Generalitat, que son de interés municipal para desarrollar equipamientos; precisa que 
se trata de un suelo público en el ámbito de Cotxeres Borbó, en el distrito de Nou 
Barris, para hacer equipamientos; la adquisición del Borsí, uno de los edificios 
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emblemáticos de Ciutat Vella; y el despliegue del planeamiento en el ámbito de Can 
Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc, que permite hacer una apuesta por la 
vivienda y el verde urbano. 
Indica que con esta adquisición de las piezas a la Generalitat, esta se compromete a 
poner el importe de la venta íntegramente en la apertura de las dos estaciones de 
metro citadas que se desarrollan en el tramo sur de la L10, que da respuesta a una 
reivindicación vecinal histórica y que es un acto de justicia urbana. 
 
El Sr. MÒDOL hace mención, también, de que el metro de la Marina es una 
reivindicación histórica de los grupos municipales, especialmente del PSC. Por lo 
tanto, valoran la importancia que tiene que el Gobierno municipal asuma una 
responsabilidad que no le corresponde porque entiende que hay que desencallar la 
llegada del metro a estos barrios. 
Sin embargo, dice que consideran que eso no es suficiente, puesto que, si bien 
soluciona el problema de conexión de los barrios de la Marina, no pueden renunciar a 
exigir a la Generalitat que cumpla con sus obligaciones y que ejecute la totalidad de 
la infraestructura, ya que, de esta manera, por una parte se resolverían los problemas 
del barrio de la Marina, pero, por otra parte, se contribuiría a profundizar el 
desequilibrio con los vecinos del resto del área metropolitana. 
Por lo tanto, se reafirma en la consideración de que este convenio no establece el 
mejor método para dar servicios a los vecinos; que la solución no pasa porque este 
Ayuntamiento vaya asumiendo lo que le corresponde a la Generalitat. 
Remarca que la ciudad está llena de edificios municipales vacíos que no se pueden 
mantener, mientras que con este convenio incrementan el número. Por lo tanto, 
considera que tienen que luchar para que sea la Generalitat quien haga frente a los 
retos. En este sentido, recuerda que el PSC ha exigido a la Generalitat el 
cumplimiento de un plan y una programación realista para acabar del todo esta 
infraestructura de metro, con un calendario y un modelo de financiación clara, que 
confían en que se la hagan llegar con todos los datos. 
 
La Sra. RECASENS, después de avanzar el apoyo de su grupo al convenio, hace una 
serie de consideraciones y pide aclarar algunos términos, puesto que el Gobierno 
municipal esconde sistemáticamente algunas cifras. 
Se remonta al origen de este convenio, que surge del problema grave de ejecución 
presupuestaria, y la perspectiva de un superávit de más de cien millones de euros. 
Hace notar al Gobierno actual que sus proclamas en contra del superávit expresadas 
durante el Gobierno de CiU ahora le vuelven como un búmeran. 
Precisa que el convenio implica, de entrada, que este Ayuntamiento pagará el tramo 
2 del metro en la Marina, rompiendo las líneas competenciales de financiación de 
infraestructuras. En segundo lugar, indica que se utiliza para reducir, de una sola vez, 
cuarenta millones de euros del superávit generado; y, también, condonar a la 
Generalitat cuarenta millones de deuda, olvidando todo lo que Barcelona en Comú 
preconizaba en campaña. 
Entiende que es importante que el Gobierno reconozca estos hechos, puesto que muy 
pronto tendrá un problema de liquidez. Indica que los sesenta millones que todavía 
quedan de superávit no se podrán invertir en el próximo ejercicio porque tienen que 
reponer la caja, que están agotando peligrosamente y, por lo tanto, poniendo en 
riesgo el pago a treinta días. 
Subraya la importancia de que la ciudadanía conozca los detalles de este convenio; y 
hace notar a la Sra. Sanz que lo que antes criticaba duramente al Gobierno anterior, 
ahora lo reproduce condonando deuda a la Generalitat. Apunta que eso lo pueden 
compartir, y que pueden hablar al respecto, pero les pide la honestidad de reconocer 
que todo lo que preconizaban lo han revertido del todo. 
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Finalmente, dice que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con los 
recursos, y debe saber claramente que el patrimonio que se adquiere con razón de 
este convenio se tendrá que rehabilitar e invertir para que tenga retorno social. Por lo 
tanto, pregunta qué piensan hacer con el edificio del Borsí, en cuya compra se han 
invertido ocho millones de euros, y se prevé que costará cuatro millones de 
restauración; qué explicarán a los vecinos de Cotxeres Borbó, que ven que el solar va 
pasando de unas manos a otras, y ahora les prometen escoles bressol y vivienda. 
Concluye, por lo tanto, que hay mucha demagogia, pero pocos hechos. Y reclama 
información transparente sobre las intenciones del Gobierno a partir de ahora. 
 
El Sr. ALONSO expresa el deseo de que este convenio signifique un compromiso 
firme para conectar el barrio de la Marina con metro, una reivindicación justa del 
vecindario; y manifiesta que el barrio no se merece ser el patio de atrás de la ciudad, 
situación a la que lo han condenado las fuerzas políticas que hasta ahora han 
gobernado la ciudad. 
Pone de relieve que su grupo ha defendido desde el primer día la necesidad de la 
conexión con el metro; formaba parte de su programa electoral, lo han reivindicado 
en un manifiesto conjunto con otros grupos políticos, y han votado siempre a favor 
de las propuestas en esta línea en comisión y en el Plenario. 
Por lo tanto, avanza el voto a favor de la aprobación del convenio entre el 
Ayuntamiento y la Generalitat, confiando en que contribuirá a dar cumplimiento a 
una cuestión de justicia. 
Hecha esta justificación de la adhesión al convenio para que se completen las obras 
de la L10 de metro, se refiere a todo lo que no se dice, pero que la ciudadanía tiene 
derecho a saber. Cree que ahora tienen prisa en ponerse medallas, porque los vecinos 
saben que las obras del metro en la Marina tendrían que haber acabado hace diez 
años, durante los cuales ERC ha gobernado con el tripartito, ha sido socio preferente 
de CiU y ahora vuelve a gobernar con la coalición Junts pel Sí. 
Hace referencia a la rueda de prensa posterior a la firma del convenio, en que el Sr. 
Josep Rull, del PDECat, antigua CiU, confiesa que cada año se malgastan 450 
millones de euros en el tramo central de la L9 de metro, que no está en servicio. Se 
muestra perplejo, por lo tanto, de que la Generalitat no sea capaz de disponer de 
cuarenta millones de euros para acabar las dos estaciones de metro en el barrio de la 
Marina, pero, en cambio, pueda malgastar cada año una cifra como la que ha 
mencionado.  
Reconoce que Barcelona en Comú ha sido hábil a la hora de vender el convenio, ha 
compuesto una maniobra estética muy bien organizada para camuflar la aportación 
económica de este Ayuntamiento, como una compraventa de inmuebles y solares. No 
obstante, cree que no consiguen engañar a nadie y que la realidad es que se trata de 
una aportación a la Generalitat que responde a un chantaje. En este sentido, recuerda 
que la Generalitat es la Administración que tiene la obligación de pagar las obras del 
metro, y que exija un convenio con este Ayuntamiento para acabar las estaciones es 
un chantaje y mala gestión, y no le parece que puedan sentirse orgullosos de ello. 
Entiende que la prueba de lo que acaba de decir es que los ayuntamientos que no 
pueden pagar estos cuarenta millones de euros, como es el caso del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet, se quedan sin estaciones de la L10 en su municipio. 
Recapitula que todo se debe a una mala gestión, retrasos inadmisibles y sobrecostes 
inasumibles. Por lo tanto, entiende que hoy, en vez de ponerse medallas, conviene ser 
prudentes; y pone de relieve la firme voluntad política de todos los grupos 
municipales para conseguir que el metro dé servicio a los vecinos del barrio de la 
Marina, y parece que esta voluntad queda reflejada en el convenio; por lo tanto, 
adelanta que lo apoyarán. 
 
Ref.: CP 
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El Sr. BOSCH recuerda que su grupo planteó este acuerdo desde que empezó este 
mandato; y recuerda que, entonces, muchos de los aquí presentes les dijeron que eso 
era imposible e, incluso, el Sr. Mòdol lo llegó a calificar de frivolidad y no votó a 
favor de que este acuerdo empezara a salir adelante. Añade que, además, el concejal 
tiene la osadía ahora de afirmar que no comparte cómo se están haciendo las cosas, y 
lo invita a reflexionar sobre cuál es su papel en el Gobierno de la ciudad. 
Considera que el grupo de ERC tiene un papel necesario para materializar lo que 
interesa a la ciudadanía, que no es qué Administración paga qué, porque la 
ciudadanía no tiene ninguna obligación de saber cuáles son las competencias de cada 
Administración y, por el contrario, deben defender la igualdad de todos los 
ciudadanos, en este caso, que llegue el metro al barrio de la Marina después de 
cuarenta años de reivindicarlo. 
Reconoce los errores pasados, pero entiende que ahora no pueden desperdiciar la 
oportunidad, y pregunta si este Consistorio quiere que los vecinos y vecinas de la 
Zona Franca tengan metro. 
Replica al Sr. Alonso que no tienen ninguna intención de ponerse medallas, sobre 
todo porque están al principio del camino y deben invertirse muchos esfuerzos 
todavía. Y asegura que empezarán a estar satisfechos el día en que los primeros 
vecinos de la Marina pongan los pies en el vagón. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ suscribe el objetivo de la llegada del metro a los barrios 
de la Marina de la Zona Franca, pero señala que otra cosa es la herramienta utilizada 
para conseguirlo, en este caso la firma de un convenio con el que su grupo no está de 
acuerdo. Entiende que, con este convenio, se ratifica que la Generalitat no ejerce sus 
obligaciones y que hace desistimiento de sus funciones como Gobierno de Cataluña 
en lo que le es competencia, como la financiación, la construcción y la puesta en 
servicio de una infraestructura básica como es la L9 de metro. 
Asegura que lo primero que no le gusta a su formación es el enunciado del convenio 
—“Convenio para financiar las actuaciones de la L9 de metro con la venta de 
inmuebles de la Generalitat”—, es decir, se impone al Ayuntamiento de Barcelona 
adquirir inmuebles a la Generalitat si quiere que el metro llegue a la Marina y la 
Zona Franca, una actuación que califica de chantaje de ciudad, y un agravio con 
respecto a inversiones de la Generalitat en otros lugares de Cataluña; así, remarca 
que es un agravio al metro del Vallès, en el que la Generalitat ha invertido 407 
millones de euros, y convierte a los vecinos de la Marina en rehenes de una política 
que vuelve la espalda a Barcelona. 
Añade que en el convenio no consta ninguna exigencia en cuanto a la finalización de 
las obras y la puesta en servicio, solo se apunta el primer semestre del 2018. 
Denuncia que, además, este Ayuntamiento está obligado a adquirir unos inmuebles 
por valor de cuarenta millones de euros, más ocho millones de IVA; y les sorprende 
la inexistencia de informes de valoración externos contratados por este Ayuntamiento 
sobre Cotxeres Borbó y del Borsí; o que no se haya exigido una valoración interna y 
externa de los inmuebles con el fin de ajustar el precio que este Ayuntamiento tendrá 
que pagar. 
En cuanto al coste final de la operación, alerta de que desconocen el importe, puesto 
que los inmuebles adquiridos se deberán rehabilitar y mantener. Añade que tampoco 
les han explicado en detrimento de qué prioridades se ha hecho esta operación. 
Concreta que, hasta día de hoy, la L9 de metro ha costado dieciséis mil millones de 
euros, cuando el coste inicial estaba previsto en dos mil quinientos; es decir, el coste 
se ha multiplicado por seis y, para acabar de rematarlo, ahora a los barceloneses les 
toca pagar cuarenta millones más, más ocho de IVA. Añade que todavía no disponen 
de la auditoría técnica y económica que les permita saber las causas de este 
desbarajuste con respecto al coste previsto inicialmente. 
Ref.: CP 
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Como aquí ya se ha dicho también, se refiere a que anualmente se pagan más de 
cuatrocientos millones de euros en cánones a las constructoras de la L9 por tramos 
que no han entrado en funcionamiento. 
Se reafirma en que su grupo está a favor de que los vecinos de la Marina puedan 
disponer, finalmente, de dos estaciones que den servicio al barrio, pero recalca que 
no están dispuestos a que este Ayuntamiento sustituya a la Generalitat en sus deberes 
hacia la ciudad y, por este motivo, avanza un voto de abstención. 
 
El Sr. GARGANTÉ inicia su intervención enviando un abrazo a los compañeros 
saharauis que desde este lunes son juzgados por la protesta de noviembre del 2010 en 
el campamento de Gdeim Izik, que exigía derechos sociales y libertad nacional para 
el pueblo saharaui. 
Dicho esto, y en referencia al punto en debate, recuerda que los compañeros y 
compañeras de la asamblea de Sants-Montjuïc les han hecho llegar el 
posicionamiento siguiente, que lee: “En su conjunto, vemos este convenio como 
positivo porque implica el compromiso de que, finalmente, llegue el metro a los 
barrios de la Marina, pero lamentamos que durante más de treinta años todas las 
administraciones de todos los colores políticos hayan olvidado esta zona de 
Barcelona. 
Celebramos que el Ayuntamiento y la Generalitat se hayan puesto de acuerdo, ambas 
administran dinero público y es su obligación ponerlo al servicio de la gente. No se 
entiende que no lo hayan hecho hasta ahora y, al final, quien ha recibido las 
consecuencias han sido los barrios de la Marina, donde viven más de treinta mil 
personas. 
Ha llegado el metro a la Marina, pero ha costado demasiado tiempo y demasiado 
dinero público. Llegará después de la línea al aeropuerto, que es lo que priorizaron el 
Ayuntamiento y la Generalitat obedeciendo a las exigencias del Mobile World 
Congress; acontecimiento que, por cierto, ocasiona muchos problemas de movilidad 
en la Marina. 
Llegará el metro a la Marina, pero de momento solo se construirán las paradas de 
Foneria y Foc Cisell. No sabemos cuándo está previsto abrir la parada de Motors, que 
también exigía el vecindario y que sería muy necesaria, sobre todo en el vecindario 
de la colonia Santiveri, uno de los barrios más olvidados del distrito de Sants-
Montjuïc. Tampoco sabemos cuándo se abrirán las estaciones de Provençana, 
Ildefons Cerdà, Zona Franca Litoral, Zona Franca Port, Zona Franca ZAL, Zona 
Franca Nova ZAL y Polígon Pratenc; muchas de ellas en polígonos industriales 
donde el uso del coche privado se impone a falta de un transporte público suficiente. 
Nos preguntamos si detrás de esta larga espera del metro ha habido más que las 
necesidades de unos barrios, que deberían haber sido siempre la primera 
preocupación, una mirada dirigida al negocio. Nos preocupa ver que en los puntos 1, 
2 y 3 del convenio, y también en el apartado “Antecedentes” del informe de servicios 
jurídicos de Patrimonio, se habla de desarrollo, de actividad industrial, logística y 
ferial, de espacios emergentes de oficinas de nueva construcción, y de un mayor 
desarrollo de la oferta de servicios; y, en cambio, se echa de menos un punto de vista 
de cohesión social, de convivencia, del vecindario, de hacer unos barrios más 
acogedores y más abiertos a la participación vecinal. 
Esta visión centrada en el desarrollo de unos negocios es muy peligrosa porque, al fin 
y al cabo, lo que harán será explotar o expulsar al vecindario que, encima, se tendrá 
que alegrar. 
La gente quiere el metro, pero ¿tendremos que aceptar siempre este modelo que pone 
los negocios por delante de la vida de los barrios como si fuera lo único posible? 
Ahora que estos barrios han sufrido el aislamiento todos estos años pondrán el metro, 
pero pondrán también oficinas y hoteles, todo será mucho más bonito, mucho más 
Ref.: CP 
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moderno, mucho más funcional y, sobre todo, mucho más caro. ¿Habrá espacio para 
la gente de los barrios? La Marina es uno de los barrios de crecimiento turístico en el 
PEUAT, y eso quiere decir que se pueden poner 1.480 plazas hoteleras. En estas 
condiciones de burbuja inmobiliaria y hotelera se tienen que tomar medidas para que 
el metro no acabe siendo un arma de expulsión masiva de las vecinas. El proyecto 
debería garantizar que no todo sean oficinas y nuevos hoteles, y hay que evitar la 
subida de los alquileres que se puede prever que vendrá detrás. 
Estos barrios tantos años olvidados, e incluso marginados, al pie de Montjuïc y junto 
al cementerio, ahora podrían sufrir un proceso de gentrificación. 
¡La gente de la Marina ya ha sufrido suficiente!”. 
 
El Sr. MÒDOL se ratifica en que siempre acusará al Sr. Bosch de frivolidad, ya que 
en comisión explicó a todo el mundo que con veinticinco millones de euros podía 
quedar acabado todo el tramo de metro de la Zona Franca, y le reprocha que jueguen 
con los vecinos. 
Le pide, además, que, si hay algún imprevisto que haga que la Generalitat no cumpla 
con su parte, asuma la responsabilidad. 
 
La Sra. SANZ remarca que ya era hora de que se pudiera garantizar al barrio de la 
Marina el desarrollo de una infraestructura básica para el acceso al derecho a la 
movilidad, y que tiene que reparar la injusticia de mantener unos barrios de la ciudad 
desconectados del resto. 
Por lo tanto, pone en valor que han empleado todos los esfuerzos por ponerle 
solución y que la ciudad gane no solo el metro, sino también equipamientos con un 
convenio que permite ganar por partida doble. 
Confirma, igualmente, que no dejarán estos edificios en desuso como hasta ahora 
hacía la Generalitat. 
Se felicita, por lo tanto, por el consenso alcanzado con todos los grupos en cuanto a 
la necesidad indiscutible de sacar adelante la propuesta que permite la conexión de la 
Marina con el metro.  
La Sra. RECASENS reprocha a la Sra. Sanz que siga escondiendo el contexto del 
convenio y solo hable del objetivo. Reconoce que la llegada del metro a la Marina 
es esencial, pero alerta de que hay que hacerlo bien, con transparencia y 
honestidad, sin especular con el suelo y los equipamientos y sin poner en riesgo 
las finanzas municipales. 
 
El Sr. ALONSO exige concreción en los objetivos del convenio y calendario de 
puesta en servicio de las estaciones de metro. 
 
El Sr. BOSCH replica al Sr. Mòdol que las acusaciones de frivolidad se las vuelva 
a hacer en el 2018 cuando empiecen a circular los convoyes del metro por el 
barrio de la Marina. Y lo invita a acompañarlo mañana mismo a visitar con él a 
los vecinos del barrio y que les hable de frivolidades. 
Recuerda que, recientemente, la alcaldesa invitaba nuevamente al grupo de ERC a 
entrar al Gobierno de la ciudad, del que forma parte el Sr. Mòdol, y se pregunta si 
los calificativos que le acaba de dirigir forman parte de una peculiar estrategia de 
seducción. Confirma, sin embargo, que no tienen ninguna intención de formar 
parte del Gobierno, y que se mueven para defender los intereses de la ciudadanía, 
que es lo que han hecho en este caso. 
 
El Sr. GARGANTÉ expresa el voto favorable del grupo de la CUP. 
 
SE APRUEBAN los dos dictámenes a debate con la abstención de los Sres. 
Ref.: CP 
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Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 
 
3. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de 
la sociedad privada municipal Barcelona de Servicios Municipales, SA, los 
acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. Xavier Monge Profitós miembro del 
Consejo de Administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, 
SA, en sustitución del Sr. Gerard Solé Segú. Segundo. Establecer que el plazo de 
designación del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos 
estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 
mandato consistorial. Tercero. Facultar indistintamente al presidente y al 
secretario del Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a 
escritura pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los 
trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la 
corrección de errores materiales en caso necesario. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 
Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; de 
los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también de los 
Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 
 
Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 
estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 
agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 
 
 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
4. (20160563) APROBAR definitivamente el Plan para el derecho a la vivienda 2016-2025; 
QUEDAR enterado de los informes de los consejos plenarios de los distritos;  
RESOLVER las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición pública de 
acuerdo con los informes jurídicos que figuran en el expediente y que se dan por 
reproducidos; y PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona. 
 
El Sr. MONTANER, en primer lugar, expresa el agradecimiento a las entidades que 
luchan por el derecho a la vivienda y que han colaborado en la redacción de este plan 
presentando alegaciones, representantes de algunas de las cuales hoy están presentes 
en esta sesión. Señala que hoy presentan definitivamente el Plan por el derecho a la 
vivienda en Barcelona 2016-2025, que han trabajado durante un año, y que ha sido 
debatido en diversas sesiones de comisión y también presentado en el Plenario del 
Consejo Municipal previamente. 
Destaca que este plan supone un cambio radical de paradigma en relación con la 
política de vivienda, situándolo como un derecho central, y poniendo todas las 
herramientas, dispositivos y maquinaria al cien por cien para conseguir afrontar el 
problema de la vivienda, que sigue siendo primordial en Barcelona. 
Subraya que se trata de un plan ambicioso y exigente, y al mismo tiempo realista y 
ejecutable. Añade que, igualmente, supone un cambio drástico, ya que las 
operaciones que se harán, y las que ya están en marcha, se destinarán en un 80 % al 
alquiler social y asequible. 
Precisa que el plan se estructura en cuatro grandes ejes que incluyen afrontar la 
emergencia habitacional, el buen uso de la vivienda, incorporando los pisos vacíos, 
obra nueva para incrementar el parque de vivienda pública de la ciudad y la 
rehabilitación. 
Ref.: CP 
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Destaca, acto seguido, tres elementos del proceso final de elaboración del plan como 
la participación de los distritos, con los que se han celebrado veintiuna reuniones 
para aportar como característica esencial tener en cuenta la diversidad de los barrios 
de la ciudad, la adaptación a las necesidades y a las posibilidades en cuanto a 
disponibilidad de vivienda social, con el fin de redistribuirlo en el territorio. 
Indica que el plan se estructura en cincuenta y nueve actuaciones, algunas de las 
cuales se cohesionan con operaciones en marcha, que permitirán hacer un 
seguimiento cuidadoso de estas. Finalmente, recuerda que el plan se ha debatido con 
los grupos políticos y las entidades con el fin de incorporar al plan más del 75 % de 
las alegaciones que han presentado y que contribuían a enriquecerlo. 
 
El Sr. FORN confirma el apoyo de su grupo al Plan por el derecho a la vivienda, 
puesto que en buena parte se sienten representados y lo valoran como una 
continuidad del plan que pusieron en marcha en el mandato anterior. 
Así, destaca que el plan fija como prioridad la creación de un parque de vivienda 
pública, que supone un acuerdo de ciudad entre las formaciones políticas 
municipales. 
Pone de manifiesto que se trata de un acuerdo a largo plazo, puesto que la vigencia 
del plan abarca más de una legislatura y, por lo tanto, es una garantía de buenos 
resultados. En esta línea, subraya que su grupo ha tardado diecinueve meses en poder 
cerrar un acuerdo con el Gobierno municipal, y se felicita especialmente por que el 
primer acuerdo al que llegan sea por la vivienda. 
Entiende que habría sido inconcebible que los grupos municipales no hubieran hecho 
un esfuerzo por acercar posiciones y consensuar las acciones necesarias para afrontar 
uno de los grandes retos de la ciudad, ya que este plan se tiene que convertir en un 
plan de ciudad más allá de cuál sea el partido que la gobierne. 
Aprovecha para agradecer la participación en la negociación del concejal Jordi Martí 
y de todo el equipo de gobierno, y pone en valor la voluntad de acuerdo, reflejada en 
el hecho de que la mayoría de las enmiendas que su grupo presentó al plan han sido 
aceptadas,  
concretamente, dieciocho de diecinueve enmiendas, once de las cuales totalmente. 
Valora que gracias a estas enmiendas se incrementa en 24 millones de euros el 
presupuesto destinado al parque de alquiler social, con una dotación para el primer 
quinquenio que pasa de 138 a 162 millones de euros. Igualmente, destaca que 
también han contribuido a que el censo de vivienda vacía se cree en cinco años en 
vez de diez. Añade que también se unirán esfuerzos con el tercer sector, que pasará a 
construir quinientas viviendas más. 
Sigue explicando que, a raíz de las enmiendas presentadas por su grupo, el Gobierno 
se compromete a estudiar la creación de una empresa público-privada, a la que los 
grandes tenedores aportarán sus activos inmobiliarios y la Administración blindará el 
alquiler social. 
Remarca que las que acaba de mencionar son algunas de las principales aportaciones 
de su grupo, y que le permiten dar apoyo a este plan. 
No obstante, advierte que su apoyo al Plan por el derecho a la vivienda no es un 
cheque en blanco, ya que irá acompañado de exigencia en su cumplimiento; y 
reconoce que tampoco es el plan que habrían hecho, pero valoran que comporta 
continuidad en el trabajo emprendido por el anterior Gobierno y, al mismo tiempo, 
encaja en el marco de las políticas que impulsa la Consejería de Gobernación en 
materia de vivienda. 
 
El Sr. BLANCO se refiere a la moción que Ciutadans presentó en el Parlamento de 
Cataluña en la que reclamaban que el 30 % de la tasa turística se destinara a políticas 
públicas de vivienda, y también que se invirtieran mil millones de euros anualmente 
Ref.: CP 
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en un plan autonómico de vivienda para toda Cataluña, y puntualiza que esta cifra 
significa solo el 3 % del presupuesto de la Generalitat. 
Señala que hoy debaten un plan de vivienda que compromete a este Ayuntamiento a 
dedicar un 6 % del presupuesto durante los próximos nueve ejercicios, por lo tanto, 
consideran que lo mínimo que pueden exigir es que las demás administraciones que 
tienen competencias de vivienda hagan un esfuerzo cuando menos parecido. 
Volviendo a la moción que su formación presentó en sede parlamentaria, recuerda 
que la coalición Junts pel Sí votó en contra, y el grupo parlamentario de CSQP, la 
marca de Podemos en el Parlamento de Cataluña, se abstuvo. 
En consecuencia, dice que cuando apelan a la coherencia y a la coordinación entre 
las administraciones se refieren, justamente, al hecho de que no es admisible que los 
mismos partidos voten diferentemente las mismas cosas en el Parlamento y en este 
Ayuntamiento. Y pone de relieve que, por el contrario, Ciutadans vota siempre en 
función del interés general, en un lugar y en el otro. Por lo tanto, anuncia que votarán 
a favor de este punto, no porque sea el plan de vivienda que habrían hecho, ni 
tampoco porque hayan pactado con el Gobierno, ni porque que sea de derechas o de 
izquierdas —un debate que considera absolutamente estéril—, no porque piensen que 
es suficiente para cumplir con los objetivos del Plan por el derecho a la vivienda, ya 
que con el plan que hoy votan no conseguirán que un 15 % de la vivienda se destine 
a políticas sociales, sino que lo apoyan con el convencimiento de que las políticas de 
vivienda son esenciales. Y añade que el plan incluye muchas medidas necesarias, 
algunas impulsadas por su grupo, entre las cuales menciona la puesta en marcha de 
un registro de solares vacíos o la apuesta por constituir un gran parque público de 
vivienda de alquiler. 
Finalmente, confirma que, además de votar a favor de este plan, insistirán al 
Gobierno para que lo cumpla e, incluso, vaya más allá de los objetivos que plantea; 
exigirán comparecencias del Gobierno para que informe anualmente y de manera 
detallada sobre la consecución de los objetivos, especialmente de los que hacen 
referencia al estado del parque público de alquiler. Y asegura que seguirán 
reclamando que se aplique el 30 % de la tasa turística a políticas públicas de vivienda 
y, al mismo tiempo, comprometer a otras  
instituciones en las políticas de vivienda, que son esenciales independientemente de 
quién gobierne. 
 
La Sra. BENEDÍ parafrasea un tuit de hace un par de años de la alcaldesa en que dijo 
que había que resolver el problema de raíz y garantizar el derecho a la vivienda, y 
acabar con los excesos. Entiende que entonces no se imaginaba que acabaría 
pactando un plan del derecho a la vivienda con “los de siempre” para hacer lo de 
siempre, con los que han dictado las políticas de vivienda en Barcelona los últimos 
treinta y seis años. 
Cuestiona, pues, el cambio anunciado por Barcelona en Comú, y si un plan de 
vivienda supuestamente más de izquierdas tiene que acabar aprobado con el apoyo de 
la derecha. Pregunta cómo explicarán eso a sus votantes, que confiaron en que 
traerían el cambio a la ciudad, o a los que, sin haberlos votado, también confiaban en 
ellos. 
Pone de manifiesto que, transcurridos casi dos años de mandato, habrían podido 
presentar en el Pleno un plan de vivienda que optara por unas políticas valientes y 
ambiciosas, que dieran respuestas a las necesidades de la ciudad; por el contrario, 
traen un plan continuista y conformista. 
Destaca que tienen un parque de vivienda pública de solo el 1,3 %, cuando la media 
europea es del 15 %, y recuerda que ERC ha pedido que se destine un 25 % de la 
inversión municipal a vivienda de alquiler y a rehabilitación, pero no los han 
escuchado. Dice que son conscientes de que la vivienda se ha convertido en un 
Ref.: CP 
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producto financiero, pero recuerda al Gobierno que dispone de herramientas para 
hacerle frente, que este plan no las contempla y eso los hace responsables. 
Precisa que, en las respuestas a las alegaciones que su grupo ha presentado a un plan 
que califica del todo insuficiente, las palabras más repetidas son estudiaremos y 
valoraremos, y considera que para erigirse en adalides de la nueva política conservan 
todos los tics de la vieja, y replica que no les piden que estudien, sino que hagan. 
Añade que la sociedad público-privada que se ha pactado con el grupo de CiU es una 
incógnita. 
Por lo tanto, reprocha al Gobierno que se haya quedado con lo que era más fácil y 
cómodo, que haya renunciado al cambio que proclamaban y haya optado por la 
versión 2.0 de lo que ya existía, que no es lo que esperaba la ciudadanía. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que, si hay un derecho que la alcaldesa pretende 
que se asocie a su persona, es el derecho a la vivienda; por lo tanto, dice que es 
sorprendente que presente este plan cuando ya hace dieciocho meses que gobierna. 
Le recuerda que empezó su labor al frente de este Ayuntamiento con la fotografía del 
paro de un desahucio, plasmando así su promesa electoral de detener completamente 
los desahucios en Barcelona. Sin embargo, constata que fue una promesa que no ha 
pasado de ahí, ya que el primer semestre del 2016 en la ciudad se produjeron mil 
quinientos desahucios, algunos de los cuales en viviendas propiedad del Patronato 
Municipal de la Vivienda. 
Observa que, no obstante, con este plan de vivienda manifiestan, de cierta manera, la 
protección a las ocupaciones irregulares de viviendas sociales. Recuerda que su 
grupo ya expresó la discrepancia con que el reglamento de viviendas para 
emergencias sociales permitiera reconocer los derechos a las personas que las habían 
ocupado de manera irregular, maltratando el derecho de las familias que, aunque 
sufran necesidades, no le dan una patada a la puerta para ocupar ilegalmente una 
vivienda social, sino que se inscriben en el registro de solicitantes. 
En cuanto al establecimiento de sanciones a las entidades bancarias, pregunta por qué 
no actúan igualmente con este Ayuntamiento por el incumplimiento de construir 
vivienda social; pregunta al Gobierno si está dispuesto a automultarse por los setenta 
y cinco solares públicos vacíos que hay en la ciudad, o por las más de cuatrocientas 
viviendas sociales sin ocupar. Reprocha al Gobierno que se dedique a criticar el Plan 
100 × 1.000 puesto en marcha a raíz de la operación Bamsa durante el mandato 
pasado, mientras que no tan solo no ha anulado la operación —y desconoce si el PSC 
ha retirado el recurso judicial que interpuso—, sino que aquella operación le 
proporciona ahora una parte de las viviendas que hoy anuncia en el plan de vivienda. 
Precisa que en el plan se anuncia la construcción de más de ocho mil viviendas, sin 
decir, sin embargo, que muchas provienen de los viejos incumplimientos de los 
anteriores planes de vivienda. Añade que tampoco presentan ningún calendario ni 
identificación de las nuevas promociones, a la vez que pone de relieve que todo se 
hace con una inversión mínima. Precisa, en este sentido, que en el anterior plan de 
vivienda de un Gobierno municipal con prácticamente la misma composición que el 
actual —PSC e ICV-EUiA— la inversión total era de 3.440 millones de euros en 
ocho años, mientras que el actual cuenta con 2.973 millones en diez años, es decir, la 
inversión se recorta en un 25 % anual respecto a aquel otro plan. 
 
La Sra. ROVIRA comparte en nombre de su grupo la necesidad de actualizar el plan 
de vivienda vigente, pero sigue manteniendo que no se puede abordar de manera 
separada el modelo económico, el productivo y la no implosión de la perspectiva de 
género cuando se trabaja en el ámbito de la vivienda, y, concretamente, en una 
ciudad como Barcelona, que tiene unas problemáticas muy concretas de precariedad 
laboral, de masificación turística y de índices socioeconómicos. 
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Pone de manifiesto que, sin embargo, en el análisis de la coyuntura que hay en el 
plan se explica muy claramente la relación existente entre estos elementos que acaba 
de mencionar y, por lo tanto, afirma que no entienden por qué motivo eso no se 
refleja en las medidas que propone, poco ambiciosas y poco valientes para afrontar 
de raíz la situación. Seguidamente, se refiere a un conjunto de datos que justifican la 
necesidad de abordar este plan de vivienda de una manera transversal desde las áreas 
municipales. Así, puntualiza que el 40 % de la ciudadanía de Barcelona tiene rentas 
bajas o muy bajas, que los precios del alquiler son los más elevados de todo el 
Estado, a la vez que el parque es solo de 6.300 viviendas, hecho que implica que las 
rentas sean imprescindibles para acceder a las viviendas de mercado libre. 
Finalmente, apunta un dato que consideran que desarrolla el conjunto de políticas de 
todas las áreas de gobierno, y es que desde hace tres décadas los gobiernos 
municipales que se han sucedido se han dedicado a vender suelo público fomentando 
la especulación y provocando que actualmente no exista suelo municipal para hacer 
una provisión pública de vivienda. 
En consecuencia, dice que teniendo en cuenta el estado de cosas, que, en opinión de 
su grupo, es dramático, consideran imprescindible que el plan hubiera explorado los 
límites de la legislación actual con el fin de poner todos los instrumentos posibles al 
servicio de la ciudadanía y garantizar el derecho a la vivienda. 
Afirma que también confiaban en que el programa de Barcelona en Comú les daría la 
valentía para desobedecer leyes ilegítimas. Y añade que consideran totalmente 
inadmisible que este plan no garantice ni blinde que la vivienda que se construya en 
la ciudad a partir de ahora sea de gestión, titularidad y provisión totalmente públicas. 
Por lo tanto, consideran que, si no hay voluntad política, “no se puede”.  
El Sr. MONTANER agradece los apoyos recibidos y entiende que es clarificador 
que, ante un problema como el de la vivienda, no haya abstenciones, sino votos a 
favor o en contra. 
Remarca que se mantiene que este plan es un acuerdo de ciudad, y agradece el 
posicionamiento de los grupos que así lo han entendido; destaca que la vivienda es, 
posiblemente, el mayor reto de ciudad, junto con la gentrificación de los barrios y, 
como tal, tiene que ser asumido. 
Celebra, pues, la aprobación del Plan por el derecho a la vivienda, a la vez que 
aceptan la necesidad expresada por los grupos de hacer un seguimiento crítico, de 
modo que confirma que irán rindiendo cuentas semestral y anualmente de cómo se va 
desarrollando. 
Precisa que hay algunas cuestiones consensuadas de hace tiempo, y no entiende 
cómo hay grupos que siguen insistiendo en ellas; así, confirma que no se venderá 
suelo público, en todo caso se podrá ceder su uso. Remarca que eso significa un 
cambio con respecto a dinámicas municipales anteriores. 
Concreta que el 80 % del parque de vivienda se destinará al alquiler social y 
asequible y la gestión será siempre pública, aunque para triplicar la cantidad de 
viviendas con esta función de que dispone actualmente la ciudad es necesaria la 
colaboración con otros operadores como las cooperativas, entidades sin ánimo de 
lucro o con ánimo de lucro limitado. 
Respondiendo las opiniones contrarias al plan, se refiere a la maniobra del grupo de 
ERC, que durante la negociación parecía que podría votar favorablemente y ahora 
vota en contra; le recuerda que el plan se votó en los distritos, es decir, en el 
territorio, y ERC lo apoyó en siete distritos de la ciudad y se abstuvo en los tres 
restantes. Se pregunta, pues, qué caso hace el grupo municipal de ERC a sus bases y, 
por el contrario, hace unos planteamientos que califica de absurdos. Añade, 
igualmente, que han debatido con este grupo su demanda del 25 % del PIM en 
vivienda. Reitera que no es posible invertir este porcentaje, pero remarca que les han 
demostrado que, mediante los fondos de la Patronal Municipal de Vivienda —
Ref.: CP 
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préstamos y valores del suelo, entre otros—, se sobrepasa este 25 %. 
Subraya, también, que la Generalitat, en cuyo Gobierno el vicepresidente Junqueras 
es consejero de Economía, dedica solo el 1 % a la vivienda en toda Cataluña. Y, con 
respecto a Barcelona, tiene previsto destinar ocho millones de euros, que 
probablemente aumentarán a veintisiete, frente a los ciento cincuenta y nueve 
millones que destinará este Ayuntamiento en el 2017. Y añade que, en el Consorcio 
de la Vivienda, el pacto establecido es que el Ayuntamiento aporta el 40 % y el 60 % 
la Generalitat, mientras que, en el caso que los ocupa, los porcentajes son del 86 % y 
el 14 %, respectivamente. 
Con respecto al posicionamiento del grupo de la CUP, considera que la discusión se 
puede eternizar, y confirma que algunas de sus reclamaciones son del todo 
inalcanzables, ya que no pueden expropiar solares y edificios porque eso pone en 
cuestión los presupuestos municipales, ni tampoco pueden saltarse las leyes 
existentes; no obstante, reitera que están trabajando para conseguir una nueva 
reglamentación urbanística, sobre todo para conseguir más suelo público para 
vivienda. 
En cuanto a la disquisición de si este es un plan de derechas o de izquierdas, 
considera que es irrelevante, y que lo esencial es que afronte los problemas reales de 
vivienda de la ciudad. Sin embargo, se mantiene en que se trata de un plan 
revolucionario respecto de la tradición municipal.  
El Sr. FORN replica la afirmación de la Sra. Benedí en el sentido de que este es el 
plan de los que siempre han mandado, y le recuerda que todos los planes de 
vivienda anteriores obtuvieron el apoyo de ERC. 
 
La Sra. BENEDÍ dice que, si realmente se quería un acuerdo de ciudad, han 
empezado la casa por el tejado, ya que los acuerdos de ciudad se alcanzan con 
todos los actores para llegar a la redacción de un plan consensuado. 
Replica a la acusación de maniobrar que les ha dirigido el Sr. Montaner, y señala 
que las bases de ERC están sobradamente informadas de las negociaciones que su 
grupo ha llevado a cabo en esta ocasión, insiste en la demanda de destinar un 25 
% del PIM a vivienda y recuerda que esta alegación al presupuesto fue respondida 
con un estudiaremos la posibilidad de destinar un 20 % del superávit. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Bosch, 
Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández 
Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
 
COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
5. (122/2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa, de 15 de diciembre de 2016, por el que se 
resuelve DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al 
Sufrimiento, en la categoría de bronce, formulada por anonimizado LOPD , agente 
de la Guardia Urbana de Barcelona, n.º de matrícula 26333, puesto que, de 
acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la 
concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del 
Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y 
del Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de 
setiembre de 1976. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de los Sres. Sierra, 
Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. Fernández 
Ref.: CP 
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Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 
 
6. (143/2016) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros del Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en 
la categoría de bronce, por haber prestado servicios durante 35 años sin 
interrupción ni nota desfavorable en sus expedientes personales, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 4.2.b) del vigente Reglamento de honores y recompensas 
de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios 
de 17 de setiembre de 1976. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y las 
Sras. Lecha y Rovira. 
 
7. (147/2016) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros del Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en 
la categoría de bronce, por la acreditación de hechos de trascendencia pública o 
importancia práctica por los fines propios del servicio, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 4.2.c) del vigente Reglamento de honores y recompensas de los 
miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios de 17 
de setiembre de 1976.  
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y las 
Sras. Lecha y Rovira. 
 
8. (148/2016) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, y a título 
honorífico, a las personas ajenas al Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de Barcelona que figuran en la relación adjunta, por 
haberse distinguido notablemente por su actuación en favor del mencionado 
servicio, de acuerdo con lo que establece la disposición adicional del vigente 
Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y 
del Servicio de Extinción de Incendios de 17 de setiembre de 1976. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y las 
Sras. Lecha y Rovira. 
 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 
9. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento, como socio único 
de la sociedad privada municipal Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, 
los acuerdos siguientes: Primero. Designar al Iltre. Sr. Daniel Mòdol Deltell 
vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad Barcelona de 
Servicios Municipales, SA, en sustitución de la Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago, 
que permanecerá como miembro del mencionado consejo de administración. 
Segundo. Designar al Sr. Anton M. Salvado Cabre miembro del Consejo de 
Administración de la sociedad Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, en 
sustitución del Sr. Manuel Valdés López. Tercero. Establecer que el plazo de 
designación del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos 
estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 
mandato consistorial. Cuarto. Facultar indistintamente a la presidenta y al 
secretario del Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a 
escritura pública los nombramientos anteriores, como también para cumplir los 
trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la 
corrección de errores materiales en caso necesario. 
 
Ref.: CP 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 
Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; de 
los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller; y también del Sr. 
Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 
 
Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 
estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 
agilizar su inscripción en el Registro Mercantil. 
 
10. (CO 2016-07/18) APROBAR definitivamente, dado que no se han presentado alegaciones 
durante el plazo de información pública, la modificación de los estatutos del 
Consorcio del Besòs para hacer efectiva la adhesión del municipio de Badalona y 
la ampliación del ámbito territorial de actuación del Consorcio, aprobado 
inicialmente por la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, en sesión de 
13 de julio de 2016. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto de la modificación 
de los estatutos en el BOPB y en la Gaceta Municipal. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández 
Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 
 
 
11. (EM 2016-10/24) APROBAR definitivamente, puesto que no se han presentado alegaciones 
durante el plazo de información pública, la modificación de los estatutos sociales 
de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (Bimsa), con el objeto de 
considerarla medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Barcelona y de 
las entidades y organismos que dependen de ella o se vinculan a ella, aprobada 
inicialmente por la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, en sesión de 
19 de octubre de 2016. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto de la 
modificación de los estatutos en el BOPB y en la Gaceta Municipal. FACULTAR 
indistintamente al presidente y al secretario de Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA (Bimsa), para que puedan efectuar todos los trámites adecuados 
para la plena efectividad de este acuerdo. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández 
Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 
 
Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 
estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 
agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Antes de empezar el debate de los puntos duodécimo y decimotercero del orden 
del día, la Sra. Homs abandona la sala. 
 
12. (15PL16354) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación de los 
establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias 
colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de 
Barcelona, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que se refiere el 
informe técnico-jurídico de la Dirección de Servicios de Planeamiento; y 
RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de 
la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección 
de valoración de las alegaciones, informes, ambos, que constan en el expediente y, 
a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo. 
Ref.: CP 
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La Sra. MEJÍAS pide la votación nominal del punto duodécimo por las posibles 
consecuencias políticas y jurídicas que pueda comportar la aprobación del Plan 
especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT). 
 
La Sra. SANZ destaca que la aprobación del PEUAT es un paso decisivo para la 
regulación de la actividad turística; recuerda que mucha gente lo esperaba, sobre 
todo los movimientos sociales formados por vecinos y vecinas, que ya hace 
muchos años que alertaron de que la tendencia de crecimiento de alojamientos 
turísticos era altamente preocupante en determinadas zonas de la ciudad. 
Lamenta, no obstante, que se haya llegado con retraso para evitar la expulsión de 
muchas personas de sus barrios a raíz de la presión inmobiliaria vinculada al 
turismo. Sin embargo, entienden que con el PEUAT pueden llegar a tiempo para 
hacer las cosas mejor en el presente, pero también de cara al futuro. 
Dice que son conscientes, no obstante, de que la reversión de determinadas 
repercusiones que ha tenido la sustitución de la vivienda por alojamientos 
turísticos es ciertamente difícil, pero sí que pueden evitar que siga sucediendo.  
Reconoce que han recorrido un largo camino desde la suspensión de licencias en 
julio del 2015 hasta hoy, un proceso de diálogo y de trabajo con plataformas 
vecinales, con el sector turístico y, también, con los grupos municipales. Pone en 
valor que hasta el último momento han hablado con todo el mundo. 
Recuerda que, durante todo este recorrido hasta llegar hoy a la aprobación del 
PEUAT, han constatado que había que acabar con la barra libre que operaba sin 
control en la ciudad, y que se necesitaban los instrumentos para empezar a gobernar 
el turismo, en este caso, los alojamientos turísticos. Y celebra que hoy prácticamente 
nadie ponga en duda la necesidad de regular la ubicación de este tipo de 
alojamientos, y que hay zonas saturadas donde es indispensable actuar. 
En este sentido, considera que hay que valorar positivamente la capacidad de todos 
los grupos municipales de analizar minuciosamente la realidad y, sobre todo, que 
hayan escuchado a la ciudadanía. 
Hace referencia a la existencia de diversos modelos de planteamiento de regulación 
en este ámbito, entre los cuales los que plantean una regulación más laxa, y los que la 
plantean más exigente; no obstante, valora que el debate suscitado durante todo este 
tiempo ha sido constructivo gracias a la participación de todo el que lo ha querido. Y 
considera que el PEUAT es un buen ejemplo del urbanismo democrático que la 
ciudad reclamaba, al servicio del bien común. 
Dice que no tiene intención ahora de entretenerse en explicar el contenido técnico de 
este plan especial urbanístico, pero sí que quiere destacar algunos principios, 
mantenidos desde la aprobación inicial, y que nadie pone en cuestión. Menciona, en 
primer lugar, la preservación de la vivienda para vivir, para los vecinos y las vecinas; 
por lo tanto, el PEUAT estipula que ninguna vivienda pueda ser sustituida por 
ninguna tipología de alojamiento turístico. En segundo lugar, apunta la voluntad de 
que la ciudad tenga mixtura de usos, equilibrada, y revertir la burbuja turística que 
los empujaba indefectiblemente al monocultivo económico en muchas zonas de la 
ciudad. Pone de relieve que el plan asegura la diversificación económica urbana, 
facilita el equilibrio territorial y pone orden en una de las principales actividades 
económicas de la ciudad, el turismo. 
Sigue diciendo que otro criterio básico contenido en el PEUAT es el de una ciudad 
que preserve la calidad del espacio público, y supone una herramienta para detectar y 
analizar los ámbitos más vulnerables a raíz de un uso intensivo con el fin de 
protegerlos. 
Finalmente, señala que se basa en el modelo de ciudad con diversidad de tejidos 
urbanos y, en este sentido, el plan permite graduar los alojamientos en función de las 
Ref.: CP 
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características de la trama urbana; y pone en valor que allí donde hasta ahora se 
permitía el crecimiento descontrolado, se limita y se controla. 
Concluye, por lo tanto, que con el PEUAT empiezan el camino para la gobernanza 
del turismo en Barcelona, y que por primera vez disponen de una regulación de 
ciudad para las actividades vinculadas a los alojamientos turísticos. Y valora como 
una victoria colectiva el hecho de que ya no se entienda una ciudad sin esta 
regulación de la actividad turística. 
Acaba su primera intervención agradeciendo las aportaciones de los grupos 
municipales al PEUAT, y el trabajo de todo el equipo técnico municipal que ha 
hecho posible la redacción. 
 
El Sr. MÒDOL señala que Barcelona recibe anualmente veintisiete millones de 
visitas, que significan actividad económica e ingresos, pero también dolores de 
cabeza y molestias para muchos vecinos y vecinas. 
Pone en valor que, con la aprobación del PEUAT, se incidirá, en parte, en las 
soluciones a los problemas planteados por la presión turística. Se felicita, pues, por 
poder usar esta estrategia para gobernar el fenómeno del turismo.  
Reconoce el trabajo hecho por la teniente de alcaldía Janet Sanz, la negociación con 
el resto de grupos municipales y, evidentemente, la de los técnicos municipales que 
han elaborado un documento que genera el consenso suficiente para detener lo que 
suponía un gran riesgo para la ciudad. 
Se refiere, seguidamente, a determinados aspectos del PEUAT y del contexto de su 
maduración. Recuerda que el plan especial nació y ha evolucionado con polémica e, 
incluso, la negociación con los grupos que hoy lo apoyan no ha estado exenta de ella. 
No obstante, remarca que esta polémica ha servido para que todo el mundo tenga 
claro que había que establecer una regulación en la ciudad con respecto al turismo y 
a los alojamientos turísticos, que tenía que ser efectiva, sobre todo, y concretarse en 
determinadas zonas de la ciudad. 
Reconoce que este no es el PEUAT que habría hecho el grupo del PSC, pero sí que 
es un documento de consenso y de renuncias; no obstante, pone en valor que lo 
auténticamente importante es que hoy lo pueden aprobar y emprenden un nuevo 
proceso de reflexión profundizada sobre las herramientas más adecuadas para regular 
un sector que, no hay que olvidarlo, es un motor económico en la ciudad. 
 
El Sr. MARTÍ manifiesta que, después una largo proceso para llegar a disponer de 
una regulación urbanística óptima de la oferta de alojamientos turísticos, hoy se ven 
obligados a votar negativamente a la aprobación definitiva del PEUAT. Asegura que 
eso no los satisface nada, ya que afirma que han intentado por todos los medios, no 
solo como grupo municipal, sino con mucha otra gente, hacer ver al Gobierno que el 
plan es una mala herramienta urbanística y un mal negocio para la ciudad tal como 
queda hoy definido y se aprobará. 
Considera que perjudica el presente de la ciudad y puede hipotecar gravemente su 
futuro. Concreta que ayer mismo les llegó la confirmación de este pronóstico, que 
proviene de los principales sectores y agentes afectados del ámbito del turismo y del 
comercio; así, en un comunicado conjunto, el gremio de hoteles de Barcelona, el 
Consejo de Gremios de Comercios, Servicios y Turismo, Comertia, Barcelona 
Oberta y el Gremio de Restauración han criticado duramente el PEUAT, de modo 
que hacen una enmienda a la totalidad. 
Manifiesta que su deber como oposición es contraponer modelos políticos y de 
gestión de la ciudad, pero cree no les pueden reprochar en absoluto que hacen una 
oposición destructiva o falta de sentido de ciudad. Destaca que, paralelamente a la 
discusión del PEUAT, han sido capaces de dialogar, negociar y acordar con el 
Gobierno el Plan por el derecho a la vivienda. Por el contrario, consideran que el 
Ref.: CP 
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proceso que ha seguido el PEUAT ha estado repleto de carencias, despropósitos, 
errores y defectos de todo tipo, y es una clara demostración de sesgo ideológico del 
Gobierno municipal, y de aquellos que por activa o por pasiva hoy darán apoyo a este 
plan. 
Añade que este PEUAT es todavía peor y más imperfecto que el que se aprobó 
inicialmente, fruto de una moratoria arbitraria, defectuosa y lesiva para el interés 
general. Pone de manifiesto que presentaron alegaciones y han mantenido 
conversaciones con el Gobierno para mejorar varios aspectos legales, técnicos, 
urbanísticos, jurídicos y políticos. Y aprovecha para agradecer en nombre de su 
grupo el comportamiento del Gobierno y de la Sra. Sanz, en especial. 
No obstante, destaca que el Gobierno ha preferido pactar con las plataformas que 
criminalizan el turismo, con partidos de izquierda o sectores que se afanan en el 
decrecimiento económico de la ciudad. Y reprocha que lo peor de todo ello es que el 
PEUAT definitivo no solo es más restrictivo en cuanto a futuras implantaciones 
turísticas con respecto al plan inicial, sino que, además, reincide en la arbitrariedad a 
la hora de fijar líneas rojas por territorios, atropella derechos legítimos de promotores 
basados en convenios urbanísticos vigentes y, en la práctica, expropian, puesto que 
determinados equipamientos hoteleros perderán el 20 % de la oferta cuando tengan 
que llevar a cabo grandes rehabilitaciones. 
En cuanto al punto decimotercero, que votarán en contra, discrepa con las 
restricciones que implican diferentes barrios, algunos enteros, en el ámbito de 
aplicación de la zona 1; y tampoco están de acuerdo con la modificación puntual de 
la modificación del PGM (MPGM), relativa a edificios con nivel B de catalogación, 
y observa que difícilmente estos edificios podrán tener un destino diferente al 
hotelero y, por lo tanto, los condenarán al deterioro y pérdida patrimonial. 
Acaba su intervención reafirmándose en que el turismo es bueno para la ciudad, y lo 
que es difícil es gestionarlo adecuadamente, y consideran que con estos medios no lo 
harán. Reitera que el PEUAT no solo está viciado jurídicamente de entrada, sino que 
tampoco servirá para poner orden en la actividad turística de la ciudad; mientras 
tanto, alerta de que quedará mucha gente perjudicada o damnificada que interpondrá 
demandas en el futuro que comportarán muchos problemas de orden patrimonial y 
económico a este Ayuntamiento. 
 
El Sr. BLANCO recuerda que su grupo nunca ha puesto en duda la necesidad de 
establecer una regulación, y siempre ha defendido que se tenían que regular los 
alojamientos turísticos de una manera sensata. Sin embargo, consideran que este 
PEUAT no es nada sensato, y será contraproducente e, incluso, inútil. Justifica esta 
afirmación porque el PEUAT tendrá unos efectos indeseados entre los cuales, y en 
primer lugar, el hecho de que favorece claramente la especulación con las licencias 
de alojamiento, actualmente convertidas en un bien escaso; favorece la concentración 
de alojamientos, puesto que el plan no contiene ninguna medida que favorezca el 
traslado de licencias del centro de la ciudad a la periferia. 
Añade que este PEUAT también contribuye a encarecer los precios de los 
alojamientos, que en los últimos años se ha incrementado en un 12 % a causa de la 
moratoria, así como también aleja las inversiones, que ya se están orientando hacia 
otras ciudades que proporcionan más seguridad jurídica. 
Remarca que no hay ningún mecanismo que garantice la continuidad de los 
proyectos en marcha, sino que contrariamente solo se les ponen trabas, muchas veces 
injustificadamente. 
Precisa que, además de estos efectos contraproducentes, la normativa se revelará 
inútil, ya que el PEUAT no garantiza un turismo de calidad, sino que tan solo limita 
la implantación de los alojamientos en el territorio. Alerta de que, con eso, tampoco 
conseguirán disminuir el número de turistas que visitan la ciudad, sino que la 
Ref.: CP 
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afluencia seguirá aumentando porque la mitad de los turistas que visitan Barcelona 
no se alojan en ella. 
Concluye, en consecuencia, que este plan no soluciona ninguna externalidad negativa 
del turismo, y lo califica de plan prohibicionista y no de regulación sensata. 
Manifiesta que, en opinión de su grupo, una regulación adecuada pasa por la 
flexibilidad, para permitir la excepcionalidad a la norma y que no impida que se 
puedan llevar a cabo determinados proyectos de interés público. Considera que se 
debería establecer una zonificación no tan indiscriminada de la zona de crecimiento, 
sino mucho más ajustada a las densidades reales de los alojamientos en la ciudad. 
Afirma que el objetivo no debería ser el decrecimiento indiscriminado del turismo, 
sino el de un crecimiento ordenado de la actividad. 
Reconoce que su grupo ha hecho todo lo que ha podido para flexibilizar el PEUAT, 
pero el Gobierno ha preferido pactar con los grupos de ERC y de la CUP, partidarios 
del enfoque prohibicionista en vez de una regulación sensata; y lamenta que el grupo 
del PSC también forme parte de este bloque, así como el giro de ERC hacia 
posiciones tan restrictivas que no coinciden con las que mantenía hace bien poco. 
Acaba su intervención reiterando la solicitud de una votación nominal, debida la 
relevancia del PEUAT y las posibles repercusiones futuras de su aplicación. 
 
El Sr. CORONAS niega que su formación haya dado ningún giro, sino que sigue una 
línea tan recta en la defensa de sus ideales como Ciutadans de los suyos. 
Así, hace referencia a que en su momento dijeron que no les parecía bien la 
aplicación de la moratoria indiscriminadamente en toda la ciudad, y lo mantienen. 
Consideran que fue un error iniciar este proceso con una moratoria no acordada con 
nadie y aplicada de una forma generalizada. Añade que también dijeron que el 
documento inicial del PEUAT no les gustaba, al considerar que convertía en crónico 
un problema de ciudad, pero no daba soluciones. 
Por lo tanto, justifica la presentación de alegaciones en el documento inicial, 
esencialmente en cuanto a la demanda de cambios en los criterios de zonificación, de 
movilidad de alojamiento turístico para favorecer el desplazamiento en zonas con 
menos saturación y, por lo tanto, decrecer allí donde hacía falta. Añade que también 
pedían la concentración de los alojamientos turísticos en edificios únicamente 
destinados a este tipo de vivienda; posibilitar que se hicieran grandes rehabilitaciones 
en establecimientos hoteleros, también para favorecer el decrecimiento, ya que si un 
hotel de tres estrellas pasa a tener cinco disminuirá el número de habitaciones; y que 
los nuevos establecimientos hoteleros se ubicaran en grandes avenidas con el fin de 
proteger las tramas urbanas más densas. 
Apunta, finalmente, que una de las condiciones que planteaban con sus alegaciones 
era la lucha contra la ilegalidad de los alojamientos, ampliando la actividad 
inspectora y poniendo el horizonte para acabar con el problema en el 2023. 
Precisa que, sobre la marcha, incorporaron nuevas peticiones como la incorporación 
a la zona 1 del Poblenou, la Vila Olímpica, Sant Antoni y Hostafrancs. 
Finalmente, señala que también han puesto encima de la mesa tres proyectos 
hoteleros que se daban por perdidos, Verd Vila Olímpica, Pràctic y Rec Comtal, que 
se volverán a estudiar y la ciudadanía podrá dar su parecer al respecto. 
Con respecto al punto 13 de modificación puntual del MPGM, entienden que es una 
puerta de atrás para hacer pasar proyectos hoteleros, aunque reconoce la dificultad 
para encontrarles usos a los edificios patrimoniales. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ apunta que en el primer barómetro semestral de este 
mandato el turismo era percibido por la ciudadanía como el noveno problema de la 
ciudad; transcurrido un año, en el reciente barómetro semestral el turismo ha pasado 
al segundo lugar. Remarca, por lo tanto, que se ha multiplicado por tres el índice de 
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preocupación por esta actividad económica. 
Dice que se deberían preguntar por qué se ha producido este cambio tan sustancial 
transcurrido un año de mandato; si eso responde a la demonización por parte del 
Gobierno de esta actividad económica, por una gestión equivocada del fenómeno 
turístico o por las dos cosas. 
Añade que también encuentra sorprendente que la alcaldesa haya acabado siendo 
lobista de los actuales gestores de la actividad turística de la ciudad, ya que ha 
contribuido al incremento de los precios de las habitaciones en un 10 % en solo un 
año; y alerta de que se empieza a detectar especulación en la concesión de licencias, 
primero por la moratoria y después por las restricciones que impondrá el PEUAT.  
Confirma que su grupo es partidario de la regulación de la actividad turística desde 
una perspectiva urbanística, y consideran que se tiene que hacer con el doble objetivo 
de garantizar el derecho al descanso de los vecindarios y la convivencia en los 
barrios, y, en segundo lugar, incentivar la inversión y la creación de empleo que 
comporta el turismo, que genera más de cien mil puestos de trabajo en la ciudad y el 
14 % del PIB. 
Por lo tanto, alerta de que el debate sobre la actividad turística no se puede hacer por 
partes; evidentemente, se necesitan decisiones urbanísticas, pero también un plan de 
inspección que evite la impunidad de facto que han tenido todos los propietarios de 
alojamientos irregulares e ilegales, y aquellos que, disponiendo de permiso, causaban 
molestias a los vecinos sin que se produjera ninguna reacción administrativa para 
impedirlo, con una respuesta eficaz de la Guardia Urbana a las quejas vecinales, con 
información a las comunidades de vecinos para que en sus estatutos puedan vetar la 
presencia de apartamentos turísticos. 
Subraya que es necesario, igualmente, que este Ayuntamiento tenga plenas 
competencias en materia de gestión de alojamientos turísticos, es decir, la creación 
de una Administración única municipal y, por lo tanto, la cesión por parte de la 
Generalitat de las competencias en régimen sancionador o de concesión de licencias. 
Añade que se tienen que abordar otros modelos de alojamiento turístico como el 
alquiler de habitaciones, cada vez más presente, o el alquiler de viviendas habituales 
como alojamiento turístico ocasional. 
Remarca que hay muchos aspectos que hay que tratar; no obstante, consideran que el 
PEUAT solo conseguirá frenar inversión y creación de empleo en la ciudad; generará 
inseguridad jurídica y no garantizará la convivencia en los barrios. 
Por todo ello, avanza el voto contrario de su grupo, y aprovecha para reclamar que se 
constituya una comisión de seguimiento de la aplicación del PEUAT, 
complementaria a su revisión, prevista de aquí a cuatro años. 
 
La Sra. LECHA, que celebra que finalmente se apruebe el PEUAT, pone de 
manifiesto que han podido oír durante este debate un memorial de agravios contra 
este plan, y las formaciones de la derecha demuestran que no son otra cosa que una 
correa de transmisión de las clases dominantes en esta casa. Igualmente, hace notar 
que otro grupo incluso habla en interés propio de sus negocios e inversiones en pisos 
turísticos y, además, reclama voto nominal como coacción. 
En esta línea, pone de manifiesto que otros grupos se dedican a poner en valor las 
conquistas que han alcanzado durante la negociación de este PEUAT con el 
Gobierno. 
No obstante, subraya que la realidad de la ciudad es otra; y dice que les preocupa qué 
pasará una vez acabado el trámite de aprobación del PEUAT, como afectará al 
presente y, sobre todo, al futuro de los barrios. Señala que, a pesar de la aprobación 
de este plan, los proyectos que se escaparon de la moratoria salen adelante, entre los 
cuales cita el albergue de la Vila Olímpica, que tanta polémica y malestar ha causado 
entre el vecindario. Añade que también sacarán adelante hoteles en las grandes 
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avenidas de la ciudad, en los barrios que no han sido incluidos en las zonas 1 y 2. 
Por lo tanto, consideran que la opción del Gobierno ha sido elaborar un plan que 
centrifuga el problema en vez de resolverlo. Puntualiza que decrecimiento no 
significa crecer en unas zonas de la ciudad y cronificar el problema en las zonas 
saturadas, y reprocha al Gobierno que haya renunciado al objetivo del decrecimiento 
turístico, que, en opinión de la CUP, es vital para la ciudad. 
Por todo ello, declara en nombre de su grupo la guerra al crecimiento turístico en 
Barcelona, particularmente a los proyectos hoteleros que amenazan barrios enteros, 
los que ya están aprobados y los que vendrán, pero especialmente a los millares de 
plazas hoteleras previstas en los barrios de la Marina, la Sagrera y Sant Martí.  
En este sentido, pregunta si la Marina se convertirá en un resorte de la Fira; si se 
mantendrá el pelotazo urbanístico en la Sagrera previsto en el PGM; o si dejarán que 
el barrio de Provençals se convierta en un nuevo 22@. Entiende que, hoy por hoy, 
todo apunta a que las respuestas son afirmativas y se ratifica en que su grupo no está 
dispuesto a permitirlo. 
Remarca que este PEUAT se aprobará con la abstención de su grupo, que no 
significa un visto bueno, sino que es el resultado de un chantaje con unas artes 
negociadoras equiparables a las que se hacen en el otro lado de la plaza de Sant 
Jaume; y el toque de alerta que supone que la no aprobación del PEUAT habría 
significado el levantamiento de la moratoria. 
Reitera, pues, que el Gobierno les ha planteado un chantaje muy claro: PEUAT o 
barbarie. 
Apela a la ciudadanía a plantar cara a la masificación turística, a la organización, 
resistencia y acción directa de los vecinos y las vecinas; y remarca nuevamente que 
el PEUAT no resuelve ninguno de los problemas de la proliferación imparable de 
alojamientos turísticos y, en consecuencia, entienden que hay que recuperar la lucha 
en la calle contra todos los proyectos que amenacen a los barrios; hay que recuperar 
la acción directa para erradicar los pisos turísticos con licencia o sin ella; hay que 
echar a los fondos buitre antes de que expulsen a los vecindarios. Y concluye que el 
sistema capitalista es la barbarie contra la vida, y, por este motivo, la ciudadanía en la 
calle tiene que ser su peor pesadilla. Confirma que, en este estado de cosas, la CUP 
tiene muy claro en qué lado de la barricada estará. 
 
La Sra. SANZ pide que no se frivolice por razones políticas con el trabajo de los 
técnicos y de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento. Remarca que hay 
garantías más que suficientes de la legalidad del PEUAT. 
Asegura que entienden que muchos grupos políticos no estén de acuerdo con el 
contenido del plan, pero insiste en pedirles que no mezclen las cosas y no desprecien 
el trabajo de los profesionales de esta casa. 
Dicho esto, destaca que hay muchos barrios en la ciudad en que se ofrecen más 
camas para turistas que para vecinos y vecinas, y pregunta qué solución consideran 
adecuada si no es preservar y apostar por un turismo ordenado y controlado. 
 
El Sr. MARTÍ entiende que este PEUAT no contribuirá a resolver el problema de la 
vivienda, que se tiene que canalizar mediante un plan de derecho a la vivienda serio, 
como el que han votado hoy. 
 
El Sr. BLANCO dice que no pueden admitir que se les acuse de despreciar el trabajo 
de los técnicos municipales, que han hecho un trabajo excelente; y remarca la 
dificultad de ejecutar el encargo del Gobierno, que es el responsable. 
 
El Sr. CORONAS considera que ha quedado bien claro que se necesita una 
regulación de alojamientos turísticos; y alerta de que la ciudad no puede basar toda 
Ref.: CP 
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su economía productiva en el monocultivo del turismo, y que el modelo vigente 
actualmente es producto de inercia política desde hace años, y de no haber sabido 
captar los cambios que se estaban produciendo en la ciudad. 
Así pues, reitera la consideración de que el PEUAT es bueno, y no entienden la 
coacción que supone la demanda de votación nominal con el fin de evitar hipotéticas 
responsabilidades jurídicas; y le parece que eso es un numerito para defender a algún 
promotor hotelero.  
La Sra. ALCALDESA anuncia la petición del grupo de Ciutadans de votación 
nominal del punto duodécimo de aprobación definitiva del PEUAT, que hay que 
aprobar por mayoría simple de esta cámara. 
Dicho esto, pregunta a los grupos municipales si están de acuerdo, con el resultado 
siguiente: los grupos de Barcelona en Comú y del PSC, así como los de CiU, 
Ciutadans y el PP responden afirmativamente, mientras que los grupos de ERC y de 
la CUP se posicionan en contra. Por lo tanto, se aprueba la petición de votación 
nominal. 
 
Seguidamente, se procede a la votación nominal del punto duodécimo. El Sr. 
secretario general llama por orden alfabético de apellidos a los miembros del 
Consistorio, quienes, en voz alta, expresan el sentido de su voto: 
 
Santiago Alonso Beltrán: en contra 
Carmen Andrés Añón: a favor 
Gerard Ardanuy i Mata: en contra 
Jaume Asens Llodrà: a favor 
Eloi Badia Casas: a favor 
Montserrat Ballarín Espuña: a favor 
María Magdalena Barceló Verea: en contra  
Montserrat Benedí i Altés: a favor 
Koldo Blanco Uzquiano: en contra 
Raimond Blasi i Navarro: en contra 
Alfred Bosch i Pascual: a favor 
Trini Capdevila i Burniol: a favor 
Jaume Ciurana i Llevadot: en contra 
Jaume Collboni Cuadrado: a favor 
Agustí Colom Cabau: a favor 
Jordi Coronas i Martorell: a favor 
Ángeles Esteller Ruedas: en contra 
Teresa M. Fandos i Payà: en contra 
Alberto Fernández Díaz: en contra 
Joaquim Forn i Chiariello: en contra 
Josep Garganté i Closa: abstención 
Mercè Homs i Molist: no presente 
María José Lecha González: 
abstención 
Jordi Martí i Galbis: en contra 
Carina Mejías Sánchez: en contra 
Daniel Mòdol Deltell: a favor 
Josep M. Montaner Martorell: a favor 
Xavier Mulleras Vinzia: en contra 
Laia Ortiz Castellví: a favor 
Laura Pérez Castaño: a favor 
Gala Pin Ferrando: a favor 
Gerardo Pisarello Prados: a favor 
Ref.: CP 
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Juan José Puigcorbé i Benaiges: a favor 
Sònia Recasens i Alsina: en contra 
Maria Rovira i Torrens: abstención 
Janet Sanz Cid: a favor 
Francisco Sierra López: en contra 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra  
Mercedes Vidal Lago: a favor 
Francina Vila i Valls: en contra 
Ada Colau Ballano: a favor 
 
Acto seguido, se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado siguiente: 
veinte votos a favor, diecisiete votos en contra y tres abstenciones. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 
Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Vila; de los 
Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. Fernández 
Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. 
Lecha y Rovira. 
 
13. (16PL16386) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificación puntual de la modificación del Plan 
general metropolitano para la protección del patrimonio histórico-artístico de 
Barcelona, de iniciativa municipal, RESOLVER las alegaciones presentadas en el 
trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 
informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, de valoración de las 
alegaciones, que consta en el expediente y a efectos de motivación se incorpora a 
este acuerdo; REMITIR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de 
Barcelona para su aprobación definitiva. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 
Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Vila; de los 
Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. 
Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 
 
14. (2016 SD 363 57/2017) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 9 de enero de 2017, que 
APRUEBA el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona para la reordenación de los equipamientos 
penitenciarios en la ciudad de Barcelona; que AUTORIZA y DISPONE el gasto a 
favor de la Generalitat de Catalunya, con NIF S0811001G, para hacer frente a los 
gastos derivados del convenio, con cargo en la partida indicada en este mismo 
documento del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, por un importe de 
6.677.152,51 euros, con el siguiente desglose: importe neto, 5.518.307,86 euros, 
tipo impositivo del 21 
% de IVA, e importe del IVA de 1.158.844,65 euros. La mencionada 
consignación queda supeditada al crédito que autoricen los presupuestos 
municipales para el ejercicio del año 2017; y que FACULTA a la quinta teniente 
de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz Cid, para la firma del 
presente convenio y de los actos que se deriven de él. 
 
La Sra. SANZ presenta el punto que trata del convenio con la Generalitat para la 
reordenación de los centros penitenciarios de Barcelona, del que ya hablaron en la 
última sesión de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. 
Califica este convenio como un paso definitivo e histórico, con el que cada 
Ref.: CP 
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Administración asume claramente sus competencias a diferencia de otros 
documentos precedentes; remarca que se trata de un convenio que obliga a las 
partes, independientemente de quién gobierne en cada Administración. 
Puntualiza que el convenio permite la ordenación de los centros penitenciarios 
para que la ciudad apueste por la recuperación de equipamientos y de viviendas. 
Concreta que, en el ámbito de la Trinitat Vella, donde todavía está el centro 
abierto en funcionamiento, el objetivo ha sido conseguir la titularidad del suelo 
donde se encuentra justamente el centro penitenciario —las dos piezas vecinas ya 
son de propiedad municipal—, que se adquiere por 5,5 millones de euros a la 
Generalitat, y que permite llevar a cabo la reparcelación para proceder 
posteriormente al proceso de urbanización para proyectar las viviendas de 
realojamiento pendientes desde hace mucho tiempo. Precisa que la previsión es 
que en el segundo semestre del 2018 se inicie la construcción de estas viviendas y 
otras de titularidad pública. 
Añade que este convenio también les permite que, en el momento en que se produzca 
el traslado del centro abierto a la Zona Franca, se pueda desarrollar una actuación en 
el ámbito para dotarlo con equipamientos, que se definirán a raíz del proceso 
participativo y el trabajo que actualmente se lleva a cabo en el distrito de Sant 
Andreu. 
Seguidamente, se refiere al caso de la Modelo, una reivindicación histórica de la 
Esquerra de l’Eixample, en que se posibilita la cesión de un solar suficiente a la 
Generalitat — 20.000 metros cuadrados en la Zona Franca— para la construcción de 
un centro de preventivos. Indica que también están hablando con el Distrito de 
L’Eixample para actualizar el proceso participativo para poder destinar el solar de la 
Modelo a equipamientos. 
Señala que, para hacer posibles las cesiones de suelos, se trabaja con el Consorcio de 
la Zona Franca y se procede a dos modificaciones del PGM para adecuar el uso de 
los suelos a equipamientos penitenciarios. 
Concluye, por lo tanto, que están trabajando en todo lo que haga posible los 
realojamientos de la Trinitat Vella, y para los equipamientos largamente 
reivindicados por los vecinos y vecinas de la Esquerra de l’Eixample. 
 
La Sra. ANDRÉS pone de relieve la importancia del convenio para las expectativas 
de futuro que abre en torno a la Modelo, pero sobre todo porque es muy relevante 
para materializar el realojamiento de personas que, hoy por hoy, viven en unas 
condiciones intolerables en la Trinitat Vella. Añade que el convenio también obliga a 
la Generalitat a cumplir con lo que le corresponde, lo que asegura que no se frustren 
estas expectativas. 
 
La Sra. VILA hace referencia a que, durante el mandato anterior, se firmó un 
protocolo, con clara voluntad política, con el fin de llegar a un acuerdo con la 
Generalitat para empezar el proceso de recuperación de la Modelo, que se 
materializó con un primer derribo. 
Recuerda que su grupo ha animado al Gobierno municipal para continuar 
desarrollando el mencionado protocolo para que la recuperación del espacio de la 
Modelo, y también del espacio del centro abierto de la Trinitat Vella, se convirtieran 
en una realidad. 
Por lo tanto, se felicita por la aprobación de este convenio, especialmente porque 
constata que el Gobierno rectifica su posición inicial. 
No obstante, afirma que conocen las dificultades que el Gobierno municipal ha 
puesto al Gobierno de la Generalitat para iniciar esta recuperación de suelos y, por lo 
tanto, lamentan el retraso para conseguir estos espacios para la ciudadanía. 
Dicho esto, pide al Gobierno que lidere el cumplimiento del convenio y que los 
Ref.: CP 
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equipamientos lleguen lo antes posible, así como que también se vele por que se 
garanticen los centros penitenciarios que necesita la ciudad y el área metropolitana. 
 
La Sra. MEJÍAS pide a la Sra. Sanz que la convenza de que con este convenio se 
hace una buena operación, puesto que no lo acaban de ver claro. Dice que no 
entiende qué beneficio saca este Ayuntamiento de pagar a la Generalitat el solar de la 
Trinitat Vella y, a cambio, cederle gratuitamente dos solares en la Zona Franca para 
los centros penitenciarios. Y asegura que lo pregunta como ciudadana más que como 
concejala. 
No obstante, se felicita por que esta operación beneficie el realojamiento de las 
personas que actualmente viven en situaciones deplorables en la Trinitat Vella. 
También reclama que les aseguren que el convenio se cumplirá, dado que la 
respuesta a las preguntas que ella misma formuló al consejero de Justicia, en 
diciembre del 2014, sobre el cumplimiento del protocolo anterior, fue que en el 2015 
la prisión Modelo ya se habría trasladado de Barcelona, y añadía que el centro 
penitenciario de la Zona Franca estaba en proceso de licitación de las obras. Por lo 
tanto, dice que tiene serias dudas de que ahora sí que se cumplirá el convenio, 
aunque asegura que votará a favor si la respuesta de la Sra. Sanz la convence. 
 
El Sr. BOSCH pide a la Sra. Mejías, que sabe que es buena ciudadana, que piense en 
los vecinos y verá claro qué tienen que hacer. 
Reconoce que el desacuerdo que se ha mantenido durante décadas finalmente se ha 
convertido en un acuerdo entre administraciones, que se materializó porque, 
precisamente, tuvieron en cuenta a los vecinos y las vecinas. 
Asegura que no tiene ninguna intención de ponerse medallas en este sentido, pero sí 
la convicción firme de que las cosas son posibles, sobre todo, si se centran en las 
necesidades de la ciudadanía y, en este caso, ERC tenía muy claro que la Esquerra de 
l’Eixample debía tener una escuela, un jardín de infancia, un centro de personas 
mayores, el Museo Memorial Puig Antich, parques, aparcamientos y todo lo que 
necesita el vecindario en un barrio tan denso. 
Añade que estaban convencidos de que la Trinitat Vella debía tener las viviendas 
sociales necesarias, una escuela infantil, zona verde y otros equipamientos. Remarca, 
por lo tanto, que gracias al firme convencimiento y la perseverancia se consiguen 
cosas que, de entrada, parecen imposibles. 
Cree, por lo tanto, que si alguien se tiene que poner medallas son los vecinos y las 
vecinas que llevan cerca de cuatro décadas luchando, tanto en la Trinitat Vella como 
en la Esquerra de l’Eixample, para hacer todo eso realidad, y aprovecha esta ocasión 
para reconocer su lucha histórica, un reconocimiento que dirige personalmente a la 
concejala Capdevila, que ha sido una persona clave a la hora de sacar adelante esta 
reivindicación vecinal; también a todas las personas que ya no están, entre las cuales 
menciona a Miquel Caminal y Anna Alabart, en el caso de la Esquerra de 
l’Eixample, que hoy celebrarían ver cómo se avanza en este asunto. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que, después de años de debates y de 
promesas no cumplidas y de la firma de sucesivos convenios, hoy les presentan uno 
nuevo, una vez que ya han pasado por este Ayuntamiento cuatro alcaldes, cinco 
presidentes en la Generalitat, gobiernos tripartitos y gobiernos de CiU a ambos lados 
de la plaza de Sant Jaume. A pesar de todo ello, remarca que lo único cierto es que el 
traslado y cierre de las prisiones de Barcelona sigue sin materializarse. 
Exige a la Sra. Sanz una respuesta clara sobre qué pasa con los adelantos que ha 
hecho efectivos este Ayuntamiento; recuerda que en el 2001 cedió un solar —vacío, 
en la actualidad— en la Diagonal con Llull para hacer vivienda de protección oficial; 
que el convenio, en el 2014, firmado por el alcalde Trias supuso el adelanto de 
Ref.: CP 
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quince millones de euros para la adquisición de un tercio de la Modelo. Pregunta por 
qué Barcelona tiene que pagar lo que correspondería a la Generalitat, que, una vez 
más, desiste de sus obligaciones con la ciudad, cuando esta ha sido sobradamente 
solidaria desde hace más de un siglo acogiendo los centros penitenciarios. Insiste en 
cuestionar por qué motivo han tenido que ceder dos solares gratuitamente y, además, 
pagar cinco millones y medio de euros por un solar en la Trinitat Vella, cuando la 
Generalitat debería haber construido vivienda social; es decir, proporcionan ingresos 
a la Generalitat y, además, construyen la vivienda social que le correspondía. 
Pregunta a la Sra. Sanz si se hará la prisión en la Zona Franca, y en caso de que la 
respuesta sea afirmativa, pregunta cuándo empezarán las obras y podrá ponerse en 
servicio el nuevo centro penitenciario. Pregunta, también, cómo se decidirán los usos 
de la Modelo; y por qué se deja al margen la concreción sobre el futuro de Wad-Ras. 
Anuncia que, en función de las respuestas de la Sra. Sanz, emitirá el posicionamiento 
de su grupo. 
 
La Sra. LECHA celebra, en nombre de la CUP, que el barrio de la Nova Esquerra de 
l’Eixample, y la ciudad por extensión, esté en vías de recuperar el espacio de la 
Modelo. Como ya se ha dicho, recuerda que el vecindario lleva muchos años 
esperando, y ha llegado al consenso de que una de las cosas que tiene que haber es un 
espacio destinado a la memoria de la represión sufrida en la prisión Modelo. 
Celebra que se empiece a solucionar la situación de los internos que se quedan 
actualmente en la Modelo, pues viven en unas condiciones vergonzosas. 
Sin embargo, se muestra crítica con el convenio firmado con la Generalitat, que 
consideran una nueva operación para reducir injustificadamente su deuda con este 
Ayuntamiento. 
Apunta que, según han podido saber, hoy por hoy no están garantizados los derechos 
de los internos de los centros penitenciarios que está previsto trasladar. En este 
sentido, manifiesta que para su grupo es fundamental avanzar hacia un nuevo sistema 
penal que abandone la privación de libertad como eje central y, también, que se 
facilite la salida de las personas presas y su reinserción social tan pronto como sea 
posible. 
Señala que la prisión preventiva de más de dos años y las condenas largas provocan 
problemas físicos y psíquicos, a menudo irreversibles. Por lo tanto, subraya que, para 
facilitar los regímenes abiertos y el retorno a la normalidad fuera de la prisión, es 
imprescindible que las personas presas estén cerca o dentro de los núcleos urbanos, y 
no expulsadas a la periferia. Consideran que esta expulsión solo demuestra que no 
quieren ver estas situaciones, incluso de tortura. 
Considera que no se deben sentir orgullosos porque este Ayuntamiento ceda solares a 
la Generalitat para construir centros penitenciarios. En este sentido, cita el aforismo 
francés que dice que el derecho civil sirve para que los ricos puedan robar a los 
pobres, y el derecho penal para evitar que los pobres roben a los ricos. Y reprocha al 
Ayuntamiento del cambio que contribuye a un modelo penal clasista que no 
comparten y, por lo tanto, piden que se reflexione sobre este aspecto. 
 
La Sra. SANZ dice que le gustaría convencer a la Sra. Mejías para que apoye este 
convenio, que entiende que es positivo para los vecinos y vecinas de la Trinitat y de 
la Esquerra de l’Eixample, pero también para toda la ciudad. Le recomienda, por lo 
tanto, que pasee por la Trinitat Vella y que hable con el vecindario, con aquellas 
personas que sufren una situación de infravivienda intolerable, y también que 
constate los equipamientos que se necesitan en un barrio tan denso como la Esquerra 
de l’Eixample. 
Confirma que el Gobierno ha trabajado con todos los instrumentos a su alcance al 
servicio de las necesidades y las demandas de vecinos y vecinas. 
Ref.: CP 
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Puntualiza que ahora se trata de un convenio, y no del protocolo del 2014, que genera 
obligaciones en las partes jurídicas para desarrollar su contenido. En este sentido, 
precisa que el Ayuntamiento está obligado, en los plazos estipulados, a determinar la 
cesión de los solares para desencallar la construcción de los centros penitenciarios. 
Destaca que la pieza del centro abierto de la Trinitat es estratégica para hacer las 
viviendas, pero también para dignificar el espacio urbano del barrio con una plaza y 
equipamientos. 
 
La Sra. MEJÍAS exige al Sr. Bosch que no le dé lecciones porque, como otros 
miembros del Consistorio, ella es vecina de la Esquerra de l’Eixample y, por lo 
tanto, asegura que sabe muy bien qué quiere el barrio. Añade, también, que es 
nacida en un barrio al lado de la Trinitat Vella y, por lo tanto, conoce muy bien las 
reivindicaciones vecinales; por el contrario, dice que lo que no sabe es si el Sr. 
Junqueras cumplirá el convenio. 
En este sentido, considera que ERC es quien auténticamente ostenta la presidencia 
de la Generalitat y dice que no se fía de ellos, y se remite a respuestas 
parlamentarias que hace cuatro años aseguraban que este tema estaba a punto de 
resolverse. Por lo tanto, reclama que la convenzan de que todo eso se hará 
realidad. 
Pregunta a la Sra. Sanz, que ha recalcado que ahora se trata de un convenio y no 
de un protocolo, que qué garantía añadida les da eso de que se cumplirá; que les 
explique por qué motivo este Ayuntamiento tiene que pagar un solar a la 
Generalitat y cederle dos gratuitamente. Reclama justificaciones a todo eso, ya 
que mientras no lo hagan seguirá pensando que se trata de una operación para 
enjugar deuda de la Generalitat con este Ayuntamiento, y asegura que no quieren 
caer en esa trampa. 
Insiste en que el Sr. Bosch se ha convertido en el mejor agente del Sr. Junqueras 
en este Ayuntamiento para ahorrar dinero a la Generalitat. 
 
El Sr. BOSCH observa que, tal vez, acabarán confluyendo con Ciutadans, puesto 
que esta formación se lo mira todo y lo replica desde un marco catalán. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a la alcaldesa que le responda las preguntas 
que ha formulado en su intervención y que ahora repite. Así, insiste en preguntar 
si se hará el centro penitenciario de la Zona Franca, y en caso de que se haga, 
cuándo entrará en servicio. 
Entiende que quizás no le ha respondido porque la semana pasada el consejero 
Mundó dijo en el parlamento que el Departamento de Justicia aclarará si se toma 
la decisión de cerrar la Modelo, o no, en las próximas semanas. 
Con respecto a la recomendación de la Sra. Sanz de que vayan a hablar con los 
vecinos de la Trinitat, confirma que ya lo han hecho y que les han hecho saber que 
todavía recuerdan cuando el alcalde Hereu y la consejera fueron a hacerse la foto 
con un pico para ilustrar que se iniciaba el derribo de la prisión. Por lo tanto, los 
vecinos solo saben que han pasado décadas de engaños y de promesas no 
cumplidas. 
Añade la crítica de que Barcelona no tiene que pagar por lo que corresponde al 
Gobierno de la Generalitat. 
 
SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso 
y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. Fernández Díaz y 
Mulleras y la Sra. Esteller. 
 
Distrito de Horta-Guinardó 
Ref.: CP 
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15. (15PL16381) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana de ordenación y definición 
volumétrica del sector S.05 “Bransi”, incluido en la modificación puntual del 
PGM en el ámbito del barrio del Carmel y entornos, promovido por Nimoy 
Connect, SL; REQUERIR al promotor para que, en el plazo máximo de un año a 
contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la 
garantía de 16.800,00 euros, correspondiente al 12 % del valor de las obras de 
urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los artículos 
106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 
de agosto, y como requisito previo para la publicación de este acuerdo; y 
NOTIFICAR el acuerdo adoptado a los promotores del plan. 
 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 
16. (16PL16423) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico para la 
concreción de los usos de los nuevos equipamientos (7A) y la ordenación de las 
edificaciones y volumetrías en el ámbito del recinto de la Fundación Privada del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promovida por la MIA de la 
Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, con los 
ajustes a los que se refiere el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento, que consta en el expediente y a efectos de motivación se incorpora 
a este acuerdo. 
 
SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y 
las Sras. Lecha y Rovira. 
 
Distrito de Nou Barris 
 
17. (16PL16400) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la concreción del uso y 
ordenación del equipamiento situado en la calle de la Jota, n.os 72-74, y la calle de 
Malgrat, n.os 64-66, promovido por Inmocabec, CB, con las modificaciones a las 
que se refiere el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta 
en el expediente y a efectos de motivación se incorpora a este acuerdo. 
 
SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
 
c) Proposiciones 
 
 
D) Parte de impulso y control 
 
a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 
Del Grupo Municipal de CiU: 
 
1. (M1519/5500) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal presente, 
en el plazo de un mes, un plan que contemple los recursos humanos (agentes de la 
Guardia Urbana y agentes cívicos) y materiales necesarios, con el objetivo de 
evitar el incremento de incidencias y quejas vecinales en el espacio público. 
 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 42 
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El Sr. FORN señala que la proposición tiene como objetivo instar al Gobierno 
municipal a presentar un plan que defina las acciones necesarias para evitar las 
incidencias y las quejas vecinales en el espacio público. Precisa que la propuesta 
nace a partir de los datos facilitados en la comisión de seguimiento de la 
aplicación de la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público de Barcelona, que hace pocos días que se 
presentaron.  
En este sentido, concreta una serie de datos que considera importantes, entre los 
cuales que las incidencias por convivencia, recogidas por el programa Incidencias, 
Reclamaciones y Sugerencias (IRIS) de enero a setiembre del 2016, han aumentado 
en un 31 %; y las llamadas ciudadanas al 092 y al 112 por temas relacionados con la 
convivencia se han incrementado en un 7,4 %. Sigue diciendo que, entre los meses 
de julio y setiembre de 2016, se han producido 3.158 llamadas más relacionadas con 
la convivencia. Remarca el incremento de actividades molestas en el espacio público, 
y precisa que entre julio y setiembre del año pasado han aumentado en un 18,5 % las 
llamadas ciudadanas por esta causa. Añade que las llamadas motivadas por la 
degradación del espacio público han crecido en un 19 %. 
Concreta que, si se analizan los datos por distritos, se constata que Ciutat Vella 
presenta una tasa significativamente más elevada que el resto de la ciudad; así, la tasa 
referida a actividades molestas en el espacio público ha aumentado en el 2016 en un 
18,5 %. Igualmente, confirma que todos los barrios del distrito tienen tasas de 
demanda ciudadana altas, y destaca especialmente el Gòtic, que ha pasado en cuatro 
años de una ratio de 104 incidentes por cada mil habitantes a 164, mientras que la 
media de la ciudad ha pasado de 16,3 incidentes por cada mil habitantes a 20,3. 
Añade que el Poble-sec y la Vila de Gràcia presentan tasas elevadas de llamadas para 
denunciar actividades molestas y de convivencia vecinal, como también los barrios 
como Hostafrancs, la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica, el Besòs i el Maresme 
o el Turó de la Peira. 
Subraya que esta que ha descrito sucintamente es la situación de la convivencia en la 
ciudad, constatada con datos objetivos de este Ayuntamiento y, por lo tanto, 
consideran que se impone una actuación del Gobierno municipal. 
En este sentido, recuerda que ya avisaron de que el Plan local de prevención y de 
seguridad ciudadana 2016-2019 pecaba de excesiva abstracción, y que no entraba a 
concretar las medidas y las acciones para combatir la problemática de la convivencia 
en la ciudad, o los pequeños delitos. Destaca que ahora se empiezan a recoger los 
frutos del plan mencionado, de la falta de voluntad del Gobierno de escuchar y 
recoger las propuestas de los grupos políticos. Alerta de que ahora hay que tomar 
medidas y, concretamente con esta proposición, piden que se elabore y se presente un 
plan de actuación en el plazo de un mes, puesto que no están en condiciones de 
esperar más. Precisa que tiene que ser un plan transversal que contemple no solo la 
actuación de la Guardia Urbana, sino también de los agentes cívicos; que incorpore la 
tarea de los servicios urbanos y que ponga todos los recursos materiales necesarios 
con el fin de revertir los incrementos desorbitados de incidencias en el espacio 
público. 
 
El Sr. SIERRA, de entrada, reprocha al Gobierno municipal que posponga la 
seguridad a un segundo término; así, la alcaldesa, que es la máxima responsable, no 
suele intervenir cuando se tratan asuntos relacionados con la seguridad, aunque al 
llegar a la Alcaldía asumió la máxima responsabilidad en políticas de seguridad en 
este Ayuntamiento, que no ejerce, ya que ni siquiera acudió a la sesión de la 
comisión de seguimiento que motiva la proposición del grupo de CiU, ni da un apoyo 
adecuado a la Guardia Urbana. Reclama a la alcaldesa, por lo tanto, que nombre a un 
concejal de Seguridad. 
Ref.: CP 
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Dicho esto, anuncia el voto a favor de la proposición por varios motivos, entre ellos, 
porque se trata de una iniciativa muy parecida a una que el grupo de Ciutadans llevó 
a comisión en enero del 2016, y que el Gobierno municipal votó favorablemente, con 
el objetivo de incrementar el número de agentes de la Guardia Urbana.   
Añade que su grupo también votó a favor de una proposición en la misma línea 
presentada por el grupo de ERC en la última sesión de la Comisión de Presidencia, 
donde recuerda que emplazó al Sr. Coronas, que era el ponente, a que en el plazo de 
un año se hiciera un seguimiento, ya que sospecha que, lamentablemente, estarán en 
la misma situación que ahora. 
Justifica el voto favorable a la proposición también porque en el plan director no se 
indica la ratio de agentes de la Guardia Urbana que necesita la ciudad, pero remarca 
que hoy por hoy ni siquiera se acercan a la mitad de la ratio de número de policías 
por habitante que designa la UE para Barcelona. 
Observa que ni siquiera atendiendo al principio de proximidad defendido por el 
Gobierno en el plan de seguridad existe un número adecuado de agentes para cubrir 
las necesidades de los 73 barrios de la ciudad. Añade que lo que sucede en el caso de 
bomberos es de la misma índole; y recuerda que, en junio del año pasado, hicieron 
una propuesta para incrementar el número de bomberos de Barcelona, y también para 
que se cumpliera la tasa de reposición por jubilación en ambos cuerpos. 
Argumenta, pues, que no se trata solo de un incremento del número de delitos, ni de 
los incumplimientos de la ordenanza de civismo, sino del hecho de que cada vez hay 
menos agentes de la Guardia Urbana en la calle. Y aprovecha para reclamar también 
la regulación de la segunda actividad para las personas con discapacidad. 
Recuerda a la alcaldesa que la semana pasada mil policías se manifestaron en la plaza 
de Sant Jaume reclamando respeto, y recuerda que ese respeto no se puede expresar 
con buenas intenciones de palabra, sino defendiendo al cuerpo. 
 
El Sr. CORONAS hace referencia a que su grupo pidió hace justo una semana en 
comisión el refuerzo necesario de recursos humanos en la Guardia Urbana, un 
mínimo de cuatrocientos agentes. Considera que es muy evidente esta falta de 
agentes, cosa que incapacita la prestación de un buen y adecuado servicio en el 
ámbito de la prevención y la seguridad. 
Entienden, por lo tanto, que esta proposición recoge lo que ya hace un año y medio 
que manifiesta su grupo, y aunque reconoce que el Gobierno les va haciendo caso en 
algunas cosas, es evidente que va muy poco a poco; y pone como ejemplo la petición 
de su grupo, en primera instancia, de agentes cívicos, que todavía faltan, y también 
resulta evidente que faltan agentes de la Guardia Urbana. 
Reitera que el objetivo de su grupo es la excelencia en la prestación del servicio 
público de la policía, y quieren que al cuerpo accedan las personas mejor preparadas, 
que se potencie el desarrollo de la carrera profesional, que haya planes de formación 
y de sensibilización continuada en nueva ciudadanía y diversidad y, finalmente, que 
se impulse el trabajo comunitario de la policía de proximidad en la vertiente 
preventiva. 
Afirma que no tienen intención de pronunciar el discurso tremendista de otros 
grupos, aunque hay datos del informe presentado en la comisión de seguimiento que 
les preocupan, como la venta de bebidas alcohólicas en la calle o el incremento del 
consumo, sobre todo en menores. 
Constata que el uso intensivo del espacio público hace que proliferen actividades de 
todo tipo, pero eso no quita que sea imprescindible abordar las problemáticas que se 
derivan. Señala, en este sentido, que la buena convivencia es un precepto de la res 
publica, por lo tanto, republicano. 
En consecuencia, opina que hay que abordar este debate, y otros, en cuanto a la 
prevención y la seguridad, y confía en que se traduzca en acciones concretas como el 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 44 
03/03/2017 
incremento de agentes cívicos, de agentes de la Guardia Urbana y de educadores de 
calle que tengan un papel relevante; es decir, abordando no solo la vertiente policial, 
sino la de las políticas de prevención, que son tanto o más importantes.  
Repite que les preocupa mucho el incremento del consumo de alcohol entre los 
sectores más jóvenes que se confirma de año en año, mientras que las empresas de 
bebidas alcohólicas siguen patrocinando grandes acontecimientos en la ciudad. 
Subraya que los jóvenes no son un problema, sino un activo, pero que hay que saber 
cuidar. 
Suscribe que hay que reformar la ordenanza de convivencia con el fin de adaptarla a 
la realidad, ya que no se puede poner en el mismo saco la mendicidad, el consumo de 
alcohol en la calle y la prostitución, esta última un fenómeno muy complejo que 
algunos grupos suelen abordar con argumentos estéticos y casi nunca con la voluntad 
de atacar sus raíces. 
En consecuencia, avanza el voto favorable a la proposición, aunque en algunos 
aspectos difieren en el modo de poner orden y garantizar una buena convivencia. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace notar que la proposición parte de la radiografía de 
la convivencia recogida en el informe presentado por el Gobierno municipal sobre la 
aplicación de la ordenanza de civismo, y donde se constata un incremento muy 
sustancial de las incidencias y quejas de vecinos por las molestias que el incivismo 
causa en la calle, especialmente en distritos como Ciutat Vella, Gràcia o L’Eixample. 
Confirma que su grupo votará a favor de esta proposición, que reclama un plan de 
recursos humanos y materiales para revertir el incremento de estas incidencias y 
quejas vecinales, pero recuerda que la consideran una propuesta de mínimos, puesto 
que el enunciado, que habla de evitar el incremento de quejas e incidencias, debería 
ir más allá e instar a trabajar para disminuir estos hechos. 
Añade la consideración de que, en el plan de recursos humanos y materiales, habría 
que sumar otras cuestiones imprescindibles. Así, con respecto al número de agentes 
cívicos, apunta que hay que incrementarlos de una manera decidida en turnos diurnos 
y nocturnos. En este sentido, recuerda que el octubre pasado se presentó en la 
comisión de seguimiento del plan de recursos humanos una propuesta de incremento 
de la plantilla municipal, donde no constaba ningún agente cívico. 
En cuanto a los agentes de la Guardia Urbana, dice que es evidente que la promoción 
anunciada hace poco llega tarde, y creen que, además de incrementar el número de 
agentes, hace falta que el Gobierno municipal apoye al cuerpo, ya que muy a menudo 
se muestra acomplejado, o condescendiente, ante las campañas de desprestigio de la 
Guardia Urbana. Y reprocha a la alcaldesa, que es la máxima responsable del ámbito 
de la seguridad, que no las corte de raíz, sin perjuicio de que en los casos de mala 
praxis haya que hacer una actuación inmediata. 
Opina que para frenar y hacer retroceder las quejas vecinales se necesita una buena 
ordenanza de civismo; y apunta que, en caso de que no estén dispuestos a modificar 
la existente, la apliquen con contundencia. Así, dice que no puede ser que el cobro de 
sanciones no se cumpla —actualmente, solo se cobra el 13 % de las sanciones 
impuestas por incivismo—, que el catálogo de medidas sustitutorias del pago de 
multas o en algunos casos de sanciones penales sea ridículo, y que se garantice de 
facto la impunidad de los que no respetan la convivencia en la ciudad. 
Considera, por lo tanto, que estas son algunas de las cuestiones que se deberían tratar 
a fondo; y añade la reflexión de que en este plan de recursos humanos que se pide en 
la proposición hay que incluir a los Mossos d’Esquadra, y entiende que ya empieza a 
ser hora de empezar la revisión del convenio del 2005 que se firmó con la Generalitat 
sobre el despliegue de este cuerpo en Barcelona. 
 
El Sr. GARGANTÉ cree que el modelo policial que se tiene que implementar en 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 45 
03/03/2017 
Barcelona es el de proximidad, desmilitarizado y que vele por el respeto y fomento 
de los derechos humanos; unos principios que, a modo de ejemplo, hacen 
incompatible la existencia de las UPA en este modelo de seguridad.  
Recuerda que en el programa de Barcelona en Comú se decía literalmente que el 
cuerpo de la Guardia Urbana cuenta con las UPA, que cumplen, entre otras 
funciones, la de grupo antidisturbios y que, con demasiada frecuencia, se ha visto 
salpicada por denuncias de la ciudadanía por malos tratos. Y remarca que prometía 
su disolución. Sin embargo, constata que, al igual que el reglamento franquista de 
concesión de medallas, una vez que Barcelona en Comú ya gobierna la ciudad, 
siguen manteniéndose. 
Manifiesta que su grupo considera que en el ámbito de la seguridad es punta de lanza 
acabar con un modelo policial obsoleto que, a menudo, reproduce el estereotipo de la 
estigmatización y la represión hacia las clases populares, colectivos minoritarios o 
minorizados. Consideran que hay que acabar con este modelo policial potenciando 
otras figuras como mediadores y trabajadores sociales que eduquen y ayuden y que 
no repriman. 
Señala que lo que les preocupa de esta proposición es que no plantee por qué motivos 
hay que aumentar la plantilla de la Guardia Urbana, ya que, si el argumento es el 
incremento de quejas por el ruido causado por los vecindarios y la convivencia en el 
espacio público, entiende que es de poca consistencia. 
Apunta que en el informe de seguimiento de la aplicación de la ordenanza del 
civismo —del cinismo lo considera más adecuado—, también conocida como 
ordenanza escanyapobres, se expone que la mayoría de denuncias son contra la venta 
ambulante —es decir, supervivencia—, contra la mendicidad —contra la pobreza—, 
contra el uso impropio de la calle —contra los que tienen que vivir en la calle—, 
contra las pancartas y los carteles —acción política—, o contra mear o escupir en la 
calle —necesidades fisiológicas—. Ilustra la situación con la respuesta del exalcalde 
del PSC, Joan Clos, cuando un oyente de Catalunya Ràdio le preguntó dónde se 
podía encontrar un lavabo de madrugada si los bares cerraban a las tres, y el entonces 
alcalde respondió literalmente: “Tiene que salir meado y cagado de casa; si alguien 
no puede controlar su vejiga, que no salga”. 
Entiende que, con esta lógica, junto con la ordenanza escanyapobres hoy todavía 
vigente, tampoco deberían salir de casa las personas pobres, las empobrecidas, 
nudistas, trabajadoras sexuales, músicos de calle, los que juegan en la calle y los que 
hacen acción política en las plazas. Considera que lo que el grupo de CiU plantea con 
esta proposición es que, si salen, todavía sea más fácil sancionarlas, y que no se 
escape ni una, que no haya ningún pobre ni superviviente de la marca Barcelona sin 
su multa correspondiente, que no pare la fiesta de la persecución de la pobreza, calles 
limpias y aseadas para ciudadanos ejemplares y turistas con dinero. 
Dicho esto, avanza que, obviamente, votarán en contra de la proposición. 
 
La Sra. ANDRÉS confirma que el modelo de seguridad de su grupo parte de la 
prevención y de la proximidad, y entiende que es de eso de lo que están hablando 
hoy a raíz de la presentación de esta proposición; de que la convivencia requiere la 
prevención y, si no es posible así, recurrir a la intervención. 
Precisa que, en el caso de la prevención, se parte de la proximidad y de la 
colaboración y participación de diferentes servicios públicos, también de la Guardia 
Urbana y los agentes cívicos; por lo tanto, para determinar qué número de recursos 
humanos hacen falta, se tiene que partir del modelo colaborativo y comunitario. Y 
confirma que es en esta línea en la que apunta el Gobierno municipal, en la fase de 
definir qué es la convivencia en la ciudad, de qué manera se aborda y qué recursos se 
necesitan, no solo de miembros de la Guardia Urbana y agentes cívicos, sino del 
resto de servicios que trabajan para la ciudad y en colaboración con el tejido 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 46 
03/03/2017 
asociativo.  
Destaca que esta línea implica hacer las cosas correctamente, y, por este motivo, 
agradecen que el grupo proponente haya admitido alargar el plazo a dos meses, entre 
otras cosas porque se está revisando la ordenanza, ya que parte de unos supuestos 
que, en muchos casos, hoy por hoy ya no están vigentes en la ciudad. 
Puntualiza que la Guardia Urbana y los agentes cívicos hacen tareas diferentes y no 
tienen las mismas competencias; en este sentido, señala que los segundos no tienen 
potestad de autoridad. Y remarca, al mismo tiempo, la necesidad de hablar de la 
colaboración con el cuerpo de los Mossos d’Esquadra y otras policías, como la 
portuaria, para determinados asuntos. 
Confirma que se está trabajando en la línea de la colaboración en el marco del plan 
de seguridad vigente en estas materias, pero advierte que no se trata solo de pedir 
más agentes, sino de garantizarles buenas condiciones de trabajo, y en colaboración 
con los servicios municipales y con el resto de policías. 
 
El Sr. PISARELLO comparte la preocupación expresada por el ponente en el sentido 
de que garantizar la convivencia tiene que ser la prioridad de cualquier Gobierno 
municipal. 
Confirma que el Gobierno considera que Barcelona es una ciudad bastante segura, 
hecho que corroboran tanto los barómetros de opinión como los mismos visitantes; 
por lo tanto, de entrada, se deben identificar cuáles son los problemas reales de 
convivencia, que han sido recogidos en el plan de prevención y seguridad 2016-2019 
y en cuyo marco plantean una serie de actuaciones en este sentido. Así, indica que se 
prevé restaurar la figura del policía de barrio, en la línea de la policía de proximidad, 
mejorar la coordinación con los ochenta agentes cívicos que hay en la actualidad 
trabajando en la ciudad y la contratación de 169 nuevos agentes de la Guardia 
Urbana. Y añade que hay cerca de seiscientos profesionales públicos que hacen 
labores de mediación en los barrios, y que son de gran ayuda para detectar los 
conflictos. 
Manifiesta la voluntad de coincidir en una interpretación más amplia de los 
conceptos de seguridad y de inseguridad; y observa que, probablemente, lo que más 
inseguridad genera entre la ciudadanía es el crecimiento de las desigualdades y de la 
precariedad. En consecuencia, pone en valor el hecho de que hoy se haya aprobado 
un plan de vivienda, el PEUAT o la llegada del metro a la Marina de la Zona Franca, 
medidas que contribuyen a la buena convivencia y a la seguridad. 
Recuerda que disponen de un plan en marcha en esta dirección, y también a favor de 
defender un concepto amplio de la seguridad y la buena convivencia ciudadana, y 
que no se estigmatice a las personas más débiles. 
 
El Sr. FORN replica que su grupo no pretende estigmatizar a la gente más 
vulnerable, sino que este Ayuntamiento cumpla sus funciones, en este caso, las de 
autoridad con respecto al ejercicio de la convivencia en la ciudad. 
Puntualiza que los datos que ha mencionado en su primera intervención son 
facilitados por el Ayuntamiento; por lo tanto, entiende que al Gobierno le debería 
preocupar que las quejas en el IRIS hayan aumentado en un 32,1 %, o que las quejas 
por incidencias en el espacio público en Ciutat Vella en tres meses han crecido un 
18,5 %. 
Reprocha al Gobierno que no tenga iniciativa propia para hacer el plan que hoy les 
pide su grupo. Y apostilla que el plazo de un mes, dos o tres no es relevante, sino que 
se haga. 
Cuestiona, dirigiéndose a la Sra. Andrés, qué sentido tiene apelar a una definición de 
convivencia, cuando todos saben lo que es; y puntualiza, en este sentido, que las 
quejas de la ciudadanía son por ruidos, por falta de respeto al mobiliario urbano, por 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 47 
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necesidades fisiológicas hechas en la calle, y que han aumentado sustancialmente en 
el último año.  
Pregunta qué ha hecho el Gobierno para afrontar todo eso, puesto que no ha sido 
capaz ni siquiera de garantizar la mínima dotación de Guardia Urbana para 
abordarlo. Aprovecha para alertar de que el próximo verano solo habrá 49 agentes 
nuevos a raíz de una convocatoria interadministrativa, ya que los 169 de la 
convocatoria anunciada no empezarán a trabajar hasta el 2018. 
Acusa al Gobierno de falta de previsión, y de un plan de seguridad mal resuelto, 
que se limita a incorporar a los presupuestos el concepto de apoyo y 
empoderamiento de las entidades. 
Insiste al Gobierno en que cambie de actitud, y que sea consciente del alcance de 
este plan, que debe reducir las incidencias en materia de convivencia en la ciudad. 
Y reprocha que no les hayan escuchado cuando lo elaboraban, y ahora pagan 
todos las consecuencias. 
 
La Sra. ANDRÉS ratifica la necesidad de definir qué es la convivencia, y pone a 
modo de ejemplo la gran cantidad de quejas que recibe la Guardia Urbana y que 
no son reales. 
 
El Sr. GARGANTÉ dice que el Plan director de bomberos especifica que se 
necesitan en Barcelona 754 profesionales, mientras que el Plan director de la 
Guardia Urbana no especifica la cantidad, cosa que entiende que da pie a pedir 
tantos como quieran. Reclama, pues, que pongan una cifra concreta en este plan. 
 
El Sr. PISARELLO entiende que el Sr. Forn se vea obligado a exagerar y a 
dramatizar la situación; sin embargo, reitera que hay un plan de seguridad 2016-
2019, transversal, y añade que se ha aumentado la policía de barrio, los comedores 
sociales, la coordinación de los agentes cívicos, se han aumentado las plazas de 
Guardia Urbana, todo junto con una política integral que considera que la 
seguridad tiene mucho que ver con garantizar la cohesión social en la ciudad. 
Se reafirma, por lo tanto, en que no pueden votar a favor de la proposición porque 
el plan que pide ya existe y, por lo tanto, optan por la abstención. 
 
El Sr. FORN entiende que, si se han podido poner de acuerdo con el plan de 
vivienda, se constata que, a pesar de todo, tienen puntos de contacto. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con quince 
abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia 
y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por los Sres. Collboni 
y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. 
Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y veintidós votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal presente, 
en el plazo de dos meses, un plan que contemple los recursos humanos (agentes de 
la Guardia Urbana y agentes cívicos) y materiales necesarios, con el objetivo de 
evitar el incremento de incidencias y quejas vecinales en el espacio público. 
 
 
Del Grupo Municipal de C’s: 
 
  
2. (M1519/5503) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal impulse, 
Ref.: CP 
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dentro del grupo de trabajo paritario entre Generalitat y Ayuntamiento, la elaboración 
de un plan director urbanístico portuario que determine los futuros usos del Puerto 
Olímpico, además de las obras que son necesarias para la mejora y el adecuado 
mantenimiento de las instalaciones, y el establecimiento de un régimen de utilización 
que garantice su viabilidad económica. El Ayuntamiento velará por que durante la 
elaboración del plan se tengan en cuenta los aspectos siguientes: 1. Participación de 
los actuales operadores y trabajadores del Puerto Olímpico en la definición de las 
actuaciones de mejora y la reordenación de los espacios y las actividades. 2. 
Consenso con los residentes y agentes económicos de la zona. 3. Sostenibilidad 
económica. 4. Mejora de la movilidad. 5. Ampliación del espacio público destinado 
al uso ciudadano. 6. Mejora de la calidad de los espacios de ocio. 7. Promoción de 
los usos deportivos. 
 
El Sr. BLANCO manifiesta que, con esta proposición, el grupo de Ciutadans pide 
que, lo antes posible, se inicie la redacción de un plan director para el Puerto 
Olímpico. Precisa que la redacción del plan está prevista en el protocolo de 
colaboración con la Generalitat que el Gobierno firmó el 2 de diciembre de 2016. 
Señala que su grupo ya expresó entonces su reserva sobre el convenio, 
concretamente sobre la intención del Ayuntamiento de gestionar directamente las 
instalaciones del Puerto Olímpico; pero de lo que realmente están convencidos es de 
la necesidad urgente de resolver la incertidumbre sobre el futuro de este puerto, que 
afecta a mil quinientos trabajadores. 
Precisa que el contrato vigente caduca en el 2020, y consideran que el Ayuntamiento 
debería firmar uno nuevo como muy tarde en el 2018 si quiere mantener un trato 
preferente. Añade que la incertidumbre que se cierne sobre el futuro del Puerto 
Olímpico está aplazando inversiones y obras muy necesarias para su mantenimiento. 
Insiste en que es muy urgente la elaboración del Plan director urbanístico portuario, 
que debe determinar los usos futuros, equipamientos y actividades complementarias 
en el recinto del puerto, pero también las obras de mejora de las instalaciones, así 
como su régimen de uso y explotación. 
Consideran que este plan director debe redactarse junto con la Generalitat mediante 
un grupo de trabajo paritario, que en opinión de su grupo ya debería estar constituido, 
puesto que había un mes de plazo desde la firma del protocolo de colaboración el 2 
de diciembre del año pasado. Añade que la redacción del plan director debe 
contemplar, como mínimo, una serie de aspectos entre los cuales menciona, en 
primer lugar, la participación de los actuales operadores y trabajadores del Puerto 
Olímpico en la definición de las actuaciones de mejora y la reordenación de espacios 
y actividades, puesto que son quienes conocen mejor los problemas y necesidades de 
este espacio. Apunta, en segundo lugar, la necesidad de alcanzar el consenso con los 
residentes, vecinos y agentes económicos de la zona. En este sentido, dice que son 
conocedores de que algunas actividades generan problemas de convivencia, 
especialmente por las actividades de ocio nocturno y la acumulación de personas en 
determinadas horas del día en el espacio público, y remarca que hay que resolver 
estos problemas contando con todos los agentes implicados. 
En tercer lugar, señala que en la redacción del plan director se debe tener en cuenta la 
sostenibilidad económica, garantizando la financiación de las obras de reforma y que 
las actividades económicas que se desarrollen permitan el retorno de las inversiones 
y la sostenibilidad del puerto. 
Añade que también hay que mejorar la movilidad de la zona, la accesibilidad y las 
conexiones para abrir el espacio portuario al resto de la ciudad, mejorar la calidad de 
los espacios de ocio y potenciar los usos deportivos.  
Consideran, pues, que se tiene que actuar en interés general de la ciudad, y así lo han 
demostrado algunos grupos con las enmiendas, que han mejorado la proposición 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 49 
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inicial, y que entienden la urgencia de redactar lo antes posible el plan director que 
convertirá el Puerto Olímpico en un espacio plenamente incorporado a la ciudad, 
bien conectado, con unos usos adecuados y compatibles con el interés público y sin 
externalidades negativas. Concluye que se trata, en definitiva, de acabar con la 
incertidumbre sobre su futuro. 
 
La Sra. RECASENS avanza el apoyo de su grupo a la proposición, y agradece el 
trabajo hecho por el concejal Blanco y que les hayan aceptado tres enmiendas que 
comenta brevemente; en primer lugar, indica que van en la línea de promocionar 
prioritariamente los usos deportivos, puesto que actualmente el Puerto Olímpico 
incluye muchos usos, excepto los olímpicos. Indica que también han pedido que las 
instalaciones que hoy llevan entidades sin ánimo de lucro, como las vinculadas a la 
escuela de vela, tengan garantizada su continuidad futura, en coherencia con la 
promoción de los usos deportivos que apuntaba. En tercer lugar, se refiere a la firma 
del protocolo con la Generalitat para la delegación de competencias de gestión del 
Puerto Olímpico en este Ayuntamiento, y expresa la voluntad de que no quede en 
una mera declaración de intenciones. Así, considera que, mientras no se llegue al 
2020, hay que actuar de manera inmediata y, por este motivo, han pedido que se 
informe periódicamente en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de 
cómo evoluciona. 
En este sentido, advierte de situaciones insostenibles, dramáticas y de auténtico 
incivismo, delincuencia y degradación en el Puerto Olímpico que imponen una 
actuación inmediata. Por este motivo, pregunta a la Sra. Sanz qué tienen previsto 
hacer en materia de seguridad, Guardia Urbana y mossos, en materia de movilidad, 
qué han previsto en cuanto a las infraestructuras, que requieren una inversión entre 
veinte y treinta millones de euros, y qué pasará con los restauradores que operan en 
el puerto y que, hoy por hoy, no saben qué pasará con los mil quinientos puestos de 
trabajo que proporcionan. 
Sigue preguntando al Gobierno municipal por qué fórmula de gestión optará: directa, 
indirecta mediante una empresa municipal o concesión a terceros. Igualmente pide si 
piensan adelantar inversiones, algunas de las cuales son urgentes en el dique 
portuario, y que se deben hacer de modo que no se tengan que cerrar las actividades 
de restauración y otras. 
Interpela al Gobierno sobre el modelo que quiere para el Puerto Olímpico, si quiere 
hacer prevalecer los usos familiares, de ocio o deportivos; en este sentido, recuerda 
que a los restauradores se les planteó la propuesta de disminuir el tráfico, incrementar 
las zonas verdes, el replanteamiento del ocio nocturno y la apuesta por una oferta de 
calidad. 
 
La Sra. CAPDEVILA recuerda al grupo proponente que han echado de menos que no 
se hiciera mención a la urgencia que plantean los problemas estructurales del Puerto 
Olímpico, que se han hecho todavía más evidentes a raíz de los últimos temporales 
marítimos. 
Dicho esto, hace notar que nuevamente sale a escena este espacio y que se repiten 
dos posicionamientos muy diferentes; por un lado, el de los que quieren este puerto 
para el uso y el disfrute de la ciudadanía; y, por otro lado, el de los que lo quieren 
para destinarlo al ocio nocturno y al turismo. 
Observa que, aunque la proposición ha sido transaccionada, tiene un redactado 
demasiado ambiguo, y entienden que en un asunto tan sensible como el Puerto 
Olímpico no se puede ser así. 
Recuerda que están hablando del final de una concesión y, por lo tanto, de la 
oportunidad de cambiar el estado actual de las cosas en el Puerto Olímpico, aunque 
se avista el continuismo con la perpetuación de los operadores turísticos y el ocio 
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nocturno, camuflada con una operación de maquillaje del espacio público cediendo 
alguna parte de la zona para el uso ciudadano.  
Afirma que les preocupa que se ponga en primer lugar la participación de los 
operadores y sus trabajadores para la definición de las actuaciones, unos operadores 
que ya tienen elaboradas sus propuestas en la dirección que beneficia a sus 
actividades. Por el contrario, si lo que quieren es emprender una nueva etapa en el 
Puerto Olímpico, el modelo debe variar, y tienen que ser los vecinos y las vecinas 
quienes decidan cómo quieren que sea este espacio. 
Recuerda que, el 6 de marzo de 2014, el plenario del Distrito de Sant Martí aprobó la 
creación de una comisión de seguimiento del Plan de usos del Puerto Olímpico, en el 
que el Ayuntamiento y los vecinos pueden participar activamente. Por lo tanto, 
remarca que disponen de la herramienta que les permite trabajar en este espacio, y 
ahora solo hay que activarla. En este sentido, recuerda que su grupo presentó en el 
Plenario de octubre del año pasado una proposición, aprobada por unanimidad, con la 
que pedían que se activara la mencionada comisión de seguimiento. 
Señala que están de acuerdo con algunos de los aspectos de la proposición, como que 
se necesita un nuevo plan de usos, que haya consenso vecinal, que el plan sea 
sostenible y accesible, que se mejoren los espacios públicos o que las entidades sin 
ánimo de lucro puedan continuar en la zona. No obstante, avanza la abstención de su 
grupo, posicionamiento que justifica porque están convencidos de que hay que 
cambiar absolutamente la situación del Puerto Olímpico, y que son los vecinos y las 
vecinas los que tienen que decidir el nuevo rumbo de este espacio. 
Añade que, mientras no se acabe la concesión, el Gobierno de la ciudad puede ir 
trabajando, y controlar que los locales del Puerto Olímpico desarrollan sus 
actividades según la licencia de la que disponen, puesto que se han confirmado casos 
en que no es así. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que en el último año varios grupos 
municipales han trasladado a las comisiones y al Pleno la necesidad de pronunciarse 
sobre el futuro del Puerto Olímpico, sobre todo porque no deben olvidar que dentro 
de cuatro años finalizará la concesión actual y, por lo tanto, cuanto más se tarde en 
tomar decisiones estratégicas que afectan a este espacio, peor para todos. 
Concreta que las decisiones básicas que hay que tomar son, por una parte, qué 
modelo de Puerto Olímpico quieren y, por otra parte, de qué modo se gestionará. Con 
respecto a la gestión, pone de relieve que todo apunta a que el Gobierno municipal 
está decidido a recuperar la gestión directa; remarca, no obstante, que hay otras 
opciones de gestión, como hacer un nuevo concurso o establecer diversas 
concesiones en el ámbito. 
En este sentido, pide a la alcaldesa que en un plazo breve traslade una propuesta 
sobre cómo se gestionará el Puerto Olímpico a partir del 1 de enero de 2021. 
Por otra parte, señala que una segunda decisión que tomar es qué modelo quieren 
para ese ámbito, y dice que su grupo considera que se tienen que introducir varias 
cuestiones, entre las cuales priorizar el uso diurno, familiar y cívico, lo que implica 
una serie de decisiones, la primera de ellas garantizar la continuidad de los más de 
mil puestos de trabajo existentes actualmente en el Puerto Olímpico. Apunta, 
también, la necesidad de asegurar el civismo y la seguridad en la zona, tanto dentro 
del recinto estricto del Puerto Olímpico como en las zonas vecinas, que se derivan 
también de actividades alegales como hoteles o viviendas de barcos amarrados en el 
puerto, o del hecho de que el capitán marítimo no pueda imponer sanciones por 
molestias y ruidos. 
Añade que también deben garantizar los usos públicos deportivos con la continuidad 
de la Escuela Municipal de Vela, y la actividad del club de patín catalán.  
Igualmente, remarca que hay que sacar adelante las inversiones necesarias, según 
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información municipal, de 38 millones de euros, para proteger el puerto de los 
temporales marítimos y garantizar el mantenimiento del muelle de abrigo y del 
espigón, y pregunta quién pagará esta inversión, que, teóricamente, corresponde a la 
Generalitat. 
 
La Sra. LECHA afirma que consideran positivo el acuerdo de delegación en este 
Ayuntamiento de competencias en gestión del Puerto Olímpico al que hace 
referencia la proposición, más aún teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene la 
voluntad expresa de resolver las problemáticas y las carencias que ha generado el 
modelo actual en este ámbito. 
Pone de relieve que el modelo existente está muy alejado de las necesidades del 
vecindario del entorno y del resto de la ciudadanía. Constata que se trata de un 
espacio que no fue planteado en clave de ciudad y de barrio, sino de cara a las 
empresas turísticas, tanto con respecto a la restauración como al ocio nocturno, en la 
línea del modelo de ciudad que se impuso en 1992. Recuerda que ya entonces, 
cuando se hablaba de recuperar el litoral, se dejaba a las clases populares como meras 
espectadoras, negándoles incluso el derecho visual al mar. Insiste en que hay que 
recuperar el Puerto Olímpico como espacio público para la ciudad, cuyo arreglo no 
tiene que suponer una inversión de dinero público nuevamente en beneficio de 
empresas privadas. Por el contrario, aboga por que la inversión tenga un impacto 
positivo en la zona y en toda la ciudad, con una relación de equilibrio, hasta ahora 
inexistente, con la zona marítima. 
En cuanto al planteamiento que se hace en la proposición sobre la dirección política 
del plan director, señala que el mismo convenio habla de una comisión paritaria, de 
modo que no tienen nada que decir al respecto. Sin embargo, con respecto a la 
participación, entienden que se puede vehicular mediante comisiones. 
En consecuencia, consideran que ni la proposición original ni el texto transaccionado 
demuestran una cierta coherencia, puesto que los puntos se contraponen; así, se 
menciona el consenso entre los vecinos y los agentes económicos de la zona, en 
opinión de su grupo, prácticamente imposible, y, al mismo tiempo, también pide 
priorizar la continuidad de las concesiones actuales; por lo tanto, consideran que se 
trata de una propuesta de maquillaje para continuar con el mismo modelo. 
 
El Sr. MÒDOL indica que el Gobierno municipal ha transaccionado el texto inicial 
de la proposición, por lo que avanza el voto favorable. 
Pone de manifiesto la coincidencia de todos los grupos en reconocer la necesidad 
urgente de una actuación municipal con visión de ciudad en el Puerto Olímpico, que 
demuestra la importancia de este espacio para la ciudadanía. 
Subraya la demanda de que el Gobierno municipal ejerza un liderazgo en la 
definición futura del Puerto Olímpico a raíz de la finalización de la concesión, y que 
ha desembocado en la redacción del protocolo entre la Generalitat y este 
Ayuntamiento, en el que se delega la gestión y establece la creación de un grupo de 
trabajo paritario para definir las actuaciones que deben hacerse. Pone de relieve que, 
así, el Puerto Olímpico cerrará una etapa en que los objetivos fueron la construcción 
de la infraestructura y su dinamización. 
Entienden que el final de esta etapa se debe gestionar desde la proximidad, 
resolviendo problemas de mantenimiento, de calidad del espacio y de convivencia 
cotidiana que afectan a vecinos y vecinas, y, al mismo tiempo, iniciar una 
reformulación del espacio, porque el Puerto Olímpico de hoy en día no es el que hace 
más de veinte años abrió la ciudad al mar. 
  
Precisa que el puerto necesita muchas actuaciones e inversión, que deben ir de 
acuerdo con el futuro estratégico que se le quiere dar, vinculado a la definición de un 
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puerto moderno para la ciudad que, claramente, debe ser un espacio público de 
calidad, que responda a la singularidad del ámbito; y como reclama el grupo de 
Ciutadans en su proposición, esta definición se tiene que hacer con diálogo entre 
todas las partes implicadas, y con la voluntad de que, en la nueva etapa, la ciudad 
pueda disfrutar de un espacio más propio y próximo. 
Señala la necesidad de la sostenibilidad económica y de funcionamiento, visto el 
deterioro actual de las instalaciones del Puerto Olímpico, que implica la inversión de 
24 millones de euros a corto plazo y 14,2 millones a medio plazo. 
Confirma que el Ayuntamiento debe ejercer el liderazgo en todas estas actuaciones, y 
una de las herramientas, tal como recoge el protocolo, es la futura redacción de un 
plan director urbanístico portuario, al que hace referencia esta proposición. Indica 
que el pacto suscrito con la Generalitat contempla este plan como el instrumento para 
hacer frente a todos los retos que plantea el espacio del Puerto Olímpico, y que 
tendrá que recoger todos los requerimientos que acaba de mencionar. 
Por lo tanto, invita a todos los grupos municipales a trabajar por el futuro de este 
ámbito. 
 
La Sra. SANZ indica que el origen del protocolo firmado con la Generalitat para 
obtener la delegación de competencias en este Ayuntamiento con respecto a la 
definición y la ordenación del futuro del Puerto Olímpico está en las carencias, las 
necesidades y los agravios del vecindario de la zona. 
Manifiesta la necesidad de hacer eso con tiempo y forma para el 2020, año en que se 
acaba la concesión actual, con la intervención de pluralidad de actores, entre los 
cuales los concesionarios de los usos de determinadas zonas y las administraciones 
implicadas, que, mientras tanto, deben poder acabar de decidir y concretar el futuro 
modelo. 
Confirma que, actualmente, están analizando la situación y evaluando las 
inversiones, que ya deberían estar hechas, y cuáles son las responsabilidades que, a 
partir de ahora, se generarán con el nuevo concurso. 
Observa que la Sra. Recasens ha formulado tal cantidad de preguntas que casi 
requieren una comparecencia y, por lo tanto, la invita a tratar estos aspectos 
específicamente en el marco de la comisión. 
Remarca, sin embargo, que el objetivo prioritario en este caso era arreglar la 
situación actual, haciéndolo entre todos, y con el liderazgo público. 
Por lo tanto, ratifica que votarán favorablemente esta proposición e invita a todos los 
grupos a trabajar en la definición del Puerto Olímpico. 
 
El Sr. BLANCO agradece los votos favorables, y especialmente al Gobierno el hecho 
de que haya recogido la inquietud que plantean con la proposición, así como al grupo 
de CiU, que ha hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo de mínimos. 
Igualmente, recuerda a la Sra. Lecha que su intervención le ha parecido sensata y 
razonable, y se felicita de ello aunque su grupo vote en contra de la proposición. 
Puntualiza que las concesiones actualmente gestionadas por entidades sin ánimo de 
lucro son únicamente dos relacionadas con los deportes náuticos, y que son las que el 
grupo de CiU ha pedido que fueran incluidas en la proposición, en el sentido de 
mantenerlas en el futuro modelo del Puerto Olímpico. 
Por lo tanto, pone de relieve que no prejuzgan ni cuestionan, no ponen ningún 
proyecto concreto encima de la mesa y están por el debate conjunto de todas las 
partes implicadas; y solo apuntan unas líneas básicas que entienden que suscitan 
consenso. 
Pide, por lo tanto, que no se entretengan y que trabajen con agilidad, especialmente 
en el caso de las actuaciones estructurales que son urgentes, y que la incertidumbre 
sobre lo que sucederá cuando acabe la actual concesión está impidiendo que se 
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hagan.  
La Sra. RECASENS comparte las palabras del Sr. Blanco, y confirma que su 
grupo está de acuerdo con que hay que recuperar el liderazgo municipal, como ha 
dicho la Sra. Sanz, que entiende que, aun cargada de buenas intenciones, ha 
pecado de falta de concreción a corto plazo. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con cinco 
abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. 
Benedí y Capdevila—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las 
Sras. Lecha y Rovira—, y treinta y dos votos a favor del resto de miembros del 
Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: a) Que el Gobierno municipal 
impulse, dentro del grupo de trabajo paritario entre Generalitat y Ayuntamiento, la 
elaboración de un plan director portuario que determine los futuros usos del 
Puerto Olímpico, además de las obras que son necesarias para la mejora y el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones, y el establecimiento de un régimen 
de utilización que garantice su viabilidad económica y el aumento de la 
rentabilidad social. El Ayuntamiento velará por que durante la elaboración del 
plan se tengan en cuenta, entre otros, los aspectos siguientes: 1. Participación de 
los actuales operadores y trabajadores del Puerto Olímpico en la definición de las 
actuaciones de mejora y la reordenación de los espacios y las actividades, junto 
con expertos y vecinos. 
2. Consenso con los vecinos y agentes económicos de la zona. 3. Sostenibilidad 
económica. 
4. Mejora de la movilidad sostenible. 5. Ampliación del espacio público destinado 
al uso ciudadano. 6. Mejora de la calidad de los espacios de ocio público. 7. 
Promoción de los usos deportivos de forma prioritaria. 8. Priorizar la continuidad 
de las concesiones actualmente gestionadas por las entidades sin ánimo de lucro. 
b) Informar periódicamente en el marco de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 
Movilidad de los avances de lo expuesto en los puntos anteriores con el fin de 
facilitar el seguimiento del presente convenio por parte de todos los grupos 
municipales. 
 
Del Grupo Municipal de ERC: 
 
3. (M1519/5491) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal impulse 
los instrumentos urbanísticos necesarios con el fin de declarar Barcelona ciudad 
de tanteo y retracto, en solares y edificios enteros. 
 
El Sr. CORONAS presenta la proposición aludiendo a la emergencia habitacional 
que sufre la ciudad, y a que la ciudadanía cada día lo tiene más difícil para acceder 
a una vivienda, ya que la llegada de la crisis en el 2007 provocó la reducción de la 
renta media de los hogares de Barcelona. 
Constata que esta situación todavía no se ha revertido, y en el caso de la vivienda 
ha ido claramente a peor. Por lo tanto, advierte que hacen falta medidas firmes 
para aumentar el parque público de alquiler y dotar de viviendas dignas y 
asequibles a la ciudad. 
Considera que, aunque el Plan por el derecho a la vivienda se enmarca en el Área 
de Derechos Sociales, es necesario que sea transversal, que incluya herramientas 
urbanísticas fuertes para poder solucionar la situación existente. En esta línea, 
además de las alegaciones de cariz social que ya han tenido ocasión de discutir a 
raíz de la presentación del plan mencionado, su grupo presentó una serie de 
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alegaciones desde la vertiente urbanística, entre las cuales destaca la del 
instrumento del tanteo y retracto. 
Confirma la voluntad de su grupo de que Barcelona se convierta en una ciudad de 
tanteo y retracto, sobre todo con respecto a solares y edificios enteros.   
Y puntualiza que no proponen ampliar esta medida a todos los pisos porque 
entienden que abarcaría un número ingente de casos que la haría inalcanzable, dado 
que se debería comunicar individualmente a cada propietario, y el Ayuntamiento 
tendría que reunir información de todos los procesos de venta, unos veinte mil cada 
año. 
En referencia a los solares, y teniendo en cuenta la Ley de urbanismo, dice que habría 
que delimitar unas áreas preferentes cuanto más extensas, mejor. Indica que 
aplicando esta modificación del PGM, que entienden que es el instrumento que se 
debería utilizar, el Ayuntamiento tendría preferencia a la hora de adquirir los solares 
y los edificios en venta y, así, intentar resolver, en primer lugar, la ampliación del 
suelo público, en segundo lugar, el incremento del parque público de vivienda, y 
tendría que servir para redistribuir el parque público de alquiler equitativamente en 
todos los barrios de la ciudad. Añade que también propiciaría la lucha contra la 
adquisición de fondos buitre y especuladores; y, finalmente, permitiría luchar contra 
la inflación de los precios del alquiler. 
Entiende que los que acaba de enumerar son motivos más que suficientes, a la vez 
que consideran que el plan de vivienda que hoy han votado no será más que papel 
mojado si no lo dotan con los instrumentos urbanísticos adecuados. 
Confirma que están convencidos de que esta propuesta es posible, y que este 
Ayuntamiento puede dedicarle recursos, y remarca que el superávit y las plusvalías 
son recursos económicos sustanciales de este Ayuntamiento para recuperar suelo y 
vivienda públicos. Insiste en que la vivienda es un derecho y no puede ser un activo 
financiero, y el Ayuntamiento tiene mecanismos urbanísticos para evitar que eso sea 
así. 
Precisa que eso es lo que pretenden con esta proposición, e informa de que han 
aceptado una transacción del Gobierno referida a los solares, en el sentido de 
enmendar la imprecisión legal contenida en el texto inicial. 
Considera que una iniciativa como esta será pionera y de referencia como modelo a 
seguir por otras ciudades. 
 
El Sr. MARTÍ señala que el Plan por el derecho a la vivienda ya prevé la figura del 
tanteo y retracto como un sistema de ampliación del parque público de vivienda 
asequible. Coincide con el grupo proponente en que eso debe ser una obsesión de 
este mandato, y de los próximos, como uno de los objetivos principales de ciudad. 
Concreta que la ficha C1.4 del plan mencionado prevé la aplicación del tanteo y 
retracto al amparo del Decreto ley 1/2015, en lo referente a la adquisición de 
inmuebles provenientes de ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, observa que el 
planteamiento general de la proposición se podría canalizar con la aplicación de este 
decreto y el plan de vivienda. Destaca que, con eso, el Gobierno dispone desde hoy 
mismo de los instrumentos para actuar en la línea de la demanda que se formula con 
la proposición de ERC, aparte de la vía de la expropiación, que entiende que no hay 
que descartar. 
Precisa que la figura del tanteo y retracto lleva implícita la adquisición de bienes por 
debajo del valor nominal de mercado, y representa una oportunidad urbanística para 
la ciudad. 
Opina que el planteamiento del texto inicial de la proposición no tenía mucho sentido 
ni recorrido, puesto que era un planteamiento declarativo, con voluntad de situar un 
titular en el Pleno de hoy, y no ofrecía garantía de poder ser concretado con un 
mínimo de rigor técnico o económico. Sin embargo, considera que, después de la 
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transacción, se da un paso adelante para aclarar algunos interrogantes de la propuesta 
original y situarla en un ámbito más adecuado y con más garantías de llegar a algún 
tipo de acuerdo que ayude a afrontar con eficacia el problema, que no es otro que el 
agravamiento de las dificultades de acceso a la vivienda pública y asequible, así 
como también para evitar la especulación con bloques de edificios enteros por parte 
de gente sin escrúpulos o fondos buitre.  
Por lo tanto, señala que comparten parcialmente el análisis de ERC, pero no la 
literalidad de la proposición, puesto que, como ha dicho, presenta carencias e 
interrogantes, motivo por el que adelanta que se abstendrán. No obstante, confían en 
que el Gobierno impulse medidas e instrumentos urbanísticos como el propuesto, que 
harán posible encontrar una salida parcial a una problemática muy grave. 
 
El Sr. BLANCO avanza que no votarán en contra de la proposición, teniendo en 
cuenta, además, que han hecho el esfuerzo de tratar de mejorar la redacción inicial y 
pactarla, pero sobre todo porque suscriben en gran parte el fondo de la cuestión. 
No obstante, interpretan que, como dice literalmente el enunciado, declarar 
Barcelona una ciudad de tanteo y retracto no tiene ningún sentido jurídico. 
Puntualiza que, para aplicar el tanteo, según la normativa vigente, se tienen que 
delimitar zonas. Señala que no se puede mezclar el tanteo y retracto en el caso de 
edificios enteros y en el de solares, puesto que hay dos normativas que especifican 
cosas diferentes en cada caso. Precisa que la aplicación del tanteo y retracto en 
edificios enteros de vivienda se enmarca en la Ley de derecho a la vivienda, que 
permite ejercer este derecho si se justifica para cumplir objetivos de planes locales de 
vivienda como el que aquí se ha aprobado hoy. 
Por lo tanto, confirma que están de acuerdo en que, en el caso al que se acaba de 
referir, la normativa permite el derecho de tanteo, siempre que los inmuebles se 
pongan al servicio de las políticas locales de vivienda. Por otra parte, indica que 
aplicarlo a los solares vacíos o a edificios en estado ruinoso no es posible, porque en 
estos casos se aplica la Ley de urbanismo, que es bastante más restrictiva, no se 
puede aplicar en todo el término municipal y obliga a trámites burocráticos como 
comunicarlo a todas las personas propietarias, justificar adecuadamente la necesidad 
de ejercer este derecho y hacer una planificación y previsión económica. 
En consecuencia, avanza que su grupo se abstendrá en la votación de la proposición, 
y reitera que estarían a favor de la delimitación de áreas concretas, siempre que haya 
una justificación basada en el cumplimiento de la normativa que se aplique. 
 
El Sr. MULLERAS entiende que todos los grupos del Consistorio coinciden en que 
hay que encontrar solución al problema de la vivienda, aunque a buen seguro 
discreparán con la manera de hacerlo, como hoy ya han podido constatar a raíz del 
debate del Plan por el derecho a la vivienda. 
En cuanto al planteamiento de la proposición del grupo de ERC, que pide declarar 
Barcelona una ciudad de tanteo y retracto, que incluye solares y edificios enteros, 
con el matiz incorporado a raíz de la transacción con el objetivo de adecuarla a la ley, 
hace notar que esta demanda significa que cada vez que se ponga en venta un edificio 
o un solar en Barcelona, durante los treinta días siguientes, el Ayuntamiento podrá 
ejercer el derecho de tanteo y retracto, es decir, podrá anular la venta para comprarlo 
él, de manera que el particular que haya decidido invertir tendrá incertidumbre 
jurídica durante este periodo de tiempo. 
Discrepa con que este derecho sea de aplicación general a la ciudad; de entrada, 
porque entienden que eso puede provocar moderación de las inversiones y suponer 
una traba más en detrimento de la inversión en Barcelona; y también, porque 
consideran muy discutible jurídicamente que se pueda llevar a cabo. 
Por otra parte, dice que encontrarían razonable establecer este derecho de tanteo y 
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retracto en determinadas zonas de la ciudad donde realmente exista un problema de 
vivienda o de regeneración urbana. Advierte que, por otra parte, plantear este 
derecho indiscriminadamente supone una política intervencionista, sin que el retorno 
social esté garantizado.  
La Sra. ROVIRA manifiesta que para trabajar la garantía del derecho a la vivienda es 
fundamental establecer una interrelación con el modelo económico y productivo 
desarrollado en la ciudad. Precisa, en este sentido, que hay que tener en cuenta que, 
durante legislaturas anteriores, se ha desarrollado un modelo que ha promovido la 
expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, fruto también de una política 
neoliberal basada en la venta de suelo público y en el desarrollo de la industria 
turística; un gran negocio que ha obtenido y obtiene beneficios a costa de la 
explotación de la ciudad a coste cero. Por el contrario, cree que se puede confirmar 
que los costes reales del monocultivo económico basado en el turismo han 
desembocado en la situación actual de expulsión de los barrios, el encarecimiento 
generalizado del coste de la vida, la precariedad laboral y la imposibilidad de acceso 
a una vivienda digna por la inexistencia de un parque público de vivienda sólida y 
suficiente. 
Pone énfasis en el hecho de que la vivienda, como derecho, solo está garantizada si 
proviene del ámbito público y se entiende como un bien de uso; contrariamente, 
remarca que la dinámica del mercado inmobiliario siempre será antisocial, puesto 
que el derecho a la vivienda nunca se satisfará mientras sea tratado como una 
mercancía. 
Por lo tanto, reivindica la preponderancia del sector público en la tenencia del parque 
de vivienda para alquiler social y también para vivienda dotacional; y dice que 
quieren que la vivienda que desarrollen las administraciones sea de titularidad, de 
provisión y de gestión públicas, premisas que para su grupo definen un auténtico 
servicio público. 
Entrando en el contenido de la proposición, consideran que el derecho de tanteo y 
retracto es una herramienta para el control e intervención del mercado inmobiliario, y 
también significa un instrumento de reforma ante las dificultades que presenta la 
expropiación a corto plazo. No obstante, del mismo modo que la expropiación, 
entienden que es una herramienta necesaria que el Gobierno debe utilizar para 
garantizar el derecho de acceso a la vivienda. 
Consideran, por lo tanto, que una de las actuaciones que podría hacer el Gobierno 
sería adquirir viviendas públicas en puntos clave de la ciudad, lo que incidiría en los 
precios de alquiler, en vez de hacer promociones públicas en zonas aisladas como 
hasta ahora. 
Por lo tanto, valoran que esta herramienta debe permitir homogeneizar y extender la 
presencia de viviendas públicas por todas partes, especialmente en los barrios donde 
los precios están disparados y se producen procesos de expulsión del vecindario. 
Avanza, en consecuencia, el voto a favor de la proposición. 
 
El Sr. MÒDOL se refiere a que tanto la legislación en materia de vivienda como 
urbanística ponen al alcance de las administraciones diferentes instrumentos para 
hacer efectivo el derecho a la vivienda, entre los cuales cita las reservas obligatorias 
de suelo para vivienda de protección y asequible, la definición de calificaciones 
como la de vivienda dotacional, junto con las normativas más recientes en materia de 
vivienda. 
Remarca que hace tiempo que las administraciones tienen a su alcance un abanico 
suficientemente amplio de instrumentos para intervenir en materia de vivienda, 
incluso mecanismos potentes como las sanciones en casos muy concretos. Indica que 
prueba de ello es el amplio repertorio que hoy mismo ha mencionado el concejal 
Montaner en la presentación del Plan por el derecho a la vivienda. 
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Incluye el derecho a tanteo y retracto entre estos instrumentos, y destaca la 
singularidad y el hecho de que se tiene que utilizar con mucha prudencia y, sobre 
todo, con mucha precisión, un matiz que echan de menos en la proposición del grupo 
de ERC, y temen que la declaración de Barcelona como ciudad de tanteo y retracto, 
como pide textualmente la proposición, se quede en un brindis al sol.  
Precisa que los instrumentos urbanísticos apuntados en la proposición están definidos 
en la ley, el planeamiento y la gestión, y si se tiene claro en qué caso se quiere 
utilizar la herramienta del tanteo y retracto no hay que declarar toda la ciudad sujeta 
a la aplicación de este derecho. 
Recuerda que en la ciudad se ha aplicado el derecho de tanteo y retracto en el área de 
conservación y rehabilitación de Sant Ramon y Robador; es decir, se definió una 
zona concreta, lo que no implica toda la ciudad. Considera que, en este sentido, 
tienen que decidir si lo que quieren son titulares o, por el contrario, utilizar esta 
herramienta para reconducir la dinámica de áreas urbanas concretas, tal como 
hicieron los gobiernos socialistas en las calles de Sant Ramon y Robador, que se ha 
revelado como un acierto y ahora se está tramitando la ampliación del área. 
Puntualiza que la declaración de área de tanteo y retracto requiere un grado de 
precisión muy importante, que incluye la identificación exacta de los titulares y 
cartografía de las fincas, y, al mismo tiempo, se tienen que acompañar de los estudios 
económicos y financieros que avalen la viabilidad de las actuaciones y la capacidad 
de la Administración actuante para abordarlas. 
Por lo tanto, suscribe la transacción del Gobierno con la voluntad de convertir la 
proposición en una herramienta y no en una mera declaración. 
 
La Sra. SANZ pone de relieve que la sesión plenaria de hoy se centra en la vivienda 
como una de las prioridades de la ciudad, y sobre la manera de desarrollar diversos 
instrumentos para garantizar el derecho de acceso. Así, remarca que hoy han 
aprobado el PEUAT, el Plan de vivienda y, además, la propuesta de incorporar el 
derecho de tanteo y retracto como un instrumento para luchar contra la especulación 
y los procesos que generan la expulsión de los vecindarios y la gentrificación de los 
barrios, así como todas aquellas herramientas que les permitan hacer un seguimiento 
público de los precios de venta y evitar transacciones en dinero negro. 
Entienden que la voluntad de la proposición va en esta línea, e indica que han 
propuesto la transacción para matizar las diferencias de los marcos normativos de la 
Ley de la vivienda y la de urbanismo cuando las actuaciones se refieren a solares o a 
edificios enteros. 
Por lo tanto, confirma que están trabajando en la definición y la concreción de la 
propuesta, estudiando la mejor forma de desplegarla, y de ponerlo en debate; y 
determinar, también, si hace falta o no una inscripción previa en el registro de la 
propiedad, y otras cuestiones vinculadas al uso de esta herramienta con seguridad 
jurídica. Añade que también hay que establecer plazos para el ejercicio del derecho 
de tanteo y retracto en función de la legislación vigente. 
Ratifica que el objetivo de la transacción propuesta al grupo de ERC es concretar la 
propuesta, incluida, como ya ha dicho, en el Plan por el derecho a la vivienda. 
Apunta la reflexión, para acabar, de que, además de todos los esfuerzos y los 
instrumentos a disposición de este Ayuntamiento, también necesitan la complicidad 
de otras administraciones; en este sentido, pone de relieve que no les ha sido sencillo 
hablar con la Generalitat del posible establecimiento de topes a los alquileres, pero 
necesitan que colabore para trabajar muchos de los mecanismos de los que disponen, 
así como una posible reformulación de buena parte de la legislación que los ampara. 
 
El Sr. CORONAS cree que es evidente que, si lo que plantean en la proposición se 
hubiera incorporado en el Plan por el derecho a la vivienda, no la habrían presentado; 
Ref.: CP 
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y justifica que si lo han hecho es para que todo el mundo pueda dar su opinión y 
votar. 
Agradece la transacción propuesta por el Gobierno municipal, así como también los 
votos favorables a la proposición del mismo Gobierno y del grupo de la CUP. Con 
respecto a las abstenciones, observa que las excusas que se han dado para no emitir 
un voto favorable le han parecido que eran más estéticas que de convencimiento 
sobre la bondad de la medida, y quieren creer que todos piensan, a pesar de todo, que 
es una medida positiva.  
Sin embargo, considera que a menudo olvidan que están en esta cámara para hacer 
política y ponen la tecnocracia por delante antes de tomar decisiones, lo que entiende 
que se hace a la inversa: primero la decisión, después la tecnocracia. 
Dice que comprende que dos personas que provienen del mundo técnico de la 
arquitectura, en el Gobierno y en la oposición, apelen a los marcos normativos del 
urbanismo y de la vivienda, pero les recuerda que no están aquí para firmar 
expedientes, sino para cambiar las cosas y, por lo tanto, se ratifica en el 
convencimiento de que la tecnocracia no debe ir nunca por delante de una votación, 
puesto que es competencia del personal técnico de esta casa, de solvencia más que 
probada. 
Finalmente, se refiere a que el Sr. Mulleras ha hablado de la incertidumbre jurídica 
que la aplicación del derecho de tanteo y retracto genera a los inversores, y confirma 
que, en cambio, para su grupo significa frenar la especulación urbanística. Y 
puntualiza que la denominación fondo buitre ilustra la acción de rapiñar en la ciudad, 
y señala que eso se puede acabar aprobando proposiciones como la que hoy han 
presentado. 
 
El Sr. MARTÍ asegura que su grupo está en este Consistorio para trabajar y, además, 
con los brazos abiertos a pactar y a dialogar con todo el mundo. 
 
El Sr. BLANCO puntualiza que la medida será buena o mala según cómo se aplique; 
y remarca que hoy por hoy es solo una declaración de intenciones. 
Concreta que lo que su grupo ha intentado explicar es que la propuesta carece de 
rigor técnico, lo que motiva su abstención. 
 
El Sr. MULLERAS afirma que su grupo es absolutamente contrario a los fondos 
especuladores o buitres; por otra parte, recuerda que, cuando esos fondos buitres 
compraron vivienda social al Consejo Comarcal, ERC, que formaba parte del 
Gobierno del consejo, aprobó la operación. 
Sugiere al grupo proponente, pues, que predique con el ejemplo. 
 
El Sr. MÒDOL confirma que el Plan de vivienda incorpora que se limitará un área de 
tanteo y retracto a toda la ciudad que permita el control de las transacciones y la 
adquisición de inmuebles, que es la propuesta de ERC. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con catorce 
abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y 
las Sras. Recasens, Fandos y Vila, y también por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 
las Sras. Mejías y Barceló—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández 
Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintitrés votos a favor del resto de los 
miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal impulse los 
instrumentos urbanísticos necesarios con el fin de declarar Barcelona ciudad de 
tanteo y retracto, en edificios enteros y solares, y, en estos últimos, delimitar las áreas 
Ref.: CP 
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de aplicación.  
Del Grupo Municipal del PP: 
 
4. (M1519/5494) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 
presentar un informe en el próximo Consejo Plenario que incluya lo siguiente: 1. 
Impacto económico y de empleo (inversión, posibles indemnizaciones y puestos 
de trabajo directos e indirectos) que ha comportado para la ciudad y el 
Ayuntamiento de Barcelona la suspensión de licencias de alojamientos turísticos 
decretada desde el mes de julio del 2015, la consecuente paralización de proyectos 
de alojamientos turísticos y el freno a la apertura de nuevos establecimientos 
debido a la aprobación del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos 
(PEUAT). 2. Relación de litigios y reclamaciones producidos como consecuencia 
de la suspensión de licencias y del PEUAT, detallando el asunto reclamado, 
importes y datos más relevantes, poniendo a disposición inmediata de los grupos 
municipales toda la información y los expedientes relacionados con estos 
proyectos y los litigios jurídicos existentes. 3. Dictamen jurídico del 
Ayuntamiento que dé certeza jurídica y garantías legales sobre la tramitación 
urbanística de este plan, la sujeción a las directivas europeas y los cambios 
sustanciales incorporados en la aprobación definitiva. 4. En relación con la no 
tramitación de licencias, debido a la suspensión de licencias de alojamientos 
turísticos de julio del 2015, a la tramitación administrativa del propio 
Ayuntamiento o a la aprobación del PEUAT, especificar la posible 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Barcelona y también la 
responsabilidad personal de los concejales que voten a favor del PEUAT y, 
asimismo, de los concejales del Gobierno municipal para la tramitación, o no, de 
licencias de alojamientos turísticos, al margen de los que pudieran estar afectados 
por la moratoria de julio del 2015 o por el PEUAT. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza que no tiene intención de repetir ahora varias 
cuestiones relacionadas con la actividad turística en Barcelona y las consecuencias 
en la ciudadanía, puesto que ya han tenido ocasión en esta misma sesión de 
hacerlo sobradamente. No obstante, proclama nuevamente que el turismo es una 
oportunidad y no el problema en que se ha convertido por la gestión deficiente de 
este Ayuntamiento. Manifiesta, por otra parte, que deberían afrontar la actividad 
turística como una oportunidad de empleo y de inversión, y no como un foco de 
problemas y molestias a la ciudadanía y, por lo tanto, de ruptura de la convivencia 
en algunos barrios. 
Indica que ya han podido hacer la valoración del Plan especial urbanístico de 
alojamientos turísticos (PEUAT), pero destaca que con esta proposición pretenden 
profundizar en algunas de las consecuencias de su aplicación, concretamente su 
impacto económico en inversión y creación de empleo, la seguridad jurídica de 
este plan especial, así como el coste que podría representar para el Ayuntamiento 
a raíz de reclamaciones judiciales y patrimoniales, que ya han sido anunciadas, 
que podrían acabar materializándose por decisión judicial contraria a los intereses 
municipales. 
Precisa que, con esta propuesta, reclaman que el Gobierno presente un informe en 
el Pleno sobre diversas cuestiones acerca de las cuales ya debería haber aportado 
documentación previamente a la aprobación del PEUAT. Puesto que eso no se ha 
hecho, reclama que se presente esta documentación en la próxima sesión plenaria, 
que debe incluir la valoración del impacto en el empleo, la inversión de la 
aplicación del plan, así como también la materialización de posibles 
indemnizaciones que comporta para la ciudad la suspensión de licencias, en 
primer lugar, y la posterior aprobación del PEUAT. 
Ref.: CP 
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Indica que piden también que conste en el mencionado informe una relación de 
litigios y reclamaciones que se han producido, primero con la suspensión de 
licencias y, después, si hay constatación de reclamaciones o litigios que se pueden 
iniciar a raíz de la aprobación de este plan especial urbanístico.  
Añade que piden también que conste en el informe un dictamen jurídico 
complementario de este Ayuntamiento que dé garantías jurídicas con respecto a la 
tramitación urbanística del PEUAT y su sujeción a las garantías comunitarias; y que 
recoja los cambios sustanciales que se han incorporado en la aprobación definitiva 
una vez transcurrido el periodo de información pública. 
Finalmente, con respecto a la no tramitación de licencias a raíz de la imposición de la 
suspensión, la tramitación administrativa municipal o derivadas de la aprobación del 
PEUAT, piden que el informe especifique la posible responsabilidad patrimonial de 
este Ayuntamiento y personal de los concejales del Gobierno municipal. 
Alerta, por lo tanto, de la posibilidad de que a partir de hoy se presenten 
reclamaciones judiciales contra esta Administración y, que en caso de que se 
estimen, la obligarían a afrontar un coste. 
Dice que es consciente de que le responderán que eso es un futurible y que acusarán 
a su grupo de defender intereses de las partes demandantes, pero afirma que lo que 
los motiva es la voluntad de que no se vuelvan a producir casos como el de la 
indemnización por el derribo del edificio de la calle de Dalmases, después de dos 
sentencias adversas del TSJC contra el Ayuntamiento por tramitación defectuosa de 
licencias urbanísticas, que ha acabado pagando toda la ciudadanía. 
Reitera que la voluntad de su grupo es que no vuelvan a ocurrir hechos como el que 
acaba de mencionar y, por lo tanto, reclaman transparencia, blindaje jurídico e 
información. 
 
El Sr. MARTÍ avanza, de entrada, el voto favorable de su grupo a la proposición, 
pues cada uno de los cuatro puntos que incorpora los han defendido en comisión y en 
el Plenario, y se ha posicionado al respecto en ruedas de prensa y declaraciones 
públicas. 
Señala que hace poco rato se han manifestado a raíz del debate sobre la aprobación 
del PEUAT, en que han mostrado su profundo desacuerdo no solo con el plan 
especial como instrumento urbanístico deficiente técnicamente y por las 
implicaciones económicas que puede comportar, sino también con el modelo 
económico que representa. Reconoce, en este sentido, que lícitamente defienden un 
modelo diferente y no suscriben uno en que la Administración pública delimita líneas 
rojas en diversos territorios de la ciudad, afectando a derechos adquiridos y 
provocando graves problemas de cara al futuro. 
Reprocha al Gobierno que en este asunto haya actuado como si Barcelona fuera el far 
west, donde de entrada se disparaba sin considerar las consecuencias; en este sentido, 
advierte que dentro de poco se pueden encontrar con demandas que superen los 
doscientos millones de euros en concepto de indemnizaciones, que acabará pagando 
toda la ciudadanía. Y hace notar el beneficio que implicaría, por ejemplo, que una 
cantidad como esta se destinara a la construcción de vivienda por parte del Patronato 
Municipal de Vivienda o conveniadas con una entidad del tercer sector; y alerta de 
que, si por el contrario se destina a indemnizaciones, acabará en bolsillos privados. 
Recuerda que, en los últimos años, los gobiernos municipales han aprobado 
convenios urbanísticos, en el 2003, en el 2005 y en el 2007, que implicaban derechos 
y deberes entre los privados y el Ayuntamiento, algunos de los cuales quedan pisados 
con la aprobación del PEUAT, lo que es evidente que comportará una demanda de 
compensación económica. 
 
La Sra. MEJÍAS anuncia el apoyo de su grupo a la proposición del PP, al considerar 
Ref.: CP 
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que todo lo que pueda aportar información sobre las consecuencias que pueden tener 
las decisiones políticas les parece positivo. 
Señala que esta propuesta les parece muy acertada, sobre todo por los puntos tercero 
y cuarto, que además le permiten ahora replicar la afirmación que ha hecho el Sr. 
Coronas a raíz de su demanda de votación nominal del PEUAT.  
Recuerda que el concejal de ERC ha afirmado que estaban en este Ayuntamiento 
para cambiar las cosas y hacerlo bien, y le hace notar que hoy, sin embargo, han 
hecho mal aprobando un plan del que se derivarán unas consecuencias que pagarán 
todos, y no solo por la cantidad de inversiones perdidas, sino por el número 
indeterminado de reclamaciones contenciosas administrativas que se llegarán a 
interponer contra esta Administración por la aplicación del PEUAT. 
Invita a algunos miembros del Consistorio a estudiar más para constatar que la 
legislación dice literalmente que una orden política que deriva en una demanda 
patrimonial millonaria podría poner en peligro las finanzas municipales y requiere 
una provisión. Puntualiza, por lo tanto, que los presupuestos municipales que hoy 
han quedado aprobados por la cuestión de confianza deberían haber hecho provisión 
de fondos para pagar las posibles indemnizaciones, y aprovecha para preguntar si lo 
han hecho. 
Añade que el hecho de que el PEUAT se haya votado nominalmente no es una 
casualidad, ya que existe una sentencia que expresa que la Administración está 
obligada a exigir de oficio a sus autoridades y otro personal a su servicio la 
responsabilidad en que hayan incurrido, según los criterios fijados en el precepto, que 
es el caso ahora examinado, puesto que se trata de una acción de regreso, es decir, la 
exigencia de responsabilidad por parte de la Administración a sus empleados cuando 
lo que tengan que indemnizar a las partes perjudicadas haya incurrido en dolo, culpa 
o negligencia grave. 
Dice que este apunte le sirve para remarcar que el Consistorio tiene la obligación de 
preservar de responsabilidades políticas nefastas la responsabilidad patrimonial que 
se derive del Ayuntamiento, así como la posible responsabilidad que se pueda 
reclamar a los funcionarios que han intervenido en el procedimiento. 
En consecuencia, advierte que deben ser muy conscientes de lo que comportan 
determinadas decisiones y asumir las consecuencias; y entiende que, en el caso del 
PEUAT, ni se han calibrado ni se ha valorado tener que asumirlas. 
 
El Sr. CORONAS manifiesta que querrían que sobre todo el grupo proponente, pero 
también otros, valoren las dos caras de la moneda de la actividad turística; por un 
lado, la cara positiva de la inversión y de la actividad económica y, por otro lado, la 
negativa que provoca barrios sobresaturados de alojamiento turístico, encarecimiento 
de la vivienda o precarización laboral. 
Se ratifica en la afirmación, expresada en el debate del PEUAT, de que no pueden 
permitir el monocultivo turístico en la ciudad si quieren ser una capital moderna. 
Dirigiéndose a la concejala Mejías, asegura que conocen la legislación, y remarca 
que todos los concejales y concejalas de este Ayuntamiento, en el momento de jurar 
el cargo, deben ser conscientes de las consecuencias de sus actuaciones, aunque 
afirma que su grupo no tiene la intención de actuar desde la perspectiva del miedo, de 
negarse a ningún cambio, de pasar de puntillas por muchas cuestiones; por otro lado, 
tienen intención de cambiar muchas cosas, fieles a su programa y a su electorado y, 
por lo tanto, no están dispuestos a abstenerse en todo por miedo de lo que pueda 
pasar. 
Y solo justifica la situación de abstencionismo en casos como los vividos en el 
Consejo Comarcal, en que se ha generado inseguridad jurídica porque informes de 
Secretaría y de la Intervención advertían de la incorrección de determinados 
expedientes. Y remarca que no es el caso de esta Administración, en la que los 
Ref.: CP 
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servicios jurídicos de la casa, a los que determinados grupos apelan incluso cuando 
hacen una abstención “tecnocrática”, como ha sucedido hoy mismo. En este sentido, 
constata que el expediente del PEUAT es del todo correcto, e invita a la Sra. Mejías a 
defender sus posicionamientos, como tienen que hacer todas las formaciones 
políticas representadas en esta cámara, pero que no se dedique a poner en duda el 
instrumento del plan especial.  
Se pregunta, en este sentido, por qué no consideran bueno este instrumento, o por 
qué motivo CiU lo utilizó para definir las viviendas de uso turístico (VUT), que se 
aprobó a toda prisa. 
 
La Sra. LECHA ratifica que su grupo está acostumbrado a que el del PP, y algún otro 
grupo que se deriva de este y otros que defienden unos intereses parecidos, actúe de 
representante de grandes empresas y poderes económicos en este Ayuntamiento, pero 
tiene que reconocer que hoy los ha sorprendido, porque asegura que no se 
imaginaban que también actuaría como mensajero de sus despachos de abogados. 
Puntualiza que, básicamente, hoy el PP pide al Ayuntamiento la respuesta a la 
demanda que harán sus colegas de palco o del Círculo Ecuestre que impugnen el 
PEUAT; y le recuerda al PP, que es tan escrupuloso con el cumplimiento de la ley, 
que tienen que votar necesariamente en contra de su proposición, aunque solo sea 
para garantizar la igualdad de armas procesales en el juzgado. 
Observa, sin embargo, que el Sr. Fernández Díaz no se contenta solo con hacer de 
pasante de la patronal, y aprovecha para intentar coaccionar el voto de los grupos 
municipales insinuando una responsabilidad personal de los concejales y concejalas 
que voten a favor del PEUAT, tal como también ha hecho el grupo de Ciutadans. 
Entiende que la alergia del grupo proponente es tan aguda que está dispuesto a hacer 
directamente el ridículo con la presentación de esta proposición, y confirma que su 
grupo votará lo que le parezca, por mucho que al PP le pese no poder decidir como se 
hizo durante cuarenta años de dictadura. 
 
El Sr. MÒDOL se refiere a la demanda del PP al Gobierno municipal de elaborar un 
informe en referencia a la suspensión de licencias acordada en julio del 2015, 
primero, y posteriormente sobre las consecuencias de la aplicación del PEUAT, y 
hace notar que la demanda mezcla cuestiones de carácter muy diverso, entre las 
cuales de impacto económico, técnico-jurídicas, judiciales, responsabilidades 
patrimoniales e, incluso, se preocupa por la responsabilidad personal de concejales y 
concejalas. Ante esta demanda, afirma que el único título que se les ocurre para el 
informe es “PEUAT horror show”. 
Precisa, en cuanto a la referencia de la proposición al impacto económico y de 
empleo que provocó la moratoria, que su grupo se negó a que abarcara toda la 
ciudad, puesto que muchas partes fuera del centro no sufrían la presión turística 
como otras y, por lo tanto, no era razonable imponérsela. 
Con respecto a la parte de la proposición relativa a la relación de litigios presentados, 
dice que consideran que es un ejercicio de transparencia informar de aquellos que se 
tiene constancia y que forma parte de la acción de control de los grupos de la 
oposición. 
En cuanto al tercer punto, relativo a la elaboración de un dictamen jurídico en 
relación con diversos aspectos del PEUAT, señala que entienden que queda 
informado en los documentos que se han hecho llegar a los grupos durante esta 
semana. 
En referencia al cuarto punto, manifiesta que les parece hecho expresamente para que 
los grupos que han dado apoyo al PEUAT voten en contra de la proposición. Y 
subraya que el aparente rigor de los tres primeros puntos se desvanece con este 
cuarto, en el que piden que se informe de responsabilidades personales de los 
Ref.: CP 
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concejales y concejalas que apoyen el plan especial. 
Por lo tanto, consideran que todo responde solo a una puesta en escena para atizar la 
polémica. Y pregunta a qué se refieren cuando aluden a posibles responsabilidades 
personales; si hacen referencia, tal vez, a la necesidad de que se hayan leído con 
detenimiento los informes técnicos y jurídicos del expediente.   
Y pregunta si es diferente esta responsabilidad que exigen de la que se debería pedir 
a los concejales del grupo del PP en votaciones como la del plan vigente de usos de 
Ciutat Vella, o de la ordenanza de terrazas, también vigente, y pregunta a los 
concejales del PP si se sienten responsables del desbarajuste que produjo su apoyo. 
Pone de manifiesto que las iniciativas de regulación de planes urbanísticos y 
ordenanzas son opciones políticas, que, si obtienen el apoyo suficiente del Plenario 
del Consejo Municipal, se acaban aprobando; y que la garantía y el rigor de los 
documentos que las acompañan le dan el excelente nivel de los cuerpos técnicos y 
jurídicos municipales. 
Indica que la única responsabilidad que se puede pedir a los concejales y concejalas 
municipales es que no se queden de brazos cruzados ante los problemas de la ciudad, 
y tener confianza en la labor del personal técnico y jurídico de este Ayuntamiento; y 
avanza que su grupo hará un voto en contra de la proposición. 
 
La Sra. SANZ lamenta que el grupo del PP persevere en frivolizar sobre una serie de 
aspectos que, en su opinión, desconoce profundamente y, además, pida 
responsabilidades con respecto a cuestiones que han quedado plenamente 
garantizadas y explicadas durante todo el proceso que los ha llevado a la aprobación 
del PEUAT. Remarca que en el expediente constan todos los informes avalados y 
firmados no por un representante político, sino por personal técnico de este 
Ayuntamiento, que garantiza que las cosas se han hecho correctamente. 
Pregunta, a raíz de la estimación hipotética del Sr. Martí sobre la cifra de doscientos 
millones de euros en indemnizaciones provocadas por la aprobación del PEUAT, en 
qué información se basa. Por otro lado, entiende que este grupo es consciente de que 
trata sin ningún tipo de rigor esta cuestión, actitud que, por otra parte, entiende que 
no es propia de ellos 
Dice que entiende que el Sr. Fernández Díaz discrepe con el modelo del Gobierno, y 
que habría presentado un plan especial del todo diferente, o ninguno, haciendo uso de 
argumentos y posiciones políticas; por otra parte, considera que poner en duda el 
rigor técnico de los servicios técnicos municipales, que el Sr. Fernández Díaz conoce 
sobradamente por los años que lleva en este Ayuntamiento, no dice mucho a favor 
del grupo del PP. 
Reitera que los grupos han podido disponer de toda la información con respecto al 
PEUAT, y diálogo abierto con el Gobierno. Remarca que, concretamente el grupo 
del PP, no les ha hecho llegar ninguna propuesta ni sugerencia, más allá de las 
alegaciones totalmente contrarias al plan especial. Y aunque el del PP y el del 
Gobierno municipal son dos modelos diametralmente opuestos, remarca que ambos 
se inscriben en el marco jurídico vigente; tanto el de barra libre como el de la 
regulación específica. No obstante, destaca que el modelo que defiende el grupo del 
PP genera inseguridad vital a los vecinos y vecinas. 
Invita al grupo del PP, si así lo quiere, a debatir sobre modelos, pero le pide que no 
mezcle las cosas, y que reconozca que la legalidad del PEUAT está garantizada; y 
repite que todos aquellos proyectos con derechos adquiridos los siguen teniendo, 
entre los cuales los que disponían de certificado de aprovechamiento urbanístico, 
pero no los que no tenían estos derechos ni garantizados ni adquiridos. 
Para acabar, confirma el voto negativo de Barcelona en Comú a la proposición, y 
reitera que el PEUAT está lo suficientemente blindado jurídicamente. 
 
Ref.: CP 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ justifica la presentación de esta proposición hoy porque 
ya hace meses que han ido solicitando gran parte de la información que piden sin 
obtener ninguna respuesta. Precisa que, básicamente, reclaman transparencia, rigor y 
seguridad jurídica, que entienden que no quedan debidamente contemplados en el 
PEUAT. Niega que frivolicen con nada, y recuerda que preguntan por el impacto 
económico, entre otros motivos, porque la misma Sra. Sanz da unas cifras que 
después no corrobora por escrito.  
A modo de ejemplo, señala que ella misma ha manifestado que las actuaciones en 
el hotel de Rec Comtal, en el de Drassanes y en el albergue de la Vila Olímpica 
suponen cien millones de euros, y pregunta cómo lo calcula. Añade la 
puntualización de que, en el caso concreto del hotel de Rec Comtal, un mes antes 
de las elecciones municipales del 2015, la concejala, entonces por el grupo de 
ICV-EUiA, pidió una sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo para 
reclamar la reversión de la licencia del hotel, y ahora dice que eso no es posible. 
En cuanto al hotel de Drassanes, recuerda que el único grupo que no votó a favor 
de tramitar la licencia urbanística fue el PP al considerar que podía suponer un 
“pelotazo” sindical, y pregunta cuánto les puede costar ahora una posible 
reclamación. 
 
La Sra. MEJÍAS dice que su grupo no tiene ninguna intención de atemorizar con 
sus argumentos, tan solo pide que las cosas se hagan bien, con el principio de 
legalidad, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos, dado que solo 
así reordenarán la situación con una lógica a la que su grupo ha intentado 
contribuir mediante sus alegaciones, que, sin embargo, les han sido rechazadas. 
Insiste en decir que regular no es prohibir ni acabar con la seguridad jurídica. 
 
El Sr. CORONAS coincide plenamente con que regular no es prohibir, y que, en 
algunos casos, la regulación restringe o evita determinadas operaciones. Y 
asegura, sobre todo, que no tienen miedo. 
 
SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con veintitrés votos 
en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y 
las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y 
las Sras. Andrés y Ballarín; por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. 
Benedí y Capdevila; y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y 
diecisiete votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
 
Antes de iniciar el debate de la proposición-declaración de grupo de la CUP, se 
incorpora la Sra. Homs a la sesión del Plenario del Consejo Municipal. 
 
Del Grupo Municipal de la CUP: 
 
5. (M1519/5497) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Ayuntamiento de Barcelona 
ponga en marcha una aplicación informática que garantice la fiscalización 
municipal de las condiciones de trabajo de las empresas contratistas del 
Ayuntamiento y de sus empresas, institutos y organismos autónomos, así como el 
cumplimiento en materia laboral de los contratos otorgados, los convenios 
colectivos y la legislación laboral general, y poder así adoptar las medidas legales 
o contractuales oportunas. 2. Que el sistema incluya la presentación de la 
documentación relativa a los contratos laborales, las altas y bajas en la seguridad 
social, las cotizaciones y nóminas de todas las personas asignadas total o 
parcialmente a la ejecución del contrato con el Ayuntamiento de Barcelona. 3. 
Que el software se desarrolle con código abierto y libre para que pueda ser 
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utilizado y adaptado por otras administraciones públicas de acuerdo con sus 
necesidades. 4. Que el Gobierno presente una propuesta de la estructura y 
funcionamiento de la aplicación en el plazo de tres meses con el fin de poder 
desarrollarla y ponerla en marcha antes del 1 de diciembre de 2017.  
La Sra. ROVIRA justifica la presentación de esta proposición por la preocupación 
que causa a su grupo la precariedad laboral, que entienden que hay que combatir con 
firmeza, y asegura que no solo lo defiende su grupo, sino que, según el último 
barómetro municipal, también es la primera preocupación de la ciudadanía. 
Así pues, pone de manifiesto que la precarización de las condiciones de trabajo ha 
sido una constante en los últimos años, que se agrava día a día. Añade que hay que 
tener presente que el ciclo de privatización de los servicios públicos y de su gestión 
ha supuesto un empeoramiento de las condiciones laborales y de las retribuciones 
salariales con respecto al personal propio de la Administración pública, así como la 
bajada de la calidad de los servicios prestados. 
Sigue diciendo que les preocupa y los alarma el fraude y los incumplimientos por 
parte de empresas que trabajan para las administraciones, y que han sido objeto de 
denuncias en reiteradas ocasiones y en varios municipios. Por eso, considera que es 
preciso que el Ayuntamiento de Barcelona no se desentienda de todas personas que 
trabajan en él, no solo como personal propio, sino, sobre todo, como personal 
externalizado; por lo tanto, subraya la necesidad de adoptar medidas concretas para 
prevenir este empeoramiento de las condiciones laborales y luchar por unas 
condiciones dignas de trabajo. 
Consideran que las medidas de control de estas situaciones laborales deben permitir 
obligar al cumplimiento de las condiciones laborales y las retribuciones salariales, 
disuadir el fraude y los incumplimientos, y adoptar medidas en caso de que se 
detecten irregularidades, incluidas las denuncias a la inspección de trabajo, la 
aplicación de sanciones y, en su caso, las rescisiones de contrato. 
Con el fin de llevar a término todo lo que acaba de mencionar, dice que han 
considerado pertinente pedir que el Ayuntamiento trabaje y ponga en marcha una 
aplicación informática que permita hacer un seguimiento del cumplimiento de las 
condiciones laborales de los contratos otorgados, de los convenios colectivos y de la 
adecuación a la legislación laboral, con el fin de actuar en consecuencia si se 
detectan incumplimientos. 
Señala que han llegado a un acuerdo con el Gobierno municipal para que esta 
aplicación se presente y se ponga en marcha durante el 2018, y que se presente un 
informe de su evolución en el plazo de seis meses. 
 
El Sr. FORN manifiesta que no están en contra de la creación de esta aplicación 
informática, y entiende que el Ayuntamiento puede introducir mejoras en los pliegos 
de cláusulas administrativas como ya se ha ido haciendo históricamente. No obstante, 
advierte que no se tiene que confundir el trabajo de este Ayuntamiento con el que es 
competencia de la autoridad laboral, que es hacer cumplir la legislación en materia de 
empleo. 
Consideran que todo lo que suponga avanzar en transparencia, como el caso de 
disponer de este software puntero, les parece positivo; sin embargo, recuerda que el 
punto segundo de la proposición les preocupa, y que hace que se abstengan en la 
votación, porque su grupo defiende que se debe respetar la privacidad de los 
trabajadores y trabajadoras, sus datos laborales y altas y bajas en la seguridad social. 
Alerta de que, en este segundo punto, se pide tener acceso a una serie de datos que 
entiende que no son compatibles con la legislación actual. 
 
El Sr. ALONSO confirma la voluntad de Ciutadans de que Barcelona sea una ciudad 
socialmente justa, donde las personas puedan desarrollar su proyecto vital y donde 
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todo el mundo pueda tener una vida digna y disfrute de las oportunidades necesarias 
para poder progresar.  
Añade que con esta voluntad reclaman salarios dignos, horarios razonables y puestos 
de trabajo que garanticen la conciliación con la vida familiar, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y puestos de trabajo que no pongan en riesgo 
la salud de las personas. En esta línea, confirma que tienen claro que las 
administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo y establecer 
mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley y la calidad de los puestos de 
trabajo de las empresas que contratan. 
Por otro lado, señala que los mecanismos de control tienen que ser viables y ajustarse 
a la legalidad, y consideran que la proposición del grupo de la CUP se queda a medio 
camino. Así, destaca que, por una parte, tiene un fundamento bien intencionado, que 
comparten, aunque, por otra parte, dice que no están seguros de que sea una 
propuesta realmente viable, y creen que hay que trabajarla más desde el punto de 
vista jurídico. 
Igualmente, opina que una aplicación informática no es la solución a la precariedad, 
sino una herramienta para facilitar la gestión; y afirma que tienen dudas sobre el 
contenido del programa informático o sobre qué uso se dará a los datos personales. 
En consecuencia, invita a seguir trabajando con el objetivo de alcanzar consenso 
político y establecer medidas que sean legal y técnicamente viables y, por lo tanto, 
avanza un voto de abstención a la proposición, esperando que el Gobierno municipal 
aporte información más concreta sobre el contenido de la aplicación informática. 
 
La Sra. CAPDEVILA avanza el voto favorable a la proposición al considerarla un 
ejercicio de transparencia que liga con las demandas que el grupo de ERC ha hecho 
durante lo que llevan de mandato. 
En esta línea, menciona las diversas iniciativas que han ido presentando con el 
objetivo de buscar la profundización de la transparencia y el buen gobierno en el 
ámbito presupuestario, de contrataciones, externalizaciones, condiciones laborales, 
recursos humanos, salario mínimo de ciudad, procesos participativos o de empresas 
municipales como Barcelona Activa. 
Destaca la complejidad del Ayuntamiento como ente local, como manifiesta el denso 
entramado de entidades empresariales, sociedades mercantiles, consorcios, 
fundaciones y asociaciones en que en mayor o menor grado participan. Remarca que 
este entramado permite gran capacidad y diversidad en la contratación, y afirma que 
su grupo entiende que la transparencia y la participación tienen que ser prescriptoras 
básicas de la actividad de cualquier gobierno democrático. Señala que la 
transparencia representa una oportunidad para que el Gobierno de la ciudad lleve a 
cabo una comunicación activa y permanente, actualizada y comprensible de todos los 
datos de contratación y de las condiciones laborales de todo el personal que, directa o 
indirectamente, forma parte de los servicios y actividades generados por la 
Administración local y dirigidos a la ciudadanía. 
Por lo tanto, entienden que la proposición del grupo de la CUP abunda en la 
transparencia como herramienta indispensable de participación y activación de la 
ciudadanía, que como representantes suyos les exige un mayor esfuerzo en la 
profundización democrática, el control y seguimiento del gasto municipal y la 
participación activa en las decisiones del Consistorio. 
 
La Sra. ESTELLER considera positivamente que Barcelona cuente con muchas 
entidades y empresas prestamistas de servicios, que demuestran un alto grado de 
calidad que redunda en la satisfacción de los usuarios. 
Entienden, por lo tanto, que es importante poner el acento en ello, y en caso de que 
haya empresas o entidades que no cumplan con sus obligaciones laborales, recuerda 
Ref.: CP 
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que el Ayuntamiento dispone de instrumentos para adoptar las medidas pertinentes, a 
los que se añade la inspección de trabajo, y procedimientos garantistas suficientes —
también la ley de transparencia del Estado— para adoptar las acciones adecuadas.  
Consideran, por lo tanto, que el grupo de la CUP da por hecho con la presentación de 
esta proposición que la excepción es la regla en Barcelona, puesto que pretende la 
confrontación del sector público con el privado y criminalizar a las empresas o 
entidades que prestan servicios a la Administración pública. 
Reprocha al grupo proponente que comisión tras comisión se dedique a abonar esta 
idea, y le recuerda que hoy en día existe un sistema garantizado con inspecciones de 
trabajo para el buen cumplimiento de las condiciones laborales, y añade que este 
Ayuntamiento dispone de las cláusulas de contratación y de la guía de contratación, 
que establece una serie de requisitos que deben cumplir las empresas contratadas 
que, en caso de incumplimiento, pueden comportar la revocación del contrato. 
En consecuencia, consideran que el software que se propone no aporta ninguna 
novedad, y hace notar que uno de los puntos de la proposición es contrario a la Ley 
de protección de datos y, por lo tanto, que no permite su implementación. 
Observa, sin embargo, que la voluntad del grupo proponente no es tanto de hacer 
como de aparentar, de modo que plantea un debate ideológico que, por su parte, solo 
pone en valor todo lo público y confrontarlo con el sector privado. 
Puntualiza que muchas de las personas que trabajan en empresas contratadas por este 
Ayuntamiento prestan un servicio inmejorable, muy necesario y muy bien valorado 
por la ciudadanía, de modo que reprochan al grupo de la CUP que, permanentemente, 
plantee la criminalización de los servicios externos y busque la confrontación. 
Añade que las medidas que propone no aportan nada al Ayuntamiento, aunque está 
convencida de que buena parte del Consistorio votará a favor. 
 
La Sra. BALLARÍN suscribe que la precarización de las condiciones laborales junto 
con el paro son los problemas que más preocupan a la ciudadanía; por lo tanto, 
comparten la preocupación por estas situaciones, puesto que defienden a las clases 
populares y trabajadoras, a la vez que son bien conscientes de la responsabilidad que 
tienen, como cargos electos, de luchar contra esta lacra social. 
Afirma que son conscientes de que esta precarización se produce también en algunos 
ámbitos de la contratación pública, en algunas externalizaciones fruto a menudo de la 
subcontratación, y que se trata de una situación inadmisible. Por lo tanto, confirma 
que comparten el espíritu de la proposición y la necesidad de incrementar el control 
sobre las empresas contratadas y subcontratadas. 
Puntualiza, sin embargo, que les resulta más difícil pronunciarse sobre la manera 
como se tiene que hacer este control, en el caso que propone el grupo de la CUP, 
mediante una herramienta informática concreta, de la que describe las 
funcionalidades y una fecha de puesta en funcionamiento. Señala que, técnicamente, 
no pueden valorar si es posible o no, ya que eso atañe al personal técnico de la casa; 
y remarca que la enmienda presentada para la transacción va en la línea de resolver 
estas dudas sobre su viabilidad. 
Considera evidente que, si esta aplicación se acaba implantando, hay que hacerlo 
bien, y que como Gobierno y como Administración deben ser muy cuidadosos con la 
información que se puede acabar controlando; precisa que sí son controlables los 
datos referentes a convenios, cotizaciones o nóminas, pero que no pasa lo mismo con 
las identidades de trabajadores y trabajadoras, las cuales se deben poder preservar. 
En este sentido, advierte que hay que garantizar que los datos se obtengan en el 
marco de la legalidad. Por todo ello, afirma que no querrían tener que reconocer 
nunca, como el exsenador de ERC, Santiago Vidal, que tienen sus datos fiscales 
obtenidos ilegalmente.  
El Sr. PISARELLO confirma que Barcelona en Comú votará a favor de la 
Ref.: CP 
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proposición, a la vez que agradece la posibilidad de haber alcanzado un texto 
transaccionado con su grupo. 
Reconoce que la lucha contra la precarización laboral es uno de los principales 
objetivos que tienen como Gobierno, y destaca que esta Administración dispone de 
herramientas, aunque limitadas, entre las cuales la contratación pública. Constata, en 
este sentido, que a la ley de contratos estatal le interesa poco la cuestión de las 
cláusulas sociales, y añade que el PP ha puesto encima de la mesa una reforma 
regresiva en esta materia. No obstante, indica que se ha avanzado, y recuerda que 
hace poco se ha firmado un decreto en materia de cláusulas sociales, uno de los más 
avanzados del Estado y quizás solo comparable al del Ayuntamiento de Zaragoza en 
la misma línea. Sin embargo, comparten la demanda del grupo de la CUP de una 
herramienta informática al considerar que es una vía para poder controlar su 
cumplimiento, pero son conscientes de que no se puede implementar de la noche a la 
mañana. Observa, igualmente, que hasta ahora no es posible implementarla con 
software libre —como sería deseable—, ya que no han encontrado ninguna 
plataforma de licitación electrónica que trabaje con datos abiertos, pero asegura que 
trabajarán en ello e informarán de cómo se avanza. 
Reitera el apoyo a la proposición, pero puntualiza que lo que se puede hacer desde 
esta Administración no puede sustituir otros elementos de control, ya que no tienen 
inspectores de trabajo que hagan el trabajo de control de las empresas, ni tampoco 
pueden sustituir la negociación colectiva que depende de la presión de los sindicatos. 
Sin embargo, reconoce que se puede hacer mucho desde el Ayuntamiento, más de lo 
que les quieren hacer creer, pero tienen que conocer claramente qué limitaciones 
tiene la vía propuesta. 
 
La Sra. ROVIRA responde al grupo de CiU que es obvio que este Ayuntamiento 
trabaja ajustándose a la protección de datos, y le reprocha que, de entrada, considere 
un hecho que no se cumplirá la ley. Por otro lado, remarca que su implementación 
tendrá que inscribirse en un marco técnico y jurídico que asegure los requerimientos 
de la mencionada ley. Y dice que, si lo que pretenden es que no haya control de las 
condiciones laborales, no les pongan este argumento como excusa. 
Dirigiéndose al grupo de Ciutadans, recuerda la comparecencia en la última sesión de 
la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del comisionado de Ecología, que 
explicó que en Parques y Jardines se empezará a trabajar en una aplicación de las 
características que proponen con el fin de controlar las condiciones laborales. Por lo 
tanto, consideran que técnicamente se puede implementar y, con su propuesta, piden 
que se aplique a todas las áreas municipales. 
Hace notar al grupo del PP que hay decenas de colectivos de servicios externalizados 
en lucha; que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha creado un agujero 
negro en la prestación de servicios municipales y, si realmente existieran tantos 
instrumentos para el control de las condiciones laborales como dice, la precariedad 
laboral no sería la primera causa de preocupación de la ciudadanía. Sugiere a este 
grupo que hable con la gente para entender la realidad. 
Finalmente, confirma que criminalizarán a las empresas que no cumplan las 
condiciones laborales, que hoy por hoy son muchas. 
Agradece que el Gobierno de la ciudad quiera sacar adelante esta aplicación 
informática, y hace un reconocimiento y expresa el apoyo a todos los colectivos de 
trabajadoras y trabajadores que continúan en lucha por unas condiciones laborales 
dignas. Y se ratifica en que la municipalización es uno de los instrumentos que tiene 
a disposición la Administración local para tener un control directo y real de las 
condiciones laborales.  
La Sra. ESTELLER puntualiza que está en manos del Ayuntamiento, mediante la 
contratación pública, controlar que las empresas adjudicatarias cumplen las 
Ref.: CP 
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condiciones incluidas en la guía de contratación. 
 
SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con dieciocho 
abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi 
y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco 
y las Sras. Mejías y Barceló, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y 
la Sra. Esteller—, y veintitrés votos a favor del resto de los miembros del 
Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Ayuntamiento de Barcelona 
ponga en marcha una aplicación informática que garantice la fiscalización 
municipal de las condiciones de trabajo de las empresas contratistas del 
Ayuntamiento y de sus empresas, institutos y organismos autónomos, así como el 
cumplimiento en materia laboral de los contratos otorgados, los convenios 
colectivos y la legislación laboral general, y poder así adoptar las medidas legales 
o contractuales oportunas. 2. Que el sistema incluya la presentación de la 
documentación relativa a los contratos laborales, las altas y bajas en la seguridad 
social, las cotizaciones y nóminas de todas las personas asignadas total o 
parcialmente a la ejecución del contrato con el Ayuntamiento de Barcelona. 3. 
Que el software se desarrolle con código abierto y libre, si es técnica y 
económicamente factible, a fin de que pueda ser utilizado y adaptado por otras 
administraciones públicas de acuerdo con sus necesidades. 4. Que el Gobierno 
presente un informe de seguimiento del estado de evolución del desarrollo de la 
aplicación en el plazo de seis meses, que incluya necesariamente la justificación 
de las soluciones técnicas adoptadas, el calendario de ejecución, la estructura y el 
funcionamiento previsto, con el fin de ponerla en marcha durante el 2018. 
 
b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 
Del Grupo Municipal del PSC: 
 
Única. (M1519/5506) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Parlamento de 
Cataluña a garantizar que la futura Ley de comercio, servicios y ferias respete el 
régimen especial comercial reconocido legal y normativamente en la ciudad de 
Barcelona, así como la integridad y la fuerte identidad de un modelo comercial 
propio que se fundamenta en el trabajo y la complicidad con un sector que genera 
riqueza y empleo, a la vez que ayuda a la cohesión de nuestros barrios. — 
Defender la autonomía del Ayuntamiento de Barcelona y ponerla al servicio de un 
modelo de comercio de proximidad y de calidad que se ha convertido en todo un 
referente en el mundo y que ayuda tanto al bienestar ciudadano, la cohesión social 
y el equilibrio territorial como a la proyección de la ciudad. En esta línea, 
reclamar que se respete y reconozca la especificidad que atribuye la Carta 
Municipal a la ciudad en materia de comercio, así como el propio marco 
competencial que esta le reconoce a Barcelona y manifestar públicamente la 
inquietud y el malestar que le provoca el hecho de que el Gobierno no haya 
incluido la totalidad de las propuestas presentadas por el Ayuntamiento de 
Barcelona durante el periodo de elaboración del anteproyecto de Ley de comercio, 
ferias y servicios. — Reivindicar el papel de las administraciones locales a la hora 
de fortalecer los modelos urbanos que garanticen su participación activa y de 
corresponsabilidad en la toma de decisiones que les afectan en virtud del principio 
de subsidiariedad y la necesaria observación de los preceptos que emanan de la 
aplicación de los nuevos marcos normativos establecidos a nivel autonómico, 
estatal y europeo.  
Ref.: CP 
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— Hacer un llamamiento para que se aproveche la oportunidad histórica que ofrece 
la redacción de una ley catalana de comercio, ferias y servicios con el fin de 
incorporar los contenidos que hemos sido capaces de consensuar con el sector en 
Barcelona, así como para regular los instrumentos, las herramientas y las diferentes e 
innovadoras fórmulas de gestión pública y privada y de autogestión comercial urbana 
que los municipios están en condiciones de impulsar, como los business improvement 
districts (BID) o las áreas de promoción de la economía urbana (APEU). 
 
La Sra. BALLARÍN manifiesta que la voluntad con que presentan la proposición es 
que los grupos municipales se sumen a la demanda que el Gobierno municipal ha 
formulado, sin éxito hasta ahora, ante la Generalitat, y que es que la futura Ley de 
comercio, servicios y ferias respete las competencias de este Ayuntamiento. 
Recuerda que el 3 de enero de este año, el Gobierno de la Generalitat aprobó un 
proyecto de ley de comercio que no reconoce ni garantiza competencias que este 
Ayuntamiento ha ejercido a lo largo del tiempo, y que están garantizadas, además, 
por la Carta Municipal. 
Lamenta lo que califica de despropósito, y dice que les cuesta entender cómo se ha 
llegado a esta situación, a la vez que pone en valor que este Ayuntamiento ha hecho 
todo lo que ha estado a su alcance para evitarlo. Precisa que han enviado hasta tres 
informes a la Dirección de Comercio de la Generalitat en los que se identificaban las 
competencias municipales vulneradas, con la correspondiente fundamentación 
jurídica, y se pedía que se corrigiera. Indica que el primero de los informes es de 
marzo del 2015, cuando todavía gobernaba en este Ayuntamiento el grupo de CiU. 
Añade que también han mantenido conversaciones y reuniones con responsables 
políticos y técnicos de comercio, en las que se ha vuelto a pedir la corrección del 
anteproyecto de ley. 
Sin embargo, todas estas actuaciones no han llevado a nada, y finalmente el 
documento que ha llegado al Parlamento sigue sin reconocer las competencias de 
Barcelona en esta materia. 
Hace notar que la Generalitat pone el grito en el cielo, a menudo con razón, cuando 
el Estado legisla y vulnera competencias suyas; por otra parte, sin embargo, las 
normas de la Generalitat no respetan las competencias locales como en este caso. 
Puntualiza que, en la Comisión de Gobierno Local, de los siete representantes 
municipales que asistieron, seis votaron en contra del proyecto normativo. 
Señala que, hoy por hoy, ya se ha pasado del anteproyecto al proyecto de ley y están 
en la fase de tramitación parlamentaria, y como Ayuntamiento de Barcelona ya no 
pueden hacer nada. Por este motivo, justifica la presentación de esta proposición en 
el sentido de que lo único que les queda es que los grupos municipales de esta 
cámara pidan a los grupos parlamentarios de sus formaciones que enmienden en el 
Parlamento el proyecto de ley que se tramita. 
Alerta de que si no solucionan este despropósito, quien saldrá perdiendo no será solo 
este Ayuntamiento, sino que será la ciudadanía, que tiene derecho a disfrutar de un 
comercio de proximidad y calidad. Y pone en valor la capacidad demostrada por este 
sector del comercio de adaptarse a las oportunidades manteniendo el modelo de 
comercio de proximidad, que incluye la red de mercados municipales, asociaciones y 
ejes comerciales, tiendas especializadas y otros establecimientos de los que se sienten 
muy orgullosos. 
Señala que para hacer posible este modelo comercial, la ciudad necesita tener 
capacidad de regulación propia y de actuación, que no tendrá si se aprueba la ley de 
comercio sin que se solucione el despropósito de no contemplar las competencias 
municipales. Concreta que eso significaría, por ejemplo, que no podrían decidir 
cuándo un establecimiento que no sea restaurante puede hacer degustación o no, 
sancionar a los establecimientos que incumplan los horarios comerciales; no 
Ref.: CP 
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obstante, subraya, sobre todo, que el proyecto de ley deja el fomento de políticas 
comerciales en manos de la Generalitat y precisa que eso afecta en algunos casos a la 
misma subsistencia del comercio en determinados barrios.  
En caso de que eso se materialice, está convencida de que la Generalitat no ayudará a 
los comerciantes a poner las luces de Navidad, por ejemplo, o a hacer planes de 
dinamización en los barrios que lo necesitan. 
En consecuencia, pide el voto favorable de los grupos municipales a la proposición 
para evitar estos despropósitos. 
 
El Sr. BLASI pone de manifiesto que, cuando en la última sesión de la Comisión de 
Economía y Hacienda emplazaron a la concejala Ballarín a establecer un diálogo con 
los grupos municipales, no esperaban que respondiera con esta proposición; y 
aprovecha para destacar que no ha mencionado las enmiendas que han presentado, y 
que han aceptado, que en su opinión han servido para convertir una proposición que 
lo que pretendía era tapar la falta de diligencia por parte del Gobierno municipal, en 
un compromiso por parte de los grupos municipales, al que avanza que darán apoyo, 
en relación con el modelo de comercio propio de Barcelona. 
Confirma que todas las formaciones políticas representadas en esta cámara tienen sus 
homónimos en el Parlamento de Cataluña, a quienes se comprometen a trasladar 
estas inquietudes que ahora mismo mencionaba la Sra. Ballarín. 
Reconoce, igualmente, que la Carta Municipal incluye las competencias propias de 
este Ayuntamiento en el ámbito del comercio, así como también la disposición 
adicional tercera del proyecto de ley de comercio, y considera que otra cosa es que 
quieran hacer una ampliación de estas competencias, y avanza que estarían 
dispuestos a hablar al respecto. 
Destaca la importancia del papel del mundo local, y, por lo tanto, piden al Gobierno 
que reformule su negativa a que los grupos municipales formen parte del grupo de 
trabajo que se constituyó en este Ayuntamiento. 
En consecuencia, invita a la concejala al debate, con transparencia y rigor, y a 
trabajar en el futuro plan de comercio de la ciudad, y asegura que todavía desconocen 
cuáles son sus líneas estratégicas. 
 
La Sra. MEJÍAS avanza el apoyo del grupo de Ciutadans a la proposición, y remarca 
que se encuentran ante un conflicto institucional, de competencias, entre el 
Ayuntamiento y la Generalitat —que a menudo se lamenta de que el Estado pisa las 
suyas—, que obvia las competencias municipales, determinadas en la Carta 
Municipal, en defensa de un modelo comercial específico y muy singular en la 
ciudad. Destaca de este modelo la creación de ejes comerciales a cielo abierto, 
comercio de proximidad, locales emblemáticos o preservación patrimonial del 
comercio. 
Suscribe la necesidad de preservar este modelo comercial y, sobre todo, las 
competencias que corresponden al Ayuntamiento en ejercicio de su autonomía local. 
Por lo tanto, está plenamente de acuerdo en que hay que evitar que la ambición de la 
Generalitat pueda impedir la capacidad municipal para ordenar el comercio en la 
ciudad, y muchas otras funciones que constan en el informe emitido por este 
Ayuntamiento, entre las cuales menciona el otorgamiento de licencias, ordenación en 
materia de medio ambiente e inspección de actividades y de comercio alimentario. 
Por lo tanto, cree que hay que conseguir que todo eso no lo pueda hacer modificando 
la ley de comercio y ferias que impulsa el Gobierno de la Generalitat, y advertirle 
que está invadiendo competencias municipales.  
La Sra. CAPDEVILA ratifica en nombre de su grupo que el comercio de proximidad 
es un ámbito de gran importancia en Barcelona, por un lado, por su peso en la 
estructura económica de la ciudad, ya que representa el 22 % de las empresas y 
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genera la ocupación de ciento cuarenta mil personas; por otro lado, destaca su papel 
estratégico en la vertebración y cohesión social de los barrios, y en la contribución a 
la mejora del espacio público, a la vez que pone de relieve que los diferentes ejes 
comerciales, la red de mercados municipales, entre otros, son claros ejemplos del 
dinamismo y del papel predominante de este sector. 
En consecuencia, considera que la elaboración de ley reguladora de la actividad de 
comercio, servicios y ferias es una buena noticia en el sentido de que el objetivo 
básico de este texto es agrupar y simplificar las diferentes normativas existentes en 
materia de comercio y ferias con el fin de hacer más eficiente la regulación del 
ámbito comercial. 
Admite la necesidad de que este nuevo proyecto de ley reconozca la autonomía de 
este Ayuntamiento recogida en la Carta Municipal y, en este sentido, confirma que 
pueden contar con el grupo de ERC para hacer efectiva esta defensa. 
Añade que encuentran positivo, también, que se complemente con otras fórmulas de 
organización y gestión comercial como los BID o APEU, que, aunque todavía están 
en una fase muy incipiente, conviene explorar como herramientas futuras en políticas 
de comercio. Recuerda que la Sra. Ballarín explicó que el Ayuntamiento está 
trabajando técnicamente estas fórmulas con el sector, y dice que les gustaría disponer 
de más información sobre el contenido de los proyectos. 
Finalmente, señala que una vez incorporadas las enmiendas del grupo de CiU a la 
proposición, cuyo sentido comparten plenamente, votarán a favor del texto, con la 
condición de que la mejor fórmula para avanzar es la colaboración entre 
administraciones —aunque parece que a la Sra. Ballarín no le acaba de convencer—, 
y un buen ejemplo es el Pleno de hoy, en que se han aprobado diferentes convenios 
con la Generalitat que permitirán a la ciudad avanzar en ámbitos como la reforma del 
Puerto Olímpico, la llegada del metro a la Zona Franca o la recuperación del espacio 
de la Modelo para el barrio de la Esquerra de l’Eixample. 
Manifiesta, por lo tanto, que les sorprendió el planteamiento del texto inicial de la 
proposición, así como la intervención de la concejala hoy mismo al presentarla, que 
parecía más una posición de postureo y de promover el enfrentamiento institucional 
que interesada en avanzar hacia una mejor gestión del comercio de la ciudad. Por lo 
tanto, invita al diálogo con los grupos políticos con el fin de llegar a acuerdos en 
beneficio de la ciudad. 
 
El Sr. MULLERAS destaca la importancia del comercio para la ciudad, como han 
hecho todas las intervenciones que lo han precedido, que significa un 15 % de la 
actividad económica de Barcelona, y un 14 % del empleo. 
Pone de manifiesto que, a pesar del fuerte impacto que ha tenido la crisis, el modelo 
de comercio barcelonés se ha ido consolidando con una mixtura en la oferta entre el 
comercio de proximidad y grandes superficies, y la demanda entre el comercio 
destinado a los residentes en la ciudad y el dirigido a los visitantes, que ha 
comportado la adaptación del comercio a las nuevas realidades. 
Aduce, sin embargo, que la proposición no tiene tanto que ver con este modelo de 
comercio, sino con su marco legal, sobre las competencias que invade la ley de 
comercio de la Generalitat. Entiende, pues, que la motivación de la proposición es la 
invasión de la Generalitat de competencias locales de comercio, su regulación, la 
mejora de la competitividad, horarios o la competencia sancionadora en el comercio 
ilegal. Sin embargo, hace notar que la Generalitat, tan quisquillosa con otras 
administraciones, no tiene ningún inconveniente en invadir competencias locales de 
comercio con esta ley promovida por ERC, CiU y la muleta necesaria de la CUP; y 
recuerda que han echado de menos las ruedas de prensa exprés que algunos gremios 
y asociaciones hacían para denunciar legislaciones que invaden las competencias.  
 
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Avanza el voto favorable a la proposición con la condición de que la Generalitat 
tiene que respetar la autonomía local. Y denuncia que en la ley de comercio ni se 
respeta la Carta Municipal ni la autonomía local de los municipios, y el hecho de que 
se ha negado el diálogo a la hora de negociar todos estos aspectos. 
 
El Sr. GARGANTÉ recuerda que este enero el Gobierno de la Generalitat ha 
aprobado el proyecto de Ley de comercio, servicios y ferias, y aprovecha para 
referirse a que el ejército ha triplicado este año la reserva de espacio en el Salón de la 
Enseñanza, puesto que Fira de Barcelona no ha atendido la demanda del Parlamento 
de Cataluña con la que el Departamento de Enseñanza y el Ayuntamiento de 
Barcelona le han reclamado que lo excluya. Entiende que eso es una clara muestra de 
que, con dinero público y un consejo general presidido por la alcaldesa, y las 
vicepresidencias por consejeros de la Generalitat, votar no sirve de nada. 
Observa que a la política, más allá de sus intenciones retóricas, hay que exigirle 
coherencia, y cree, por ejemplo, que es evidente que no se pueden proclamar las 
bondades de la reforma horaria por parte del Gobierno de la Generalitat y, al mismo 
tiempo, torpedearla por la vía de los horarios comerciales. En este sentido, señala que 
el diputado de Junts pel Sí Fabián Mohedano afirmó en una entrevista que en Europa 
a las nueve de la mañana ya hay un 80 % de personas trabajando, y que para 
conseguir este mismo porcentaje aquí hay que esperar una hora o dos más, y mientras 
en Europa a las cinco de la tarde ya están en casa, aquí el horario se incrementa por 
término medio dos o tres horas más. No obstante, hace notar la incongruencia con 
que el proyecto de ley contempla que las tiendas pueden estar abiertas de setenta y 
dos a setenta y cinco horas semanales, de lunes a sábado, incrementando el número 
de horas con respecto a la Ley 3/2014, que se reforma con la nueva ley. 
En consecuencia, denuncia que se amplían unos horarios comerciales, ya de por sí 
extensivos, y se retroalimentan dinámicas perversas de jornadas laborales todavía 
más extensivas. Añade que la realización de horas extraordinarias no pagadas al 
Estado español asciende a 3.904.000 horas semanales, según la encuesta del segundo 
trimestre del 2015 del INE. 
Con respecto a la proposición, entiende que abre un debate interesado, y que no es 
otro que justificar la gestión del comercio en Barcelona practicada por el PSC 
durante los últimos treinta años, y acto seguido exigir las competencias invadidas por 
la nueva ley. Sin embargo, hace notar que la expansión de los centros comerciales en 
la ciudad ha ido en contra del modelo de comercio de proximidad, que la 
remodelación de los mercados municipales ha significado no solo una pérdida de 
buen número de comerciantes en muchos mercados, que han sido sustituidos por 
supermercados. Por lo tanto, remarca que se reclaman unas competencias sin explicar 
por qué; alerta, pues, de que eso supone un peligro evidente, puesto que la misma 
formación que los ha llevado donde están ahora reclama más competencias, y el 
riesgo de que proliferen los centros comerciales, el comercio dirigido al turismo, 
dejar de potenciar el comercio de consumo vecinal y reformar los mercados 
municipales sin consultar a los vecinos y vecinas. 
En consecuencia, avanza el voto de abstención del grupo de la CUP.  
El Sr. COLOM suscribe las apreciaciones que se han hecho sobre el comercio de 
proximidad en Barcelona, el hecho de que supone un 13 % del PIB, el 14 % de la 
ocupación y el 18 % del conjunto de empresas, y subraya que una cuarta parte del 
comercio de Cataluña reside en Barcelona. 
Por lo tanto, cree que es obvia la importancia del sector comercial, tanto para la 
economía de la ciudad como para la cohesión social, y, por este motivo, la relevancia 
de la futura Ley de comercio, servicios y ferias, por su capacidad de dotar de 
instrumentos a los ayuntamientos que los capacitan para actuar, ordenar y mejorar el 
comercio. Destaca que, en este sentido, la Generalitat también está obligada a 
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respetar la especificidad de Barcelona que le atribuye la Carta Municipal en materia 
de comercio, cosa que no hace este proyecto de ley. Remarca que, por el contrario, la 
ley no otorga competencias a las administraciones locales y, contrariamente, se las 
quita. Por lo tanto, manifiesta el pleno apoyo a la proposición, que emana del 
Gobierno. 
Considera paradójico que la Generalitat actúe en este caso de una manera 
recentralizadora, pero también quiere señalar que quien primero incumple la Carta 
Municipal es el Gobierno del Estado, puesto que no dota en su marco normativo de 
ninguna capacidad de actuación a los ayuntamientos. 
Recuerda que, en marzo del 2015, este Ayuntamiento presentó una serie de 
alegaciones a lo que en aquellos momentos era un anteproyecto de ley de la 
Generalitat, y casi dos años después el proyecto de ley no recoge ninguna de aquellas 
alegaciones. Remarca la importancia de aquellas alegaciones que incidían en el 
reconocimiento del carácter competencial del Ayuntamiento, y pone como ejemplo 
que el proyecto de ley no prevé la obligación del cumplimiento de la normativa 
municipal, no otorga competencias en la capacidad de incidir en el relieve de la 
actividad comercial, no prevé políticas municipales de fomento de la actividad o 
restringe la capacidad sancionadora de la Administración local. 
En consecuencia, confirma que, lamentablemente, se ven obligados a pedir al 
Parlamento que sea capaz de remachar lo que la Generalitat no ha tenido voluntad de 
solucionar. 
 
La Sra. BALLARÍN agradece las enmiendas presentadas por el grupo de CiU, que 
han atenuado una supuesta beligerancia atribuida al texto inicial por el mismo grupo 
y también por el de ERC, y con la que discrepa, aunque entiende que estas 
formaciones están obligadas a defender al Gobierno de la Generalitat, donde 
gobiernan en coalición. Contrariamente, afirma que lo que ella define como 
beligerancia es que seis de los siete representantes municipales en la Comisión de 
Gobierno Local votaran en contra del anteproyecto de ley. 
Afirma que toma nota del compromiso expresado por los grupos municipales, 
excepto el de la CUP, para mantener el modelo de comercio de Barcelona y blindar 
las competencias municipales en este ámbito, y confía en que en el Parlamento de 
Cataluña se mantenga el mismo grado de consenso que en este Plenario. 
Finalmente, dirigiéndose al Sr. Garganté, replica que el modelo comercial de la 
ciudad se ha mantenido a pesar de la liberalización que permite la normativa 
europea, española y ahora la de la Generalitat. Y remarca que el Gobierno tripartito 
en la Generalitat aprobó una normativa que el Tribunal Europeo se ha cargado por 
ser proteccionista del comercio local. 
 
El Sr. BLASI reitera que están a favor de las competencias que otorga la Carta 
Municipal en el ámbito del comercio; insiste, no obstante, en que consideran que esta 
proposición tiene solo el objetivo de obtener un minuto de gloria —que podrían 
ganar redactando un nuevo plan de comercio, ya que el actual ha caducado—, y 
provocar una cierta discrepancia entre el Ayuntamiento y la Generalitat.  
 
Y, finalmente, aprovecha para recordarles que presentaron fuera de plazo las posibles 
enmiendas al proyecto de ley, e invita a la Sra. Ballarín a establecer el diálogo que no 
tiene con los grupos municipales de la oposición con la Dirección General de 
Comercio, y hace extensiva la invitación a los grupos del PP y de Ciutadans. 
 
La Sra. MEJÍAS reprocha el ejercicio de algunos grupos de convertirse en agentes 
del Sr. Junqueras, y defienden en esta cámara operaciones políticas con gran 
vehemencia para garantizar, sospecha, la solución de problemas económicos y de 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 75 
03/03/2017 
orientación política de la Generalitat; por el contrario, estos mismos grupos, cuando 
se trata de defender la ciudad y las competencias de este Ayuntamiento, se muestran 
ciertamente tibios. 
Los invita, pues, a hacer un repaso de los informes elaborados por los servicios 
jurídicos de la Cámara de Comercio, y que evalúen las competencias que se vulneran 
en este Ayuntamiento con la nueva ley de comercio, servicios y ferias. 
 
La Sra. CAPDEVILA dice a la Sra. Ballarín que puede estar tranquila en cuanto al 
compromiso de ERC de reclamar que se respete la autonomía local recogida en la 
Carta Municipal. 
A la Sra. Mejías, le reprocha que lamente que lleguen a acuerdos con la Generalitat, 
y asegura que son para mejorar la vida de la ciudadanía de Barcelona. 
 
El Sr. GARGANTÉ se reafirma en que, para su grupo, el PSC tiene menos 
credibilidad que Santi Vidal. 
 
La Sra. BALLARÍN niega que este Ayuntamiento haya presentado las enmiendas al 
proyecto de ley fuera de plazo, y lo remite al 15 de marzo de 2015. 
 
SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional en debate 
con tres abstenciones —emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y 
treinta y ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 
transaccionado siguiente: 
 
El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar al Parlamento de Cataluña a 
garantizar que la futura Ley de comercio, servicios y ferias respete el régimen 
especial comercial reconocido legal y normativamente en la ciudad de Barcelona, así 
como la integridad y la fuerte identidad de un modelo comercial propio que se 
fundamenta en el trabajo y la complicidad con un sector que genera riqueza y 
empleo, a la vez que ayuda a la cohesión de nuestros barrios. — Defender la 
autonomía del Ayuntamiento de Barcelona y ponerla al servicio de un modelo de 
comercio de proximidad y de calidad que se ha convertido en todo un referente en el 
mundo y que ayuda tanto al bienestar ciudadano, la cohesión social y el equilibrio 
territorial como a la proyección de la ciudad. En esta línea, reclamar que se respete y 
reconozca la especificidad que atribuye la Carta Municipal a la ciudad en materia de 
comercio, así como el propio marco competencial que esta le reconoce en Barcelona. 
— Reivindicar el papel de las administraciones locales a la hora de fortalecer los 
modelos urbanos, como por ejemplo los business improvement district (BID) o las 
áreas de promoción de la economía urbana (APEU), que garanticen su participación 
activa y de corresponsabilidad en la toma de decisiones que les afectan en virtud del 
principio de subsidiariedad y la necesaria observación de los preceptos que emanan 
de la aplicación de los nuevos marcos normativos establecidos a nivel autonómico, 
estatal y europeo.  
c) Ruegos 
 
Del Grupo Municipal de C’s: 
 
1. (M1519/5505) Que en un plazo de tres meses se presenten las medidas para evitar la brecha 
salarial existente entre los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona. Que en 
este mismo plazo se presenten las medidas para evitar la brecha salarial de los 
contratos que realiza el Ayuntamiento con empresas externas. 
 
La Sra. BARCELÓ empieza su intervención mencionando el principio 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 76 
03/03/2017 
fundamental reconocido por la Unión Europea “a igual trabajo, igual sueldo”, lo 
que no se cumple, puesto que los sueldos de las mujeres siguen siendo más bajos 
que los de los hombres para hacer el mismo trabajo; y añade que en Cataluña se 
mantiene esta brecha salarial en un 19 %, que aumenta hasta el 30 % en el caso de 
las mujeres mayores de 45 años. Y precisa que el informe presentado por este 
Ayuntamiento sitúa la brecha salarial en un 13 %. 
En consecuencia, formula en nombre del grupo de Ciutadans el ruego de que, en 
el plazo de un trimestre, el Gobierno municipal se comprometa a presentar un 
paquete de medidas para evitar la brecha salarial existente entre los trabajadores y 
las trabajadoras municipales, y medidas para evitar esta brecha en los contratos 
que firma esta Administración con empresas externas. 
 
El Sr. BADIA reconoce que, aunque este Ayuntamiento aplica el principio de 
igual trabajo, igual retribución, los datos que apunta la concejala son ciertos y, por 
lo tanto, que existe una brecha salarial también en esta Administración. 
Puntualiza, sin embargo, que eso responde a una serie de motivos, que incluyen 
las condiciones asociadas a los puestos de trabajo, los complementos percibidos, 
horarios especiales o presencia en puestos directivos, que afectan especialmente al 
ámbito retributivo. 
Añade que este Ayuntamiento todavía presenta carencias en los roles sociales y 
culturales, en la gestión del tiempo y los cuidados familiares, en la feminización y 
masculinización de determinados puestos de trabajo, profesiones o ámbitos 
municipales. Por lo tanto, admite que hay mucho trabajo por hacer todavía en este 
sentido, especialmente con respecto a circuitos y promociones; por lo tanto, se 
necesitan cambios estructurales que difícilmente pueden tener un impacto a corto 
plazo. 
Recuerda que este Ayuntamiento dispone de un plan de igualdad entre hombres y 
mujeres con un alcance del 2015 al 2019, y considera que es en el marco de este 
plan en el que hay que desarrollar las medidas dirigidas a luchar contra la brecha 
salarial. Concreta que hay grupos de trabajo dedicados al estudio y el análisis de 
los puestos de trabajo y sus retribuciones, así como la valoración de los 
complementos circunstanciales, como en los casos de nocturnidad o el trabajo en 
festivo, con el fin de detectar la neutralidad de su aplicación. Propone, por lo 
tanto, trasladar el debate planteado por el grupo de Ciutadans al ámbito de este 
grupo de trabajo en que participan todas las fuerzas sindicales. 
Admite la práctica imposibilidad de disponer de estas medidas en el plazo de tres 
meses que pide el ruego, pero sí que se compromete a disponer, antes del verano, 
de documentos de trabajo encima de la mesa. 
En cuanto a las federalizaciones, indica que se incluyen en las guías de 
contratación pública y social, y destaca, por una parte, la obligación de que las 
empresas presenten pliegos de igualdad de género, así como la posibilidad por 
parte de esta Administración de fiscalizar todas las medidas adoptadas, incluidas 
las de conciliación; y, por otra parte, indica que se ha introducido una cláusula 
sobre la paridad de género en los perfiles y categorías profesionales de obligado 
cumplimiento, con el objetivo de equilibrar la segregación por categorías.  
La Sra. BARCELÓ agradece la respuesta y la sensibilidad demostrada por el Sr. 
Badia, aunque lamenta que las medidas no se presenten hasta el verano, teniendo 
en cuenta que el Gobierno ya lleva un año y medio de mandato. E insiste en que lo 
primero que hace falta es la revisión de los criterios de asignación de los 
complementos salariales. 
Reconoce que el Gobierno ha presentado la Guía de contratación pública social, 
pero hace notar que en la cláusula social de igualdad de género hace referencia a 
que la empresa debe presentar su plan diez días después de formalizar el contrato, 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 77 
03/03/2017 
cuando es evidente que eso habría que hacerlo antes. 
Insiste en que el papel de las administraciones públicas es garantizar que la brecha 
salarial no se produzca, especialmente imponiendo cláusulas sociales de obligado 
cumplimiento en la contratación externa. 
Finalmente, aprovecha para pedir que, cuando se presenten las medidas a las que 
se ha referido el Sr. Badia para afrontar la brecha salarial, también las presenten 
en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, entre las cuales la 
flexibilidad horaria, los horarios compactos o la posibilidad de trabajar desde el 
domicilio. 
Reclama diligencia al Gobierno y que no agote más tiempo, puesto que cada día 
que pasa la brecha salarial aumenta. 
 
Del Grupo Municipal de ERC: 
 
2. (M1519/5492) Que el Gobierno municipal elabore, en el plazo de seis meses, un plan de 
movilidad cultural que analice la adecuación entre la oferta actual de transporte 
público y las necesidades específicas de los diferentes equipamientos culturales de 
la ciudad, y que presente medidas para resolver las carencias existentes en materia 
de accesibilidad en transporte público en cada uno de estos equipamientos. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ observa que la ciudad disfruta de una red densa y variada de 
equipamientos culturales de titularidad público-privada, y que, desgraciadamente, 
la red de transporte público barcelonesa no cubre satisfactoriamente las 
necesidades de accesibilidad a muchos de estos equipamientos, como es el caso de 
los ubicados en la montaña de Montjuïc o la falda de Collserola. Añade que 
muchas veces no hay correspondencia entre el horario del transporte público y el 
de finalización de algunos espectáculos o actos culturales programados en estos 
equipamientos, como es el caso de algunos conciertos en L’Auditori en días 
festivos. 
Sigue diciendo que la ciudadanía no dispone de una herramienta específica de 
información rápida y eficaz sobre la ubicación, servicios, programación y 
accesibilidad de transporte público a la totalidad de los equipamientos culturales 
de la ciudad, a pesar de la existencia de aplicaciones genéricas útiles como “Vull 
anar” de TMB. 
Por todo ello, justifica la demanda al Gobierno de que elabore un plan de 
movilidad cultural que analice la adecuación entre la oferta actual de transporte 
público y las necesidades específicas de los equipamientos culturales, que 
presente las medidas oportunas para asegurar la accesibilidad a todos los 
equipamientos, y puntualiza que consideran que un plazo de seis meses es 
suficiente para hacerlo. 
Precisa que el plan debería evaluar el coste de oportunidades de eficacia y la 
implementación de medidas como la actualización del mapa de equipamientos 
culturales, la creación de una aplicación cultural específica que permita conocer 
los servicios y la programación de estos equipamientos y las opciones para 
acceder en transporte público,  
la revisión, ampliación y modernización de los elementos de señalización urbana 
de los equipamientos, y la adecuación de los horarios de la red de transporte 
público a los de finalización de espectáculos y actividades culturales. 
Finalmente, sugiere la creación de una o dos líneas de bus, con origen y final en la 
plaza de Espanya, para facilitar el acceso a los equipamientos de Montjuïc, y otra 
para los situados en la falda de Collserola. Añade, igualmente, la necesidad de 
incrementar paradas de Bicing próximas a los equipamientos culturales, 
especialmente de centros cívicos o bibliotecas. Y, para acabar, sugiere una política 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 78 
03/03/2017 
de incorporación sistemática de los nombres de los equipamientos culturales en 
las paradas de metro, bus y Tram, como Urquinaona-Palau de la Música o 
Diagonal-Pedrera. 
 
La Sra. VIDAL avanza que no pueden aceptar el ruego por una serie de motivos, 
entre los cuales, y en primer lugar, porque la oferta de transporte público está 
concebida para dar servicio a todas las necesidades de movilidad de la ciudad; y, 
al mismo tiempo, remarca que el sistema de transporte público está diseñado para 
obtener la máxima eficiencia de los recursos disponibles, por lo que los diversos 
servicios —viarios o ferroviarios— no son homogéneos en cuanto a cobertura y 
frecuencia para adecuarse a la realidad cambiante según las zonas de la ciudad, y 
en hora punta, hora valle u hora nocturna. 
Añade que hace unos años que los teatros y salas de espectáculos de la ciudad han 
hecho el esfuerzo de adelantar horarios —entre las ocho y las nueve de la noche—
, de forma que se convierten en equipamientos pioneros a la hora de aplicar la 
todavía inexistente reforma horaria. 
En cuanto a la observación del concejal de que la red de transporte público no da 
respuesta satisfactoria a problemáticas concretas de accesibilidad a muchos 
equipamientos, recuerda que existen estudios de evaluación de movilidad 
generada, que tienen por objeto prever las necesidades de movilidad en todas las 
tramitaciones urbanísticas, de modo que los proyectos tengan en cuenta todas las 
implicaciones en materia de movilidad que tendrán que asumir los promotores. En 
este sentido, indica que hay promotores privados de acontecimientos que asumen 
las cargas de los costes de movilidad de su actividad. Por lo tanto, precisa que la 
programación de un acontecimiento cultural de envergadura implica un refuerzo 
sistemático del transporte público. 
Manifiesta, sin embargo, que el Gobierno está abierto a hablar de equipamientos o 
zonas concretas como las que ha citado el Sr. Puigcorbé, donde confirma que se 
refuerza el transporte para los actos que tienen lugar en ellos, pero no de 
considerar la demanda como una cuestión general de equipamientos culturales. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ expresa la disconformidad de su grupo con la posición del 
Gobierno. 
 
NO SE ACEPTA el ruego en 
debate. Del Grupo Municipal 
del PP: 
3. (M1519/5495) Que el Gobierno municipal constituya y convoque la Comisión de Seguimiento 
sobre la gestión de Barcelona Regional aprobada en el Consejo Plenario en sesión 
del 1 de julio de 2016 y, asimismo, traslade a los grupos políticos municipales de 
forma inmediata un informe actualizado sobre las posibles irregularidades 
detectadas en el Instituto Municipal de Informática desde el 2007 hasta la 
actualidad.  
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere al compromiso del Gobierno de máxima 
transparencia de la gestión pública; no obstante, apunta que en algunos ámbitos de 
gestión de este Ayuntamiento se constata una cierta opacidad, cuando no silencio. 
Por este motivo, y dado que no se han respondido las diversas cuestiones que su 
grupo ha planteado al respecto, presentan el ruego en referencia a la gestión de 
Barcelona Regional y del IMI, que lee. 
 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 79 
03/03/2017 
El Sr. ASENS confirma la aceptación del ruego, y matiza que ha sido constituida la 
comisión de seguimiento y ya se ha hecho la convocatoria, que los grupos recibirán 
próximamente. 
Puntualiza, en cuanto a la demanda de un informe sobre las posibles irregularidades 
detectadas en el IMI, que el Gobierno no es el destinatario de la petición, sino la 
Oficina Antifraude. 
Por otra parte, si el grupo del PP se refiere al peritaje al que se comprometieron, y 
que espera la Oficina Antifraude, confirma que, en cuanto esté finalizado, se lo harán 
llegar. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece la aceptación del ruego, y pide si es posible 
informar al Pleno de la fecha del decreto de constitución de la comisión de 
seguimiento, quién ostentará la presidencia y la vicepresidencia, cargos que tienen 
que ser nombrados por la alcaldesa, mientras que el resto de miembros lo son a 
propuesta de los grupos municipales. 
Asegura que les sorprende, no obstante, que se haya tardado medio año en constituir 
la comisión de seguimiento, ya que el pasado octubre solo se hizo una reunión de 
trabajo, de escasos cinco minutos, en la que el Gobierno trasladó a los grupos 
municipales su compromiso —que no ha cumplido— de que antes de acabar 
noviembre les entregarían un informe sobre la cuestión. 
Insiste en que es imprescindible para los grupos disponer de la máxima información 
sobre estos casos; y, en el caso concreto del IMI, recuerda que la Oficina Antifraude 
dijo que no era incompatible su investigación con la que pudiera hacer este 
Ayuntamiento; y señaló que las irregularidades que había detectado eran anteriores al 
2011. 
Aduce, por lo tanto, que si no les entregan el informe actualizado pueden llegar a 
sospechar de la existencia de un pacto de silencio o de no agresión entre algunos 
grupos municipales en función de las anteriores responsabilidades de gobierno. 
 
El Sr. ASENS dice que le sorprende que el Sr. Fernández Díaz afirme que la reunión 
de trabajo duró cinco minutos, ya que no estaba presente, y asegura que fue más 
larga. Precisa que en aquella ocasión se explicó lo que tenían, que no era mucho, y 
que estaban esperando la actuación de la Fiscalía. 
Confirma que, en cuanto dispongan del informe técnico-jurídico, se lo harán llegar, y 
dice que la previsión es que lo tengan antes de la convocatoria de la comisión de 
seguimiento, el 9 de febrero. 
En referencia a la inexistencia de incompatibilidad entre las investigaciones, precisa 
que los informes de la Oficina Antifraude y los de este Ayuntamiento tienen un 
contenido diferente, ya que una cosa es el reconocimiento de crédito sin apoyo 
contractual, sometido a auditoría actualmente, y otra cosa son las posibles 
irregularidades del IMI, que corresponden a la Oficina Antifraude, que asume la 
jurisdicción y esta Administración se pone a su servicio realizando el peritaje.  
d) Preguntas 
 
Del Grupo Municipal de CiU: 
 
1. (M1519/5501) ¿Qué retorno social ha obtenido la ciudad de Barcelona de los proyectos en los 
que ha intervenido el Gobierno municipal desde el inicio del mandato? 
 
El Sr. TRIAS pone de manifiesto que una ciudad se conforma con la labor de la 
ciudadanía y de la Administración pública para generar más bienestar en la 
población y, en este sentido, apunta la reflexión sobre el retorno social que ha 
obtenido la ciudad de Barcelona de los proyectos del Gobierno durante el año y 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 80 
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medio que lleva de mandato. 
 
La Sra. ALCALDESA observa que la pregunta que formula el Sr. Trias es muy 
genérica, de modo que no tiene más remedio que responder de la misma manera. 
Así, confirma que los planes, proyectos y medidas que adopta el Gobierno 
municipal están hechos con la intención de obtener el máximo retorno social. 
Puesto que solo dispone de dos minutos y medio para responder, invita al Sr. Trias 
a concretar un poco más con el fin de orientar una respuesta más precisa. 
 
El Sr. TRIAS aduce que se trata de una cuestión de filosofía y de planteamientos. 
En este sentido, considera que el Gobierno ha tomado una serie de decisiones que 
no generan retorno social, sino, de lo contrario, situaciones de reversión social. 
Pone como ejemplo de lo que acaba decir que la Sra. Colau se presentó a las 
elecciones municipales asegurando que el proyecto de un hotel en la torre del 
Deutsche Bank no saldría adelante, y que promoverían viviendas de protección 
social. Sin embargo, destaca que el resultado hoy por hoy es que no se hará el 
hotel —con la consiguiente pérdida de medio millar de puestos de trabajo—, y, 
por lo tanto, no se podrá conceder la ayuda a los Lluïsos de Gràcia ni tampoco se 
podrá comprar el Taller Masriera. Igualmente, se refiere a la decisión de no hacer 
el hotel en la Torre Agbar, que se convierte en edificio de oficinas. 
También hace referencia a la moratoria de alojamientos turísticos, con el resultado 
de que los precios de la vivienda en Ciutat Vella son los más altos de la historia. 
Entiende que todas estas cuestiones les tendrían que hacer reflexionar y valorar la 
manera de revertir la situación, ya que considera que debería prevalecer la idea de 
que para la lucha contra las desigualdades sociales tienen que ser capaces todos 
juntos de crear actividad económica; y que la Administración pública tiene la 
obligación de liderar actuaciones en este sentido, no mediante la gesticulación y 
los argumentos populistas, sino buscando soluciones reales para salir adelante. 
 
La Sra. ALCALDESA observa la disparidad de los ejemplos que ha puesto el Sr. 
Trias. Precisa, acto seguido, que esta misma semana ha quedado aprobado el 
presupuesto del ejercicio del 2017, que implica un incremento de casi el 50 % del 
gasto social corriente de este Ayuntamiento con respecto al anterior presupuesto. 
Confirma que eso es retorno social, ya que significa incrementar en un 224 % los 
beneficiarios de becas comedor, o que la renta infantil para las familias más 
vulnerables llegue a diecinueve mil niños y adolescentes, una cifra que duplica la 
del mandato anterior. 
Añade que el Pleno de hoy ha aprobado acuerdos históricos como el Plan de 
vivienda, que multiplica la inversión con respecto a los planes anteriores, 
incrementa en un 40 % las ayudas al alquiler, consolida una unidad contra la 
exclusión residencial, que en el 2016 ha doblado el número de desahucios 
detenidos por este Ayuntamiento con respecto al año anterior.  
Pone en valor el retorno social que supondrá el acuerdo para que el próximo año 
llegue el metro a los barrios de la Marina —una actuación esperada largamente—; 
o el traslado de la prisión Modelo para ganar equipamientos o vivienda social. 
Sigue diciendo que, en el ámbito del retorno social, también se puede incluir el 
buzón ético, presentado esta semana, con el objetivo de acabar con la corrupción, 
que supone un retorno social mucho más evidente que contratar cantantes que ni 
siquiera pisen la empresa que los contrata, Barcelona Regional. 
Afirma que el número de medidas tomadas que implican retorno social es larga, e 
invita al Sr. Trias a seguir hablando al respecto. 
 
2. (M1519/5502) ¿Cuáles son las acciones que el concejal Josep Maria Montaner ha realizado en 
Ref.: CP 
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03/03/2017 
relación con la licencia solicitada por los propietarios de la Torre Agbar, para 
llegar a afirmar que el hecho de que no se haga el hotel es un éxito del 
Ayuntamiento? 
 
El Sr. MARTÍ recuerda que hace pocos días que se hizo efectiva la renuncia de los 
propietarios de la Torre Agbar a obtener la licencia para la conversión del edificio 
en hotel a raíz de las trabas que les había puesto este Ayuntamiento, especialmente 
el Gobierno. 
En este sentido, reprocha al Sr. Montaner que declarara en los medios que esta 
renuncia era “una buenísima noticia para la ciudad” y añadía que tampoco se les 
habían puesto facilidades. Le pide, pues, que lo ratifique en el Plenario y, 
concretamente, qué han hecho o dejado de hacer para que los interesados hayan 
tirado la toalla en lo que respecta a la solicitud de la licencia. 
 
El Sr. MONTANER precisa que la concesión de licencias es un procedimiento 
reglado que responde a la normativa municipal y europea, de manera que, como 
concejal, no tiene ninguna capacidad de intervención. 
Puntualiza que el hecho de que finalmente no se haga un hotel de lujo en la Torre 
Agbar ha sido una decisión de los promotores basada, prioritariamente, en 
motivos económicos, vista la gran inversión necesaria para convertir en hotel un 
edificio inicialmente proyectado para oficinas. En este sentido afirma, desde una 
óptica arquitectónica, que era contra natura hacer esta conversión y, por este 
motivo, se ha retirado el proyecto. 
Con respecto a su declaración, reconoce que la debería haber completado diciendo 
que el Ayuntamiento había exigido, regladamente, todos los trámites que marca la 
ley. Igualmente, manifiesta que, como concejal del Distrito de Sant Martí, partía 
de la responsabilidad de tener en cuenta que el movimiento vecinal de los barrios 
del entorno estaba en contra del proyecto hotelero. Destaca que lo que necesita 
aquella zona de la ciudad son oficinas y no un hotel. 
 
El Sr. MARTÍ observa que el Sr. Montaner ha rebajado el tono de sus 
declaraciones en los medios de comunicación sobre la posible intervención, suya 
en primera instancia, del Gobierno municipal en la no concesión de la licencia 
hotelera. 
Dice que no es su pretensión entrar en cuestiones técnicas arquitectónicas, ni 
tampoco de voluntades empresariales, sino que se ciñe a las declaraciones 
políticas de un miembro del Gobierno de la ciudad, que llegaron muy lejos y han 
dado una imagen de la ciudad muy mala. Considera que las mencionadas 
declaraciones son políticamente reprobables y no se deberían volver a repetir. 
 
El Sr. MONTANER cree que se tiene que valorar positivamente el hecho de que 
un edificio de oficinas generará muchos más puestos de trabajo que el hotel.  
Reconoce que no se expresó como convenía al confirmar que no se habían dado 
facilidades, porque le faltó añadir que tampoco se habían puesto impedimentos. 
Afirma que es consciente de que debería haber sido más cauteloso. 
 
Del Grupo Municipal de C’s: 
 
3. (M1519/5504) ¿Pretende satisfacer la excelentísima alcaldesa las reivindicaciones de los diversos 
cuerpos policiales que se manifestaron en la plaza de Sant Jaume el pasado 17 de 
enero de 2017? 
 
La Sra. MEJÍAS, que formula la pregunta, destaca que el valor de la seguridad es 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 82 
03/03/2017 
que garantiza la buena convivencia en la ciudad, y recuerda a la alcaldesa, a quien 
dirige la pregunta, que al llegar a la Alcaldía decidió asumir la máxima 
responsabilidad en materia de seguridad. 
Seguidamente, se refiere a las manifestaciones de los cuerpos de seguridad 
reclamando respeto y dignidad para su profesión, especialmente a consecuencia de 
algunas actitudes que no son apropiadas. Y lamenta que algunos sectores de estos 
cuerpos hayan llegado a decir que la desprotección institucional que sufren ha 
puesto en riesgo la seguridad ciudadana. 
Por todo ello, pregunta a la alcaldesa cómo piensa enderezar la situación y evitar 
que los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en Barcelona se sientan 
institucionalmente desprotegidos, y que este Ayuntamiento les garantice el apoyo 
y la consideración digna de su función en la ciudad. 
 
La Sra. ALCALDESA precisa que no se manifestaron los cuerpos de seguridad, 
sino algunos sindicatos representantes de ocho cuerpos policiales diferentes. 
Indica que en el manifiesto de la plataforma profesional de fuerzas de seguridad y 
agentes de aduanas se hacían muchas reivindicaciones, algunas de las cuales fuera 
del ámbito competencial municipal, como todas las que hacen referencia a 
modificaciones legislativas. 
En cuanto a las reivindicaciones que sí son competencia de este Ayuntamiento, 
como la necesidad de coordinar mejor los sistemas entre administraciones y 
cuerpos policiales, garantizar la seguridad jurídica de los agentes o velar por su 
bienestar psicológico, confirma que lo apoyan y que están trabajando en ello. 
Puntualiza, sin embargo, que no están de acuerdo con la reivindicación de 
equipación con pistolas eléctricas táser. 
Remarca que la Guardia Urbana es consciente de que tiene el apoyo del Gobierno 
municipal, que ha defendido su profesionalidad; y destaca que trabajan junto con 
este cuerpo en el ámbito de su nuevo plan director. 
 
La Sra. MEJÍAS considera que la Sra. alcaldesa ha esquivado la pregunta, puesto 
que las reivindicaciones se referían especialmente a la continua falta de respeto 
por parte de cargos institucionales hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad, que 
los ha llevado a manifestarse en favor del respeto institucional, la garantía jurídica 
de sus funciones, que se han visto vulneradas en ocasiones, y también su misma 
seguridad. 
Pone de manifiesto que hace un rato hablaban de las actitudes de algunos 
miembros del Consistorio con las fuerzas de seguridad, que actúan intimidando a 
funcionarios de estos cuerpos, provocándolos e, incluso, intentando agredirlos, 
actuaciones que en algunos casos los han llevado a ser llamados a dar cuenta ante 
los tribunales. Por lo tanto, considera que la alcaldesa es la más indicada para dar 
un toque de atención en caso de agresiones a miembros de las fuerzas de 
seguridad por parte de cargos institucionales que desprecian su función.  
 
La Sra. ALCALDESA dice que está de acuerdo con el apartado final del 
manifiesto de la plataforma, que pide respeto por la labor policial, despolitización 
de sus colectivos por parte de todas las formaciones políticas y que sus 
actuaciones no sean utilizadas como arma arrojadiza o se pretenda obtener rédito 
electoral a partir de ellas, que opina que es lo que pasa demasiado a menudo en 
esta cámara. 
Considera que se hace un flaco favor a los cuerpos policiales y a la política en 
general cuando se intenta instrumentalizar esta cuestión, y cree que los cargos 
públicos deben rehuir todo tipo de confrontación. 
Añade que no es bueno hacer generalizaciones, ni cuando se habla de cuerpos 
Ref.: CP 
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policiales ni cuando se hace específicamente de la Guardia Urbana. Y precisa que 
si hay actitudes individuales que pueden ser reprobables, se tienen que reprobar en 
el ámbito adecuado. Igualmente, considera que tampoco se deben hacer 
generalizaciones con respecto a ninguna formación política, y que debe reclamar, 
al mismo tiempo, la neutralidad política a los cuerpos policiales. 
 
La Sra. LECHA pide la palabra a raíz de la afirmación de la Sra. Mejías de 
agresión a miembros de la Guardia Urbana por parte de miembros de formaciones 
políticas, que califica de difamación. 
La Sra. ALCALDESA le niega la palabra alegando que no se ha hecho ninguna 
alusión personal ni a ningún grupo. 
 
Del Grupo Municipal de ERC: 
 
4. (M1519/5493) ¿Cuántas viviendas públicas quedan vacías actualmente, incluidas aquellas que 
van destinadas a los realojamientos por afectaciones urbanísticas? 
 
La Sra. BENEDÍ formula la pregunta sobre el número de viviendas públicas 
vacías en la ciudad, incluyendo las destinadas al realojamiento por afectaciones 
urbanísticas, puesto que esta cifra no sale en el Plan por el derecho a la vivienda. 
Considera que para tener conocimiento del número de pisos vacíos existentes, y 
con el objetivo de llegar al 15 % de parque de alquiler asequible, sería lógico 
saber cuántos pisos del parque público municipal están vacíos actualmente, 
cuántos están en esta situación por renovación de los inquilinos y cuánto tiempo 
se tarda en hacer la renovación. 
 
La Sra. ALCALDESA precisa que esta cifra no sale en el Plan por el derecho a la 
vivienda porque este Ayuntamiento no dispone de pisos vacíos permanentemente 
desocupados. Sin embargo, indica que hay viviendas en rotación que, puntual y 
temporalmente, están vacías. 
Concreta que a 1 de diciembre de 2016 estaban en esta situación 250 pisos, que 
representan un 3,7 % del total de 6.772 viviendas de alquiler que gestiona el 
Patronato Municipal de Vivienda. Precisa que, de estos 250 pisos en rotación, 93 
están en proceso de reparación para volver a adjudicarlos, 74 en trámite de 
adjudicación, 27 pendientes de firma y 56 reservados para afectaciones 
urbanísticas según establece la ley catalana de urbanismo. 
 
La Sra. BENEDÍ agradece la concreción de la respuesta, y pide que se la hagan 
llegar por escrito.  
La Sra. ALCALDESA confirma que se la harán 
llegar. Del Grupo Municipal del PP: 
5. (M1519/5496) ¿Qué precio, político y de ciudad, pagará Barcelona por los acuerdos del Gobierno 
municipal con la Generalitat y grupos políticos de este Ayuntamiento, adoptados 
desde la última sesión del Plenario del Consejo Municipal? 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que desde la sesión de Plenario de diciembre 
han pasado muchas cosas en el ámbito municipal; algunas anecdóticas y otras 
trascendentales, como la aprobación tácita de los presupuestos del 2017, superada 
la cuestión de confianza, o, en esta misma sesión, la aprobación del PEUAT, el 
Plan por el derecho a la vivienda o acuerdos con la Generalitat sobre la L9 de 
metro y el traslado de la Modelo. 
Ref.: CP 
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Advierte que se podría creer que estos acuerdos que acaba de mencionar 
confirman la gobernabilidad de la ciudad, pero a su parecer son solo una 
apariencia de gobernabilidad y la certeza de sometimiento del Gobierno municipal 
al de la Generalitat a la hora de defender los intereses de Barcelona, puesto que los 
convenios que ha mencionado suponen una clara renuncia, y la docilidad con 
respecto al proceso independentista, como demuestra el hecho de que el mismo 
día que se rechazaron los presupuestos municipales en el Pleno y se emprendía el 
plazo para la cuestión de confianza, la alcaldesa asistía por la tarde a la 
convocatoria en el Parlamento de Cataluña sobre la celebración del referéndum 
por la independencia. 
Concluye, por lo tanto, que bajo la apariencia de gobernabilidad de la ciudad está 
la certeza de la docilidad del Gobierno municipal con el proceso independentista, 
y pide a la alcaldesa que haga una valoración. 
 
La Sra. ALCALDESA indica que la pregunta formulada por el grupo del PP se 
refería al precio que pagaba la ciudad por los acuerdos con la Generalitat, entre los 
cuales la llegada del metro a la Marina-Zona Franca, que, como ya se ha dicho 
aquí, supone la resolución de una deuda histórica con aquellos barrios, ganar para 
la ciudad el edificio del Borsí, 23.700 metros cuadrados en la Magòria de suelo de 
equipamientos, 10.000 metros cuadrados de vivienda dotacional o 11.150 metros 
cuadrados de suelo deportivo. 
Precisa que, en el caso de la Modelo, a diferencia del acuerdo de intenciones del 
mandato anterior en que el Ayuntamiento se comprometía a pagar la construcción 
de las nuevas prisiones —que no son su competencia—, ahora se limitan a asumir 
sus competencias, que son los solares en la Zona Franca, facilitar la urbanización 
de 265 nuevas viviendas sociales en el barrio de la Trinitat, así como los 
equipamientos y la zona verde que hace décadas que esperan los vecinos de la 
Esquerra de l’Eixample en el solar de la Modelo. 
Considera que estos acuerdos se sustentan por ellos mismos, y que el concejal 
mezcla otras cuestiones que no tienen nada que ver. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que sí que es pertinente su asociación, puesto 
que, en la medida en que la alcaldesa se acerca a la Generalitat y al 
independentismo, se aleja de la moción de censura a su persona; insiste en que a 
medida que hay menos Barcelona en la Generalitat, hay más Ada Colau en el 
Ayuntamiento. 
Reprocha a la alcaldesa que su docilidad en la defensa de los intereses de la 
ciudad, y el acercamiento a las tesis independentistas, haya sido devuelta por los 
grupos municipales de CiU y de ERC, que gobiernan conjuntamente en la 
Generalitat como Junts pel Sí, en Junts per Ada Colau en este Ayuntamiento.  
Considera que esta es la realidad, que la alcaldesa puede vender como rumbo 
variable, pero que su grupo tiene muy claro que este rumbo apunta al dirigismo, al 
intervencionismo, a la demagogia populista y al escaso rigor de gobierno. 
 
La Sra. ALCALDESA reconoce que el Sr. Fernández Díaz tiene el don de la 
ocurrencia, y le agradece que ponga un toque de humor a estas alturas de la 
sesión. 
En cuanto a la imposibilidad de llevar a cabo una moción de censura motivada por 
la cuestión de confianza que apuntaba el concejal, considera que es atribuible solo 
a la oposición, ya que numéricamente lo puede hacer. Por lo tanto, considera que 
la pregunta la tendría que formular a sus vecinos de escaño, con quienes no han 
sido capaces de ponerse de acuerdo para sacarla adelante. 
Aduce que no acaba de entender qué quiere decir cuando habla de docilidad con la 
Ref.: CP 
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Generalitat, y se pregunta si es comparable con la que demuestra la formación del 
Sr. Fernández Díaz con la corrupción, por ejemplo en el caso conocido de Bankia 
y las tarjetas black, los aeropuertos sin aviones, el rescate millonario de las 
autopistas deficitarias, o la docilidad demostrada por el presidente del Gobierno 
del Estado ayer mismo cuando, ante la escandalosa subida del precio de la luz, se 
limitó a decir que pronto llovería. 
 
Del Grupo Municipal de la CUP: 
 
6. (M1519/5498) ¿Qué zonas pretende exactamente transformar el plan propuesto por la alcaldesa 
con la intención de impulsar un nuevo crecimiento de la ciudad y cuál es el 
calendario con el que trabaja el Gobierno de la ciudad o el Área Metropolitana 
para aprobarlo y ejecutarlo? 
 
La Sra. LECHA se refiere a que el 16 de enero, en la conferencia anual en el 
Colegio de Periodistas, la alcaldesa anunció la intención de impulsar un nuevo 
crecimiento de la ciudad, y mencionaba como referente el Plan Delta de los años 
ochenta, que tuvo una fuerte oposición vecinal y de los movimientos ecologistas, 
y remarca que este nuevo crecimiento podría comportar el agotamiento del parque 
agrario del Baix Llobregat. Por otra parte, indica que también aludía al 
crecimiento de la ciudad hacia el mar a raíz de la celebración de los Juegos 
Olímpicos de 1992, que denuncia que consistió en una transformación urbanística 
que generó muchas plusvalías y la expulsión de los vecinos y las vecinas. 
En consecuencia, formula la presente pregunta a fin de que la alcaldesa aclare qué 
zonas pretende transformar el plan propuesto, con qué calendario y en qué ámbito 
se harán las transformaciones físicas de crecimiento de la ciudad. 
 
La Sra. ALCALDESA confirma que el del 16 de enero fue un primer anuncio, que 
se desarrollará las próximas semanas, y entiende que, como anuncio tal, se puede 
prestar a equívocos, como parece que ha generado el hecho de utilizar como 
referente el Plan Delta, con el que ya estableció las diferencias. Aclara, por lo 
tanto, que tanto en el ámbito territorial como en las intenciones su propuesta es 
radicalmente diferente. 
Precisa que en este caso se refiere a los terrenos industriales de la Zona Franca, 
que en absoluto afectan al parque agrario, que el Gobierno municipal defiende 
como un tesoro que preservar, ni al delta del Llobregat. Remarca que, 
contrariamente, lo que se pretende es recuperar liderazgo público en un ámbito de 
la Zona Franca, actualmente suelo industrial, para aprovechar los solares en 
desuso para actividades económicas de las pymes o actividades de economía 
sostenible, y para impulsar proyectos útiles para reducir la huella ecológica, como 
puede ser la creación de una estación que permita disminuir el tráfico de camiones 
por el cinturón del litoral o la instalación de placas solares en Mercabarna, entre 
otros proyectos.  
La Sra. LECHA pide que explicaciones como las que acaba de dar la alcaldesa se 
hagan llegar a los grupos municipales antes de propiciar titulares. 
Señala que esperan que, consecuentemente con la argumentación que acaba de 
hacer, el Plan director urbanístico Gran Vía-Llobregat respete el parque agrario y 
todo lo que significa el delta del Llobregat, ya que prevé todo lo contrario de lo 
que acaba de mencionar la alcaldesa. 
 
La Sra. ALCALDESA confirma que harán llegar a los grupos toda la información 
disponible en cuanto la tengan. A la vez que se ratifica en la defensa del parque 
agrario del Baix Llobregat, tanto en este Ayuntamiento como en el Área 
Ref.: CP 
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Metropolitana. 
 
7. (M1519/5499) ¿Cuál ha sido el proceso participativo con el profesorado, y en concreto con los 
claustros, para tomar la decisión de vincular las escuelas públicas en los próximos 
años al programa Escuela Nueva 21? 
 
La Sra. ROVIRA hace referencia al pleno extraordinario del 19 de enero de las 
direcciones de los centros públicos y de enseñanzas obligatorias de Barcelona, en 
la que se presentó el convenio de colaboración “Redes para el cambio”, liderado 
por el Consorcio de Educación, junto con Escuela Nueva 21, el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UAB y los maestros de Rosa Sensat. 
Pregunta, pues, por el proceso participativo con el profesorado y los claustros para 
tomar la decisión de vincular las escuelas públicas al proyecto Escuela Nueva 21, 
teniendo en cuenta que genera mucho recelo entre la comunidad educativa. Dado 
que el proyecto no cuenta con el consenso del sector educativo, y consideran que 
todavía falta debatirlo en profundidad, dice que les sorprende que, de repente, los 
medios de comunicación se hagan eco de ello. 
 
La Sra. ORTIZ indica que el Gobierno municipal constató la preocupación de 
algunos centros y de parte de la comunidad educativa por un modelo de 
innovación que incluye la selección de los centros. 
Afirma que consideran que la apuesta por la innovación educativa es una 
herramienta clave para la mejora de su calidad, pero también para combatir la 
segregación, cosa que implica un liderazgo claramente público y, por lo tanto, 
asumido por el Consorcio de Educación. Precisa que comunicaron esta voluntad 
de arreglar la propuesta al Consorcio y a los actores del proyecto, al que se habían 
apuntado los centros, públicos y concertados, de una manera aleatoria. 
Añade que se pasó una encuesta a más de doscientos treinta centros de educación 
obligatoria para pedirles su opinión y qué herramientas de innovación necesitaban, 
cuyos resultados se presentaron en el marco de la junta extraordinaria del 19 de 
enero. Precisa que los resultados manifestaron que el 88 % de los centros eran 
muy favorables a participar en redes de innovación pedagógica, pero haciéndolo 
desde un marco de colaboración, que es lo que representa el convenio. 
Precisa que no hay una lista de escuelas “buenas”, sino que todas las redes de 
innovación pedagógica existentes apuesten, en el marco del Consorcio, por 
potenciar los centros; así como que se formen grupos de seis u ocho centros para 
que entre ellos refuercen las herramientas de innovación.  
 
Pone en valor, por lo tanto, que se trata de un modelo de escuela 
significativamente diferente, sin listas de selección, con liderazgo público y 
contando con los actores y expertos del sector educativo. 
 
La Sra. ROVIRA indica que su grupo todavía no ha recibido el convenio que 
solicitó cuando vio la noticia en la prensa y, por lo tanto, lo reclama en su nombre 
y en el de personas que forman parte de la comunidad educativa. 
Igualmente, pone de relieve que Escuela Nueva 21 es un programa que se pone en 
marcha desde centros privados, en el que participa, incluso, La Caixa. Por lo tanto, 
entienden que tendría que haber sido sometido a debate para que todos los grupos 
municipales, pero sobre todo la comunidad educativa, hubieran podido decidir la 
implicación del Ayuntamiento de Barcelona. 
Sin embargo, por la respuesta que le ha dado la concejala, entiende que es lo 
contrario del análisis que hace buena parte del profesorado que ya trabaja en 
centros de escuela pública, que constatan que el modelo genera una doble línea y 
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un incremento de la segregación, pues hay centros que han entrado en las redes y 
otros que se han quedado fuera. 
Pone de relieve, igualmente, que hace tiempo que muchos profesionales del sector 
educativo innovan con el fin de desarrollar los mejores servicios posibles con 
menos recursos a raíz de los recortes de los últimos años. 
Avanza, por lo tanto, que su grupo pedirá una comparecencia en la Comisión de 
Derechos Sociales, Cultura y Deportes para pedir explicaciones sobre este asunto. 
 
La Sra. ORTIZ celebra la demanda de esta comparecencia para tener más margen 
para explicarse, ya que le parece que el grupo de la CUP se ha quedado con la 
información inicial del proyecto, y desconoce la manera como se ha reformulado. 
Precisa que “Redes para el cambio” incluye los proyectos de innovación 
existentes en el marco del Consorcio y cuenta con toda la comunidad educativa. 
Apunta, en este sentido, que la trayectoria de Rosa Sensat hace patente el largo 
recorrido en innovación. 
Remarca, además, que el proyecto se dirige a todos los centros públicos. 
 
 
e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 
 
E) Mociones 
 
F) Declaraciones institucionales 
 
1. El 24 de julio de 2013 se produjo el primer accidente en la historia ferroviaria española que tenía 
lugar en una línea de alta velocidad. El tren Alvia que cubría el trayecto entre las 
ciudades de Madrid y Ferrol descarriló cerca de Santiago de Compostela. 81 
personas perdieron la vida y 145 resultaron heridas en el que se considera el 
siniestro ferroviario más grave de la historia de la democracia española. A pesar 
de la distancia, también ciudadanos de Cataluña y la ciudad de Barcelona 
perdieron aquel día personas queridas. 
 
Desde entonces, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 suma más de tres años 
luchando por aclarar las circunstancias en las que se produjo el desgraciado 
accidente. Esta plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad 
y la justicia en sentido amplio, exigiendo también responsabilidades políticas por 
los hechos que rodearon el siniestro.  
 
 
El Ayuntamiento de Barcelona, a petición de la plataforma y en sintonía con su 
compromiso con los principios de verdad, reparación y justicia, no es indiferente a 
estos hechos. Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las 
instituciones públicas y de los responsables políticos, y por eso es necesario indagar 
en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de este 
accidente ferroviario. 
 
Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que 
puedan derivarse de ellas, las víctimas siempre han reivindicado la apertura de una 
comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados para 
depurar las responsabilidades políticas, y, en un ejercicio de responsabilidad, es 
necesario dar nuestro respaldo a esta iniciativa, posicionarnos a su lado con nuestro 
apoyo. 
 
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La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha denunciado en reiteradas ocasiones la 
falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo 
que viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible 
suceso. Con esta moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han 
sufrido, no podemos hacer justicia, ni aclarar la verdad de lo ocurrido, pero a través 
del consenso entre todos los partidos políticos con representación en nuestro 
Ayuntamiento en un acto de responsabilidad y compromiso contribuimos a reconocer 
y dignificar a las víctimas y familiares del accidente ferroviario Alvia 04155. 
 
Por todo ello, el grupo político Barcelona en Comú propone la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero. Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. 
 
Segundo. Que el Ayuntamiento de Barcelona reciba a la Plataforma de Víctimas del 
Alvia 04155 para conocer sus demandas y reivindicaciones. 
 
Tercero. Solicitar al Gobierno del Estado que encargue a una comisión de expertos y 
técnicos independientes la investigación de los hechos ocurridos. 
 
Cuarto. Solicitar al Gobierno del Estado la apertura de una comisión de investigación 
en sede parlamentaria para esgrimir posibles responsabilidades políticas. 
 
La Sra. ALCALDESA saluda al representante de la Plataforma de Víctimas del Alvia 
04155 que hoy los acompaña. 
 
El Sr. ASENS se suma al saludo de la alcaldesa al representante de la plataforma que 
hoy se ha desplazado expresamente desde Galicia para asistir a este pleno. 
 
Acto seguido, interviene la representante del grupo del PP, puesto que no ha firmado 
la declaración institucional. 
 
  
La Sra. ESTELLER confirma que el PP siempre ha dado apoyo a las víctimas del 
Alvia, pero justifica que no han firmado la presente declaración al considerar que no 
se puede instrumentalizar este suceso, más aún teniendo en cuenta la creación, por 
acuerdo del Congreso de los Diputados, de una comisión de investigación de 
accidentes ferroviarios que dio una respuesta y que el caso queda bajo procedimiento 
judicial. 
En este sentido, pide al grupo del PSC que sea coherente y que lleve esta misma 
propuesta al Congreso, puesto que en sede parlamentaria no quiso que se creara la 
mencionada comisión, sospecha que porque el trazado y los sistemas de seguridad de 
la línea los acordó el Gobierno del PSOE. 
Confirma que la voluntad de su grupo es que se aclare este accidente ferroviario, y 
remarca que las víctimas han recibido el apoyo del Estado y han sido indemnizadas. 
Ratifica, pues, todo el apoyo de su grupo a las víctimas, pero reitera que no están de 
acuerdo con su instrumentalización política. 
 
Seguidamente, se abre un turno de palabra de un minuto al resto de grupos 
municipales que quieran intervenir. 
 
El Sr. MARTÍ da la bienvenida al representante de la Plataforma de Víctimas del 
Alvia 04155, a la que expresa nuevamente el apoyo de su grupo a la causa que 
Ref.: CP 
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defienden, básicamente, reparación y justicia con las familias de las 81 víctimas del 
peor accidente ferroviario ocurrido en el Estado español y en Europa; y expresa el 
deseo de que los tribunales diriman las posibles responsabilidades. 
 
La Sra. MEJÍAS se suma a la bienvenida al representante de la plataforma, y expresa 
el pleno apoyo a las víctimas del accidente, así como también reclama transparencia 
en cuanto a los hechos que ocurrieron. Considera, por lo tanto, que esta declaración 
institucional es una manera de darles apoyo. 
 
La Sra. ANDRÉS manifiesta que su grupo apoya a las víctimas y que está por la 
transparencia, por lo que suscriben la declaración institucional, como han hecho 
miembros de los grupos socialistas de otros ayuntamientos. 
Añade que habrían celebrado que esta demanda de transparencia formulada por la 
representante del grupo del PP se hubiera plasmado con la firma de esta declaración. 
 
El Sr. GARGANTÉ denuncia el cinismo manifestado por el grupo del PP, la 
hipocresía del PSOE, el triste papel de los sindicatos CC. OO. y UGT y su silencio 
en el Consejo de Administración de Adif-Renfe. 
Por otra parte, expresa todo el apoyo a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. 
 
El Sr. ASENS cierra las intervenciones recordando que la intención de la presente 
declaración es poner en valor las reivindicaciones de memoria, justicia y reparación 
de las víctimas de uno de los peores accidentes de los últimos años, que les interpela 
a todos como sociedad, también porque vecinos y vecinas de Barcelona perdieron a 
familiares. 
Añade, para acabar, la consideración de que la Sra. Esteller confunde las 
responsabilidades penales con las responsabilidades políticas; y que los peritajes, una 
de las reivindicaciones de la plataforma, deben ser imparciales e independientes, tal 
como ha requerido el Parlamento Europeo al Gobierno español. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Asens, con 
el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el del Partit 
Popular.  
2. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una larga tradición en liderar políticas de cooperación y ha 
explicitado su apoyo a los refugiados en diversas ocasiones. 
Paralelamente a la permanente reivindicación de que se cumplan los acuerdos con 
respecto a la acogida de las personas refugiadas, no podemos quedarnos 
indiferentes a la situación de alarma vital en la que se encuentran en estos 
momentos los refugiados que se encuentran en campos de refugiados al sur de 
Europa y de la ribera mediterránea en países vecinos de las zonas de conflicto a 
causa de diversos conflictos en sus países de origen. 
 
El Consejo Municipal manifiesta su profunda preocupación por la situación en 
que se encuentran ahora mismo miles de personas que están en los campos de 
refugiados y tienen que sobrevivir sin las mínimas condiciones necesarias. Este 
año, y con la ola de frío que está sufriendo Europa, la penosa condición de los 
refugiados está empeorando todavía más. Familias enteras, que huyen de la 
guerra, el hambre, las enfermedades o el terror y que sobreviven en terribles 
condiciones, en algunos casos con temperaturas extremas, nieve abundante, sin 
electricidad, etcétera. Diversas entidades de cooperación como Médicos sin 
Fronteras están alertando del riesgo de que varias personas mueran congeladas, 
como, desgraciadamente, de hecho ya ha sucedido. 
 
Ref.: CP 
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El Ayuntamiento dispone de instrumentos y recursos para poder hacer frente a 
estas situaciones de emergencia en el propio territorio y colabora con entidades y 
ONG que trabajan sobre el terreno, pero únicamente una intervención de cariz 
global será realmente efectiva. En estos momentos, es necesario que todos los 
Estados, la Unión Europea y las agencias internacionales estén a la altura de esta 
situación extrema, y, para eso, es necesario que asuman que esta es una crisis 
global a la que se tendrían que enfrentar solidariamente con medidas 
excepcionales y siempre de acuerdo con las normas y los principios de protección 
de los derechos humanos. Una actuación humanitaria decidida y eficaz, junto con 
medidas valientes que ofrezcan a las personas refugiadas un pasaje seguro y legal 
hacia Europa, son las herramientas más eficaces para evitar más sufrimiento y 
vulneración de derechos humanos para las personas que huyen de los conflictos. 
 
Por todo esto, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
 
Primero. Seguir reafirmando los esfuerzos y compromisos con las políticas de 
cooperación e incrementando los recursos económicos y posibilidades de 
incidencia destinados a las entidades y ONG que trabajan sobre el terreno para 
mejorar las condiciones de vida de los refugiados en los campos del sur de 
Europa. 
 
Segundo. Instar al Gobierno español a un mayor compromiso en el territorio para 
ofrecer ayuda humanitaria a los refugiados. 
 
Tercero. Instar a la Unión Europea y las agencias internacionales a coordinar de 
manera urgente una intervención global con el fin de garantizar las mínimas 
condiciones necesarias para los refugiados, teniendo en cuenta a las ciudades, que 
son las que a menudo están en primera línea de la asistencia y la protección de los 
más vulnerables. 
 
Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a la Unión Europea, al Gobierno del 
Estado español, al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña.  
La Sra. ESTELLER dispone nuevamente de un turno de palabra de un minuto 
como representante de grupo no firmante. 
Se refiere a la iniciativa de solo dos personas, Maite Guerra y Teresa Garolera, 
que han conseguido gran cantidad de ropa de abrigo de todo tipo —cuatro tráileres 
enteros— para los refugiados que están sufriendo las consecuencias de un 
invierno muy frío en Lesbos, y pregunta si este Ayuntamiento se ha puesto en 
contacto con ellas para ofrecerles ayuda. Y concretamente cuestiona por qué 
motivo no ha respondido cuando su grupo ha pedido ayuda para el traslado de esta 
ropa. Por lo tanto, consideran que esta Administración puede hacer mucho más de 
lo que hace en ayuda humanitaria, y no solo declaraciones políticas. 
 
La Sra. ALCALDESA hace notar a la concejala que debería haber ceñido su 
intervención a justificar los motivos que los han llevado a no firmar la 
declaración. 
 
El Sr. GARGANTÉ interviene para justificar los motivos por los que su grupo no 
ha firmado la declaración; en primer lugar, porque despolitiza un conflicto político 
hablando de crisis humanitaria de los refugiados, cuando en realidad es un crimen 
cometido por los Estados miembros de la UE. Y tilda de naíf que con la 
declaración se inste a los criminales del Estado español y la UE a dejar de serlo. 
Considera, además, que dar más dinero a las ONG para que salven a más 
Ref.: CP 
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refugiados se inscribe en el puro asistencialismo; por el contrario, entienden que 
lo que hace falta es denunciar el imperialismo, la explotación, el espolio de los 
pueblos y el racismo y el clasismo con que actúan la UE y el Gobierno del Estado 
español en contra de las personas. 
 
El Sr. ASENS agradece al grupo de CiU la aceptación de las enmiendas 
formuladas por el grupo de Barcelona en Comú. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Martí, 
con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto los del 
Partit Popular y la CUP-Capgirem Barcelona. 
 
 
3. Dado que en los Países Catalanes y en el resto del Estado español muchos particulares han 
iniciado procesos judiciales contra entidades financieras, solicitando que se 
declare que las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario 
suscritos con las personas consumidoras eran abusivas y que, en consecuencia, no 
las vinculaban. Las cláusulas en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se 
sitúe por debajo de un determinado umbral fijado en el contrato, la persona 
consumidora seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral 
y sin que le resulte aplicable un tipo inferior a este. 
 
Dado que la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo considera 
abusivas las cláusulas suelo, ya que las personas consumidoras no habían sido 
adecuadamente informadas respecto de la carga económica y jurídica que les 
imponían las mencionadas cláusulas. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió 
limitar los efectos en el tiempo de la declaración de la nulidad de estas cláusulas, 
de modo que solo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se 
dictó la sentencia. 
 
Dado que las personas consumidoras afectadas por la aplicación de estas cláusulas 
reclamaron las cantidades que alegaban por haber pagado indebidamente a las 
entidades financieras a partir de la fecha de suscripción de sus contratos de 
crédito.  
El Juzgado Mercantil n.º 1 de Granada y la Audiencia Provisional de Alicante, donde 
se plantearon pretensiones de este cariz, preguntaron al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) si la limitación de los efectos de la declaración de la nulidad 
a partir de la fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo es compatible 
con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos suscritos con consumidores (DO 1993, L 95, p. 2), ya que, 
según esta directiva, estas cláusulas no vinculan a las personas consumidoras. 
 
Dado que la sentencia del TJUE, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15, C- 
308/15, n.º 144/2016, de 21 de diciembre de 2016, considera que el derecho de la 
Unión Europea se opone a la jurisprudencia de un Estado, en cuya virtud los efectos 
restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las 
cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la 
resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula. 
 
Dado que, de acuerdo con la sentencia del TJUE, las cláusulas abusivas no pueden 
vincular a la persona consumidora, en las condiciones estipuladas por el derecho de 
los Estados miembros, 
 
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interpelando a estos en la obligación de prevenir medios adecuados y eficaces para 
que se detenga el uso de las mencionadas cláusulas. La declaración del carácter 
abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas 
indebidamente por el profesional en detrimento de la persona consumidora. 
 
Dado que, de acuerdo con la sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo podría 
declarar legítimamente, en nombre de la seguridad jurídica, que su sentencia no 
afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales 
anteriores. En efecto, el derecho comunitario no puede obligar a un tribunal de un 
Estado miembro a dejar de aplicar las normas procesales internas. 
 
Dado que, teniendo en cuenta la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y 
general del derecho de la Unión Europea, el TJUE es el único que puede decidir 
respecto de las limitaciones en el tiempo que tengan que aplicarse a la interpretación 
que él mismo haya hecho de una norma del derecho de la Unión Europea. En este 
contexto, el TJUE precisa que las condiciones estipuladas por la legislación interna 
de los estados miembros no podrán afectar a la protección de las personas 
consumidoras garantizada por la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos suscritos con consumidores. 
 
Dado que la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de 
nulidad de las cláusulas suelo priva a las personas consumidoras que suscribieron un 
contrato de préstamo hipotecario previo a la fecha del pronunciamiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, referenciada en el segundo considerando, del 
derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las 
entidades bancarias. 
 
Dado que la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de 
nulidad de las cláusulas suelo supone una protección de las personas consumidoras 
incompleta e insuficiente que no contribuye a un medio adecuado y eficaz para que 
cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos suscritos con consumidores.  
Dado que la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo contradice al 
TJUE. 
 
Dado que, de acuerdo con la sentencia del TJUE, en los asuntos acumulados C-
154/15, C-307/15, C-308/15, n.º 144/2016, de 21 de diciembre de 2016, establece: 
“La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula tendrá como 
consecuencia el restablecimiento de la situación en que se encontraría el consumidor 
si no hubiera existido tal cláusula. En consecuencia, la declaración del carácter 
abusivo de las cláusulas suelo permitirá la restitución de las ventajas obtenidas 
indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor”. “En consecuencia, 
de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta 
e insuficiente que no contribuye a un medio adecuado y eficaz para el cese del uso de 
las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la directiva”. 
 
Dado que, a pesar de todo, la sentencia del TJUE no es de aplicación inmediata, sino 
que tendrá que ser adoptada por el Tribunal Supremo en las próximas declaraciones 
de nulidad de estas cláusulas. Asimismo, tampoco las declara nulas en todos los 
casos, por lo cual las personas consumidoras deberán seguir pleiteando para alcanzar 
la declaración de nulidad y, en caso de sentencia favorable, que se les devuelva todo 
el dinero pagado de más desde la firma de la hipoteca. 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 93 
03/03/2017 
 
Dado que, en relación con la mencionada sentencia del TJUE, la Asociación 
Española de la Banca (AEB), que agrupa a los bancos implicados, ha señalado que 
habrá que esperar a ver “cómo se trasladará la sentencia a la jurisprudencia 
española”. Asimismo, la CECA, que representa a las antiguas cajas de ahorros, 
precisa que esta resolución “no es de aplicación directa” y que el impacto se 
conocerá “a medida que los juzgados y tribunales españoles lo apliquen”. 
 
Dado que las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las plataformas de 
afectados por la hipoteca consideran que, en ningún caso, los costes del proceso 
deberían recaer en los clientes afectados y que este no debe dilatarse en el tiempo. 
 
Por todo esto, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
PRIMERO. Instar al Gobierno español a establecer de forma inmediata el 
procedimiento —mediante un mecanismo rápido, universal, colectivo y eficaz, que 
garantice la protección de los consumidores, evitando que la carga del proceso 
recaiga en los clientes afectados—, con el fin de que las entidades financieras hagan 
efectivo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
n.º 144/2016, de 21 de diciembre de 2016, y, en este sentido, proceder a modificar el 
Real decreto ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de 
consumidores en materia de cláusulas suelo, aprobado por el Gobierno del Estado, 
para adecuarlo plenamente a la sentencia. 
 
SEGUNDO. Instar al Banco de España a definir los mecanismos obligatorios para 
que los bancos implicados hagan efectivo el cumplimiento de la mencionada 
sentencia e informen de forma perceptiva a cada uno de los clientes afectados de los 
derechos que les corresponden durante el primer semestre del 2017.  
TERCERO. Instar a la Generalitat de Catalunya, en caso de que no se haga efectivo 
el retorno inmediato del dinero, a impulsar mecanismos de mediación efectivos entre 
los clientes afectados y los bancos implicados en el proceso. 
 
CUARTO. Instar al Gobierno español y a la Generalitat de Catalunya a articular 
mecanismos de coordinación y cooperación con las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias y plataformas de afectados por la hipoteca para que puedan 
participar en la supervisión de que el proceso de retorno se desarrolla de manera 
efectiva y lo más ágil posible. 
 
QUINTO. Instar al Banco de España a establecer el mecanismo para supervisar y, en 
su caso, sancionar a aquellas entidades que incumplan la aplicación de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea n.º 144/2016, de 21 de diciembre de 
2016. 
 
SEXTO. Instar a la Agencia Catalana de Consumo, junto con la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor (OMIC), a realizar de forma URGENTE una campaña 
de difusión del derecho de las personas afectadas por las cláusulas suelo a que se les 
devuelvan las cantidades indebidamente pagadas por este concepto. 
 
SÉPTIMO. Instar al Gobierno español a retirar el recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, 
vulnerabilidad económica y relaciones de consumo, del Parlamento de Cataluña, en 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 94 
03/03/2017 
la medida en que protege los derechos del consumidor y regula las cláusulas suelo, 
para impedir que fueran abusivas, en línea con lo que establece la legislación 
comunitaria. 
 
La Sra. BENEDÍ agradece las enmiendas que han presentado los grupos de CiU y de 
Barcelona en Comú, que han contribuido a enriquecer el texto inicial. 
 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 
con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto el del Partit Popular. 
 
No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis 
horas y treinta minutos. 
Ref.: CP 
 01/17 V.: PÁG. 95 
03/03/2017